Sentencia nº 527 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 27 de Julio de 2015

Para que pueda pedirse o proponerse la extradición, será requisito necesario que se haya dictado auto motivado de prisión, o recaído sentencia firme contra los acusados a que se refiere, de conformidad con lo establecido en el artículo 825 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Conforme dispone el artículo 826 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal podrá pedirse o proponerse la extradición: 1°. De los españoles que habiendo delinquido en España se hayan refugiado en país extranjero. 2° De los españoles que habiendo atentado en el extranjero contra la seguridad exterior del Estado, se hubiesen refugiado en país distinto del en que delinquieron. 3°. De los extranjeros que debiendo ser juzgados en España se hubiesen refugiado en un país que no sea el suyo.

Asimismo prescribe el artículo 827.1° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que procederá la petición de extradición en los casos que se determinen en los Tratados vigente con la potencia en cuyo territorio se hallare el individuo reclamado. En defecto de Tratado, en los casos en que la extradición proceda según el derecho escrito o consuetudinario vigente en el territorio a cuya nación se pida la extradición. En defecto de los dos casos anteriores, cuando la extradición sea procedente según el principio de reciprocidad. En el presente supuesto, de conformidad con lo dispuesto en el art. 827.1° de la Lecrim en relación con Tratado de Extradición firmado de forma bilateral en Caracas el 4 de enero de 1989 entre el R.d.E. y la República de Venezuela, en vigor desde el 30/09/1990 y publicado en el BOE núm. 294/1990, de 08/12/1990, que permite según sus artículos 2 y 5 la extradición de las personas que se encuentren en el territorio de la Parte requerida y que sean reclamados por el Estado requirente para ser enjuiciadas, siempre que el delito esté castigado en la legislación de ambas Partes con pena de prisión de duración superior a dos años de prisión. Del mismo modo en su art. 24 se dispone que en caso de urgencia se habilita a las autoridades de la Parte requirente para solicitar la detención preventiva de la persona reclamada.

De conformidad con su art. 8 es facultativa la entrega de nacionales del Estado requerido, con obligación de someter el asunto a sus autoridades para proceder judicialmente a instancia del estado requirente, remitiendo gratuitamente los documentos, información y objetos del delito e informando del resultado. …”.

…

En orden a su documentación, el art. 15 dispone que será transmitida por la vía diplomática. …”.

…

En nuestro caso, el órgano judicial se dirigió al Gobierno mediante suplicatorio, decidiendo el C.d.M. de forma favorable a la petición, y empleándose después el cauce diplomático para canalizarla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 828 y 829 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Juez o Tribunal que conozca de la causa será el competente para pedir su extradición, lo que acordará en resolución fundada, desde el momento en que sea procedente con arreglo a lo prescrito en los artículo 826 y 827 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y con el cumplimiento de las formalidades que exige el Tratado de Extradición entre el R.d.E. y República de Venezuela, dado que el delito está castigado en la legislación de ambas Partes con pena superior a dos años de prisión y no se trata de un delito político, y en los artículos 832 y 833 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el presente supuesto, concurren todos los requisitos legales, antes descritos, para proponer al Gobierno del Estado Español que solicite a las correspondientes Autoridades de Venezuela la extradición del requisitorio Á.E.M.V.. …”.

…

Constan en la causa, de los testimonios de los agentes de policía, seguimientos, documentación incautada y conversaciones telefónicas interceptadas judicialmente indicios racionales bastantes para presumir que el citado procesado estaba a cargo, como apoderado, de la Compañía mercantil “Top Tropical Frut Group, S.L”, que la organización adquirió para tal finalidad ilícita, y que en el año 2006 comenzó a realizar importaciones de frutas desde Sudamérica a Barcelona, gestionando la recepción de un cargamento de trescientos cincuenta kilogramos de cocaína (350 kgrs) enviado desde Venezuela en un contenedor bajo la cobertura de una importación de frutas.

Que con seguimientos policiales constan que el día 21 de diciembre de 2006, junto con otro procesado, cargaron parte de la cocaína en la camioneta marca Ford Transit con matricula 6475 BVS, siendo interceptada por los agentes de policía que efectúan su vigilancia y seguimiento, y les ocuparon en el interior de la misma 143 tabletas de cocaína que arrojaron un peso de 35,990 kilogramos de cocaína con una pureza del 84,2% y un precio en el mercado ilegal de consumidores de 1.211.436 euros.

El resto de la cocaína, con un peso de 315.103 kilogramos y una pureza de 84,2% se les ocupó en los almacenes de la empresa tras la entrada y registro autorizada judicialmente.

Que la causa no está prescrita, y a tal efecto se recuerda la STS n° 1711/2013 del 11 de abril, al afirmar que: “… en la medida en que toda extradición es una decisión de ámbito supranacional que afecta, cuando menos, a dos estados (requirente y requerido) con actuación efectiva tanto de sus órganos judiciales como de sus Gobiernos, necesariamente rebasa en importancia el ámbito de la simple orden de busca y captura: la esencia de esta orden estriba en el desconocimiento del paradero del requisitoriado, al contrario que en la extradición, El conjunto de diligencias practicadas interrumpe, con independencia de su resultado, el plazo de prescripción”.

Visto lo expuesto, y razonado, así como los preceptos legales citados y sus concordantes.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA HA DECIDO (sic): PROPONER al Gobierno del R.d.E., a través del Ministerio de Justicia, que solicite, de las correspondientes Autoridades de VENEZUELA, la extradición del requisitoriado Á.E. MARÍN VÁZQUEZ…, a fin de ser enjuiciado en España por un delito contra la s.p. previsto y penado en el artículo 368, 369 y 370 del Código Penal en su modalidad de sustancias que acusan grave daño a la salud, en cantidad de extrema gravedad, cantidad de notoria importancia y en el seno de una organización mediante operaciones internacionales de importación, y al objeto de que, previo traslado del extraditado al territorio español, se apuesto a disposición de este Tribunal a fin de proseguir la presente causa. …”. (Folios 72 al 77).

Cursa a los folios 78 al 84 del expediente, opinión emitida por el Fiscal Provincial de S.C.d.T., dirigido a la Sala de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, de fecha 21 de abril de 2015, en el cual expone lo siguiente:

… El FISCAL, en el traslado conferido para informe sobre la procedencia de la solicitud a Venezuela de la extradición del procesado Á.E.M.V., DICE:

QUE EL PROCESADO Á.E.M.V. se encuentra en situación de rebeldía por los hechos de esta causa, acordada mediante Auto de 13 de noviembre de 2014, al no haber comparecido al juicio oral señalado ni sido (sic) presentado posteriormente por su fiadora personal.

Con arreglo a lo previsto en el artículo 827.1° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procederá la petición de extradición en los casos en que se determinen en los Tratados vigente con la potencia en cuyo territorio se hallare el individuo reclamado.

