Sentencia nº 1370 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 21 de Octubre de 2009

Del escrito contentivo de la solicitud y de las actas que rielan al expediente, se constatan como hechos previos a la presente acción de amparo constitucional, los siguientes:

Que el ciudadano R.M.M.C. demandó a AGROPECUARIA KRISMA C.A., por cobro de sus prestaciones sociales y otros conceptos laborales.

Que, la referida demanda fue declarada con lugar, remitiéndose el expediente para su ejecución al Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

Que, una vez concedido el lapso para el cumplimiento voluntario sin que la demandada cumpliera con su obligación, se ordenó la ejecución forzosa.

Que, el 22 de febrero de 2007, dado el incumplimiento voluntario de la sentencia, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara acordó fijar día y la hora para la práctica la medida de embargo.

Que, el 13 de marzo de 2007, AGROPECUARIA KRISMA C.A., consignó ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD Civil) la suma de Bs. 2.930.225 (BsF. 2.930,22), en cheque de gerencia del Banco Provincial a nombre del ciudadano Rafael M.M..

Que 2 de abril de 2007, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara se constituyó en la sede de AGROPECUARIA KRISMA C.A., a los fines de ejecutar la medida de embargo solicitada, dado el pago parcial de lo adeudado.

Que, en dicho acto el gerente de la sociedad mercantil demandada, ciudadano E.G., se comprometió a comparecer al día siguiente a la sede del Tribunal de la causa “…para dar cumplimiento al mandamiento de ejecución, así como a cancelar los gastos generados por el traslado al (sic) perito y depositario judicial y al experto designado en [esa] causa”.

Que, el 3 de abril de 2007, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, luego de esperar durante dos horas a la representación judicial de AGROPECUARIA KRISMA C.A., dejó constancia de la asistencia de la parte actora, ciudadano R.M.M.C., sus apoderados judiciales, los expertos designados, y procedió de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo a sancionar con una multa equivalente a treinta y cinco (35) unidades tributarias a la referida sociedad mercantil por “…obstaculizar de manera reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, en este caso, impidiendo que el Tribunal una vez trasladado a la sede de la empresa, no practicara la medida de embargo acordada mediante mandamiento de ejecución en virtud del compromiso contraído…”.

Que, en esa misma oportunidad la apoderada judicial de AGROPECUARIA KRISMA C.A., presentó escrito adjunto al cual consignó cheque de gerencia núm. 00023604 del Banco Mercantil por la suma de Bs. 2.930.233, (ahora BsF. 2.930,23) con el resto de la cantidad adeudada por prestaciones sociales y otros conceptos laborales al ciudadano R.M.M.C., así como el compromiso de pago en la sede de la demandada tanto al experto designado por el Tribunal como a la Depositaria Judicial Comproven 2000, C.A.

El 12 de abril de 2007, la abogada A.P., con el carácter de “apoderada” de AGROPECUARIA KRISMA C.A., interpuso escrito de amparo constitucional contra “…la conducta de la Juez Segundo de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Lara…”.

Que, el 20 de abril de 2007, el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, declaró inadmisible el amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto consideró el sentenciador que “…el querellante pudo ejercer el recurso de apelación en contra del auto del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción que considera lesivo a sus derechos constitucionales y por dicha vía ha podido dilucidarse lo que considera afecta a su esfera de derechos constitucionales…”.

El 23 de abril de 2007, la abogada A.P. actuando como “apoderada” de AGROPECUARIA KRISMA C.A., apeló de la anterior decisión.

II

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La abogada A.P., quien dice actuar con el carácter de “apoderada” de AGROPECUARIA KRISMA C.A., fundamentó el amparo constitucional con base en los alegatos de hecho y de derecho, que a continuación se exponen:

Que AGROPECUARIA KRISMA C.A., “…es objeto de la ejecución de una sentencia laboral, que quedó firme, para cuya ejecución fue comisionado el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo del Estado Lara (…)”.

Que “[e]l tribunal ordenó la ejecución, pero para hacer efectiva la misma da comisión o exhorto a otro Tribunal, éste no ejecuta por considerar que no es competente (…)”.

Con ocasión a ello, el abogado ejecutante se quejó, y en consecuencia, “…la Juez, dice que va a fijar día y hora para practicar medida, a tal fin dicta auto el día 22-02-07, folio 131 del expediente KPO2-L-2005-000576, con la particularidad, de que dicho auto, no fija dia (sic) y hora, oportunidad como lo dice el artículo 180 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Cuarto día, después de que la sentencia haya quedado firme (…)”.

