Sentencia nº 1100 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 10 de Julio de 2008

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrada Ponente: L.E.M. LAMUÑO

Expediente N° 08-0603

El 15 de mayo de 2008, el ciudadano Á.O.V.P., titular de la cédula de identidad N° 4.629.893, asistido por el abogado J.M.Z., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 1.385, solicitó por vía de “(…) acción popular (…), la nulidad de específicos actos realizados por el ciudadano Presidente de la República H.R.C.F., en contra de expresos contenidos de normas constitucionales (…)”.

El 19 de mayo de 2008, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la Magistrada L.E.M. Lamuño, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

El 3 de junio de 2008, el accionante otorgó poder apud acta a los abogados J.M.Z., M.C.N. y S.G.C., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 1.385, 11.946 y 28.564, respectivamente.

El 10 de junio de 2008, los abogados J.M.Z. y S.G.C., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 1.385 y 28.564, respectivamente, con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano Á.O.V.P., presentaron escrito.

El 19 de junio de 2008, los abogados J.M.Z. y S.G.C., presentaron escrito en el cual manifestaron lo siguiente: “(…) acudimos para exponer (…) queja formal (…) por la inexplicable equivocación (…) al calificar de AMPARO a la ACCIÓN DE NULIDAD de actos en ejecución directa e inmediata de la Constitución dictados por el ciudadano Presidente de la República, que no pueden reputarse como actos de rango legal (…). La acción propuesta persigue como concreta finalidad que la honorable Sala Constitucional (…) ANULA los actos sin rango legal que el ciudadano Presidente de la República (…) ha dictado para ser cumplidos en los cuatro Componentes de la Fuerza Armada Nacional (…). NO HA SIDO PLANTEADO UN AMPARO (…). La (…) ACCIÓN DE NULIDAD (…) tiene su fundamentación jurídica en normativa ajena a la materia de amparo regida constitucionalmente por el artículo 27; esta norma nunca fue invocada, ni tampoco las correspondientes de rango legal. Con esto pretendemos dejar claramente establecido que no se busca ni por vía autónoma ni medio subsidiario obtener un pronunciamiento de naturaleza cautelar ni provisorio, sino una decisión de fondo sobre las violaciones señaladas y lograr una expulsión definitiva de la consigna o lema ‘PATRIA, SOCIALISMO O MUERTE, VENCEREMOS’ (…)”.

Por diligencia del 1 de julio de 2008, la parte actora solicitó pronunciamiento en la presente causa.

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.

I

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD

La parte accionante planteó la pretensión de amparo constitucional en los siguientes términos:

Que “(…) en ejercicio de la acción popular, consagrada en el artículo 333 Constitucional y artículos 334 y 335 eiusdem, que prescriben ambos a la autoridad judicial la obligación de garantizar la integridad, eficacia y supremacía de las normas y principios constitucionales, mandatos estos a los que sumo mi condición de Oficial General en situación de actividad, del Ejército Nacional, de lo cual se desprende que tengo interés legítimo y directo en la situación que expongo y el pedimento que formulo”.

Que “(…) el día 2 de diciembre de 2007, fue sometido a referéndum popular un proyecto de reforma constitucional que tenía como objetivo principal la transformación del estado venezolano actual para convertirlo en un Estado Socialista, el cual fue rechazado por la mayoría de los venezolanos (…)” (Negrillas de la parte actora).

Que “(…) la Fuerza Armada Nacional es, y debe ser por siempre, una Fuerza Armada absoluta, eminente y profundamente NACIONALISTA sobre todo en su esencia, porque es depositaria de nuestros más sagrados valores patrios y por consiguiente valuarte y garante de nuestras garantías ciudadanas, ya que fue el P. deV., que conformado por todos sus estratos sociales y bajo la dirección del genio de América, EL LIBERTADOR S.B., quien tomó las armas, la creó y con ella fundó una nación e inundó de libertad al continente americano (…)” (Mayúsculas y negrillas de la parte actora).

Que “(…) al analizar los conceptos se puede apreciar claramente que el lema ‘Patria, Socialismo o Muerte, Venceremos’ no encaja dentro del nacionalismo venezolano porque no representa el sentimiento fervoroso de toda la Nación, ya que solamente es de la simpatía de tan solo un grupo de ciudadanos que manifiestan una clara tendencia político ideológica, no se puede ubicar dentro de nuestra identidad territorial; además, no se identifica ni con nuestra identidad pasada ni con nuestra historia porque es un lema extranjero y no nos pertenece a los venezolanos por lo que no hay sentido de pertenencia hacia él. Definitivamente, para los venezolanos NO ES UN LEMA NACIONALISTA porque no está fundamentado en el patrimonio moral y los valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional de la doctrina de S.B., EL LIBERTADOR, por lo que al ser usado en nuestra Fuerza Armada Nacional por nuestros oficiales y soldados se está violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Título I ‘Principios Fundamentales’ (…)” (Mayúsculas y negrillas de la parte actora).