El vigente Convenio de Extradición entre España y Venezuela, firmado en Caracas el 4 de enero de 1989, permite según su artículo 1°, al entrega recíproca de las personas a quienes las autoridades judiciales de una de las Partes persiguieren por algún delito o buscaren para la ejecución de una pena o medida de seguridad impuesta judicialmente, que consista en privación de libertad. …

.

…

Resultando legalmente posible la extradición del procesado rebelde Á.E.M.V., para ser juzgado en España como autor de un delito agravado contra la s.p. de los artículos 368, 369.1.5ª, 370.3 (extrema gravedad por simulación de operaciones de comercio internacional entre empresas y presencia de red internacional de tráfico de drogas), y 369 bis del Código Penal (organización criminal), en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, se solicita que se dicte Auto en orden a solicitar la extradición del procesado rebelde Á.E.M.V., detenido en Venezuela y actualmente en prisión preventiva en virtud de la orden de Detención y Entrega de carácter Internacional acordada por Auto de fecha 23 de marzo de 2015, para proceder al enjuiciamiento de dicho procesado en España al haberse formulado acusación por el Ministerio Fiscal. …”.

Auto de emisión de una orden Europea e Internacional de Detención y Entrega y de Prisión Preventiva, de fecha 23 de marzo de 2015, del cual se desprende lo siguiente:

… HECHOS

PRIMERO.- Ante este Tribunal se sigue causa Sumario Ordinario 11/2010 Pieza 2ª contra Á.E.M.V., por los siguientes HECHOS DE LA ACUSACIÓN: …

.

…

El Ministerio Fiscal ha formulado escrito de acusación al estimar que ha tenido participación en los mismos a título de autor y solicita como autor de un delito agravado CONTRA LA S.P., de los artículos 368, 369.1.5ª, 370.3 (extrema gravedad por simulación de operaciones de comercio internacional entre empresas y presencia de red internacional de tráfico de drogas), y 369 bis del Código Penal (organización criminal), en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, y solita (sic) la pena de trece años de prisión y DOS MULTAS DE 30.000.000 EUROS, con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.

Al ir a citarse al procesado no ha sido hallado, habiendo dejado de cumplir con la obligación de comparecer apud acta al allanamiento judicial, tal y como se le impuso en el Auto que acordaba la libertad provisional de fecha 28 de septiembre de 2010.

El Ministerio Fiscal mediante escrito de 28 de febrero de 2015 a la vista de la incomparecencia al juicio oral señalado en el mes de enero del presente año, sin que conste su presencia en España ni en otro territorio nacional concreto, pudiendo ser habido en el futuro en territorio de la Unión Europea, interesa con arreglo a lo previsto en el Título II de la Ley 23/14, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (B.O.E. n-um.282/14, de 21 de noviembre), que dicte Orden Europea de Detención y Entrega con la finalidad de que sea detenido y entregado por otro Estado miembro la persona que se reclama para el ejercicio de acciones penales por aquellos hechos para los que la ley penal española señale una pena o una medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima sea al menos de doce meses (artículo 34 y 37.a), por parte del Juez o Tribunal que conozca de la causa (artículo 35.1), al concurrir los requisitos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acordar el ingreso en prisión preventiva del reclamado, (en cuyo caso será perceptiva la solicitud al respecto del Ministerio Fiscal o del acusador particular, según artículo 39.1 y 3).

La ley 23/2014 de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (BOE de 21 de noviembre de 2014), en adelante LRM, regula en su título II la orden europea de detención.

Concretamente, en lo que a emisión se refiere, los artículos 37 y 39 LRM distinguen entre que el reclamado lo sea para el ejercicio de acciones penales, como, o para el cumplimiento pena.

Concurriendo todos los requisitos previstos en el LRM para la emisión de este instrumento de reconocimiento mutuo a fin de la aprehensión y entrega del reclamado para el ejercicio de acciones penales frente a él, conforme se expondrá a continuación, procede emitir orden europea de detención mediante auto motivado conforme exige el artículo 39.3 in fine LRM.

En relación con el ejercicio de acciones penales, como primer requisito de la LRM, el artículo 37 a) LRM exige que se trate de hechos para lo que la ley penal española señale una pena o medida de seguridad privativa de libertad cuya duración sea, al menos, de doce meses. Concurre este requisito en el caso de autos, pues se trata de un delito contra la s.p., tráfico de cocaína de extrema gravedad y en el seno de una organización, penado con pena de doce a 16 años de prisión.

Por su parte, el artículo 39.3 LRM exige que con carácter previo a la emisión el Juez o Tribunal acuerde, mediante providencia, el traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a la acusación particular, para informe. Sólo si alguna de las partes acusadoras lo solicita, podrá emitirse la orden europea de detención y entrega. Es este el caso de autos, dado que la Fiscalía en su informe de fecha 28 de febrero así lo ha solicitado.

Como tercer requisito de LRM, el artículo 39.1 LRM exige que concurran los requisitos para acordar el ingreso en prisión preventiva del reclamado. También se dan en el presente supuesto, dado que es evidente el riesgo de fuga ante la contumaz conducta del imputado de ausentarse y ocultarse a la acción de la justicia, lo que hace imposible la continuación del procedimiento contra el mismo, debiendo asegurar su presencia para la celebración del juicio, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 503 Lecrim y 539 de la Lecrim. A tal efecto se dispone que, si a juicio del juez o tribunal concurrieren los presupuestos del artículo 503, procederá a dictar auto de reforma de la medida cautelar, o incluso de prisión, si el imputado se encontrase en libertad, pero debiendo convocar, para dentro de las 72 horas siguientes, a la indicada comparecencia.

Como señala el Ministerio Fiscal habida cuenta que el la (sic) huida del procesado inmediatamente después de su puesta en libertad por los hechos de esta causa después de haber estado un largo periodo en situación de prisión provisional prorrogada, evidencia un elevadísimo riesgo de fuga, que solo puede ser evitado mediante su ingreso en prisión una vez sea encontrado y puesto a disposición de este Tribunal para garantizar su presencia en el juicio oral. Por otra parte, el estado procesal de la causa permitirá un inmediato enjuiciamiento del procesado ahora rebelde, puesto que la fase intermedia está conclusa y no existe inconveniente para el señalamiento del juicio oral, que ya se ha celebrado para otros seis procesados en la misma causa, siendo únicamente necesaria la comparecencia de testigos todos ellos pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado que pueden ser citados sin demora por medio de sus superiores jerárquicos.

Para la orden europea de detención y entrega, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 LRM, procede cumplimentar (sic) el formulario recogido en el anexo I LRM, del que quedará copia en autos, sin perjuicio de su remisión a la oficina policial encargada de su registro en la base de datos SIS (sistema de información Schengen).

