Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 30 de Junio de 2008

El mérito favorable que se desprende de todas y cada una de las actas procesales del presente expediente, principalmente de las siguientes: 1.- El contrato de arrendamiento celebrado entre su representada sociedad mercantil ABITAR C.A. y el ciudadano demandado Yiorman Y.C.M.. A.- Especialmente la Cláusula Segunda donde se estableció la duración del mencionado contrato de arrendamiento por el lapso de seis (6) meses improrrogables contados a partir del primero (1) de noviembre del año 2.005 con fecha de vencimiento el día treinta (30) de abril del año 2.006, fecha en la cual se estableció que debería entregar el inmueble desocupado de personas y cosas e igualmente se convino expresamente que al vencimiento del contrato en el mencionado término comenzaría a computarse la prorroga legal del mismo de la manera automática e inequívoca, y sin necesidad de notificación alguna, pues dicho contrato hacia sus veces. B.- La Cláusula Tercera donde se estableció el canon de arrendamiento en la cantidad de Cuatrocientos Mil Bolívares (Bs.400.000,00).

2-. La copia del Acta de Conciliación perteneciente al expediente de la denuncia Nº 007 interpuesta por el demandado ciudadano Yiorman Y.C.M., contra su representada por ante la Coordinación Regional de INDECU Táchira, celebrada en fecha 10 de enero del 2.007, en la cual quedó establecido que los recibos de los cánones de arrendamiento de noviembre y diciembre eran esencialmente eso, arrendamiento y no a la cláusula penal quinta del contrato de arrendamiento, establecido así y aceptado por el demandado de autos, inclusive aceptado que ello no significaba renovación bajo ningún concepto del contrato de arrendamiento, que junto con lo anterior también aceptó el plazo de cuarenta y nueve (49) días continuos, contados a partir del día once (11) de enero del 2.007 y con fecha de vencimiento el día veintiocho (28) de febrero del 2.007, lo cual aceptó de manera voluntaria y sin coacción alguna, y que por tal motivo y como lo afirma un principio jurídico de que “a confesión de parte relevo de prueba” y “nadie puede alegar a su favor su propia torpeza”, por lo que no puede pretender el demandado alegar que el contrato celebrado pasó a contrato indeterminado cuando se aceptó todo lo contrario.

Documentales: a) Copia Certificada de la denuncia interpuesta por el demandado Yiorman Y.C.M., en contra de su representada por motivo de que en las facturas de los meses de noviembre y diciembre del año 2006 se colocó por concepto de pago de la cláusula penal quinta según contrato de arrendamiento, con lo cual queda evidenciado que el demandado ha venido ocupando el inmueble en contra de la voluntad de la demandante y de manera indebida y sin su consentimiento y que él como demandado fue el que interpuso denuncia ante el INDECU donde posteriormente firmó sin coacción alguna el acta conciliatoria donde aceptó el lapso para la entrega del inmueble vencido el día 28 de febrero de 2007. b) Copia de los recibos Nº 1863, Nº 1877, Nº 1930, Nº 1978, Nº 1990, Nº 2038 y Nº 2044, donde se evidencia de que siempre se le colocó en dichos recibos los conceptos por los cuales se le recibía el pago al demandado y especialmente los recibos Nº. 2038 y Nº 2044 en los cuales se dejó constancia de que los mismos correspondían por concepto de cancelación de cláusula penal quinta según contrato de arrendamiento del apartamento No. 2-2 del Edifico Villa Grecia.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA

El Tribunal deja constancia que no promovió pruebas.