Que “[m]ientras todo lo anterior ocurría, [su] representada consignó la mitad de lo adeudado, no el total, por tener problemas en el flujo de dinero, este depósito fue aceptado por el Tribunal”.

Que “[c]on el pago parcial demostraba la ejecutada su intención de cumplir con la sentencia. Era y es totalmente lógico, que el Tribunal, la parte ejecutante, podía pedir el cumplimiento del faltante (…)”.

Que “…el día 02-04-07 a las dos de la tarde el Tribunal se constituye en el sitio donde funciona la empresa, dice que va a practicar medida de embargo, reconoce en el acta que se canceló la mitad, que se adeuda la otra mitad, de la suma ordenada pagar en la sentencia, más las costas de ejecución (…)”.

Que adquirieron un cheque de gerencia para pagar lo adeudado, procediendo a “…consignar[lo] a través de U.R.D.D., pues surgieron desaveniencias (sic) con la Juez (…)”.

Que “…al ser presentado el cheque [les] dicen, que el mismo no puede ser recibido, puesto que (…) el expediente KP02-L-2005-576 no se encuentra disponible informáticamente” dado “…que estaba siendo trabajado, por la Juez (…)”.

Que “[se] dirigi[eron] por ante las Oficinas del juris, que (…) alli (sic) se [les] informo (sic) que; [s]ólo por minutos, po[día] permanecer un expediente fuera del sistema, no debe negarse la recepción de alguna actuación, se debe hacer manualmente, que era totalmente irregular la situación planteada, que denunciar[on] el caso”.

Que “[d]enuncia[ron] a la Juez Segunda de Ejecución del Trabajo por ante el Juez Rector”.

Que “[a]proximadamente a las dos y cuarenta de la tarde [les] fue recibido el escrito”.

Que “[e]l día 03-04-07 termina[ron] de cancelar lo adeudado (…)”.

Que “[l]a ciudadana Juez, parece, había convocado al Experto, al depositario, y al demandante y sus abogados, como si hubiera fijado una audiencia conciliatoria para las diez de la mañana, y ese día según acta o auto de fecha 03-04-07, dice que concedió un lapso de dos horas, quince minutos, de espera, y que siendo las doce y quince minutos deja constancia de quiénes se encuentran presentes. Los arriba mencionados, allí (sic) el demandado y que solicita que se sancione a la demandada, por su incumplimiento”.

Que “...si se fija una hora para que un demandado ejecutado, consigne una suma adeudada, y no cumple, ESO NO ES DELITO, ni OFENSA”.

Que “…en Venezuela, no hay prisión por deudas (…)”.

Que “(…) [l]a Ciudadano (sic) Juez, sostiene que ese simple incumplimiento, es: UNA BURLA Y FALTA DE RESPETO A LA MAJESTAD DE ESTE TRIBUNAL Y A LAS PARTES que da lugar a imponer a la demandada lo establecido en el Parágrafo Segundo del articulo (sic) 48 ejusdem”.

Que “…son innumerables las veces, que se nos ha ofrecido pagar, en el Tribunal y fuera del mismo, y no nos han cumplido; sin embargo, nunca hemos visto a un Juez multar al deudor, por ese hecho”.

Que “[l]a multa le es impuesta a la empresa Agropecuaria Krisma C.A., desconocemos cómo se hace efectivo, el arresto con el cual se le impulsa al cumplimiento. Cuando se establece la sanción a la Compañía, (sic) se advierte a: ‘la parte, a sus apoderados o terceros que de no pagar la multa en el lapso establecido de tres (3) días, sufrirá un arresto domiciliario de hasta ocho (8) días a criterio del Juez. ‘La sancionada es la compañía (sic), como tal, persona jurídica, pero advierte a los apoderados y terceros de que le pueden aplicar a éllos (sic) la sanción. Es decir [ella] como apoderada de la compañía, que actuó en el juicio, pued[e] ser objeto del arresto (…)”.

Denunciaron como violados los derecho a la defensa, a ser oído y el acceso a la justicia.

Finalmente, solicitaron la reparación de la situación jurídica infringida y la admisión la acción de amparo constitucional interpuesta.