Toda vez que el imputado pudiera ser localizado fuera del espacio europeo, añádase a dicho formulario la mención “orden internacional” a efectos de su detención para una ulterior petición de extradición, de modo que quede también registrada en la correspondiente base de datos de búsquedas internacionales de INTERPOL.

En cumplimiento de los previstos en el artículo 40.6 LRM, remítase una copia de esta orden europea de detención al Ministerio de Justicia.

Conforma lo dispuesto en el art. 45 LRM cuando el reclamado sea puesto a disposición de la autoridad española deberá convocarse a comparecencia prevenida en la LECRIM (art. 505 Lecrim) en los plazos y formas previstos en la Lecrim.

Por otro lado el tiempo de privación de libertad padecido en el país de ejecución durante la tramitación del procedimiento se computa para el cumplimiento de la pena impuesta en España, o que s ele llegue a imponer.

Respecto al tiempo máximo de prisión provisional, el art. 504 LECrim, expresamente se refiere al tiempo que el imputado haya estado detenido o sometido a prisión provisional por la misma causa y además excluye el tiempo en que la causa sufriere dilaciones no imputables a la Administración de Justicia. Tal criterio fue confirmado para el procedimiento de extradición por el Tribunal Constitucional en el Auto 212/2005, de 12 de marzo, al señalar que no forma parte de la prisión acordada por la Administración de Justicia española la privación provisional de libertad que no se debió a esta causa, sino solo a procedimientos abiertos por órganos judiciales, en este caso, mexicanos (sic), por mucho que total o parcialmente dichas causa pudieran estar persiguiendo la responsabilidad penal por los mismos hechos y su extradición a España.

Sin embargo, el art. 45.1 LRM establece que la autoridad judicial española deducirá del período máximo de prisión preventiva cualquier período de privación de libertad que haya sufrido el reclamado derivado de la ejecución de una OEDE, de modo que salvo que la entrega se formalice a través de un procedimiento de extradición, tal periodo máximo ha de regir.

En este caso el procesado Á.E.M.V. estuvo privado de libertad desde el 21 de diciembre de 2006 hasta el 28 de septiembre de 2010, restándole por tanto 83 días.

Visto el informe del Ministerio Fiscal, los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación LA SALA DISPONE

1. - Acordar la PRISIÓN PROVISIONAL COMUNCADA y SIN FIANZA in audita parte del procesado Á.E.M.V., conforme lo dispuesto en el art. 539.4 Lecrim y 45 de la LRM debiendo celebrarse la comparecencia del 505 LECrim en el plazo de 72 horas desde que el reclamado sea puesto a disposición de las autoridades españolas, ya sea porque sea habido en territorio nacional o porque sea entregado por las autoridades de otro Estado miembro.

2. - Remitir orden internacional y europea de detención y entrega, al ampro de lo dispuesto en el Título II de la Ley 23/14 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, haciéndolo a través del formulario recogido en el anexo I de la ley citada.

3. - Efectuar las comunicaciones oportunas tanto al Centro Nacional de Comunicaciones Internacionales como a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia (artículo 40.6LRM), procediendo en su caso a la ulterior traducción del formulario (y de la presente resolución judicial) caso de conocerse el país donde se encuentra y no se utiliza el castella (sic) como lengua oficial.

4. - Remitir copia de la presente a la oficina policial encargada de su registro en la base de datos SIS (sistema de información Schengen) e INTERPOL.

5. - Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal a los efectos oportunos y demás partes personadas (sic).

Contra este auto cabe interponer recurso de súplica, en aplicación de los dispuesto en el artículo 13 de la Ley 23/14. …”.

Auto de Procesamiento, de fecha 14 de mayo de 2009, emanado de la Sección Quinta Audiencia Provincial de S.C.d.T., cuyo contenido es el siguiente:

“… R.M.R.G., Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de la Orotava y su Partido Judicial, ha dictado en el día de hoy, a la vista de los hechos, razonamientos jurídicos y demás normas de general y pertinente aplicación, la siguiente resolución,

El presente procedimiento se inició por atestado remitido por el Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga, de fecha de 24 de diciembre de 2006, informando de la presunta comisión de un delito contra la s.p. en su modalidad de tráfico de drogas.

Por Auto de fecha de 28 de diciembre de 2006 dictado por el Juzgado de Instrucción número tres del Vendrell, prorrogado por auto de fecha de 15 de diciembre de 2008, se acordó la medida cautelar de prisión provisional respecto de don V.G.M., por las razones que en dicha resolución se explicitan; por resolución de fecha de 24 de diciembre de 2006 dictada por el Juzgado de Instrucción número cinco de Sabadell, prorrogada por auto de fecha de 15 de diciembre de 2008, se acordó la medida cautelar de prisión provisional respecto de don Biaggio B.G.F.; igualmente, la coimputada, doña m.M.S.G., se encuentra en situación de libertad provisional, decretada por auto de fecha de 24 de diciembre de 2006, dictada por el Juzgado número 13 de Barcelona y, finalmente, por auto de fecha de 29 de diciembre de 2006 dictado por el Juzgado de Instrucción número tres del Vendrell, se acordó la prisión provisional y sin fianza de doña C.P.N., dictándose auto por este juzgado de fecha de 4 de julio de 008, por el que se acordaba la puesta en libertad provisional sin fianza con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes.

Auto de Prisión, de fecha 24 de diciembre de 2006, emanado del Juzgado de Instrucción Número Cinco Sabadell, en cual se lee lo siguiente:

… ÚNICO. En las presentes Diligencias Previas, seguidas bajo el número 2222/2006, que tiene como antecedentes primero las Diligencias previas número 2472/05 del Juzgado número 3 de la Orotava (Tenerife), se ha presentado como detenido, en el día de hoy, a Don Á.E.M.V., como presunto autor de un delito contra la s.p..

Tras prestar declaración, en calidad de imputado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 505 LECr, ante este instructor, ha comparecido aquél, asistido por su letrado, y el representantes del Ministerio Fiscal, sobre la procedencia o no de la prisión o libertad provisional.

El Ministerio Fiscal interesó la prisión provisional comunicada y sin fianza, por ser los hechos presuntamente constitutivos de uno o más delitos contra la s.p.; que hay indicios suficientes para entender que el imputado pudiera ser autor de los delitos investigados y para entender que el imputado pudiera evadirse de la acción de la justicia y que reincidiera en su presunta actividad delictiva.

Los letrados de ambos imputados se han opuesto a la petición del Ministerio Fiscal, proponiendo prisión provisional con fianza o libertada provisional con apud acta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. En un Estado social y democrático de Derecho como el que configura nuestra Constitución, la libertad personal no es sólo un valor superior del Ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE) sino además un derecho fundamental (art. 17 CE), cuya transferencia estriba precisamente en ser el presupuesto de otras libertades y derechos fundamentales.