ADMISION DE LAS PRUEBAS

Mediante auto de fecha 10 de mayo de 2007 (f. 31), el Tribunal Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira ordenó agregar las pruebas al expediente y las admitió salvo su apreciación en la definitiva.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL A QUO

A los folios 32 hasta el 43, corre la sentencia dictada por el Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, como Tribunal de la causa, en fecha 15 de mayo de 2007, en la que declaró con lugar la demanda de Cumplimiento De Contrato por Vencimiento de la Prorroga Legal, interpuesta por la Sociedad Mercantil “ABITAR C.A.”, a través de su Apoderado Judicial, abogado en ejercicio J.M.S.M., contra el ciudadano Yiorman Y.C.M. y en consecuencia condenó a la parte demandada en lo siguiente: Primero: HACER ENTREGA del bien inmueble arrendado, consistente en un (1) apartamento distinguido con el Nº 2-2, ubicado en el piso 2 del edificio Villa Grecia, situado en la Avenida Séptima entre calles 15 y 16, Parroquia San J.B., Municipio San Cristóbal, Estado Táchira, totalmente libre de personas y cosas, completamente desocupado y en el mismo estado de aseo y conservación en que lo recibió, y solvente en el pago de los servicios públicos; Segundo: PAGAR la suma de UN MILLÒN CIENTO SESENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 1.160.000,00) que equivalen actualmente a MIL SEISCIENTOS BOLÌVARES FUERTES (Bs.F.1.600,00), desglosados así: OCHOCIENTOS MIL BOLÌVARES (Bs.800.000,00) por canon de arrendamiento correspondientes a los meses de enero y febrero de 2.007, que son equivalentes a OCHOCIENTOS BOLÌVARES FUERTES (Bs.F.800,00), a razón de CUATROCIENTOS MIL BOLÌVARES (Bs. 400.000,00) que equivalen actualmente a CUATROCIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs.F.400,00) mensuales; y la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA MIL BOLIVARES (Bs.360.000,00) que equivalen actualmente a TRESCIENTOS SESENTA BOLÌVARES FUERTES (Bs.F.360,00) por el tiempo que ha ocupado indebidamente el inmueble arrendado, esto es, desde el 01 de marzo de 2007 al 12 de marzo de 2007, así como PAGAR los días que continúe ocupando el inmueble desde el día 12 de marzo de 2007 hasta su entrega definitiva a razón de TREINTA MIL BOLÍVARES (Bs.30.000,00) que equivalen actualmente a TREINTA BOLÌVARES FUERTES (Bs.F.30,00); Tercero: La condenatoria de Costas, de conformidad con lo pautado en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, Igualmente acordó la indexación de la suma a pagar; Cuarto: Notificar a las partes.

Por medio de diligencia de fecha 18 de mayo de 2007 (f.44-46), la parte demandada apeló de la decisión tomada por el Juzgado de la causa, la cual se oyó en ambos efectos en auto de fecha 24 de mayo de 2007.

ACTUACIONES ANTE ESTA ALZADA:

Fue recibido el presente expediente proveniente del Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 24 de mayo de 2007 previa distribución (f.51), y el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la circunscripción Judicial del Estado Táchira le dio entrada el 12 de junio de 2007 (f.52).

Por medio de diligencia de fecha 26 de junio de 2007 (f.53-61 y anexos f.62-66) El Abogado J.M.S.M., en su condición de Apoderado de la parte demandante, expuso que tal y como se contempla en el ordenamiento jurídico venezolano y principalmente la norma adjetiva contenida en el Código de Procedimiento Civil vigente en su artículo 893, que no contempla la posibilidad que la partes litigantes presenten informes en esta alzada conforme al artículo 517 ejusdem, a todo evento y de conformidad con el artículo 49 ordinal 1º de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que consagra el Derecho a la Defensa en todo estado y grado del proceso, presentó escrito de informes de apelación

ACTUACIONES EN EL CUADERNO DE MEDIDAS

Por auto de fecha 07 de mayo de 2007, el Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de esta Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Negó las Medidas Preventivas de Secuestro y Embargo, solicitadas por la parte actora, por vía de causalidad, por no encontrarse llenos los extremos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.

MOTIVACION DE LA DECISION

PUNTO PREVIO

PERENCION DE LA INSTANCIA

Visto el escrito de fecha 18 de mayo de 2007 (f.44-46), presentado por el ciudadano Yiorman Y.C.M., asistido por el abogado H.J.S.R., y de la revisión de las actas procesales se observa, que en la presente causa fue admitida la demanda, por el Juzgado de la causa en fecha 21 de marzo del 2007 (f.11), en el cual se ordenó la citación del demandado, y en la fecha 28 de marzo de 2007, se libró la respectiva compulsa de citación, y el Alguacil Temporal informó en fecha 24 de abril de 2007; que había practicado la citación.

