'70% de los propietarios no somos ricos'
"70% de la gente que tiene una casa o un apartamento pertenece a la clase popular", asegura María Elena Navarro, coordinadora general de la Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler. La organización rechaza el proyecto de ley para la regularización y control de los arrendamientos de viviendas, que está en segunda discusión en la Asamblea Nacional, porque considera que la legislación despojará a los dueños de sus propiedades.
Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, asegura que la mayoría de los propietarios proviene de los sectores populares porque en esas zonas vive el grueso de la población. "Son estimaciones, porque el porcentaje sólo puede determinarlo el censo de población", advirtió. Organizaciones de propietarios e inquilinos consideran que hay alrededor de 750.000 viviendas en alquiler.
Navarro denunció que muchos pequeños propietarios se han visto afectados por el Decreto contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, que a su juicio es la antesala de la ley de arrendamiento. En el decreto, publicado en Gaceta Oficial el 6 de mayo de este año, se establece la suspensión de los procesos judiciales y administrativos en casos de desalojos hasta que las partes hayan cumplido el procedimiento que allí se indica.
"El nuevo trámite es muy engorroso. Los encargados de los actos conciliatorios no se dan abasto. En el interior del país la gente no tiene donde acudir", denunció Navarro. La consecuencia es que se han paralizado aproximadamente 40.000 juicios de desalojos. Rigel Sergent, miembro de la Red Metropolitana de Inquilinos, aseguró que sí se han logrado algunos acuerdos en las instancias de conciliación. Afirmó que el mecanismo descrito en el decreto podrá aplicarse a gran escala, si se aprueba el proyecto de ley.
Artículos polémicos. Sergent cree que la legislación no afectará a los pequeños propietarios: "Pero sí a los latifundistas urbanos, que ven la vivienda como un negocio en vez de cómo un derecho".
Navarro tienen otra opinión. En el artículo 46 se establece que los contratos de arrendamiento tendrán una duración mínima de tres años. "En esas condiciones, nadie va a querer arrendar", advirtió la vocera de la red. A su juicio, se incrementará el déficit de viviendas que Âde acuerdo con el informe anual de Provea de 2010 basado en las últimas cifras oficiales publicadas en 2007Â es de 2,8 millones de unidades habitacionales.
Navarro denunció que se pretende eliminar la...
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