III

DE LA SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El 20 de abril de 2007, el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, declaró inadmisible el amparo constitucional interpuesto, sobre la base de la siguiente motivación:

(…)

Manifiesta el querellante que a la empresa que representa le es impuesta multa y se advierte ‘la parte, a sus apoderados o terceros que no pagar la multa en el lapso establecido de tres (3) días, sufrirá un arresto domiciliario de hasta ocho (8) días a criterio del Juez’, aduce que la sancionada es la compañía, pero se advierte a los apoderados o terceros de que les pueden aplicar a ellos la sanción.

Finalmente el querellante alega que en (sic) Tribunal al fijar la oportunidad para practicar la medida no fija día y hora y se presenta un día a practicar el embargo, lo que a su decir, el acto de constitución del Tribunal es nulo y por consiguiente no puede producir efectos siendo igualmente nulo el auto de fecha 03 de abril de 2007.

En tal sentido es oportuno recordar que ha sido criterio pacífico y diuturno del Tribunal Supremo de Justicia el considerar impertinente el empleo de la acción de amparo para el logro del propósito que puede ser alcanzado mediante la implementación de otros recursos procesales, por cuanto tal proceder implica la subversión del orden legal establecido y la consecuente esterilidad del resto de herramientas procedimentales previstas en la ley para tales efectos.

En efecto, el carácter extraordinario de la acción de amparo constitucional, impide el ejercicio de esta vía procesal breve y sumaria, cuando existen mecanismos judiciales idóneos que permitan una eficaz protección de los derechos y garantías denunciados como violados.

Bajo esta perspectiva, resulta claro que el amparo no puede ser concebido como la única herramienta capaz de ofrecer al justiciable la garantía de un proceso restablecedor de su esfera jurídica cuando ésta haya sido lesionada o se vea amenazada, habida consideración de que los particulares disponen de una serie de recursos previstos legalmente que pueden ser invocados por los particulares para la protección de sus derechos e intereses, de allí que la existencia de otro medio procesal para la defensa de las garantías constitucionales controvertidas haya (sic) sido admitida (sic) reiteradamente como causal de inadmisibilidad de la acción de amparo.

De modo reiterado y pacifico (sic) la Sala de Casación Constitucional (sic) ha establecido que ‘El amparo es, por naturaleza, un remedio judicial al que sólo se pude (sic) acudir ante la ausencia o ineficacia de los medios procesales ordinarios, puesto que estos son, en principio, idóneos para la protección de los derechos de los particulares, inclusive los de rango constitucional’, de tal modo quedó asentado en sentencia de fecha 28 de agosto de 2001, expediente Nro. 01-1883.

En éste mismo sentido, la Sala Constitucional en sentencia N° 230, de fecha 20 de febrero 2004, estableció los casos en que puede ser ejercida la acción de amparo contra sentencia, de la siguiente manera:

A) Una vez que la vía judicial ordinaria haya sido instada y que respecto de la decisión recaída en dicho juicio hayan sido agotados los medios recursivos procedentes (siempre y cuando la invocación formal del derecho fundamental presuntamente vulnerado, en la vía o a través del medio correspondiente, no haya sido satisfecha): el llamado amparo contra sentencia; o

B) Ante la evidencia de que el uso de las vías judiciales o los recursos procesales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de la urgencia de la restitución, no diera satisfacción a la pretensión deducida; correspondiente a las demás modalidades; actos, actuaciones u omisiones de particulares o de entes públicos, contra normas, etc.

Ahora bien, al entrar en consideración de la idoneidad del medio procedente, muestra las excepciones al agotamiento recursivo previo, a lo cual, deja sentado que puede proponerse inmediatamente la acción de amparo, sin que hayan sido agotados los medios recursos adjetivos disponibles, cuando se desprendan de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión, que el uso de los medios procesales ordinarios que rodean la pretensión, resulta ‘insuficiente’ al restablecimiento del disfrute del bien jurídico lesionado.

Entre las circunstancia (sic) que pueden presentarse invoca las siguientes: por ejemplo, la pretensión exceda del ámbito intersubjetivo para afectar gravemente al interés general o el orden público constitucional; en caso de que el recurrente pueda sufrir una desventaja inevitable o la lesión devenga irreparable por la circunstancia de utilizar y agotar la vía judicial previa (lo que no puede enlazarse al hecho de que tal vía sea costosa o menos expedita que el procedimiento de amparo); cuando no exista vía de impugnación contra le (sic) hecho lesivo, o ésta sea de imposible acceso, cuando el peligro provenga de la propia oscuridad o complejidad del ordenamiento procesal; cuando el no agotamiento o ineptitud fueren producto de un error en la decisión objeto de la apelación o ante dilaciones indebidas por parte de los órganos judiciales tanto en vía de acción principal como en vía de recurso.

