Sentencia nº 00799 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 11 de Junio de 2002

MAGISTRADO PONENTE: L.I. ZERPA

Exp. Nº 0257

La abogada R.P.C., inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 13.049, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil ASERCA AIRLINES, C.A., constituida en fecha 06 de marzo de 1968, inscrita inicialmente bajo el No. 746 por ante el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, siendo inscrita su última modificación por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 10 de septiembre de 1998 bajo el No. 76, tomo 80-A, mediante escrito presentado en fecha 16 de marzo de 2000, interpuso ante esta Sala Político Administrativa, recurso de nulidad contra el acto administrativo contenido en la Resolución No. 079, emanada del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA en fecha 22 de noviembre de 1999, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso jerárquico que su representada interpuso contra la Resolución No. 030, emanada del Director General Sectorial de Transporte Aéreo en fecha 08 de julio de 1999, por la que se ratificó el contenido de las Resoluciones números 186, 187, 188, 190 y 191, todas de fecha 03 de junio de 1999. Asimismo solicitó, con fundamento en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido, previa la fijación de una caución por parte de la Sala, a efectos de garantizar las resultas del juicio.

La Sala, por auto de fecha 21 de marzo de 2000, ordenó oficiar al Ministerio de Infraestructura a los fines de la remisión del expediente administrativo correspondiente; asimismo, ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación.

Mediante auto de fecha 06 de abril de 2000, el Juzgado de Sustanciación admitió cuanto ha lugar en derecho el recurso de nulidad, ordenó que se practicasen las notificaciones de ley, expedir el cartel de emplazamiento a los interesados y oficiar nuevamente al Ministerio de Infraestructura para que remitiera el expediente administrativo. Por lo que respecta a la solicitud de pronunciamiento previo, se ordenó abrir cuaderno separado y remitirlo a la Sala con el objeto de que se pronuncie sobre su procedencia.

Mediante sentencia No. 01345, dictada el 13 de junio de 2000, la Sala negó la medida de suspensión de los efectos del acto recurrido, solicitada por la sociedad mercantil demandante.

El 29 de junio de 2000, la apoderada judicial de la parte actora consignó escrito de pruebas.

Mediante oficio No. CJ/1107 del 13 de julio de 2000, el Ministerio de Infraestructura remitió cinco expedientes administrativos que guardan relación con la Resolución No. 079 del 22 de noviembre de 1999, y con los cuales se formó pieza separada.

Por auto del 03 de octubre de 2000 fueron admitidas las pruebas promovidas por la parte actora; y por cuanto se observó que tales pruebas no requerían evacuación, se acordó el pase del expediente a la Sala.

Mediante auto del 19 de octubre de 2000, se designó ponente al Magistrado L.I. Zerpa, fijándose la quinta audiencia para comenzar la relación.

El 01 de noviembre de 2000, comenzó la relación de la causa y se fijó la oportunidad para que tuviese lugar el acto de informes, al cual comparecieron las partes y consignaron sus respectivos escritos de conclusiones.

El 23 de enero de 2001, terminó la relación y se dijo “Vistos”.

Por diligencias consignadas en fechas 08 de marzo de 2001 y 07 de febrero de 2002, la apoderada de la parte actora solicitó se emita pronunciamiento en la presente causa.

- I -

ANTECEDENTES DEL CASO

Tiene lugar la presente causa con motivo del procedimiento administrativo iniciado por la Dirección General Sectorial de Transporte Aéreo, adscrita al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por haberse verificado retardos en el horario de salida de cinco de sus vuelos regulares, infringiendo así el tercer aparte del artículo 38 de la Ley de Aviación Civil; de tales retrasos se dejó constancia, en primer término, en actas de infracción aeronáutica levantadas por funcionarios de esa Dirección.

Una vez iniciados los procedimientos administrativos, la sociedad mercantil Aserca Airlines, C.A. presentó escrito de alegatos y pruebas, y en fecha 03 de junio de 1999, esa Dirección dictó las Resoluciones números 186, 187, 188, 190 y 191, en las que le impuso a la demandante sanción de multa por las cantidades equivalentes a 225, 225, 225, 225 y 280 unidades tributarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 70, numeral 1 de la mencionada ley.

Contra cada uno de estos actos administrativos, fue interpuesto recurso de reconsideración, los que fueron todos resueltos en la Resolución No. 030 del 08 de julio de 1999. Esta resolución fue impugnada por Aserca Airlines, C.A., mediante el recurso jerárquico.

En fecha 22 de noviembre de 1999 el Ministerio de Infraestructura dictó el acto que agotó la vía administrativa, contenido en la Resolución No. 079, declarando sin lugar el recurso formulado, acto contra el cual la demandante ejerció recurso de nulidad por ante esta Sala.