De acuerdo con ese significado prevalente de la libertad, la Constitución contempla las excepciones a la misma en los términos previstos en el art. 17.1 CE “nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley”. Se trata de una formulación negativa, similar a la que define el principio de legalidad penal y sancionadora del art. 25.1 CE, y que establece una reserva de ley para las restricciones legítimas de la libertad.

La misma reserva de ley se prevé en el art. 17.4 CE, en su segundo inciso, para una modalidad específica de restricción a la libertad, la prisión provisional, imponiendo este precepto que sea la ley que determine el plazo máximo de duración de la misma.

Esta lectura, según advierte la STC 128/1995, fundamento jurídico 3°, aislada del contexto constitucional, de las referencias pertinentes de los Tratados y Acuerdos Internacionales ratificados por España en materia (sic) derechos fundamentales, y de la propia significación de institución que ahora reclama nuestro análisis, puede engendrar la errónea concepción de que estamos ante un derecho de pura configuración legal, cuyo desarrollo no encuentra más cortapisas (sic) constitucionales que las formales y cuya limitación no admite otro análisis de legitimidad que el de su mera legalidad. Para alejar esta conclusión, tan ajena a la trascendencia del contenido del derecho a la libertad y al propio espíritu de nuestra Constitución este Tribunal tuvo tempranamente la oportunidad de afirmar que la “institución de la prisión provisional, situada entre el deber estatal de perseguir eficazmente el delito, por un lado, y el deber estatal de asegurar el ámbito de la libertad del ciudadano, por otro”, no sólo viene delimitada por los preceptos que antes reseñábamos, sino también por “el art. 1.1, consagrado el Estado social y democrático de Derecho que “propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” y por “el art. 24.2, que dispone que todos tienen derecho “a un proceso público sin dilaciones indebidas (…) y a la presunción de inocencia” (STC 41/82, f.j.2°).

Más allá, del expreso principio de legalidad (arts. 17.1 y 17.4 CE), debe consignarse que la legitimidad constitucional de la prisión provisional exige que su configuración y su aplicación tengan, como presupuesto, la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva; como objetivo, la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida; y, como objeto, que se la conciba, tanto en su adopción como en su mantenimiento, como una medida de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada a la consecución de los fines antedichos, señalando al efecto que la prisión provisional responde a la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso y, en su caso, para la ejecución del fallo, que parten del imputado, a saber: su sustracción de acción de la Administración de Justicia, la obstrucción de instrucción penal y, en un plano distinto aunque íntimamente relacionado, la reiteración delictiva (STC 40/87). Por el contrario, lo que en ningún caso puede perseguirse con la prisión provisional con fines de impulso de la instrucción sumarial, propiciando la obtención de pruebas de declaraciones de los imputados, etc.

Dicho en otras palabras (STC 128/1995, F. 3°), el contenido de privación de libertad, que la prisión provisional comporta, obliga a concebirla, tanto en su adopción como en su mantenimiento, como una medida estrictamente necesaria, de aplicación subsidiaria, provisional y proporcionada a los fines que, constitucionalmente la justifican y delimitan. Se trata de una medida justificada en esencia por la necesidad de asegurar el proceso y ese fundamento justificativo traza la línea de demarcación con otro tipo de privaciones libertad y condiciona, a la vez, su régimen jurídico.

SEGUNDO. Por tanto, para determinar si procede o no la medida de prisión provisional, a la vista de lo expresado en el anterior fundamento, habrá de examinarse, como condición necesaria, si en el caso que nos ocupa concurren los requisitos que la LECr exige para la adopción de la medida (art. 503).

Concurre la circunstancia exigida por el apartado 1, punto primero del artículo 503 LECr, ya que la medida cautelar de prisión provisional se insta en el curso de un procedimiento penal incoado a Don Á.E.M.V. por hechos que pudieran ser constitutivos de un delito contra la s.p., de los artículos 368 y ss del Código Penal.

La pena de prisión que podría corresponderle por el citado delito excede, en mucho, el requisito exigido por el artículo 503.1.1° LECr, ya que tal delito tiene asignada una pena, en abstracto, de 3 a 9 años de prisión.

De acuerdo con la exigencia del artículo 503.1.2° LECr, aparecen motivos suficientes para considerar al imputado autos de los hechos delictivos que han dado lugar a la causa, ya que fue detenido en posesión de 36 kilogramos de cocaína, en compañía del coimputado Don Biaggio Garofalo, cuando trasladaban la citada sustancia a una casa de la localidad en Palau de Plegamans, que previamente habían alquilado, sin que m.c.l. declaración del denunciado, que manifestó que no sabía nada, que creía que transportaba pulpa de fruta para una empresa que se había montado en España, a su nombre.

TERCERO: En segundo lugar, la legitimidad constitucional de la medida de prisión provisional exige, en el caso concreto en el que va a tener lugar su adopción, la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la misma, es decir, la conjunción de ciertos riesgos relevantes que para el desarrollo normal del proceso, para la ejecución del fallo o, en general, para la sociedad, parten del imputado: su sustracción de la acción de la Administración de Justicia, la obstrucción de la instrucción penal (artículo 503.1.3° LECr) y, en un plano distinto aunque íntimamente relacionado, la reiteración delictiva (artículo 503.2 LECr).

En el caso de autos, se configura la medida de prisión provisional como medida estrictamente necesaria, tanto para eludir la sustracción del imputado a la acción de la Administración de Justicia como para evitar la reiteración delictiva:

a) En efecto, entiende el instructor de la causa que, de no adoptarse la medida de prisión provisional, existe riesgo de fuga, ya que no puede ignorarse que la elevada penalidad que corresponde al delito imputado es motivo más que suficiente para presumir que aquél intente sustraerse a la acción de la justicia. A ello, ha de añadirse que el imputado es ciudadano venezolano, sin residencia ni arraigo alguno en España, hecho que hace aumentar una situación de riesgo de no presentación a las llamadas del juzgado.

b) Asimismo, la medida de prisión provisional, en el caso de autos, persigue un fin constitucionalmente legitimo como es evitar la reiteración delictiva, agravada por el hecho de que, de lo acusado, resulta evidente que la actuación del imputado non es un hecho aislado, ya que existiría un plan para la distribución de la total cantidad aprehendida, incluidos los 325 kilos de Barcelona, de los cuales el imputado y Don Biagio B.G. habrían llevado a cabo una de las múltiples operaciones de entrega previstas.

c) Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación, y en atención a todo lo anteriormente expuesto, procede a dictar la siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Ordeno la prisión provisional comunicada y sin fianza a Don Á.E.M.V., como presunto responsable de un delito contra la s.p., de los artículos 368 y ss del Código Penal. …

. (Folios 93 al 96).