La más calificada y reciente jurisprudencia ha establecido de manera indubitable a la luz del carácter vinculante de la Constitución, que todos los órganos judiciales devienen tutores de los derechos fundamentales, esto es, les corresponde ejercer sus atribuciones en orden a un goce efectivo por las personas de los bienes que la comunidad política ha elevado a rango constitucional.

Lo anterior, obliga a que deba analizarse el alcance del carácter residual y excepcional característico de la acción de amparo y en este sentido, resulta conveniente señalar que para considerar inadmisible dicho recurso no basta con que existan otras vías procedimentales sino que además se requiere que éstas sean idóneas para proteger la garantía constitucional de que se trate y capaz de resarcir el agravio, tomando en cuenta que en el supuesto de que dichos recursos sean inoperantes, el juez constitucional deberá admitir la acción de amparo interpuesta.

Ahora bien, corresponde entonces al querellante la carga de alegar y probar o bien la inexistencia de mecanismos procesales alternos o bien la ineficacia o insuficiencia de los existentes para reparar la situación jurídica infringida, no obstante, en el caso subjudice el querellante no ha aportado ningún elemento probatorio tendente a demostrar tal ineficacia, por consiguiente, no se encuentra habilitada la vía para el empleo del recurso (sic) extraordinario de Amparo. Así se establece.

En el caso de marras, se desprende como principal hecho lesivo la imposición de la multa realizada por el Tribunal presuntamente agraviante, en tal sentido, conviene indicar que efectivamente existe un procedimiento a los fines de la imposición de sanciones, en tal sentido, criterio sostenido por la Sala Constitucional en sentencia Nro. 1212 de fecha 23 de junio de 2004, en el caso C.P., dispuso:

1. El ejercicio de la potestad disciplinaria que a los jueces otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial, debe forzosamente garantizar, entre otros, los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia, a ser oído, al juez natural, a la legalidad de la pena, y al non bis in idem, en los términos en que los establece el artículo 49 del Texto Fundamental.

2. En ausencia de un procedimiento especial que prevea la norma legal, el ejercicio de la postead (sic) disciplinaria de los jueces se tramitará de conformidad con el procedimiento que establece el artículo 607, Titulo III, Libro Tercero, del Código de Procedimiento Civil (…)

No obstante, ante la ilegalidad de cualquier actuación por un órgano jurisdiccional, debe el justiciable agotar la vía recursiva ordinaria, en el caso de autos, el querellante pudo ejercer el recurso de apelación en contra del auto del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Esta (sic) Circunscripción que considera lesivo a sus derechos constitucionales y por dicha vía ha podido dilucidarse lo que considera afecta a su esfera de derechos constitucionales.

Por lo que este Juzgado Superior Primero debe concluir que tal circunstancia atenta contra el carácter subsidiario del amparo, todo ello, en perjuicio de los (sic) dispuesto en el artículo 6, ordinal 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por lo que, consecuencialmente, este Juzgado debe declarar inadmisible la presente acción de amparo constitucional interpuesta. Así se determina (…)

IV

DE LA COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la apelación ejercida, para lo cual, previamente, debe establecer su competencia para conocer de la misma. A tal efecto se observa que, conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala es competente para conocer de las apelaciones de los fallos de los Tribunales Superiores que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo, salvo en la materia contencioso administrativa, ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de las apelaciones se rige tanto por las normativas especiales como por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala (vid. caso: E.M.M., del 20 de enero de 2000, y caso: Yoslena Chanchamire Bastardo, del 8 de diciembre de 2000).

Ahora bien, en esta oportunidad se interpuso acción de amparo constitucional contra la decisión dictada por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, actuando como primera instancia constitucional. En consecuencia, congruente con las disposiciones constitucionales y legales antes citadas, y con el aludido criterio reiterado, esta Sala Constitucional resulta competente para conocer y resolver la mencionada acción de amparo. Así se declara.

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Establecido lo anterior de seguidas esta Sala procede a decidir la apelación. A tal efecto, observa lo siguiente:

En el caso de autos, la acción de amparo constitucional fue interpuesta contra “…la actitud de la Ciudadana Juez, [del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara] Constitución ilegal, tanto del acto del presunto embargo, como el presunto acto o auto de fecha 03-04-07, y la ilegal multa impuesta…”

Por su parte, el 20 de abril de 2007, el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara declaró inadmisible el amparo ejercido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en virtud de que el recurrente tenía a su disposición el recurso de apelación contra el auto dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara el 3 de abril de 2007.