- II -

ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDANTE

Aduce la representante judicial de la sociedad mercantil demandante, que el acto administrativo contenido en la Resolución No. 079, del 22 de noviembre de 1999, se encuentra afectado por los siguientes vicios:

1. - El acto administrativo adolece de inmotivación. Señala al respecto, que antes de dictar un acto, la Administración está obligada a comprobar y calificar los hechos que le sirven de fundamento a su decisión y, en el presente caso, las actas de infracción aeronáuticas se encuentran viciadas, pues los funcionarios sólo se conformaron con la supuesta aceptación de una falta o infracción por parte del empleado de la empresa, empleado que por demás desconocía también los verdaderos motivos por los cuales se generó el retraso.

2. - Del texto de la resolución recurrida, se desprende que el órgano se basó en la infracción del tercer aparte del artículo 38 de la Ley de Aviación Civil, e impuso la sanción de multa a la demandante de conformidad con lo estatuido en el artículo 70, numeral 1 eiusdem. Ante esta situación, expone la parte actora que el uso del término “sanción administrativa”, implica el ejercicio de facultades de imperio que la colocan en total y absoluto estado de indefensión.

   A su juicio, las actas con las que se inician los procedimientos administrativos se denominan actas de infracción aeronáutica y como tales, son sancionatorias, con lo cual se viola el derecho a la defensa, pues se hace recaer sobre la demandante una sanción tácitamente impuesta a destiempo, al atribuírsele una falta y sancionársele sin tener prácticamente oportunidad de defenderse.

   Por otra parte, considera la accionante que la Administración violó su derecho a la defensa por cuanto ésta no se pronunció respecto de todos los alegatos que fueron llevados a su consideración a lo largo de los procedimientos administrativos.

3. - Las referidas actas de infracción aeronáutica no cumplen con los requisitos exigidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Así, se tiene que hay actas que adolecen del nombre completo del funcionario, su número de cédula de identidad, el cargo que ocupa, el sello húmedo que debe soportar y avalar la actuación administrativa; asimismo, en ellas no se identifica la persona que pudiera recibir o avalar el acta, ya que el funcionario que la levanta, acepta la firma de cualquier empleado de la empresa, siendo que en el formato del acta aparece un renglón destinado al representante de la Empresa quien es la única persona legalmente designada con facultad expresa para soportar esa responsabilidad.

   4.- Alega la recurrente que el acto administrativo recurrido no mantiene la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho, violando de esta manera lo preceptuado en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

   En ese mismo orden de ideas, precisa que las planillas de liquidación emitidas por la Administración, no guardan la debida proporcionalidad y adecuación ya que se desconoce el método o cálculo empleado para tasar la multa dentro de los límites fijados en el artículo 70 de la Ley de Aviación Civil, de 225 y 4.000 unidades tributarias, dándose con ello un amplio margen a la Administración para sancionar.

5. - Adicionalmente, expone que se ignora cuál es el monto en bolívares que debe pagar, ya que existen diferencias en las planillas de liquidación en cuanto al monto de la unidad tributaria a ser considerado y ello, a su entender, tiene relación con los criterios adoptados para expedir las planillas, a saber, si se toma como equivalente en bolívares el valor de la unidad tributaria al momento de la comisión de la falta o al momento en que la sociedad mercantil fue efectivamente sancionada.

   6.- En materia de competencia para dictar el acto, la misma puede estar sujeta al tiempo, es decir, que la ley puede establecer un límite de tiempo, cuestión que se presentó en los procedimientos instaurados en contra de Aserca Airlines, C.A., al violarse el plazo establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. De allí que, al decir de la querellante, el acto recurrido se encuentra viciado de nulidad.

   Asimismo, explica que dicha norma establece un lapso de cuatro meses para decidir en los procedimientos que requieran sustanciación; sin embargo, cuando el órgano administrativo tomó la decisión en fecha 03 de junio de 1999, habían transcurrido más de los cuatro meses legalmente establecidos, toda vez que los referidos procedimientos se iniciaron de oficio, con el levantamiento de cinco actas de infracción, siendo que al vencimiento del plazo no se acordó prórroga alguna. Con ello, la Administración infringió el comentado dispositivo, por cuanto no dejó constancia en el expediente, de que se hubiese acordado una prórroga. Expresa además, que en el acto recurrido, al señalar la Administración que “... efectivamente sí transcurrió más del plazo estipulado en el Artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, contándose dicho plazo a partir de la fecha de emisión de las actas”, la misma hizo un reconocimiento expreso de su incompetencia para tomar su decisión.

