Sentencia nº 1058 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 10 de Octubre de 2011

LAS PARTES conviene que estarán cubiertos por esta Acta convenio todos los trabajadores de la empresas contratistas y subcontratistas que ejecuten los trabajos de construcción de las facilidades de Producción y/o Oleoducto, y/o Gaseoducto, y/o Poliducto, de ser el caso, y Planta de Mejoramiento de Crudos Extrapesados y de los trabajos de perforación y ensayos de pozos necesarios para la preparación de las operaciones o actividades comerciales que LA EMPRESA requiere para su establecimiento en el Estado Anzoátegui, con excepción de aquellos trabajadores que desempeñen puestos, cargos o trabajos de dirección, administración o confianza, y en general todo aquel comprendido en los artículos 42, 45, 47, 50 y 510 de la vigente Ley Orgánica del Trabajo, en el entendido que dicho personal exceptuado tiene condiciones y beneficios que en su conjunto no son inferiores a los acordados para el personal cubierto por esta Acta.

Asimismo, observa la Sala que las partes en la cláusula quinta, establecieron la clasificación de los cargos amparados por el Acta convenio denominado “Anexo 1”, contentivo de cinco niveles de cargos con su respectiva remuneración salarial, entre ellos, electricistas, fabricador, mecánico, perforador, albañil, carpintero, patrón de lancha, aislador, chofer, liniero, vigilante, obrero de taladro, operador de brazo hidráulico, ayudante de electricista, soldador, plomero.

Conteste con lo expuesto, advierte la Sala que el Acta Convenio suscrita por la empresa SINCOR, ampara a todos trabajadores de la empresas contratistas y subcontratistas que ejecuten los trabajos de construcción de las facilidades de Producción y/o Oleoducto, y/o Gaseoducto, y/o Poliducto, de ser el caso, y Planta de Mejoramiento de Crudos Extrapesados y de los trabajos de perforación y ensayos de pozos necesarios para la preparación de las operaciones o actividades comerciales, entre ellos, electricistas, fabricador, mecánico, perforador, albañil, carpintero, patrón de lancha, aislador, chofer, liniero, vigilante, obrero de taladro, operador de brazo hidráulico, ayudante de electricista, soldador, plomero; asimismo, están excluidos los trabajadores de dirección, administración y de confianza, y siendo que la ciudadana A.M.G.B., fue contratada para prestar sus servicios como “Asistente Administrativo” -hecho no controvertido por las partes-, labor no enmarcada de manera directa en la ejecución de los trabajos de construcción de Oleoducto, Gaseoducto, y/o Poliducto, resulta excluida del ámbito de aplicación de la referida Acta Convenio. Así se establece.

Adicionalmente a lo expuesto, observa la Sala que la parte actora alegó la responsabilidad solidaria de las codemandadas a fin de obtener la aplicación del Acta Convenio suscrita por la sociedad mercantil SINCOR, para aumentar la base del salario de cálculo de las indemnizaciones por responsabilidad objetiva y subjetiva reclamadas a las empresas, derivado de la inclusión de la “prima de movilización”, “comida en extensión de jornada”,“Ayuda para Bienes y Servicios” e incidencia de horas extras.

En tal sentido, advierte la Sala que la sentencia recurrida declaró improcedentes las indemnizaciones reclamadas por responsabilidad subjetiva en virtud del incumplimiento de la parte actora de la carga de la prueba del hecho ilícito; asimismo, declaró improcedente la responsabilidad objetiva prevista en la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto la trabajadora está inscrita en el sistema de Seguridad Social (IVSS), y con relación al daño moral, reitera esta Sala que su estimación corresponde al prudente arbitrio del juzgador, esto es, sin emplear en el presente caso la base salarial alegada por efecto de la aplicación del Acta Convenio.

Adicionalmente a lo expuesto, reitera esta Sala que de acuerdo al criterio establecido en sentencia Nº 0446 de fecha 12 de mayo de 2010, (caso: J.G.S. contra PDVSA Petróleo, S.A. y otra), no existe responsabilidad solidaria en materia de infortunio de trabajo, en virtud de que dichas indemnizaciones son resarcimientos intuito personae, motivo por el cual señala esta Sala que la sentencia recurrida no está incursa en el vicio que le imputa la formalización. Así se decide.