Así, la decisión accionada en amparo, dictada con ocasión de la demanda por cobro de prestaciones sociales incoada por el ciudadano R.M.M.C. contra Agropecuaria Krisma, C.A., señaló lo siguiente:

(…) Con vista al incumplimiento por parte de la empresa AGROPECUARIA KRISMA C.A, de lo acordado mediante acta del día de ayer 02-04-2007, en el cual el ciudadano E.G. en su carácter de Gerente de la empresa, se comprometió con la ciudadana Jueza a comparecer por ante este Tribunal a las 10:00 a.m. para dar cumplimiento al mandamiento de ejecución, así como a cancelar los gastos generados por el traslado al perito y depositario judicial y al experto designado en esta causa. Ante tal incumplimiento, considera quien juzga que la empresa AGROPECUARIA KRISMA C.A, se encuentra incursa en lo previsto en el Artículo 48 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, parágrafo Primero y Ordinal 3°…En este sentido e incursa como se encuentra la demandada AGROPECUARIA KRISMA C.A en los supuestos anteriores, con su actuación de obstaculizar de una manera reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, en este caso, impidiendo que el Tribunal una vez trasladado a la sede de la empresa, no practicara la medida de embargo acordada mediante mandamiento de ejecución en virtud del compromiso contraído, dicha actuación se considera como una burla y falta de respecto (sic) a la majestad de este Tribunal y a las partes que da lugar a imponerle a la demandada lo establecido en el Parágrafo Segundo del Artículo 48 eiusdem, es decir, se impone una multa equivalente a treinta y cinco (35) unidades tributarias, la cual deberá pagar en un lapso de tres (03) días hábiles a la presente fecha en cualquier OFICINA RECEPTORA DE FONDOS NACIONALES, advirtiéndole a la parte, a sus apoderados o terceros que de no pagar la multa en el lapso establecido sufrirá un arresto domiciliario de hasta ocho (08) días a criterio del Juez. En toda caso, el multado podrá hacer cesar el arresto haciendo el pago correspondiente (…)

Mayúsculas y negritas propias del texto transcrito.

Ahora bien, de las actas que conforman el expediente objeto de estudio, específicamente del escrito contentivo de la acción, se evidencia que la misma fue interpuesta por la abogada A.P., quien, además de actuar en su nombre, aseveró intervenir como apoderada judicial de “Sociedad Mercantil Krisma, C.A.”, sin que conste en autos algún instrumento que acredite tal representación.

En este sentido, la Sala en sentencia 821/2008 (caso: “sociedad mercantil MAYRECA, C.A”), al constatar que el abogado actor no consignó el poder que lo acreditaba para actuar en representación del accionante en amparo, sostuvo lo siguiente:

[a]hora bien, esta Sala observa que la pretensión de amparo interpuesta fue presentada ante esta Sala Constitucional por el abogado Quiro R.A., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el N° 29.265, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Mayreca, C.A.

Al respecto, esta Sala estima necesario aclarar que para la interposición de la pretensión de amparo la accionante debe inexorablemente estar asistida o debidamente representada por un abogado debiendo ello constar en el escrito que la contiene y ser consignado en el expediente el documento poder debidamente otorgado que acredite la representación ante este M.T., con el fin de verificar dicho carácter.

(omissis)

En este sentido, es pertinente señalar que la Sala no puede suplir la carga que corresponde única y exclusivamente a quien pretende del órgano jurisdiccional el acto de administración de justicia, máxime cuando ello es requerido para determinar la admisibilidad de la pretensión de amparo constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia aparte quinto que señala lo que sigue:

Se declarará inadmisible la demanda, solicitud o recurso cuando así lo disponga la ley; o si el conocimiento de la acción o recurso compete a otro tribunal; o si fuere evidente la caducidad o prescripción de la acción o recurso intentado; o cuando se acumulen acciones o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles; o cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o recurso es admisible; o cuando no se haya cumplido el procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría general de la República; o si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos; o es de tal modo ininteligible que resulte imposible su tramitación; o cuando sea manifiesta la falta de representación o legitimidad que se atribuya al demandante, recurrente o accionante; o en la cosa juzgada

(Resaltado propio del texto trascrito).