Auto de fecha 28 de septiembre de 2010, dictado por la Audiencia Provisional Sección Quinta, S.C.d.T., cuyo contenido es del tenor siguiente:

… ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNIC.- Con fecha 24/12/2006 se dictó por el Juzgado Instructor auto de prisión provisional comunicada y sin fianza contra el acusado en las presente actuaciones A.E.M.V., situación en la que continúa en el día de la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Los autos de prisión y de libertad son reformables de oficio o a instancia de partes durante el curso de la causa, y todas las autoridades que intervengan en un procedimiento estarán obligadas a dilatar lo menos posible la detención o prisión provisional de los inculpados o procesados, lo que en atención a las circunstancias que concurren en dicho proceso con referencia al hecho de autos, y de conformidad en lo dispuesto en los artículos 503, 504, 528, 530 y 539 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar la libertad provisional de dichos procesados, habida cuenta que dado el estado en el que se encuentra la causa, en la fase intermedia aún sin calificar, y estando la agenda de señalamientos totalmente completa hasta el mes de enero de 201, se hace imposible la celebración del juicio antes de la expiración del plazo de prórroga de la prisión provisional decretada, debiendo acordarse para garantizar la comparecencia de los procesados a la vista cuantas medidas fueren necesarias y que fueren menos restrictivas de la libertad, y en concreto la comparecencia apud actas los días 1 y 15 de cada mes, la prohibición de salida del territorio nacional y la intervención de los respectivos pasaportes si no estuvieran ya en la causa.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: SE DECRETA LA LIBERTAD PROVISIONAL SIN FIANZA DEL ACUSADO Á.E.M.V., siempre que preste la obligación apud-acta de comparecer ante este Tribunal los días uno y quince de cada mes, o el día anterior o posterior si dicho día fuese festivo, y cuantas veces fuere llamado, debiendo fijar domicilio, así como se acuerda la prohibición de la salida del territorio nacional y la intervención del pasaporte, debiendo hacerse los requerimientos oportunos a los procesados. …

. (Folios 152 y 153).

Certificación de las Normas aplicables, tipos penales, prescripción y jurisdicción, las cuales son las siguientes:

“CÓDIGO PENAL (“BOE” núm. 281, de 24/11/1995).

TIPOS PENALES Vigencia desde 24 de Mayo de 1996. Esta revisión vigente desde 12 de Octubre de 2005 hasta 22 de Febrero de 2007.-

Artículo 368

Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a nueve años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.

Artículo 369

1. Se impondrán las penas superiores en grado a las señaladas en el artículo anterior y multa del tanto al cuádruplo cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:

   2. El culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad difundir tales sustancias o productos aun de modo ocasional.

   6. Fuere de notoria importancia la cantidad de las citadas sustancias objeto de las conductas a que se refiere el artículo anterior.

2. En los supuestos previstos en las circunstancias 2ª, 3ª y 4ª del apartado anterior de este artículo, se impondrá a la organización, asociación o persona titular del establecimiento una multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito, el comiso de los bienes objeto del delito y de los productos y beneficios obtenidos directa o indirectamente del acto delictivo y, además, la autoridad judicial podrá decretar alguna de las siguientes medidas:

   2. La aplicación de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código.

   Artículo 369 bis introducido por el apartado centésimo sexto del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por lo que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (“B.O.O” 23 junio).

   Artículo 370

   Se impondrá la pena superior en uno o dos grados a la señalada en el artículo 368 cuando:

   2. Se trate de los jefes, administradores o encargados de las organizaciones a que se refieren las circunstancias 2ª y 3ª del apartado 1 del artículo anterior.

   3. Las conductas descritas en el artículo 368 fuesen de extrema gravedad.

      Se consideran de extrema gravedad los casos en que la cantidad de las sustancias a que se refiere el artículo 368 excediere notablemente de la considerada como de notoria importancia, o se hayan utilizado buques o aeronaves como medio de transporte especifico, o se hayan llevado a cabo las conductas indicadas simulando operaciones de comercio internacional entre empresas, o se trate de redes internacionales dedicadas a este tipo de actividades, o cuando concurrieren tres o más de las circunstancias previstas en el artículo 369.1.

      En los supuestos de los anteriores números 2º y 3º se impondrá a los culpables, además, una multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito.

      Tras la reforma del C.P. (L.O. 5/2010)

      Artículo 369 bis (introducido por el apartado centésimo sexto del artículo único de la L.O. 5/2010, del 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. “B.O.E” 23 junio. Vigencia: 23 diciembre 2010), de aplicación en su caso de ser más favorable).

      Cuando los hechos descritos en el artículo 368 se hayan realizado por quienes pertenecieren a una organización delictiva, se impondrán las penas de prisión de nueve a doce años y multa del tanto al cuádruplo del valor de la droga si se tratara de sustancias y productos que causen grave daño a la salud y de prisión de cuatro años y seis meses a diez años y la misma multa en los demás casos

      .

      Artículo 370

      Se impondrá la pena superior en uno o dos grados a la señalada en el artículo 368 cuando:

   3. Las conductas descritas en el artículo 368 fuesen de extrema gravedad.

      Se consideran de extrema gravedad los casos en que la cantidad de las sustancias a que se refiere el artículo 368 excediere notablemente de la considerada como de notoria importancia, o se hayan utilizado buques, embarcaciones o aeronaves como medio de transporte especifico, o se hayan llevado a cabo las conductas indicadas simulando operaciones de comercio internacional entre empresas, o se trate de redes internacionales dedicadas a este tipo de actividades, o cuando concurrieren tres o más de las circunstancias previstas en el artículo 369.1.

      (redactado L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (“B.O.E” 23 junio). Vigente: 23 diciembre 2010)

      PRESCRIPCIÓN.-

      Artículo 131

1. Los delitos prescriben:

   A los 15, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de 10 años, o prisión por más de 10 y menos de 15 años.

   Artículo 132

1. Los términos previstos en el artículo precedente se computarán desde el día en que se haya cometido la infracción punible. En los casos de delito continuado, delito permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad, tales términos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta.

2. La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena de acuerdo con las reglas siguientes:

   1. Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito.

   JURISDICCIÓN ESPAÑOLA (Ley Orgánica del Poder Judicial B.O.E. n° 157, de 2 de julio de 1995)

   Artículo 23

1. En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte.

4. Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan las condiciones expresadas: i) Tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que:

   1. el procedimiento se dirija contra un español; o,

   2. cuando se trate de la realización de actos de ejecución de uno de estos delitos o de constitución de un grupo u organización criminal con miras a su comisión en territorio español”.

      Visto lo anterior, la Sala constató que en el presente caso fue remitida la documentación correspondiente a la solicitud de Extradición Pasiva, realizada por parte del R.d.E., para la entrega del ciudadano Á.E.M.V., dando cumplimiento a uno de los requisitos formales para la procedencia de la extradición pasiva.