   - II -

   ALEGATOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Por su parte, la Procuraduría General de la República, en su escrito de informes presentado el 16 de noviembre de 2000, por la abogada M.O.Z., inscrita en el Inpreabogado bajo el número 31.995, solicitó fuese declarado sin lugar el recurso ejercido contra la Resolución No. 079 de fecha 22 de noviembre de 1999, emanada del Ministerio de Infraestructura, con fundamento en lo siguiente:

1. - En el caso de autos, no se configura el vicio de incompetencia en razón del tiempo, pues en fecha 19 de febrero de 1999, la Dirección General Sectorial de Transporte Aéreo notificó a la sociedad mercantil Aserca Airlines, C.A. de los distintos procedimientos administrativos iniciados de oficio, emitiendo Resoluciones números 186, 187, 188, 190 y 191 en fecha 03 de junio de 1999, es decir, que la Administración tramitó y decidió los casos dentro de los cuatro meses establecidos en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, lapso este que se computó a partir de la fecha de notificación ya indicada.

2. - En otro orden de ideas, sostiene la representación de la República que las actas de infracción aeronáutica que fundamentan las resoluciones arriba mencionadas, contienen la actuación de funcionarios competentes de la Dirección General Sectorial de Transporte Aéreo del Ministerio de Infraestructura, quienes dejaron constancia de los retardo en que incurrió la empresa Aserca Airlines, C.A., en el horario de salida de cinco de sus vuelos regulares.

   A su juicio, este retardo configura la causa de dicha acta, pues deviene en la situación de hecho que autoriza la actuación del funcionario y que coincide de manera plena con los presupuestos fácticos que justifican legalmente la actuación administrativa.

3. - Observa igualmente, que es inexistente la vulneración alegada en cuanto a la falta de motivación, pues las Resoluciones números 186, 187, 188, 190 y 191 del 03 de junio de 1999, dictadas por la Dirección General Sectorial de Transporte Aéreo del extinto Ministerio de Transporte y Comunicaciones, hoy Ministerio de Infraestructura, confirmadas por la resolución recurrida, están debidamente motivadas, toda vez que señalan de manera expresa, las razones de hecho y de derecho que originaron la imposición de las multas por las cantidades de 225, 225, 225, 225 y 280 unidades tributarias, respectivamente.

4. - En cuanto al alegato según el cual le fue violado el derecho a la defensa de la recurrente, a su juicio el mismo resulta infundado, ya que la apertura de los procedimientos que dieron lugar a la resolución mediante la cual se le impuso sanción de multa, le fue notificada a la parte actora, otorgándosele la oportunidad de promover los medios probatorios que estimara pertinentes, lo cual queda evidenciado tanto de los escritos presentados por ante la Dirección General Sectorial de Transporte Aéreo el 03 de marzo de 1999, como de la interposición de los respectivos recursos en sede administrativa..

5. - En lo que se refiere a la supuesta violación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos por encontrar la demandante que las sanciones de multa son desproporcionadas, destaca que el artículo 70 de la Ley de Aviación Civil dispone como límites mínimo y máximo para la aplicación de las multas, las cantidades equivalentes a 225 y 4.000 unidades tributarias, respectivamente; y de la lectura de las resoluciones dictadas en fecha 03 de junio de 1999, se observa que en la mayoría de los casos se impuso el límite mínimo de la sanción.

   - III - DE LAS PRUEBAS

   Cursan en los expedientes administrativos las siguientes probanzas:

   a.- Acta de infracción aeronáutica de fecha 09 de septiembre de 1998, en la que consta que la línea aérea Aserca, presentó un retardo de 1 hora y 10 minutos en su vuelo No. 748.

   b.- Acta de infracción aeronáutica de fecha 27 de septiembre de 1998, en la que se deja constancia de que la línea aérea Aserca, presentó un retardo de 1 hora y 10 minutos en su vuelo No. 728.

   c.- Acta de infracción aeronáutica de fecha 27 de septiembre de 1998, que deja constancia de que la línea aérea Aserca, presentó un retardo de 1 hora y 2 minutos en su vuelo No. 741.

   d.- Acta de infracción aeronáutica de fecha 01 de junio de 1998, en la que se deja constancia de que la línea aérea Aserca, presentó un retardo de 1 hora en su vuelo No. 740.

   e.- Acta de infracción aeronáutica de fecha 13 de septiembre de 1998, en la que consta que la línea aérea Aserca, presentó un retardo de 2 horas y 5 minutos en su vuelo No. 775.

   f.- Memorandos emanados de la Dirección General Sectorial de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y dirigido al Comité de Infracciones, por los cuales se le ordena al último, abrir los procedimientos administrativos correspondientes a la empresa Aeroservicios Carabobo, C.A. (ASERCA) por los retardos en los vuelos regulares números 740, 748, 775, 728 y 741, de fechas 01 de junio de 1998 y 09, 13, 27 y 27 de septiembre de 1998, respectivamente.