A este respecto estableció el Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, en Sentencia de fecha 08 de febrero de 2002:

Es claro, pues, que el ordenamiento jurídico venezolano acoge el sistema italiano respecto de la perención, de conformidad con el cual ésta opera de pleno derecho y, por tanto, se consuma por el sólo transcurso del tiempo previsto en la ley, y una vez declarada surte efectos no desde esa oportunidad, sino a partir del momento en que operó la perención, pronunciamiento este que sólo reafirma un hecho ya cumplido.

En consecuencia, una vez consumada y declarada la perención produce efectos desde que ésta operó, por lo cual tanto los hechos jurídicos -transcurso del tiempo sin impulso de las partes- como sus efectos -extinción del proceso- se rigen por las normas procesales vigentes para la época en que éstos se verificaron.

Y en decisión dictada en fecha 6 de julio de 2004, el Tribunal Supremo de Justicia estableció lo siguiente:

…no debe entenderse que la citación debe ser practicada, dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o su reforma. NO. Por el contrario, lo que debe cumplirse dentro de ese lapso de 30 días, son las obligaciones previstas en la Ley destinadas a lograr la citación, importando poco que ésta se practique efectivamente después de esos 30 días…

… “Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal: de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación”. Criterio que acoge este Tribunal de conformidad con el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil.

Así, se infiere que si transcurren treinta (30) días sin que la parte actora haya impulsado la citación, se produce la consecuencia jurídica prevista por el legislador ante tal quietud o inercia como es la perención de la instancia, de pleno derecho.

En el caso que nos ocupa se puede constatar del cómputo de esta misma fecha, que desde el día 21 de marzo de 2007 hasta el 28 de marzo de 2007, (ambos exclusive), transcurrieron seis (6) días continuos, es decir, la parte actora impulsó la práctica de la citación, durante los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda, en tal virtud, se declara SIN LUGAR el pedimento de perención.

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE

1-. Merito Favorable de los autos: Cabe destacar que el mérito favorable de los autos, no es un medio de prueba válido de los estipulados por la legislación vigente, tal y como lo ha establecido nuestro máximo tribunal en sentencia del 30 de julio de 2002, dictada por la Sala Político-Administrativa, que señala: “Respecto al mérito favorable de los autos promovidos como prueba por los apoderados de la parte demandada, se observa que dicho mérito no es un medio de prueba válido de los estipulados por la legislación vigente, en consecuencia, no arroja mérito alguno al promoverse. Así se decide.” (Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, O.P.T., Tomo 7, Año 2002, página 567).

Acogiéndose al criterio jurisprudencial antes trascrito, este operador de justicia no le confiere ningún valor probatorio al mérito favorable de los autos, invocado por la parte demandante en su escrito de promoción de pruebas.

2-. A los folios 7 al 9, corre documento autenticado ante la Oficina de la Notaria Quinta de San C.E.T., en fecha tres (03) de octubre del 2.005, anotado bajo el Nº 55, Tomo: 263, folios 134 al 136 de los Libros de autenticación llevados por esa Notaria, el cual fue agregado en original conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y al no haber sido tachado dicho instrumento dentro de la oportunidad legal establecida, el Tribunal le confiere al mismo el valor probatorio que señala el artículo 1.359 Código Civil Venezolano, toda vez que éste fue autorizado con las solemnidades legales por un funcionario público y por tanto hace plena fe, de la relación arrendaticia entre la Sociedad Mercantil ABITAR C.A. y el ciudadano demandado Yiorman Y.C.M..