CAPÍTULO II

DEFECTOS DE FORMA

-I-

De conformidad con el artículo 168, numeral 3 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denuncia inmotivación por silencio de prueba “testimonial”.

Señala la parte actora recurrente, que en la audiencia de apelación “advirtió” al Juez de Alzada, que la audiencia de juicio no fue filmada, por tanto, no consta en autos de manera audiovisual, ni escrita, la deposición de los testigos promovidos a fin de demostrar el hecho ilícito, específicamente, las advertencias efectuadas por parte de los trabajadores al patrono y al chofer de la empresa de las condiciones riesgosas del vehículo que fungía de transporte empresarial, entre ellas, “que no contaba con cinturones de seguridad y que los cauchos estaban lisos ”.

En tal sentido, señala:

(…) solicité al ad quem (…), la nulidad de la decisión proferida por el a quo, quien se limitó a examinar la deposición testimonial de manera muy superficial (…). El ad quem, al conocer sobre este particular señaló ‘(…). Debe indicarse en primer término que la circunstancia de la existencia de una enfermedad ocupacional o accidente de trabajo no conlleva per se la demostración de una conducta ilícita por parte de la empresa-patrono; (…), a los fines de la procedencia de las indemnizaciones (…), es menester que se haya traído a juicio los elementos probatorios que demuestren que el patrono conociendo de los riesgos a que estaba expuesto el trabajador por la naturaleza de sus funciones, no supervisó adecuadamente el cumplimiento de las medidas de seguridad ni del uso por parte de los trabajadores de los implementos de seguridad, (…). Es decir, que el empleador responde por haber actuado en forma culposa, con negligencia, imprudencia o impericia, y siempre será preciso que en caso de reclamación (…), el trabajador demuestre que el patrono conocía de las condiciones riesgosas.

Así las cosas, señala que el Juez de Alzada estableció que “no quedó claramente establecido” el incumplimiento por parte del patrono de las normas de higiene y seguridad, presupuesto fundamental del artículo 33 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en consecuencia, declaró sin lugar las indemnizaciones reclamadas por concepto de responsabilidad subjetiva; infringiendo de esta manera los artículos 243 numerales 4, 5 y 6, 508 y 509 del Código de Procedimiento Civil, 159 y 160 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por cuanto, el hecho ilícito del patrono fue demostrado mediante la prueba de testigos.

Para decidir, la Sala observa:

En la denuncia bajo examen, observa la Sala que la parte actora recurrente señala que la Audiencia de Juicio no fue filmada, por tanto, no consta en autos de manera audiovisual, ni escrita, la deposición de los testigos promovidos a efecto de demostrar el hecho ilícito del patrono a fin de obtener el pago de las indemnizaciones reclamadas.

Respecto a la ausencia de reproducción pormenorizada de cada una de las preguntas y repreguntas formuladas por las partes, no constituye per se el vicio de inmotivación por silencio de prueba, puesto que éste ocurre cuando el juez omite cualquier mención sobre una prueba promovida y evacuada por las partes, que consta en las actas del expediente y cuando, a pesar de haberse mencionado su promoción y evacuación, el juez se abstiene de analizar su contenido y señalar el valor que le confiere a la misma o las razones para desestimarla.

Cursa a os folios 30 al 42 (3ra pieza), acta de Audiencia de Juicio de fecha 2 de octubre de 2009, en cuya apertura se observa que la Juez del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, informó a las partes que dicha audiencia “no será reproducida a través de los medios audiovisuales, tal como lo prevé el artículo 162 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por cuanto el instrumento de reproducción (…) está dañado (…)”.

Asimismo, observa la Sala del contenido del acta en referencia, que los ciudadanos J.E.I. y A.G. comparecieron a la Audiencia de Juicio a fin de rendir testimonio, una vez juramentados respondieron las preguntas formuladas por la parte actora promovente y las repreguntas de la contraparte.