Que “(…) el lema ‘Patria, Socialismo o Muerte, Venceremos’, tiene implícita militancia política y pertenencia ideológica, ya que cuando un militar usa ese lema en su lenguaje hablado o escrito, se identifica claramente con las agrupaciones políticas de corte socialista existente (sic) e indica que profesa esa ideología y que la defenderá hasta con la vida si fuere necesario, cosa que es muy grave; pero más grave aún es si esa consigna es usada por una unidad o componente militar, pues esto da a entender claramente que las armas y todo el poder de combate de la misma está al servicio de esa ideología y de quienes la profesan y en contra de los demás ciudadanos que no sienten simpatía por ella o que no la profesan. Al usarse el lema ‘Patria, Socialismo o Muerte, Venceremos’ por nuestros oficiales y soldados de la Fuerza Armada Nacional se está violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Título VII (De la Seguridad de la Nación), Capítulo III (De la Fuerza Armada Nacional), artículo 328 (…)” (Negrillas de la parte actora).

Que “(…) el lema ‘Patria, Socialismo o Muerte, Venceremos’ al ser usado por nuestros oficiales y soldados, aunque sea por una orden del excelentísimo Señor Presidente de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, H.R.C.F., constituye una violación de lo establecido en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional en su Título I (Disposiciones Generales), Capítulo I (Disposiciones Fundamentales), Sección Segunda (Subordinación, Reserva y Líneas de Mando), Artículo 7 (Subordinación del Militar) (…)” (Negrillas de la parte actora).

Que “(…) el lema ‘Patria, Socialismo o Muerte, Venceremos’ es un lema extranjero, pues fue creado en Cuba por el señor F.C. (…); es un tema fidelista cubano y al ser usado por oficiales y soldados en Venezuela, se está violando además la Constitución Nacional (sic), la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (…) en su artículo 6 (…)” (Negrillas de la parte actora).

Que “(…) el uso de la consigna ‘Patria, Socialismo o Muerte, Venceremos’ (…) por parte de oficiales y soldados venezolanos de la Fuerza Armada Nacional implica un reconocimiento de nuestras tropas a valores y personajes extranjeros que nada han tenido que ver con el origen de nuestra nacionalidad, además de una subordinación sobreentendida al sistema socialista que se practica en ese país (…), violando además, lo establecido en el Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6, en su Capítulo I (Deberes de los Militares de Mar y Tierra), Artículo 41 (…)” (Negrillas de la parte actora).

Que “(…) soy un oficial en servicio activo del Ejército de Venezuela, con el grado de General de Brigada que en la tarde del día viernes 7 de julio de 1978, hice un juramento de DEFENDER LA PATRIA Y SUS INSTITUCIONES HASTA PERDER LA VIDA junto con mis compañeros en la Cubierta Principal de la Escuela Naval de Venezuela (…)” (Mayúsculas y negrillas de la parte actora).

Que “(…) en razón de lo expuesto, respetuosamente solicito a la honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declare: Primero: Que la expresión ‘Patria, Socialismo o Muerte, Venceremos’ es de naturaleza esencialmente ideológica que entraña un fin político determinado. Segundo: Que la expresión ‘Patria, Socialismo o Muerte, Venceremos’ encarna una consigna política incompatible, en el sistema institucional venezolano con la formulación y fines perseguidos por el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tercero: Que la expresión ‘Patria, Socialismo o Muerte, Venceremos’ colide, por su denso contenido ideológico y político, con la conducta que deben observar los y las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad, en conformidad con la preceptiva establecida en el artículo 330 Constitucional. Cuarto: Que la expresión ‘Patria, Socialismo o Muerte, Venceremos’ en caso de ser usada verbalmente en el saludo, en documentación oficial, en vallas, anuncios o cualquiera otra manera en la vida e instalaciones militares se haría en violación expresa a específicas disposiciones normativas constitucionales, concretamente de las contenidas en los artículos, 1, 2, 4, 6, 7, 328 y 330 y del propio Preámbulo de la Carta Magna. Quinto: Finalmente solicito, con el debido respeto, que ejercido el control de constitucionalidad en el caso invocado, esta honorable Sala Constitucional ordene al ciudadano Presidente de la República, H.R.C.F., en su condición de salvaguarda del texto constitucional (…) y en su carácter de Comandante y Suprema autoridad de la Fuerza Armada Nacional (…) ABSTENERSE DE USAR LA CONSIGNA ‘Patria, Socialismo o Muerte, Venceremos’, EN TODOS Y CADA UNO DE LOS COMPONENTES DE LA INSTITUCIÓN CASTRENSE POR SER CONTRARIA A LA Constitución (sic), ajena a los fines y valores asignados y confiados a la Fuerza Armada e incompatible y repugnante con la historia, naturaleza y misión que le son propias” (Mayúsculas y negrillas de la parte actora).