3-. La copia del Acta de Conciliación que corre al folio (f.10), la cual no fue impugnada en su oportunidad por la contraparte, a través de otro medio de prueba legal; el Tribunal le otorga efectos semejantes a los del instrumento público, acogiéndose al criterio de nuestro máximo tribunal que señala:

" ...Para esta Corte los Documentos Administrativos, son aquellos documentos emanados de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias específicas, los cuales constituyen un género de la prueba instrumental, que por referirse a actos administrativos de diversa índole, su contenido tiene el valor de una presunción respecto a su veracidad y legitimidad, en razón del principio de la ejecutividad y ejecutoriedad, que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y que por tanto, deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario. Estos instrumentos están dotados de una presunción favorable a la veracidad de lo declarado por el funcionario en el ejercicio de sus funciones, que puede ser destruida por cualquier otro medio legal. En consecuencia, no es posible una asimilación total entre el documento público y administrativo, porque puede desvirtuarse su certeza por otra prueba pertinente e idónea, y no sólo a través de la tacha de falsedad. Igualmente es necesario recalcar que, de no ser destruida la presunción de veracidad, es procedente atribuir al documento administrativo alguno de los efectos plenos del documento público..." (Subrayado de este Tribunal; Sentencia de la Sala Político- Administrativa, del 08 de julio de 1998, O.P.T. N° 7, correspondiente al mes de julio de 1998, página 460 y siguientes).

Los mismos sirven para demostrar que:

La denuncia Nº 007 interpuesta por el demandado ciudadano Yiorman Y.C.M., contra su representada por ante la Coordinación Regional de INDECU Táchira, celebrada en fecha 10 de enero del 2.007, en la cual quedó establecido que los recibos de los cánones de arrendamiento de noviembre y diciembre eran esencialmente eso, arrendamiento y no la cláusula penal quinta del contrato de arrendamiento; y que ello no significaba renovación bajo ningún concepto del contrato de arrendamiento; que el arrendatario aceptó el plazo de cuarenta y nueve (49) días continuos, contados a partir del día once (11) de enero del 2.007 y con fecha de vencimiento el día veintiocho (28) de febrero del 2.007, para desocupar el inmueble, acuerdo que aceptó de manera voluntaria y sin coacción alguna.

4-. A los documentos que en copia fotostática certificada corren del folio 22 al 26, cuya presunción de veracidad no fue desvirtuada en su oportunidad por la contraparte, a través de otro medio de prueba legal, razón por la cual adquirieron efectos semejantes a los del instrumento público, en tal virtud, este sentenciador les confiere pleno valor probatorio, acogiéndose al criterio jurisprudencial señalado en el aparte anterior; y de ellos se desprende que en las facturas de los meses de noviembre y diciembre del año 2006 se colocó por concepto de pago de la cláusula penal quinta según contrato de arrendamiento, habiendo el Apoderado de ABITAR C.A., Abogado J.M.S.M., dejado evidenciado que los recibos números 2038 y 2044 corresponden a los cánones de arrendamiento de los meses de Noviembre y Diciembre y no a lo que dice su contenido, tal y como se evidencia de la declaración aportada por el ciudadano Apoderado en el Acta 007 suscrita ante el INDECU, haciendo la salvedad de que ello no significa renovación de Contrato de Arrendamiento alguna.

5.- A los folios 27 al 30, corre copias al carbón de los recibos Nº 1863, Nº 1877, Nº 1930, Nº 1978, Nº 1990, 2038 y Nº 2044, los cuales por no haber sido impugnados ni tachados; adquirieron la fuerza probatoria del instrumento público conforme lo establecido en el artículo 1.363 del Código Civil Venezolano, y de ellos se desprende que en principio se estableció como causa de pago la Cláusula Penal Quinta, pero de acuerdo al Acta Nº 007 suscrita ante el INDECU, el demandante Apoderado de la Sociedad Mercantil ABITAR S.R.L., aceptó reconocer que tales recibos correspondían al pago de los cánones de arrendamiento de los meses de Noviembre y Diciembre del año 2006, del apartamento No. 2-2 del Edifico Villa Grecia.