      Ahora bien, respecto a la extradición, el Estado venezolano obra con un alto sentido de responsabilidad y acepta la extradición como una obligación moral conforme al Derecho Internacional, pero se reserva la más absoluta libertad en la apreciación para concederla o negarla, tomando en cuenta si en el caso concreto se quebrantan los principios de nuestra legislación nacional o no estuviese conforme con la razón y la justicia.

      En este sentido, los principios que rigen la extradición, establecen condiciones de procedencia tanto para la entrega del ciudadano solicitado como para el cumplimiento de la pena en el país requerido.

      A tal efecto, de acuerdo al principio de territorialidad, se debe comprobar la comisión del delito dentro del territorio del Estado requirente; de acuerdo al principio de doble incriminación, el delito previsto en el estado requirente, por el que se solicita la extradición, debe estar tipificado también en la legislación del Estado requerido; que la pena aplicada no sea mayor a treinta años, pena perpetua o pena de muerte, conforme al principio de limitación de las penas; asimismo, que la acción penal y la pena no se encuentren prescritas, conforme al principio de no prescripción; que el delito no sea político ni conexo, de acuerdo al principio de no entrega por delitos políticos; la no procedencia por faltas o penas menores a las establecidas en los Tratados y Acuerdos suscritos entre los Estados Partes, conforme al principio de la mínima gravedad del hecho, así como que la entrega, el juzgamiento o el cumplimiento de la pena, sean por el delito expresamente señalado en la solicitud de extradición y no por otro, de acuerdo al principio de especialidad del delito. Asimismo, se debe verificar la nacionalidad del ciudadano solicitado, a los fines de cumplir con el principio de no entrega del nacional, en caso de que el ciudadano solicitado sea venezolano y no haya adquirido la nacionalidad venezolana con el fin fraudulento de evadir el procedimiento penal o la condena impuesta por otro Estado.

      De acuerdo con los principios antes referidos, se constató, que el delito por el cual se solicitó la extradición del ciudadano Á.E.M.V., fue cometido en el territorio del estado requirente.

      A tal efecto, en la solicitud de extradición referente al ciudadano Á.E.M.V., dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de S.C.d.T., quedó determinado que la incautación de la droga al referido ciudadano ocurrió, mediante operaciones comerciales realizadas por la compañía mercantil “Top Tropical Frut Group, S.L”, desde Sudamérica a Barcelona, España.

      Por otra parte, constató la Sala que el delito por el cual fue procesado el ciudadano solicitado, es el de Contra la S.P., previsto y sancionado en los artículos 368 y 369.1.5ª y 370.3, todos del Código Penal Español, que establecen lo siguiente:

      Artículo 368

      Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.

      Artículo 369.

      1. Se impondrán las penas superiores en grado a las señaladas en el artículo anterior y multa del tanto al cuádruplo cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:

      1ª. El culpable fuere autoridad, funcionario público, facultativo, trabajador social, docente o educador y obrase en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio.

      2ª. El culpable participare en otras actividades organizadas o cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito.

      3ª. Los hechos fueren realizados en establecimientos abiertos al público por los responsables o empleados de los mismos.

      4ª. Las sustancias a que se refiere el artículo anterior se faciliten a menores de 18 años, a disminuidos psíquicos, o a personas sometidas a tratamiento de deshabituación o rehabilitación.

      5ª. Fuere de notoria importancia la cantidad de las citadas sustancias objeto de las conductas a que se refiere el artículo anterior.

      6ª. Las referidas sustancias se adulteren, manipulen o mezclen entre sí o con otras, incrementando el posible daño a la salud.

      7ª. Las conductas descritas en el artículo anterior tengan lugar en centros docentes, en centros, establecimientos o unidades militares, en establecimientos penitenciarios o en centros de deshabituación o rehabilitación, o en sus proximidades.

      8ª. El culpable empleare violencia o exhibiere o hiciese uso de armas para cometer el hecho (sic). ...

      .

      Según la reforma del Código Penal español (L.O. 5/2010), el artículo 369, dispone lo siguiente:

      Cuando los hechos descritos en el artículo 368 se hayan realizado por quienes pertenecieren a una organización delictiva, se impondrán las penas de prisión de nueve a doce años y multa del tanto al cuádruplo del valor de la droga si se tratara de sustancias y productos que causen grave daño a la salud y de prisión de cuatro años y seis meses a diez años y la misma multa en los demás casos

      .

      Artículo 370

      Se impondrá la pena superior en uno o dos grados a la señalada en el artículo 368 cuando:

   3. Las conductas descritas en el artículo 368 fuesen de extrema gravedad.

      Se consideran de extrema gravedad los casos en que la cantidad de las sustancias a que se refiere el artículo 368 excediere notablemente de la considerada como de notoria importancia, o se hayan utilizado buques, embarcaciones o aeronaves como medio de transporte especifico, o se hayan llevado a cabo las conductas indicadas simulando operaciones de comercio internacional entre empresas, o se trate de redes internacionales dedicadas a este tipo de actividades, o cuando concurrieren tres o más de las circunstancias previstas en el artículo 369.1”.

      El delito Contra la S.P., previsto en el Código Penal Español, encuadra con el contenido del artículo 34 de nuestra Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, vigente para el momento de los hechos, que establece lo siguiente:

      Artículo 34

      El que ilícitamente trafique, distribuya, oculte, fabrique, elabore, refine, transforme, extraiga, prepare, produzca, transporte, almacene, realice actividades de corretaje, dirija o financie las operaciones antes mencionadas y de tráfico de las sustancias o de sus materias primas, precursores, solventes y productos químicos esenciales, desviados para la producción de estupefacientes y psicotrópicos a que se refiere esta Ley, será sancionado con prisión de diez (10) a veinte (20) años

      .

      De las disposiciones legales de ambos países, quedó verificado el requisito de procedencia de la doble incriminación del delito, por el cual se solicita la extradición del ciudadano Á.E.M.V..

      Respecto a la vigencia de la acción penal o de la pena, verifica la Sala que de acuerdo a la legislación española, la pena impuesta al delito CONTRA LA S.P., conforme a lo establecido en el artículo 369 del Código Penal Español, es de nueve (9) a doce (12) años de prisión, con un lapso de prescripción de quince (15) años, contados a partir desde el día en que se cometió la infracción punible, de acuerdo a lo establecido en los artículos 131 y 132, del Código Penal Español, que establece:

      Artículo 131

      1. Los delitos prescriben:

      A los 15, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de 10 años, o prisión por más de 10 y menos de 15 años.

      Artículos 132

      1. Los términos previstos en el artículo precedente se computarán desde el día en que se haya cometido la infracción punible. En los casos de delito continuado, delito permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad, tales términos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta.

      2. La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena de acuerdo con las reglas siguientes:

      1ª Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito

      .

      Así tenemos, que el auto de prisión, fue dictado en fecha 24 de diciembre de 2006, por el Juzgado de Instrucción Número Cinco, Sabadell, y que según auto de fecha 28 de septiembre de 2010, la Audiencia Provincial Sección Quinta, S.C.d.T., acordó la libertad provisional sin fianza del ciudadano Á.E.M.V., y conforme al registro de movimientos migratorios, el mencionado ciudadano llegó a Venezuela el 8 de junio de 2011, procedente de Portugal, en condición de prófugo de la justicia española, toda vez que en su contra pesa un proceso penal, por la presunta comisión del delito de TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES.

      En nuestra legislación, la prescripción aplicable para el delito de TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES, dispone el artículo 271 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que:

      … No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes. …

      .

      De la transcripción del artículo anterior, surge evidente que, en la República Bolivariana de Venezuela, el delito por el cual se está solicitando la extradición del ciudadano Á.E.M.V., es imprescriptible.

      De lo expuesto se evidencia que, de acuerdo a la legislación del país requirente y del país requerido, el lapso para que opere la prescripción de la acción penal, no ha transcurrido.

      Igualmente, constató la Sala, que en el presente caso se cumple con el requisito de la mínima gravedad del hecho, exigida en el Tratado de Extradición suscrito entre la República de Venezuela y el R.d.E., que establece en los numerales 1 y 2 del artículo 2, lo siguiente:

      Artículo 2

      1. Darán lugar a la extradición de los hechos sancionados según las leyes de ambas Partes con una pena o medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años prescindiendo de las circunstancias modificativas y de la denominación del delito.

      2. Si la extradición se solicitare para la ejecución de una sentencia, se requerirá, además, que la parte de la pena o medida de seguridad que aún falta por cumplir, no sea inferior a seis meses. ...

      .

      Evidenciándose que en el presente procedimiento, el delito CONTRA LA S.P., por el cual es solicitado en extradición el ciudadano Á.E.M.V., merece según la legislación española, una pena de nueve (9) a doce (12) años de prisión, y en la legislación venezolana, el delito de TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES, tiene una pena de diez (10) a veinte (20) años de prisión.

      En efecto, se constató de lo anterior, que la pena aplicada por ambas legislaciones (venezolana y española), no es mayor de treinta años, ni se aplica la pena de muerte ni la pena perpetua, lo cual es conforme con lo previsto en los artículos 43 y 44, numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 94 del Código Penal Venezolano, que establecen respectivamente lo siguiente:

      Artículo 43, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

      Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. ...

      .

      Artículo 44, numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

      “La libertad personal es inviolable, en consecuencia:

      ...

      3.- La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años. ...”.

      Artículo 94, del Código Penal Venezolano:

      En ningún caso excederá del límite máximo de treinta años la pena restrictiva de libertad que se imponga conforme a la ley

      .

      De lo anterior se verificó el cumplimiento de los requisitos que imponen los principios de la mínima gravedad del hecho y de la limitación de las penas, pues la solicitud de extradición versa sobre delito y no por faltas.

      Por otra parte, quedó verificado, que el delito Contra la S.P. no es un delito político ni conexo a este.

      No obstante a lo anterior, la Sala constató, que el ciudadano Á.E.M.V., solicitado por el R.d.E., posee la nacionalidad Venezolana, tal como consta en la comunicación signada con el alfanumérico RIIE-1-0501-2430, del 28 de mayo de 2015, emitido por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, donde se deja constancia de los Datos Filiatorios que registra el mencionado ciudadano, en los siguientes términos:

      ...Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de acusar recibo de su comunicación N° 458 EXPEDIENTE N° AA30-P-2015-000142 de fecha 20/04/2015 y recibido en esta Dirección el 22/04/2015, y atendiendo a su contenido de conformidad con lo establecido en los artículos 158 y 160 de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, según Gaceta Oficial 5.890 de fecha 31 de julio de 2008 me permito transcribirle los DATOS FILIATORIOS que registra el ciudadanos (a)

      A.E.M.V.

      CÉDULA DE IDENTIDAD N° V- 11.561.052

      NOMBRE DE LOS PADRES: J.R.M. Y A.J.V.D.M.

      LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: CARACAS, PARROQUIA LA CANDELARIA, DEPARTAMENTO LIBERTADOR, DISTRITO FEDERAL EL 28/06/1973//

      ESTADO CIVIL: SOLTERO//

      DOCUMENTOS PRESENTADOS:

      PARTIDA DE NACIMIENTO N° 1200, DEL AÑO 1973, EXPEDIDA POR EL JEFE CIVIL DE LA CANDELARIA, DEPARTAMENTO LIBERTADOR, DISTRITO FEDERAL//. …

      . (FOLIO 132)

      De los Datos Filiatorios antes transcritos, se concluye que el ciudadano Á.E.M.V., es de nacionalidad venezolana, nacido en Caracas, Distrito Federal, el 28 de junio de 1973, y titular de la Cédula de Identidad 11.561.052.

      Precisando que el proceso de extradición en la legislación venezolana, se encuentra regido por diversos principios, entre los cuales sobresale el de la no entrega del nacional, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente, en el artículo 69, que establece:

      Artículo 69. La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio.

      Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas”. (Resaltados de la Sala).

      En relación con la nacionalidad, el artículo 32 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece:

      … Son venezolanos y venezolanas por nacimiento:

      Toda persona nacida en el territorio de la República. ...

      .

      En el mismo orden de ideas, el artículo 6 del Código Penal, respecto al régimen de extradición de un nacional, establece:

      … La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana. ...

      .

      El Tratado de Extradición suscrito entre el R.d.E. y la República Bolivariana de Venezuela, consagra en el artículo 8, lo siguiente:

      Artículo 8

      1. Cuando el reclamado fuere nacional de la parte requerida, ésta podrá rehusar la concesión de la extradición de acuerdo con su propia ley. La cualidad de nacional se apreciará en el momento de la decisión sobre la extradición y siempre que no hubiere sido adquirida con el fraudulento propósito de impedir aquella. ...

      .

      En atención a las disposiciones antes referidas, la Sala de Casación Penal deja claramente establecido, que tanto en la legislación Venezolana como en el Tratado de Extradición suscrito entre el R.d.E. y la República Bolivariana de Venezuela, rige el principio de la no entrega de nacionales, cuyo fin es la protección de los derechos y garantías que tiene cada nacional dentro de su país.

      En el presente caso, se evidencia que la petición de extradición del R.d.E., recae sobre el ciudadano Á.E.M.V., quien es venezolano por nacimiento, tal como se hizo referencia anteriormente.

      En consecuencia, la Sala de Casación Penal, concluye que no es procedente la extradición pasiva del ciudadano Á.E.M.V., formulada por el R.d.E., de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 6 del Código Penal y el numeral 1 del artículo 8, del Tratado de Extradición suscrito entre el Gobierno del R.d.E. y la República Bolivariana de Venezuela, que establecen la no entrega en extradición de sus nacionales. Así se decide.

      A pesar de ello, el Tratado de Extradición suscrito entre el R.d.E. y la República Bolivariana de Venezuela, prevé en el numeral 2 del artículo 8, lo siguiente:

      Artículo 8

      …

      2. Si la parte requerida no accediere a la extradición de un nacional, por causa de su nacionalidad deberá, a instancia de la parte requirente, someter el asunto a las autoridades competentes a fin de que pueda procederse judicialmente contra aquel. A tal efecto, los documentos, informaciones y objetos relativos al delito podrán ser remitidos gratuitamente por la vía prevista en el artículo 15. ...

      .

      Conforme a la anterior disposición, se encuentra previsto, que la persona solicitada, de quien se negó su extradición por ser nacional del Estado requerido, puede ser enjuiciada o cumplir la pena aplicada en el Estado requerido, a instancia del País requirente.

      Por ello, recibida la documentación judicial necesaria por parte del Estado requirente, y no obstante haber sido declarada la improcedencia de la extradición pasiva del ciudadano Á.E.M.V., por tener nacionalidad venezolana por nacimiento, la Sala verificó el cumplimiento de los demás requisitos que hacen procedente someter el presente asunto a las autoridades venezolanas competentes, con el fin de que se proceda judicialmente contra el mencionado ciudadano. En tal virtud, y a los fines de evitar la impunidad en el presente caso, el Estado Venezolano, representado por la M.I.d.P.J., el Tribunal Supremo de Justicia, asume para con el R.d.E., el firme compromiso de continuar con el conocimiento y juzgamiento de los hechos objeto de la solicitud de extradición y la presunta participación en los mismos del ciudadano Á.E.M.V., los cuales fueron instruidos según diligencias previas signadas con el número 2259/2006, por ante el Juzgado de Instrucción Número Cinco, Sadabell, y la Audiencia Provincial Sección Quinta, S.C.d.T., por la presunta comisión del delito agravado CONTRA LA S.P., tipificado en los artículos 368, 369.1.5ª y 370.3, del Código Penal español; correspondiendo en la Legislación Venezolana al delito de TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES, tipificado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, vigente para el momento de los hechos; de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 del Código Penal.

      Por consiguiente, se insta al Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, como titular de la acción penal, para que solicite y recabe del R.d.E., los elementos probatorios existentes que consideren pertinente presentar, a través de su representante en nuestro país, que puedan servir para el juzgamiento del hecho punible presuntamente cometido, por el ciudadano Á.E.M.V., y en consecuencia dicte el acto conclusivo que corresponda en el lapso establecido en el tercer aparte del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, todo ello en virtud, de lo establecido en los artículos 7 y 8 del Acuerdo Internacional denominado Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrito tanto por el R.d.E. como la República Bolivariana de Venezuela, en Viena el 20 de diciembre de 1988, publicada en la República Bolivariana de Venezuela, en Gaceta Oficial N° 34.741, del 21 de junio de 1991, el cual conlleva a los países Parte a la cooperación en materia de asistencia judicial recíproca. Así se decide.

      Asimismo, se acuerda remitir toda la documentación enviada por el R.d.E., al Tribunal Décimo Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de dar inicio al proceso penal, para el enjuiciamiento del ciudadano Á.E.M.V., dicho órgano jurisdiccional, una vez recibida las actuaciones, deberá convocar a una audiencia para oír al imputado, conforme lo establece el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, previa notificación a las partes. Así se decide.

      Se ratifica la medida privativa judicial preventiva de libertad impuesta al ciudadano Á.E.M.V., por el Juzgado Décimo Séptimo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Así se decide.

      DECISIÓN

      Por las razones anteriormente expuestas el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, emite los siguientes pronunciamientos:

El Estado Venezolano, representado por la m.i.d.P.J., el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, asume para con el R.d.E., el firme compromiso de continuar con el conocimiento y juzgamiento de los hechos objeto de la solicitud de extradición y la presunta participación en los mismos del ciudadano Á.E.M.V., los cuales fueron instruidos según diligencias previas signadas con el número 2259/2006, por ante el Juzgado de Instrucción Número Cinco, Sadabell, y la Audiencia Provincial Sección Quinta, S.C.d.T., por la presunta comisión del delito agravado CONTRA LA S.P., tipificado en los artículos 368, 369.1.5ª y 370.3, del Código Penal español; correspondiendo en la Legislación Venezolana al delito de TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES, tipificado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, vigente para el momento de los hechos; de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 del Código Penal.

La Sala Insta al Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, como titular de la acción penal, para que solicite y recabe del R.d.E., los elementos probatorios existentes que consideren pertinente presentar, a través de su representante en nuestro país, que puedan servir para el juzgamiento del hecho presuntamente cometido, por el ciudadano Á.E.M.V., y en consecuencia dicte el acto conclusivo que corresponda en el lapso establecido en el tercer aparte del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, todo ello en virtud, de lo establecido en los artículos 7 y 8 del Acuerdo Internacional denominado Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrito tanto por el R.d.E. como la República Bolivariana de Venezuela, en Viena el 20 de diciembre de 1988, publicada en la República Bolivariana de Venezuela, en Gaceta Oficial N° 34.741, del 21 de junio de 1991, el cual conlleva a los países Partes, a la cooperación en materia de asistencia judicial recíproca.

CUARTO: Se acuerda remitir toda la documentación enviada por el R.d.E., al Tribunal Décimo Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de dar inicio al proceso penal, para el enjuiciamiento del ciudadano Á.E.M.V., dicho órgano jurisdiccional, una vez recibida las actuaciones, deberá convocar a una audiencia para oír al imputado, conforme lo establece el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, previa notificación a las partes.

QUINTO: Acuerda mantener la medida privativa judicial preventiva de libertad impuesta al ciudadano Á.E.M.V., de conformidad con lo dispuesto en los artículos 236, numerales 1, 2, 3, 237, numerales 1, 2, y Parágrafo Primero, del Código Orgánico Procesal Penal, quedando a la orden del Juzgado Décimo Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Ordena remitir copia certificada de la decisión al Juzgado Décimo Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a la ciudadana Fiscal General de la República, y al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, este último a los fines de que notifique al R.d.E., el contenido de la presente decisión.

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a los veintisiete (27) días del mes de julio de dos mil quince. Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

El Magistrado Presidente,

MAIKEL J.M.P.

La Magistrada Vicepresidenta, La Magistrada,

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ D.N. BASTIDAS

El Magistrado, La Magistrada Ponente,

H.M.C. FLORES E.J.G. MORENO

La Secretaria (E),

A.Y.C.D.G.

EJGM/

Exp. N° 2015-000142

El Magistrado Doctor MAIKEL J.M.P., no firmó por motivo justificado.