   g.- Telegramas y oficios de la Dirección General Sectorial de Transporte Aéreo, todos del 01 de febrero de 1999, dirigidos al representante de la sociedad mercantil accionante, a objeto de notificarle la apertura de los procedimientos administrativos debido a los retardos presentados en los vuelos regulares de esa aerolínea, identificados con los números 740, 748, 775, 728 y 741, de fechas 01 de junio de 1998 y 09, 13, 27 y 27 de septiembre de 1998, respectivamente.

   h.- Escritos de alegatos y pruebas presentados el 03 de marzo de 1999 por la abogada R.P.C., en su condición de representante legal de Aserca Airlines, C.A., en los procedimientos administrativos iniciados con ocasión de los retrasos verificados en los vuelos señalados anteriormente.

   i.- Resolución No. 186 de fecha 03 de junio de 1999, emanada de la Dirección General Sectorial de Transporte Aéreo, por la cual se le imputó a la sociedad mercantil Aserca Airlines, C.A., haber incurrido en retardo en el horario de salida del vuelo regular No. 748; en dicha providencia se le impuso sanción de multa por la cantidad equivalente a 225 unidades tributarias.

   j.- Oficio No. DGSTA/AL/O/99/186 del 03 de junio de 1999, emanado de la Dirección General Sectorial de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y dirigido al representante de Aserca Airlines, C.A., con el objeto de notificarle de la decisión contenida en la Resolución No. 186, arriba indicada.

   k.- Resolución No. 187 de fecha 03 de junio de 1999, emanada de la Dirección General Sectorial de Transporte Aéreo, por la cual se le imputó a la sociedad mercantil Aserca Airlines, C.A., haber incurrido en retardo en el horario de salida del vuelo regular No. 728; en dicha providencia se le impuso sanción de multa por la cantidad equivalente a 225 unidades tributarias.

   l.- Oficio No. DGSTA/AL/O/99/187 del 03 de junio de 1999, emanado de la Dirección General Sectorial de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y dirigido al representante de Aserca Airlines, C.A., con el objeto de notificarle de la decisión contenida en la Resolución No. 187, arriba indicada.

   m.- Resolución No. 188 de fecha 03 de junio de 1999, emanada de la Dirección General Sectorial de Transporte Aéreo, por la cual se le imputó a la sociedad mercantil Aserca Airlines, C.A., haber incurrido en retardo en el horario de salida del vuelo regular No. 741; en dicha providencia se le impuso sanción de multa por la cantidad equivalente a 225 unidades tributarias.

   n.- Oficio No. DGSTA/AL/O/99/188 del 03 de junio de 1999, emanado de la Dirección General Sectorial de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y dirigido al representante de Aserca Airlines, C.A., con el objeto de notificarle de la decisión contenida en la Resolución No. 188, arriba indicada.

   o.- Resolución No. 190 de fecha 03 de junio de 1999, emanada de la Dirección General Sectorial de Transporte Aéreo, por la cual se le imputó a la sociedad mercantil Aserca Airlines, C.A., haber incurrido en retardo en el horario de salida del vuelo regular No. 740; en dicha providencia se le impuso sanción de multa por la cantidad equivalente a 225 unidades tributarias.

   p.- Oficio No. DGSTA/AL/O/99/190 del 03 de junio de 1999, emanado de la Dirección General Sectorial de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y dirigido al representante de Aserca Airlines, C.A., con el objeto de notificarle de la decisión contenida en la Resolución No. 190, arriba indicada.

   q.- Resolución No. 191 de fecha 03 de junio de 1999, emanada de la Dirección General Sectorial de Transporte Aéreo, por la cual se le imputó a la sociedad mercantil Aserca Airlines, C.A., haber incurrido en retardo en el horario de salida del vuelo regular No. 775; en dicha providencia se le impuso sanción de multa por la cantidad equivalente a 280 unidades tributarias.

   r.- Oficio No. DGSTA/AL/O/99/191 del 03 de junio de 1999, emanado de la Dirección General Sectorial de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y dirigido al representante de Aserca Airlines, C.A., con el objeto de notificarle de la decisión contenida en la Resolución No. 191, arriba indicada.

   s.- Memorando No. DGSTA/AL/M/99/017 dirigido a la Dirección General Sectorial de Administración y Servicios, mediante el cual el Director General Sectorial de Transporte Aéreo solicita se giren las instrucciones pertinentes a la Dirección de Finanzas, a los fines de que se emitan las planillas de liquidación a cargo de Aserca Airlines, C.A., correspondientes a las Resoluciones números 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 y 191, todas de fecha 03 de junio de 1999.

   t.- Recurso de reconsideración interpuesto por la demandante contra los actos administrativos contenidos en las Resolución números 186, 187, 188, 190 y 191.

   u.- Auto de la Dirección General Sectorial de Transporte Aéreo que ordena la acumulación de los expedientes administrativos relacionados con las Resoluciones números 186, 187, 188, 189, 190 y 191, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

   v.- Resolución No. 030 dictada en fecha 08 de julio de 1999 por la Dirección General Sectorial de Transporte Aéreo, la cual resuelve el recurso de reconsideración planteado, ratificando el contenido de las Resoluciones números 186, 187, 188, 189, 190 y 191.

   w.- Oficio No. DGSTA/AL/O/99/030 del 09 de julio de 1999, mediante el cual se llevó a cabo la notificación del Presidente de la sociedad mercantil demandante del acto administrativo que decidió el recurso de reconsideración interpuesto.