Valoradas como han sido las pruebas, corresponde en primer lugar a éste Operador de Justicia determinar los elementos para la procedencia de la Acción de Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento propuesta. En éste sentido, los artículos 1.167 del Código Civil y 38 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, rezan:

Artículo 1.167 del Código Civil: En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello

.

Artículo 38 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios: En los contratos de arrendamiento …celebrados a tiempo determinado, llegado el día del vencimiento del plazo estipulado, éste se prorrogará obligatoriamente para el arrendador y potestativamente para el arrendatario …”(Negrillas y cursivas propias del Tribunal).

Se concluye entonces, a tenor de las normas citadas y aplicado al caso de autos, que el ejercicio de la acción de cumplimiento del contrato de arrendamiento presupone: 1.- La existencia de un contrato bilateral. 2.- Que el contrato de arrendamiento lo sea por tiempo determinado y 3.- La existencia de un incumplimiento, que en el caso de autos, fue invocado tanto el fenecimiento del tiempo de duración del Contrato de Arrendamiento, como la falta de pago oportuno del canon arrendaticio.

El primer requisito, relacionado con la existencia de un contrato bilateral, se encuentra satisfecho, pues en el asunto de autos, se está en presencia de un contrato de arrendamiento debidamente autenticado, caracterizado por la bilateralidad. Ambas partes se obligaron recíprocamente, cada una es deudora y acreedora al mismo tiempo, tienen obligaciones recíprocas.

En lo relativo al segundo requisito; el Tribunal pasa a examinarlo.

El artículo 1.579 del Código Civil, señala:

Artículo 1.579: El arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes contratantes se obliga a hacer gozar a la otra de una cosa mueble o inmueble, por cierto tiempo y mediante un precio determinado que ésta se obliga a pagar a aquélla.

De acuerdo al tiempo, es decir a la duración del contrato de arrendamiento, éstos pueden ser de dos clases: a) Contrato de arrendamiento a tiempo determinado y b) Contrato de Arrendamiento a tiempo indeterminado.

Los primeros (a tiempo determinado), son aquéllos que tienen un principio y una fecha exacta, o aunque ese contrato tenga prórroga se debe tener conocimiento de la fecha cierta en que comienza una prórroga y cuando termina la misma. Los segundos (a tiempo indeterminado), se dan cuando existe fecha cierta de inicio y no tiene una fecha de término, es decir, pasada la fecha en que finaliza el contrato de arrendamiento y el arrendador no notifica o no manifiesta al arrendatario su deseo de no continuar con la relación arrendaticia, entonces queda incierto el final del contrato de arrendamiento, convirtiéndose a tiempo indeterminado.

Por su parte el Artículo 1.159 del Código Civil, establece:

Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la ley.

La cláusula Segunda del Contrato de Arrendamiento, (f.7) señala:

La duración del presente contrato de arrendamiento es de seis meses improrrogables, contado el plazo a partir del 01 de noviembre de 2005 y termina el 30-04-2006, fecha en la que deberá entregar el inmueble desocupado de personas y cosas. queda expresamente convenido que al vencimiento del término de este contrato comenzará la prórroga legal del mismo, de manera automática e inequívoca y sin necesidad de notificación alguna, pues este instrumento hace sus veces. Salvo que exista renovación escrita y autenticada de este contrato. La duración de dicha prórroga se regirá conforme a lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios en su artículo 38

.

El elemento determinante para establecer si el Contrato de Arrendamiento es a término fijo o a tiempo indeterminado es la voluntad e intención de las partes, que en el caso sub judice fue plasmada en la cláusula Segunda del Contrato de Arrendamiento inserto a los folios 7, 8 y 9.

De la cláusula anteriormente transcrita se deduce, que la voluntad de las partes fue la de celebrar un contrato a término fijo, con fecha de inicio el 01 de noviembre del 2.005 y finalización el 30 de abril del 2.006.

