Atornillados en la represión

G ente cruzando el Guaire para huir de las bombas, casi dos centenares de heridos, guardias disparando lacrimógenas contra edificios, detenciones que superan el millar, acoso de grupos armados a ciudadanos que reclaman derechos en las calles, destrozos, muertos que ya superan la veintena. Lo que ocurrió en 2014 durante casi cuatro meses de manifestaciones intensas y otros tres más de conflictos esporádicos se ha repetido de manera amplificada en apenas tres semanas del mes de abril, que arranco con protestas en rechazo al despojo total que hizo el Tribunal Supremo de Justicia de las competencias de la Asamblea Nacional.La calle vuelve a ser escenario de lucha para la oposición.Los problemas que preocupaban a los venezolanos como la inseguridad, escasez e inflación, que hace tres años los motivó a exigir la salida del presidente Nicolás Maduro, no solo se mantienen, sino que se agravaron. Y a ellos se suma el reclamo por las violaciones evidentes de los derechos humanos: la exigencia de elecciones generales, la restauración de la institucionalidad, la liberación de un centenar de presos políticos y la apertura del canal humanitario para la entrada de alimentos y medicinas son las principales demandas en 2017. Pero al aumento de la conflictividad y del rechazo a la gestión de Nicolás Maduro, le ha venido una respuesta del Estado más severa. El gobierno ha apretado con más fuerza el alicate de la represión.Definitivamente ha habido un incremento en el uso y abuso de las fuerzas militares no solo en las manifestaciones sino al momento de las detenciones. Antes no se veía la misma vehemencia que se aprecia ahora. Igual ocurre con los grupos armados paramilitares, claro que ya se había hecho uso de ellos, pero ya han dejado bien claro que estos grupos actúan de la mano con cuerpos de seguridad, señala el director del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob.En el 2015, con la publicación de la resolución N° 8610 sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público en reuniones públicas y manifestaciones, se abrió la puerta de la violencia que se ha visto las últimas semanas. Esta norma del Ministerio de la Defensa fue rechazada por las organizaciones de derechos humanos y prometió ser revisada por el defensor del pueblo, Tarek William Saab --a cuyo despacho han intentado llegar sin éxito las últimas siete marchas de la oposición.Amparado en la norma, el gobierno ha puesto un cerco con tra el derecho a...

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