   De otra parte, encontrándose dentro de la fase probatoria en sede judicial, la sociedad demandante promovió, además de algunas de las pruebas antes señaladas, las siguientes:

   a.- Copia certificada de documento constitutivo-estatutario de la sociedad mercantil Aero-Servicios Carabobo, C.A. (ASERCA), así como de las actas de asambleas extraordinarias de accionistas de dicha empresa, registradas por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en fechas 03 de abril de 1998, 03 de abril de 1998 y 10 de septiembre de 1998, bajo los números 44, 43 y 76, respectivamente, y los tomos números 29-A, 29-A y 80-A, también respectivamente.

   b.- Copia certificada de instrumento poder que acredita a la abogada R.P.C. como apoderada judicial de la sociedad mercantil Aserca Airlines, C.A.

   c.- Copia simple de Resolución No. 241 de fecha 02 de julio de 1991, emanada de la Dirección General Sectorial de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, mediante la cual se concede a la empresa Aero-Servicios Carabobo, C.A., autorización para operar un servicio aéreo regular regional nacional de transporte de pasajeros, carga y correo, según las condiciones y rutas establecidas en ella.

   d.- Resolución No. 079, dictada por el Ministerio de Infraestructura el 22 de noviembre de 1999, por la cual se declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto.

   e.- Oficio No. DM-CJ-99-795 del 08 de diciembre de 1999, emanado del Ministro de Infraestructura y dirigido al Presidente de Aero-servicios Carabobo, C.A. (Aserca Airlines, C.A.) a fin de notificarle de la decisión contenida en la Resolución No. 079 del 22 de noviembre de 1999, emanada de ese despacho.

   f.- Planillas de liquidación emitidas todas por la División de Contabilidad Fiscal adscrita a la Dirección de Finanzas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones en fecha 01 de septiembre de 1999, distinguidas con los números 1.831, 1.832, 1.833, 1.834 y 1.835.

   g.- Gaceta Oficial No. 36.432 del 14 de abril de 1998.

   h.- Gaceta Oficial No. 36.673 del 05 de abril de 1999.

   i.- Copia simple de oficio No. DF.DCF.AL.-015 del 17 de febrero de 2000, dirigido a la Directora de Relaciones Institucionales de la Empresa Aserca Airlines, C.A., mediante el cual la Directora de Finanzas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones informa que la mencionada sociedad mercantil presenta una deuda de ciento cincuenta y ocho millones novecientos veintiocho mil trescientos setenta y seis bolívares (Bs. 158.928.376,oo) por concepto de sanciones fiscales impuestas por la Dirección General Sectorial de Transporte Aéreo de ese Ministerio.

   - IV -

   MOTIVACIONES PARA DECIDIR Para decidir, se observa:

   Se contrae la presente controversia a determinar la conformidad a derecho del acto administrativo contenido en la Resolución No. 079 emitida por el Ministro de Infraestructura en fecha 22 de noviembre de 1999, conforme a los alegatos y defensas ya expuestos.

1. - En primer lugar debe pronunciarse la Sala sobre el vicio de incompetencia del funcionario público que dictó los actos administrativos culminatorios de los procedimientos administrativos, al cual hizo alusión la demandante, en virtud de una aparente tramitación por parte de la Administración, fuera del lapso de cuatro meses previsto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

   Al respecto, es importante destacar, que la competencia ha sido definida como la capacidad legal de actuación de la Administración, es decir, representa la medida de una potestad genérica que le ha sido conferida por Ley. De allí, que la competencia no se presuma sino que debe constar expresamente por imperativo de la norma legal.

   Ahora bien, el hecho de que un acto administrativo sea dictado con posterioridad al vencimiento del lapso legalmente establecido para ello, no lo vicia necesariamente de nulidad. La obligación de resolver dentro de un lapso determinado en la ley, tiene por objeto dar un tiempo prudencial para que el administrado obtenga una decisión en relación al asunto que llevó al conocimiento del ente administrativo y, por otra parte, dotarlo de la posibilidad de ejercer otros recursos cuando no se produzca el pronunciamiento requerido.