De igual forma consta en el Acta de Conciliación realizada en fecha 10 de enero de 2007, por ante la Oficina de Coordinación Regional del INDECU del Estado Táchira, la cual corre inserta a los folios (f.22-26), concerniente a la denuncia propuesta por el ciudadano demandado, contra el demandante, en la cual se demuestra que el ciudadano Yiorman Y.C.M., en su condición de denunciante-demandado, aceptó el plazo concedido por la parte denunciada-demandante, para que realizara la desocupación del inmueble, manifestando su conformidad con el lapso de cuarenta y nueve (49) días continuos otorgados para que realizara la entrega, en el cual expresó estar “…conciente que el contrato de arrendamiento está vencido..” (Negritas y cursivas del Tribunal).

Lo anterior hace concluir en forma inequívoca que el contrato de arrendamiento celebrado lo cual fue a término fijo; en consecuencia el Segundo requisito se encuentra satisfecho. Así se establece.

En cuanto al tercer requisito, relacionado con el incumplimiento del demandado en la entrega del inmueble en el tiempo establecido y la falta de pago oportuno del canon arrendaticio; el Tribunal pasa a examinarlo de acuerdo a los recaudos aportados a los autos.

La acción de Cumplimiento de Contrato, tiene por finalidad atacar el contrato mismo para resolverlo e impedir su continuación, sobre la base del incumplimiento del demandado.

Así las cosas, pasa quien juzga a resolver lo concerniente al incumplimiento del arrendador en la entrega del bien inmueble.

La cláusula segunda del Contrato de Arrendamiento, señaló:

La duración del presente contrato de arrendamiento es de seis meses improrrogables, contado el plazo a partir del 01 de noviembre de 2005 y termina el 30-04-2006, fecha en la que deberá entregar el inmueble desocupado de personas y cosas. queda expresamente convenido que al vencimiento del término de este contrato comenzará la prórroga legal del mismo, de manera automática e inequívoca y sin necesidad de notificación alguna, pues este instrumento hace sus veces. Salvo que exista renovación escrita y autenticada de este contrato. La duración de dicha prórroga se regirá conforme a lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios en su artículo 38

. (Negrillas y cursivas del Tribunal).

De la lectura de la cláusula SEGUNDA, se desprende que el arrendador debió entregar el bien inmueble el día 30 de abril de 2006, así lo pactaron las partes y el arrendatario así lo aceptó.

De igual forma, el ciudadano Yiorman Y.C.M., se dirigió a la Oficina de Coordinación Regional del INDECU del Estado Táchira, donde se levantó un Acta de Conciliación en fecha 10 de enero de 2007, la cual corre inserta a los folios (f.22-26), derivada de la denuncia propuesta por el ciudadano demandado, contra el demandante, en la cual se demuestra que el ciudadano Yiorman Y.C.M., en su condición de denunciante-demandado, aceptó el plazo concedido por la parte denunciada-demandante, para que realizara la desocupación del inmueble, manifestando su conformidad con el lapso de cuarenta y nueve (49) días continuos otorgados para que realizara la entrega, contados éstos a partir del día 11 de enero del 2007 y hasta el 28 de febrero de 2007, expresando además estar “…conciente que el contrato de arrendamiento está vencido..”.

Convine enfatizar que el demandado de autos, convino en el contrato de arrendamiento que la relación arrendaticia finalizaba el día 30 de abril de 2006; y además reconoció ante la Oficina del INDECU que el contrato de arrendamiento para el 10 de enero de 2007 se encontraba vencido y convino en entregar el inmueble arrendado el 28 de febrero de 2007; en consecuencia, no tiene asidero el alegato del demandado en sostener que la relación arrendaticia se convirtió a tiempo indeterminado, pues- se reitera- el arrendatario aceptó que la relación contractual finalizaba el 30 de abril de 2006, a partir de cuya fecha empezaba a computarse el lapso de la prórroga legal arrendaticia y no puede ahora pretender alegar que por el solo hecho de haber transcurrido un lapso de tiempo posterior a la finalización del contrato, éste se convirtió a tiempo indeterminado. Así se establece y decide.