Respecto a la valoración de la prueba testimonial, la sentencia recurrida estableció:

Sostiene en primer término la representación judicial de la demandante que, la recurrida incurre en el vicio de “inmotivación por silencio de prueba testimonial”, toda vez que no dejó constancia in extenso de las deposiciones de los dos testigos presenciales evacuados durante la audiencia de juicio, las cuales -en criterio de la exponente- son demostrativas de las condiciones inseguras del vehículo que transportaba a la demandante (…).

En tal sentido, debe este Tribunal transcribir lo expuesto por la decisión recurrida en relación al análisis de las declaraciones testimoniales de los ciudadanos J.E.I. y A.G. en los siguientes términos:

…Respecto de los ciudadanos portadores de la cédula de identidad No.14.132.728 y 14.560.389 en su orden. Las testimoniales rendidas ratifican que éstos viajaban a bordo de la unidad que fue objeto del accidente de tránsito, sin embargo, respecto a los detalles del accidente, el testigo J.E.I. declaró que no sabía que le pasó a la unidad, que tampoco sabía si iba corriendo. Y la ciudadana A.G., manifestó que tampoco sabía los detalles del accidente. Con vista de ello, esta instancia a las testimoniales rendidas les atribuye valor probatorio, por cuanto no existe contradicciónen sus dichos, sin embargo nada aporta a los hechos controvertidos en la presente causa…

.

De la revisión de lo parcialmente trascrito, y en relación a las declaraciones indicadas, se constata que la Juez de la causa, las aprecia atribuyéndole mérito probatorio, por considerar que las respuestas dadas por los referidos ciudadanos al interrogatorio formulado, no fueron contradictorias.

(Omissis)

Así, se aprecia que en el caso sub iudice, la Juzgadora de Primera Instancia, luego del análisis de las deposiciones rendidas, en el ejercicio de su soberana apreciación, y conforme a su convicción interna, valoró el dicho de los deponentes, al estimar que merecía confiabilidad al no resultar contradictorios, conducta que es indicativa de haberse analizado íntegramente el contenido de las deposiciones señaladas. Por consiguiente, al considerarse que en el asunto que hoy ocupa a esta Alzada, la apreciación de las declaraciones testimoniales anteriormente señaladas, fue realizada por la sentenciadora en aplicación a las reglas legales del caso y en los términos del artículo 10 de la Ley Adjetiva Laboral, normativa aplicable para la fecha de tramitación de la presente causa, debe concluirse que la misma se encuentra ajustada a Derecho, advirtiéndose que en forma alguna, incurre el fallo proferido en el vicio de silencio de prueba denunciado, tal como lo invoca la parte recurrente, toda vez que dicho vicio se materializa en los casos en que el juzgador omite la valoración del material probatorio cursante en los autos, aspecto que resulta inexistente en el caso de autos, argumentación que conlleva a desestimar los alegatos interpuestos por la representación judicial de la parte actora recurrente. Así se deja establecido.

Del extracto de la recurrida transcrito, observa la Sala que el Juez de Alzada reprodujo la deposición de los testigos en los términos expresados por el fallo proferido por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, y confirmó la valoración otorgada por el Juez a quo conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en lo que respecta a que las testimoniales rendidas son contestes; “sin embargo nada aporta a los hechos controvertidos en la presente causa”, en virtud de que los testigos no depusieron sobre las causas del accidente; por tanto, el fallo recurrido no incurrió en silencio de prueba, toda vez mencionó y valoró la prueba testimonial, por lo que se declara sin lugar la denuncia. Así se decide.

-II-

De conformidad con el artículo 168, numeral 3 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denuncia incongruencia negativa.

Arguye que la sentencia de Alzada omitió pronunciamiento sobre los conceptos demandados, específicamente, la indemnizaciones contempladas en el artículo 573 de la Ley Orgánica del Trabajo, en el parágrafo segundo del artículo 33 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, el lucro cesante, el reintegro por gastos médicos y terapias de rehabilitación.