   En el caso bajo análisis, no se configura el vicio de incompetencia del funcionario para dictar un acto administrativo, el hecho de dictarlo con posterioridad al vencimiento del lapso previsto para ello. En este orden de ideas, las autoridades y funcionarios competentes para el despacho de los asuntos están obligados a cumplir con los términos y plazos establecidos en el texto legal in commento así como en otras leyes sobre la materia, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 41 eiusdem, siendo que la consecuencia de no resolver oportunamente el asunto, está dada por el artículo 4 del mismo texto legal, el cual dispone que:

   En los casos en que un órgano de la Administración Pública no resolviere un asunto o recurso dentro de los correspondientes lapsos, se considerará que ha resuelto negativamente y el interesado podrá intentar el recurso inmediato siguiente...(omissis)

   .

   De allí que en casos como el de autos, ante la demora en el cumplimiento de la obligación de resolver expresamente dentro de los lapsos establecidos, el legislador ha dispuesto mecanismos que permiten al interesado obtener una respuesta tácita denegatoria, dirigida a permitir al administrado el ejercicio del recurso correspondiente en defensa de sus derechos o intereses. Sin embargo, debe advertirse que ello no exime a la Administración del pronunciamiento expreso solicitado, lo cual constituye aplicación concreta del derecho de petición constitucional (artículo 51).

   Establecido lo anterior debe concluirse que el alegato esgrimido no configura el vicio de incompetencia y, menos aún, puede decirse que se trate de una incompetencia manifiesta, única modalidad capaz de acarrear la nulidad absoluta del acto, por configurarse cuando la actuación administrativa es desplegada en evidente contravención con la distribución de competencias que han sido asignadas dentro del ente, en otros términos, cuando se verifica la invasión de un órgano del Poder Público en la esfera de atribuciones que le es propia al órgano del cual emanó la decisión. Así se decide.

   A mayor abundamiento, examinadas las actas que conforman los expedientes administrativos, pudo verificarse que mediante oficios y telegramas, todos de fecha 01 de febrero de 1999, recibidos el 19 de febrero de 1999, se notificó a la demandante la apertura de los procedimientos administrativos por haber permitido que cinco de sus vuelos regulares presentaran retardos en sus horarios de salida; dichos procedimientos fueron resueltos en fecha 03 de junio de 1999 por acto administrativo cuya notificación se efectuó el 09 de junio de 1999. Al respecto, no es cierto, como lo apunta la accionante, que este lapso de cuatro meses comenzó a transcurrir con el levantamiento del acta de infracción, pues es la fecha de notificación de la apertura del procedimiento administrativo la que marca el inicio del referido lapso.

   Con base en lo anterior, se observa que la Administración llevó a cabo la tramitación y resolución del expediente dentro de los cuatro meses previstos en el artículo 60 del texto legal ya mencionado, dando cumplimiento al mandato contenido en esa norma.

2. - A continuación es preciso analizar lo expuesto por la accionante en su libelo, en cuanto a que le fue violado su derecho a la defensa, por no haberse pronunciado la Administración sobre todos los argumentos llevados a su consideración.

   Efectuada la pertinente revisión de los expedientes administrativos y, particularmente, de las defensas presentadas por la sociedad mercantil Aserca Airlines, C.A. en los procedimientos administrativos iniciados por la Dirección General Sectorial de Transporte Aéreo, y de las decisiones administrativas que pusieron fin a los mismos, concluye la Sala que mediante las Resoluciones números 186, 187, 188, 190 y 191, el referido despacho se pronunció en torno a todos los argumentos esgrimidos por la accionante. Asimismo, en atención a tales planteamientos, los actos administrativos que deciden los recursos de reconsideración y jerárquico abundan en razonamientos que en criterio de la Administración, le asisten para confirmar las resoluciones dictadas con motivo de los procedimientos administrativos.

   Así, dado que de las actas se colige que todas decisiones administrativas atienden a los señalamientos expuestos por la sociedad mercantil Aserca Airlines, C.A., no queda a este Tribunal más que declarar que en el caso de autos no existe la pretendida violación del derecho a la defensa de la demandante. Así se decide.

3. - Respecto a la alegada inmotivación del acto recurrido, es preciso acotar que la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece, entre los requisitos formales del acto administrativo, la necesidad de su motivación, entendida ésta como la obligación legal que tiene el autor del acto administrativo de expresar de manera sucinta los hechos y el derecho que dieron lugar a la emisión del acto.

   Sobre este aspecto se ha pronunciado la Sala en diferentes oportunidades, aclarando que toda providencia administrativa resulta motivada cuando contiene –aunque no todos– los principales elementos de hecho y de derecho, esto es, cuando contemple el asunto debatido y su principal fundamentación legal, de modo que el interesado pueda conocer el razonamiento de la Administración y lo que la llevó a tomar la decisión.

   En el caso sub júdice, considera la Sala que la resolución impugnada contiene una relación suficiente tanto de los fundamentos legales del acto como de los hechos constitutivos de la infracción imputada; igualmente, se evidencia de autos un completo conocimiento por parte del destinatario de los motivos del proceder de la Administración, por lo cual forzosamente debe desestimarse el argumento relativo a la falta de motivación del acto. Así se decide.

4. - En lo atinente a la denuncia de la parte demandante, referida al hecho de que las actas de infracción aeronáutica que dieron lugar a los procedimientos administrativos no cumplen con los requisitos exigidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y que por tanto se trata de certificaciones de mera relación, cuya emisión se encuentra prohibida en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Administración Central, se observa:

   a.- Pudo apreciarse en las actas de infracción aeronáutica, que todas dejan constancia de retardos en el horario de salida de cinco vuelos regulares de Aserca Airlines, C.A., así como de los funcionarios que las emitieron, los cuales se encontraban adscritos al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, indicándose en relación a ellos, el cargo que ocupaban en la Dirección General Sectorial de T.T..

   En lo que respecta al sello de la oficina de la cual emanan las actas, éste se encuentra plasmado en cuatro de dichas actas, evidenciándose que las mismas fueron levantadas por funcionarios de la mencionada Dirección; y es sólo el acta de infracción aeronáutica que sirvió de fundamento al procedimiento administrativo cuya resolución final fue la número 190 de fecha 03 de junio de 1999, la que adolece de sello húmedo de la Dirección General de T.T..

   En el presente caso, la sola ausencia del sello, requisito contemplado en el numeral 8 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, configura un vicio totalmente inocuo, de los llamados vicios intrascendentes. En este sentido, la falta en cuestión no puede aparejar la nulidad del acta en los términos solicitados por la demandante, por tratarse de un acto de mero trámite cuyo fin es el de servir instrumento a la Administración para dar inicio a una averiguación administrativa que no impidió, en sede administrativa, el ejercicio oportuno del derecho a la defensa por parte de la actora. Al respecto, se pronunció esta Sala en sentencia No. 01844 dictada el 10 de agosto de 2000 en el expediente No. 14.950, (caso: Rhône Poulenc Rorer de Venezuela S.A. contra la Resolución Nº 00014, del 29 de junio de 1998, dictada por el Director General del Ministerio de Hacienda, ahora Ministerio de Finanzas), en la cual expresó:

   Se sostiene, finalmente, que la Administración omitió determinadas formalidades y menciona la recurrente, en particular, que no consta en el acto “el lugar en el que se dictó”; ni el sello de la oficina respectiva; como tampoco los recursos que procedían contra el mismo. (...) Observa la Sala que si bien tales omisiones resultan evidentes de la revisión del acto, éstas no causaron indefensión grave a la demandante, quien, haciendo uso de los recursos legalmente establecidos, ejerció oportunamente su derecho a la defensa. Se reitera que actos como el presente sólo se anulan cuando han incumplido formas sustanciales que inciden en la decisión final o producen indefensión, afectando de manera real y cierta algún derecho del administrado.” (destacado de la Sala).

   En virtud de lo antes transcrito, resulta improcedente la solicitud de declaratoria de nulidad planteada con fundamento en el alegato examinado y así se declara.

   b.- Aduce también la demandante, que las actas de infracción aeronáutica constituyen certificaciones de mera relación, cuya expedición se encuentra prohibida de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Administración Central publicada en Gaceta Oficial No. 36.850 de fecha 14 de diciembre de 1999, entonces vigente.

   La norma en referencia establece que:

   Se prohibe la expedición de certificaciones de mera relación, es decir, aquellas que sólo tengan por objeto hacer constar el testimonio u opinión del funcionario declarante sobre algún hecho o dato de su conocimiento de los contenidos en los expedientes archivados o en curso, o de aquellos asuntos que hubiere presenciado por motivo de sus funciones.

   Sin embargo, podrán expedirse certificados sobre datos de carácter estadístico, no reservados, que consten en expedientes o registros oficiales que no hayan sido publicados y siempre que no exista prohibición expresa al respecto.

   Pues bien, del texto de las actas bajo análisis no puede afirmarse que los funcionarios actuantes hubiesen emitido una opinión, así como tampoco un testimonio de un asunto presenciado en ejercicio de sus funciones, únicos supuestos previstos en el artículo transcrito en el cual podrían subsumirse las declaraciones contenidas en dichos documentos. En efecto, en criterio de esta Sala, instrumentos escritos como éstos no constituyen certificaciones de mera relación, pues en primer término, no proceden únicamente de la Administración, sino que con ella, concurre también la de un empleado de Aserca Airlines, C.A., con la finalidad de dejar constancia de un hecho (retraso en la salida de algunos vuelos de la aerolínea) advertido por ambos.

   De otro lado, estudiadas como han sido estas actas, cabe observar que no contienen elementos de juicio en torno a los hechos expuestos, que puedan formar la convicción de la Sala de que se está en presencia de opiniones emanadas de los funcionarios al servicio del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

   Igualmente, es preciso indicar que de las circunstancias plasmadas en las actas de infracción aeronáutica no se derivan de manera inmediata en los documentos en referencia, decisiones administrativas constitutivas de derechos u obligaciones, y es lo cierto que su contenido puede o no corresponder con la verdad de los hechos, asunto que deberá ser dilucidado en atención a los elementos aportados por el particular en el transcurso de la averiguación administrativa.

   Adicionalmente, conviene aclarar que dichos actos no pueden ser considerados sino como preparatorios de la voluntad administrativa, al proporcionar con anterioridad a la apertura de las respectivas averiguaciones, información objetiva sobre hechos vinculados al desenvolvimiento de la actividad llevada a cabo por las empresas aeronáuticas, la cual se integrará posteriormente a los procedimientos y, junto con las demás actas que en éstos se produzcan, permitirá a la Administración formarse una opinión jurídica de la cual derive su decisión.

   Como consecuencia de lo expuesto, se desestima la denuncia que formulara la parte actora, quien fundamentó su alegato en la errónea creencia de que las actas de infracción aeronáutica constituyen certificaciones de mera relación, expresamente prohibidas por mandato legal. Así se decide.

5. - Forma igualmente parte de la reclamación de la empresa accionante, la supuesta violación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que consagra el principio de proporcionalidad, según el cual las medidas adoptadas por el ente administrativo deben ser proporcionales con el supuesto de hecho de que se trate. En este sentido, el referido principio constituye una exigencia para la Administración, cuando para fijar una sanción entre dos límites mínimo y máximo, deberá apreciar previamente la situación fáctica y atender al fin perseguido por la norma.

   Dado que este argumento fue esgrimido por la accionante apoyándose en la ocurrencia de un hecho imprevisible que generó el retardo de varios vuelos regulares de la aerolínea, lo cual no fue debidamente probado en su oportunidad, y visto igualmente que a ésta le fueron impuestas sanciones por las cantidades equivalentes a 225, 225, 225, 225 y 280 unidades tributarias, es obvio que la Administración tuvo en cuenta la proporcionalidad de la multa con los hechos de los cuales derivó la sanción, atendiendo a los límites que de dicha multa establece el artículo 70 de la Ley de Aviación Civil. Por tanto, se desestima la denuncia formulada y así se decide.

6. - Finalmente, la Sala debe pronunciarse sobre la multa establecida en la resolución impugnada que, a juicio de la querellante, hace referencia a un número de unidades tributarias, sin señalar cuál es el monto en bolívares de cada unidad tributaria aplicable a cada caso.

   Al respecto se observa que la Resolución No. 079, mediante la cual se ratificaron las multas, fue dictada el 22 de noviembre de 1999. Es esta fecha, la que debe tomarse en cuenta a los fines de determinar el valor de la unidad tributaria en base al cual se hará efectivo el pago, pues fue en ese momento cuando la Administración determinó que la demandante había cometido una infracción, al haber vulnerado las normas de la Ley de Aviación Civil y resultaba procedente la imposición de una sanción. Para ese año, según Resolución No. 088 del 29 de marzo de 1999, suscrita por el Superintendente Nacional Tributario, publicada en la Gaceta Oficial No. 36.673, del 05 de abril de 1999, se fijó el valor de la unidad tributaria en nueve mil seiscientos bolívares. De esta manera, a los efectos del cumplimiento de la sanción, la demandante deberá pagar la multa impuesta acudiendo al valor de la unidad tributaria establecido para el momento en que la Administración decidió que la misma le era aplicable, el cual es, como ya se dijo, de nueve mil seiscientos bolívares (Bs. 9.600,oo). Así se decide.

   - V - DECISIÓN Por los razonamientos expuestos, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de nulidad interpuesto por la apoderada judicial de la sociedad mercantil ASERCA AIRLINES, C.A., antes identificada, contra la Resolución No. 079, de fecha 22 de noviembre de 1999, emanada del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, que declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución No. 030, emanada del Director General Sectorial de Transporte Aéreo en fecha 08 de julio de 1999, por la cual se ratificó el contenido de las Resoluciones números 186, 187, 188, 190 y 191, todas del 03 de junio de 1999.

   Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente judicial y devuélvase el administrativo. Cúmplase lo ordenado.

   Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los seis (06) días del mes de junio de 2002. Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.

   El Presidente Ponente,

   L.I. ZERPA El Vicepresidente,

   HADEL MOSTAFA PAOLINI Y.J. GUERRERO Magistrada

   La Secretaria,

   A.M.C. Exp. Nº 0257

   LIZ/rrp.-

   En once (11) de junio del año dos mil dos, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00799.