En tal virtud; éste Operador de Justicia concluye que el inmueble arrendado no fue entregado en la fecha acordada por las partes; y en consecuencia, encuentra configurado el incumplimiento del arrendatario en la entrega del inmueble en tiempo oportuno. Así se decide.

Seguidamente, se pasa a examinar lo concerniente al pago oportuno o no del canon arrendaticio por parte del arrendatario.

La Cláusula Tercera del Contrato de Arrendamiento, establece:

EL ARRENDATARIO conviene y se compromete a cancelar un canon mensual de CUATROCIENTOS MIL BOLÌVARES (Bs.400.000,00), que serán cancelados el último día de cada mes que venza, en la oficina de la arrendadora ubicada en el Local Nº C3-14 del Centro Comercial El Pinar. La falta de pago de una (1) mensualidad dará derecho a LA ARRENDADORA a dar por resuelto el presente contrato y a solicitar la inmediata desocupación del inmueble arrendado, quedando a salvo sus derechos por los daños y perjuicios que dicha medida ocasione. Igualmente EL ARRENDATARIO se compromete a pagar mensualmente el último día de cada mes, la cuota de condominio luego de cinco (5) días de la fecha de emisión del recibo de cobro, causal para pedir la resolución del contrato por incumplimiento

.

En primer lugar, conviene dejar sentado que el canon de arrendamiento vigente en la relación arrendaticia sub judice, es de CUATROCIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 400), pues así lo afirmó la parte actora y la demandada lo reconoció en su escrito de contestación de demanda, cuando dijo “…el canon de arrendamiento cuyo monto es la cantidad de CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 400.000,00)…” Así se establece.

De la lectura de la Cláusula Tercera del contrato de arrendamiento, se desprende que el canon arrendaticio debía ser cancelado por el Inquilino el último día de cada mes, en la oficina de la arrendadora, así lo pactaron las partes y el arrendatario así lo aceptó. Así se establece.

El demandante de autos, aduce la falta de pago de los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de enero y febrero del 2.007. Ahora bien, revisando las actas procesales, se observa que en el acta levantada en el INDECU N° 007 de fecha 10/01/2007 (f. 10 y su vuelto), las partes aclararon que los recibos N° 2038 y 2044 correspondían a los cánones de arrendamiento de los meses de noviembre y diciembre de 2006 y no a lo que decía su contenido, es decir, que la partes aclararon que los conceptos cancelados con dichos recibos no correspondía a cláusula penal sino a los cánones arrendaticios de noviembre y diciembre de 2006.

Igualmente, revisando los restantes recibos de pago N° 1863; 1877; 1930; 1978 y 1990 insertos a los folios 27, 28 y 29, se observa que los mismos son por concepto de cancelación de prórroga legal de contrato de arrendamiento correspondiente al periodo comprendido desde el 01/05/2006 al 31/10/2006.

Así, se concluye que en las actas procesales solo rielan las constancias de pago de canones arrendaticios correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2006, y nada consta respecto a la cancelación de las pensiones arrendaticias de enero y febrero de 2007, reclamadas por la parte actora; en tal virtud; éste operador de Justicia; visto que el arrendatario y demandado de autos no aportó ningún elemento para desvirtuar el alegato de la parte demandante y demostrar su solvencia, encuentra incurso al demandado en el incumplimiento de la cláusula TERCERA del contrato de Arrendamiento e insolvente en el pago de los cánones de los meses de enero y febrero de 2007. Así se decide.

En consecuencia, el demandado de autos deberá cancelar al demandante los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de enero y febrero de 2007, a razón de CUATROCIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 400), cada mes, para un total de OCHOCIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 800), los cuales deberán ser indexados desde el 21/03/2007 (fecha de admisión de la demanda) hasta la fecha en que quede definitivamente firme la presente decisión, mediante la realización de una experticia complementaria del fallo conforme al artículo 249 del Código Adjetivo Civil. Así se decide.

Ahora bien, señala el Artículo 41 Ibidem:

“Cuando estuviere en curso la prórroga legal a que se refiere el artículo 38 de este Decreto Ley, no se admitirán demandas de cumplimiento de contrato de arrendamiento por vencimiento del término. No obstante, sí se admitirán aquellas que sean interpuestas por el incumplimiento de obligaciones legales y contractuales“. (negrillas y cursivas propias del Tribunal).