Que consigna “(…) Mensaje Naval N° 0709, de mayo de 2007, firmado por el Vicealmirante B.R.C.D., para ser usado en los actos del servicio; (…) Disco Compacto (CD) que demuestra la oficialización de la referida consigna o lema por el Presidente de la República y Alto Mando Militar en desfile militar en el Paseo Los Próceres (…)”.

II

ÚNICO

Ahora bien, en el caso de autos se interpuso“(…) acción popular (…), [para solicitar] la nulidad de específicos actos realizados por el ciudadano Presidente de la República H.R.C.F., en contra de expresos contenidos de normas constitucionales (…)”, y que se declare “(…) Primero: Que la expresión ‘Patria, Socialismo o Muerte, Venceremos’ es de naturaleza esencialmente ideológica que entraña un fin político determinado. Segundo: Que la expresión ‘Patria, Socialismo o Muerte, Venceremos’ encarna una consigna política incompatible, en el sistema institucional venezolano con la formulación y fines perseguidos por el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tercero: Que la expresión ‘Patria, Socialismo o Muerte, Venceremos’ colide, por su denso contenido ideológico y político, con la conducta que deben observar los y las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad, en conformidad con la preceptiva establecida en el artículo 330 Constitucional. Cuarto: Que la expresión ‘Patria, Socialismo o Muerte, Venceremos’ en caso de ser usada verbalmente en el saludo, en documentación oficial, en vallas, anuncios o cualquiera otra manera en la vida e instalaciones militares se haría en violación expresa a específicas disposiciones normativas constitucionales, concretamente de las contenidas en los artículos, 1, 2, 4, 6, 7, 328 y 330 y del propio Preámbulo de la Carta Magna. Quinto: Finalmente solicito, con el debido respeto, que ejercido el control de constitucionalidad en el caso invocado, esta honorable Sala Constitucional ordene al ciudadano Presidente de la República, H.R.C.F., en su condición de salvaguarda del texto constitucional (…) y en su carácter de Comandante y Suprema autoridad de la Fuerza Armada Nacional (…) ABSTENERSE DE USAR LA CONSIGNA ‘Patria, Socialismo o Muerte, Venceremos’, EN TODOS Y CADA UNO DE LOS COMPONENTES DE LA INSTITUCIÓN CASTRENSE POR SER CONTRARIA A LA Constitución (sic), ajena a los fines y valores asignados y confiados a la Fuerza Armada e incompatible y repugnante con la historia, naturaleza y misión que le son propias” (Mayúsculas y negrillas de la parte actora).

Ello así, se advierte que el 10 de junio de 2008, los abogados J.M.Z. y S.G.C., quienes dicen actuar con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano Á.O.V.P., presentaron escrito en el cual alegaron lo siguiente:

(…) En fecha quince (15) del mes de mayo del año en curso, el General de Brigada Á.O.V.P. introdujo por ante esta Honorable Sala Constitucional una ACCIÓN DE NULIDAD dirigida a obtener de esta competente Institución una declaratoria de inconstitucionalidad y nulidad de actos dictados por el ciudadano Presidente de la República, en ejecución directa e inmediata de la Constitución, en uso de las facultades que ella le otorga, y que no son reputables como actos de rango legal formales, y la consiguiente prohibición de usar en cada uno de los cuatro componentes de las Fuerzas Armadas, la consigna o lema ‘PATRIA, SOCIALISMO O MUERTE, VENCEREMOS’.

… omissis …

(…) Al constatar que le ha transcurrido un número de audiencias que está más allá de los límites fijados por el artículo 19, aparte o párrafo cuatro (4) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia a la Honorable Sala Constitucional para que decida sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la acción propuesta (…), sospechamos que pudiéramos estar en presencia de una vulneración de los derechos y garantías constitucionales (…).

Al consignar las precedentes observaciones, respetuosamente hacemos del conocimiento de esta Honorable Sala Constitucional el interés eminente que anima al accionante (…) de que los Honorables Magistrados diluciden mediante sentencia, de manera clara, terminante y definitiva, si la consigna o lema ‘PATRIA, SOCIALISMO O MUERTE, VENCEREMOS’ (…), guarda pertinencia y armonía con la naturaleza de la Fuerza Armada Nacional (…)

(Mayúsculas y negrillas del original).

En tal sentido, si bien del escrito libelar se desprende que la “acción popular” es ejercida contra el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, alta autoridad cuyas acciones en ejecución directa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela corresponden conocer a esta Sala por fuero especial en única instancia, la misma resulta competente para conocer la presente causa. Así se decide.

Ahora bien, con el fin de controlar parte de la actividad que ejerzan los órganos más relevantes del Poder Público, la Constitución contiene en su Título VIII una serie de enunciados normativos cuya articulación tendría como finalidad proteger a la Constitución en ejercicio de la jurisdicción constitucional.

Uno de los instrumentos que la Constitución erigió en este Título para que garantizara su protección fue el funcionamiento de una Sala Constitucional en el seno del Tribunal Supremo de Justicia, cuyas principales competencias y respectivas potestades han sido señaladas en los artículos 334, 335 y 336 de dicho Título (Vid. Sentencia N° 2.108 del 7 de noviembre de 2007), siendo tales artículos invocados genéricamente por el solicitante a objeto de que esta Sala estime su pretensión, sin precisar el fundamento de derecho específico de la acción.

Asimismo, la Sala observa que si bien del escrito presentado el 10 de junio de 2008 por la representación judicial del accionante, se desprende que la misma alega que se trata de una acción de nulidad, ante lo ambiguo del escrito presentado el 15 de mayo de 2008, no es posible determinar su ámbito, objeto de control y la pretensión específica requerida en el marco de la acción ejercida, siendo que no se precisa claramente en la solicitud cuál es el objetivo de la acción, en vista de que en el texto no se indica expresamente la pretensión de nulidad del solicitante, por el contrario, en la exposición relativa a la presunta violación de los valores y principios fundamentales y en el petitorio no se pide la nulidad del aludido lema “PATRIA, SOCIALISMO O MUERTE, VENCEREMOS”, sino que se solicita que esta Sala Constitucional declare, con respecto a dicha expresión, que la misma “(…) es de naturaleza esencialmente ideológica que entraña un fin político determinado. (…) encarna una consigna política incompatible, en el sistema institucional venezolano con la formulación y fines perseguidos por el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (…) colide, por su denso contenido ideológico y político, con la conducta que deben observar los y las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad, en conformidad con la preceptiva establecida en el artículo 330 Constitucional. (…) en caso de ser usada verbalmente en el saludo, en documentación oficial, en vallas, anuncios o cualquiera otra manera en la vida e instalaciones militares se haría en violación expresa a específicas disposiciones normativas constitucionales (…)”, lo cual no se corresponde con la naturaleza de un recurso de nulidad.

Aunado a ello, advierte esta Sala que es tal la confusión de la acción ejercida que la representación judicial del solicitante en su escrito señala que su pretensión va dirigida a obtener “(…) una declaratoria de inconstitucionalidad y nulidad de actos dictados por el ciudadano Presidente de la República, en ejecución directa e inmediata de la Constitución, en uso de las facultades que ella le otorga, y que no son reputables como actos de rango legal formales (…)”.

Ahora bien, de una lectura in totum del escrito del solicitante revela lo impreciso de sus pretensiones, pues se limitó a decir que sus derechos constitucionales han sido presuntamente infringidos, sin aportar elementos que guarden la debida coherencia argumentativa y estructural que permitan a esta Sala determinar, con certeza, cuál es el objeto de la demanda.

Siendo ello así, la Sala considera que la presente solicitud es de tal modo confusa, que hace imposible su tramitación en los términos planteados (Vid. Sentencias de esta Sala Nros. 2.513/2002, 2.482/2002, 3.001/2003, 2.764/2005, 1.410/2005 y 2.195/07).

Así tenemos que, el aparte quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia prevé como causales de inadmisibilidad de cualquier demanda o solicitud que se intente ante este M.T., el que, entre otras, la misma sea de tal modo ininteligible que resulte imposible su tramitación.

Así, la Sala estima necesario reiterar que “(…) para que el Estado pueda cumplir en forma adecuada con su obligación constitucional de dirimir pacíficamente las controversias surgidas entre los particulares, al reclamar el ejercicio de sus derechos y deberes, no sólo es fundamental que los fallos dictados por los jueces en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales sean ejecutados en los lapsos establecidos en las leyes, siendo inadmisible cualquier formalismo o trámite que limite o imposibilite a quien tiene la razón, o necesita ser protegido preventivamente, obtener la tutela judicial que garantiza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que el ejercicio de los recursos o acciones existentes en el sistema procesal, sean empleados correctamente, tomando en cuenta sus alcances y consecuencias (…). De ello resulta pues, que la Sala debe llamar la atención sobre la coherencia en el ejercicio de las acciones, recursos y solicitudes que dispone el ordenamiento jurídico para la tutela de los derechos de los particulares, a los fines de garantizar de forma efectiva el desarrollo de la actividad jurisdiccional, exhortando a los recurrentes en general, y al solicitante en particular, que extremen el cuidado en la elaboración de sus escritos, lo cual supone el necesario estudio previo que le permita al actor determinar la claridad y sensatez de los fundamentos de su pretensión, elemento que no se advirtió en el caso de autos (…)” (Vid. Sentencia de la Sala N° 152 del 26 de febrero de 2008).

En consecuencia, esta Sala sin prejuzgar sobre el mérito del asunto planteado en el expediente sub exámine, declara inadmisible la pretensión formulada, por ser ininteligible y no susceptible de enmienda, y así se declara.

III

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, se declara COMPETENTE para conocer la acción interpuesta y declara INADMISIBLE la “acción popular” ejercida para solicitar “(…) la nulidad de específicos actos realizados por el ciudadano Presidente de la República H.R.C.F., en contra de expresos contenidos de normas constitucionales (…)”, por el ciudadano Á.O.V.P., titular de la cédula de identidad N° 4.629.893, asistido por el abogado J.M.Z., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 1.385.

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 10 días del mes de julio de dos mil ocho (2008). Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

La Presidenta de la Sala,

L.E.M. LAMUÑO

Ponente

El Vicepresidente,

F.A.C.L.

Los Magistrados,

J.E. CABRERA ROMERO

P.R. RONDÓN HAAZ

M.T. DUGARTE PADRÓN

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

A.D.J. DELGADO ROSALES

El Secretario,

J.L. REQUENA CABELLO

Exp. Nº 08-0603

LEML/b

El Magistrado que suscribe disiente de la mayoría respecto del fallo que antecede, por las siguientes razones:

1. La sentencia que precede declaró la inadmisión de la “acción popular” que se intentó contra las supuestas actuaciones del Presidente de la República mediante las cuales se ordenó la utilización del lema “patria, socialismo o muerte, venceremos” en la Fuerza Armada Nacional. La negativa de admisión se fundamentó en que la demanda es ininteligible y confusa porque no se determinó, “con certeza, cuál es el objeto de la demanda”, ello en atención al artículo 19, párrafo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

   En criterio del salvante, en el caso de autos sí está claro cuál es el objeto de la demanda, que no es otro que la pretensión o pretensiones que hizo valer el demandante. Así, el petitorio de la parte actora, según se lee de la narrativa de la sentencia que antecede, es muy claro: se pidió la declaratoria de la inconstitucionalidad del uso del referido lema en la Fuerza Armada Nacional y que se “ordene al ciudadano Presidente de la República (…) en su carácter de Comandante y Suprema autoridad de la Fuerza Armada Nacional (…) abstenerse de usar la consigna…” en cuestión.

   Asimismo, este disidente considera que está claro cuál es la actuación del Poder Público objeto de esa pretensión de inconstitucionalidad: la supuesta orden que emanó del Presidente de la República, como máxima autoridad castrense, respecto de la “oficialización de la referida consigna o lema…” en la Fuerza Armada Nacional, para lo cual, según se señaló en la narrativa, consignaron CD compacto que supuestamente “demuestra” esa “orden” impartida en un desfile militar en el Paseo Los Próceres de Caracas. En consecuencia, es evidente que sí están claras las pretensiones objeto de la demanda que se planteó y sí estaba claro cuál es el objeto de esas pretensiones, razón por la cual la misma no resultaba inadmisible y mucho menos por ininteligible.