En tal sentido, esgrime:

(…) Esta omisión de pronunciamiento sobre los conceptos precedentemente señalados, me afecta enormemente, por cuanto de haberse pronunciado el a (sic) quem (…) habría sido justamente indemnizada por concepto de los daños sufridos en el accidente de trabajo, derivado del hecho ilícito totalmente demostrado en que incurrió el patrono.

Para decidir, la Sala observa:

De acuerdo con la doctrina pacífica y reiterada de este alto Tribunal, toda sentencia debe cumplir con el principio de exhaustividad que le impone al juez el deber de resolver sólo sobre lo alegado, pues al resolver lo no pedido, incurre en el vicio de incongruencia positiva. Asimismo, el juez debe resolver sobre todo lo alegado en el libelo y la contestación y excepcionalmente en otra oportunidad procesal como los informes, a riesgo de que si no resuelve lo pedido, incurrirá en el vicio de incongruencia negativa.

De manera que, una sentencia es congruente cuando guarda relación con los pedimentos del libelo de demanda y los términos en que el demandado dio su contestación.

Ahora bien, respecto a la procedencia de las indemnizaciones derivadas del accidente de trabajo previstas en el artículo 573 de la Ley Orgánica del Trabajo, advierte esta Sala que dicho aspecto fue resuelto por el Juez de Alzada, al desestimar dicho pedimento con fundamento en que la trabajadora esta inscrita en el Instituto Venezolano de los Seguros sociales (I.V.S.S), motivo por el cual se desestima esta parte de la denuncia.

Con relación a la indemnización contenida en el parágrafo segundo del artículo 33 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, se observa que el fallo recurrido, estableció que la parte actora incumplió con su carga probatoria de demostrar el hecho ilícito del patrono, por tanto, declaró sin lugar las indemnizaciones reclamadas con fundamento en la responsabilidad subjetiva del patrono, esto es, las contenidas en la referida ley, lucro cesante y daño emergente.

Referente a las cantidades reclamadas por concepto de reintegro por gastos médicos y terapias de rehabilitación, advierte la Sala de la lectura minuciosa de la sentencia recurrida, que la representación judicial de la parte actora limitó su apelación a la inmotivación por silencio de prueba testimonial; infracción de los artículos 508, 509 y 243, numerales 4, 5 y 6, del Código de Procedimiento Civil, 159, 160 de la Ley Adjetiva Laboral; la procedencia de la indemnización del artículo 573; contradicción e ilogicidad en la motiva al no acordar la responsabilidad subjetiva reclamada y la responsabilidad solidaria alegada entre las codemandadas.

Respecto al efecto devolutivo de la apelación, esta Sala en sentencia Nº 2469 de fecha 11 de diciembre de 2007 (caso: E.R.B.M. contra la sociedad mercantil Trattoria L’ancora, C.A.), estableció:

Como se señaló anteriormente, el Juez de la recurrida se limitó a resolver sólo los puntos planteados por los recurrentes en la audiencia de apelación. Esta manera de decidir, permite hacer ciertas reflexiones que de seguidas serán abordadas, en torno al tema del efecto devolutivo de la apelación en el proceso laboral venezolano, contenido en el aforismo tantum devollutum, quantum apellatum, en virtud del cual los límites de la jurisdicción del tribunal de alzada quedan restringidos a la materia sometida a su conocimiento por la parte apelante, es decir, en la misma medida de la apelación.

Tradicionalmente se ha establecido que según el apelante ejerza el recurso se delimita el espectro jurisdiccional para conocer del asunto, en consecuencia al apelar en forma genérica se le otorga al juzgador de la instancia superior el fuero pleno del asunto, de manera que, en virtud del efecto devolutivo, el sentenciador de alzada adquiere la facultad para decidir la controversia en toda su extensión, es decir, tanto de la quaestio facti como de la quaestio iuris, sin que esto implique que pueda el juez examinar cuestiones en las que el apelante es vencedor y no vencido, ello en aplicación del principio de la prohibición de la reformatio in peius. Por otra parte, no ocurre lo mismo cuando se especifican las cuestiones sometidas a apelación, entendiéndose que todo lo que no sea objeto de la misma queda firme y con autoridad de cosa juzgada la decisión del sentenciador de primera instancia.

En tal sentido, en primer lugar debe precisarse, que en un proceso como el laboral, regido por el principio de la oralidad, pero que a su vez admite y se sirve de la forma escrita, resulta de mayor relevancia para el establecimiento de los poderes que el juez ad quem adquiere con motivo del efecto devolutivo de la apelación, la manera en que ésta es interpuesta, es decir, si se hace de forma genérica o si por el contrario se precisan los puntos sometidos a juzgamiento, lo que a su vez nos lleva necesariamente a precisar también la oportunidad procesal en que debe considerarse delimitado el objeto de la apelación.

(Omissis)

Como corolario de lo anterior debe concluirse lo siguiente, si el objeto de la apelación se encuentra delimitado, se produce un efecto devolutivo parcial, pero ello no puede constituirse en óbice para que el Juez de Alzada cumpla con el principio de autosuficiencia del fallo, razón por la cual su pronunciamiento versará en primer término sólo sobre las cuestiones sometidas a su dictamen, pero para garantizar la autosuficiencia del fallo y su adecuada ejecución, en el dispositivo deberá reproducir todos los conceptos condenados con inclusión de aquellos que no fueron apelados y que por ende quedaron firmes con la decisión del a quo, cuidando de no desnaturalizar la misma.

Del extracto jurisprudencial transcrito, se colige que los límites de la jurisdicción del Tribunal de alzada quedan restringidos a la materia sometida a su conocimiento por la parte apelante, es decir, en la misma medida de la apelación, por lo que el juez ad quem deberá pronunciarse en primer término sólo sobre las cuestiones sometidas a su dictamen, empero, para garantizar la autosuficiencia del fallo y su adecuada ejecución, en el dispositivo deberá reproducir todos los conceptos condenados con inclusión de aquellos que no fueron apelados y que por ende quedaron firmes con la decisión del a quo, cuidando de no desnaturalizar la misma.

Ahora bien, dado los términos en que la representación legal de la parte actora ejerció su recurso de apelación, y en aplicación del criterio jurisprudencial expuesto, se observa, que limitó la jurisdicción del ad quem a pronunciarse sobre la inmotivación por silencio de prueba testimonial; la procedencia de la responsabilidad objetiva del patrono (art. 573 LOT); contradicción e ilogicidad en la motiva al no acordar la responsabilidad subjetiva reclamada y la responsabilidad solidaria alegada entre las codemandadas, lo que se traduce en su conformidad con los demás aspectos decididos por el a quo, entre ellos, la improcedencia de las cantidades demandadas por reintegro por gastos médicos y terapias de rehabilitación, por lo que mal podría establecer la sentencia recurrida aspectos no sometidos a su control mediante el ejercicio del medio de gravamen, toda vez que los conceptos no atacados adquieren el carácter de firmes, además de que en este aspecto, carece de legitimidad la recurrente para impugnar el fallo, en virtud de que lo denunciado no fue objeto del recurso de apelación, en consecuencia, no recurrible en casación.

En base a las precedentes consideraciones, se declara sin lugar la denuncia. Así se decide.

DECISIÓN

En mérito de las consideraciones anteriores, esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1) SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la parte actora ciudadana A.M.G.B., contra el fallo proferido por el Tribunal Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, en fecha 2 de julio de 2010; 2) CONFIRMA el fallo recurrido.

De conformidad con el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no hay condenatoria en costas.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, a fin de que sea enviado al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución competente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, particípese de esta decisión al Tribunal Superior de origen de la referida Circunscripción Judicial.

No firma la presente decisión el Magistrado Dr. A.V.C. por no haber estado presente en la audiencia oral por motivos justificados.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los once (11) días del mes de octubre de dos mil once. Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

R.C. Nº AA60-S-2010-001304

Nota: Publicada en su fecha a

El Secretario,