La norma señala que cuando estuviere en curso la prórroga legal no serán admitidas demandas por vencimiento del término; en tal sentido; el Tribunal encuentra oportuno establecer el lapso durante el cual estuvo comprendida la prórroga legal arrendaticia en el presente caso, a los efectos de determinar si para la fecha de la admisión de la demanda estaba o no en curso la prórroga legal.

Partiendo del hecho que el tiempo de duración de la relación arrendaticia fue pactado desde el 01/11/2005 hasta el 30 de abril de 2006, es decir, que la duración del contrato fue de 6 meses, conforme al literal a) del artículo 38 ejusdem, le correspondería una prórroga legal de 6 meses, computados éstos desde el 01/5/2006 hasta el 31/10/2006, ambas fechas inclusive.

Considerando que la demanda fue admitida el 21/03/2007 (f. 11), se observa que la pretensión de autos fue incoada después de vencida la prórroga legal, en consecuencia, el caso sub judice no es subsumible en el supuesto de inadmisibilidad previsto en el artículo 38 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, pues la demanda por cumplimiento del término fue incoada después de encontrarse vencida la prórroga legal. Así se decide.

Respecto a la solicitud de pago de la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA MIL BOLIVARES (Bs. 360.000), por concepto de daños y perjuicios causados –a decir del actor- con motivo de la ocupación indebida del inmueble; el tribunal observa:

La cláusula QUINTA del contrato de arrendamiento, señala:

QUINTA: EL ARRENDATARIO se obliga a pagar como cláusula penal por el uso y disfrute del inmueble los daños y perjuicios derivados de gastos judiciales, extrajudiciales y honorarios de abogados, por cada día de retraso luego del vencimiento del plazo en entregar el inmueble desocupado, la cantidad de TREINTA MIL BOLÌVARES (Bs.30.000,00) diarios hasta su definitiva entrega a LA ARRENDADORA

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En tal virtud, visto que en autos quedó demostrado que el demandado no hizo entrega del inmueble objeto del presente litigio en la fecha convenida; situación que lo hizo incurrir en el incumplimiento de la cláusula SEGUNDA; éste Operador de Justicia, declara con lugar el pago de la cantidad de TREINTA MIL BOLIVARES (Bs. 30.000), hoy TREINTA BOLIVARES FUERTES (Bs. F 30), diarios por concepto de cláusula Penal prevista en la cláusula QUINTA del contrato de arrendamiento, los cuales deberá cancelar desde el 28/02/2007 exclusive, (fecha de entrega acordada en el acta levantada en el INDECU), hasta la fecha que quede definitivamente firme la presente decisión, exclusive, a razón de TREINTA BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 30) diarios. El monto resultante a pagar por concepto de cláusula penal no será indexada de conformidad con lo establecido en la Sentencia N° 00611 del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa, de fecha 29 de abril del 2003, visto que no puede acordarse si se solicita simultáneamente la indexación judicial, por cuanto la misma actualiza el valor de la moneda desde el momento en que debió producirse el pago, hasta la publicación de la sentencia, en tal virtud resulta a este operador de justicia improcedente acordar intereses moratorios e indexación judicial, por cuanto ello implica un doble pago por el incumplimiento de la obligación. Razón por la cual este Tribunal no acuerda la indexación del monto resultante a pagar por concepto de cláusula penal. Así se decide.

En este sentido; visto que quedaron demostrados los supuestos para la procedencia de la Acción de Cumplimiento de contrato de arrendamiento incoada; visto igualmente que quedó evidenciada la incursión del arrendatario en el incumplimiento de las cláusula SEGUNDA y TERCERA, es forzoso para éste Operador de Justicia declarar con lugar la demanda interpuesta y condenar en costas a la parte demandada. Así se decide.

Es por todo lo anteriormente expuesto, que este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira administrando e impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA: