Los agentes van a tu casa con la boleta de aprehensión y si pagas no la ejecutan

En marzo de 2010, agentes de la subdelegación Oeste del Cicpc hicieron una redada en los bloques 32 y 33 del 23 de Enero. Los funcionarios asignados al bloque 32 se encontraron en el piso 8 con un hombre de 22 años de edad. El oficial le dio un tiro en la pierna izquierda y lo arrastró hasta el ascensor. A pesar de las quejas de vecinos, se lo llevaron en una moto. Al joven solamente le hicie ron una cura y lo encerraron en una celda de la subdelegación Oeste. Allí le pidieron 10.000 bolívares para dejarlo en libertad; de lo contrario, le sembrarían drogas y un arma. Luego hubo una negociación y sólo pagó 5.000 bolívares. A pesar de que pagó, igual le dejaron un delito en el expediente y quedó en presentación, explicó un familiar. Liliana Ortega, presidenta de Cofavic, organización que hace un monitoreo de las denuncias sobre abusos policiales, afirmó que las extorsiones popularmente conocidas como matraca obedecen a un patrón general de actuación de los funcionarios, tanto del Cicpc como del resto de los cuerpos de seguridad. En la policía judicial, añadió, hay la posibilidad de ejercer mayores presiones sobre las víctimas debido al control primario que tienen sus funcionarios sobre los lugares donde se cometen los delitos y el procedimiento de investigación criminal, lo cual les permite negociar en las etapas tempranas del proceso. Para salvarse de los tribunales. Los funcionarios también extorsionan a las personas solicitadas por los tribunales. En el interior del país, según Ortega, se han visto casos de actuación en complici dad con policías regionales y municipales. Un alguacil, que no reveló su identidad, lo explicó en estos términos: Los agentes van a tu casa con la boleta de aprehensión y te dicen que si pagas no la ejecutan. Es el caso de Belkis Zapata, quien viajó cuatro horas desde Tumeremo hasta Ciudad Guayana, en Bolívar, para denunciar que el miércoles 11 de mayo le mataron a su hijo Denyer Zapata en la cárcel de Vista Hermosa. Aseguró que en el hecho están involucrados funcionarios del Cicpc. Contó que los detectives de tuvieron a su hijo el lunes 11 de abril por comercializar, presuntamente, drogas. Los investigadores, según Belkis Zapata, le estaban cobrando a su hijo 20.000 bolívares para desvincularlo de las acusaciones. Lo llevaron de un sitio pa ra otro como un muñeco. Al final, lo trajeron para el Cicpc de acá, desde Tumeremo, donde yo...

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