   Lo que sucede, en todo caso, es que la actuación contra la cual se incoó la demanda no es, ciertamente, un acto formal –acto administrativo, decreto-ley, acto de gobierno, entre otros- y así incluso lo hizo ver la parte demandante en el escrito que consignó el 10 de junio de 2008, según la narrativa y motiva de la sentencia. Así, la supuesta actuación del Presidente de la República contra la que se demandó sería una actuación material, que supuestamente consistió en una orden impartida de manera pública y verbal y que se ha ejecutado en la práctica.

   No obstante, esa carencia de formalidad de la actuación que se impugnó no implica, ni mucho menos, que no esté expuesta a control jurisdiccional, pues en el marco de nuestro Estado de Derecho, de acuerdo con el principio de legalidad y el principio de universalidad de control, todo acto, actuación u omisión de los órganos del Poder Público está sometido a control jurisdiccional, y no sólo los actos formalmente dictados, tal como esta misma Sala lo ha sostenido, entre otras, en sentencia n.° 2629/02. Asimismo, y por cuanto en este caso la supuesta actuación material se realizó en ejecución directa e inmediata de la Constitución, en ejercicio directo de las competencias que le confieren los cardinales 5 y 6 del artículo 236 de la Constitución, su control correspondía a la jurisdicción constitucional a través de esta Sala Constitucional, conforme a la cláusula abierta del artículo 334 constitucional.

   En este sentido, insiste el voto salvante que el hecho de que la pretensión objeto de la demanda no sea la nulidad de un acto formal no mengua su admisibilidad, pues la parte demandante fue coherente entre la pretensión que planteó –la declaratoria de inconstitucionalidad de la supuesta actuación material y la condena al cese de esa actuación- y la actuación supuestamente inconstitucional –la supuesta orden del máximo jerarca castrense-, pues frente a las vías de hecho y actuaciones materiales lo que procede, precisamente, es la pretensión de declaratoria de contrariedad a derecho y la condena a un no hacer, esto es, a una abstención de continuar esa actuación contraria a derecho.

   Es por lo anterior que este disidente considera que la demanda no debió declararse inadmisible por ininteligible, pues las pretensiones objeto de la demanda y la actuación de órganos del Poder Público objeto de esas pretensiones se identificaron suficientemente. En todo caso, para el supuesto de que la mayoría sentenciadora considerase que no estaba claro cuál era la pretensión y la actuación contra la que se demandó, debió aplicar lo que dispone el artículo 5, aparte segundo de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia:

   De conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el control concentrado de la constitucionalidad sólo corresponderá a la Sala Constitucional en los términos previstos en esta Ley, la cual no podrá conocerlo incidentalmente en otras causas, sino únicamente cuando medie un recurso popular de inconstitucionalidad, en cuyo caso no privará el principio dispositivo, pudiendo la Sala suplir, de oficio, las deficiencias o técnicas del recurrente sobre las disposiciones expresamente denunciadas por éste, por tratarse de un asunto de orden público.

   En consecuencia, si la Sala consideraba que había deficiencias graves en lo que respecta a los términos en que se planteó la demanda de inconstitucionalidad, debió suplirlas, bien de manera directa bien a través del requerimiento de aclaratoria o reforma del libelo, pero no debió pronunciar la inadmisión de la demanda.

2. En todo caso, el salvante debe poner de relieve que mal pudo la Sala negar la admisión de la demanda porque no está claro –según la mayoría- el acto del Poder Público objeto de la misma, no obstante lo cual en el mismo veredicto se asumió la competencia para el conocimiento de la demanda bajo el argumento de que se trata de “acciones en ejecución directa de la Constitución” por parte del Presidente de la República. En efecto, si la Sala no tenía claro cuál era la actuación supuestamente inconstitucional y ello le impidió admitir la demanda, mal pudo determinar cuál era esa actuación al momento de la asunción de la competencia, pues ésta –la competencia- sólo se determina una vez que el órgano jurisdiccional analice el rango legal del acto, omisión o actuación contra el que se demanda.

   Queda así expresado el criterio del Magistrado que rinde este voto salvado.

   Fecha retro.

   La Presidenta,

   L.E.M. LAMUÑO

   El Vicepresidente, F.A.C.L.

   Los Magistrados,

   J.E. CABRERA ROMERO

   …/

   …

   P.R. RONDÓN HAAZ

   Disidente

   M.T. DUGARTE PADRÓN

   CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

   A.D.J. DELGADO ROSALES

   El Secretario,

   J.L. REQUENA CABELLO

   PRRH.sn.ar

   Exp. 08-0603