Asimismo, la doctrina jurisprudencial de la Sala establecida en esta materia ha quedado expresada en sentencia N° 1364 del 27 de junio de 2005, (caso: R.E.G.B.); ratificada, entre otras, en sentencias: N° 2603 del 12 de agosto de 2005 (caso: G.C.B.); N° 152 del 2 de febrero de 2006 (caso: S.M.L.O.); N° 1316 del 3 de junio de 2006 (caso: Inversiones Inmobiliarias S.A.); y N° 1894 del 27 de octubre de 2006 (caso: Cleveland Indians Baseball Company), en las que se señaló que:

[p]ara la interposición de un amparo constitucional, cualquier persona que considere haber sido víctima de lesiones constitucionales, que reúna las condiciones necesarias para actuar en juicio, puede ser parte actora en un proceso de ese tipo. Sin embargo, al igual que para cualquier otro proceso, si ese justiciable, por más capacidad procesal que posea, no puede o no quiere por su propia cuenta postular pretensiones en un proceso, el ius postulandi o derecho de hacer peticiones en juicio, deberá ser ejercido por un abogado que detente el derecho de representación, en virtud de un mandato o poder auténtico y suficiente.

Así las cosas, para lograr el ‘andamiento’ de la acción de amparo constitucional, será necesario por parte del abogado que no se encuentre asistiendo al supuesto agraviado, demostrar su representación de manera suficiente; de lo contrario, la ausencia de tan indispensable presupuesto procesal deberá ser controlada de oficio por el juez de la causa mediante la declaratoria de inadmisibilidad de la acción (…)

.

Siendo ello así, la Sala estima que al no haberse presentado poder que acredite a la abogada A.P. la facultad para intentar acciones de amparo constitucional en nombre de la SOCIEDAD MERCANTIL KRISMA, C.A.; y además, al no haberse consignado documento alguno que acredite que esa sociedad es efectivamente la parte demandada en el juicio que por cobro de prestaciones sociales interpuso el ciudadano R.M.M.C. en contra de AGROPECUARIA KRISMA C.A., resulta manifiesta la falta de representación de la abogada A.P.; situación que debió ser advertida por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial Laboral del Estado Lara para determinar la inadmisibilidad de la acción de amparo, por lo que la acción de amparo interpuesta por la mencionada abogada con el supuesto carácter de apoderada judicial de SOCIEDAD MERCANTIL KRISMA, C.A., es inadmisible por falta de representación. Así se decide.

Por otra parte, respecto de la acción ejercida por la aludida abogada en nombre propio, la Sala advierte que la sentencia accionada en amparo le advirtió “…a la parte [Agropecuaria Krisma C.A.], a sus apoderados o terceros que de no pagar la multa en el lapso establecido, sufriría un arresto domiciliario de hasta ocho (08) días…” (corchetes y resaltado añadido), de modo que al no acreditar la abogada A.P. el carácter de apoderada judicial de AGROPECUARIA KRISMA C.A. mal puede la Sala valorar si la accionante es, efectivamente, potencial destinataria de la medida de arresto cuestionada mediante amparo, de modo que en tales términos la acción de amparo interpuesta por la abogada A.P. en nombre propio es inadmisible por falta de legitimidad, lo cual implica la inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto con base en los mismos fundamentos. Así se decide.

En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el aparte quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aplicable al procedimiento de amparo constitucional tal como lo dispone el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala declara inadmisible la apelación interpuesta por la abogada A.P.; modifica en los términos expuestos en la presente decisión el fallo dictado por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara el 20 de abril de 2007, que declaró la inadmisibilidad de la acción de amparo con base en lo dispuesto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; y declara inadmisible por falta de representación y de legitimidad la acción de amparo constitucional incoada por la abogada A.P. en contra de “…la actitud de la Ciudadana Juez, [del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara] Constitución ilegal, tanto del acto del presunto embargo, como el presunto acto o auto de fecha 03-04-07, y la ilegal multa impuesta…”. Así se decide.

No obstante, declarado lo anterior esta Sala estima pertinente precisar que el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, desestimó el amparo propuesto por al hoy recurrente teniendo como fundamento de dicha decisión que “…el querellante pudo ejercer el recurso de apelación en contra del auto…” que impuso la decisión disciplinaria.

En este sentido, debe señalarse que las decisiones dictadas por los jueces en materia laboral, en función judicial que impongan sanciones a las partes, sus apoderados o los terceros, con motivo de las conductas contrarias a la falta de lealtad y probidad en el proceso, las contrarias a la ética procesional, la colusión o el fraude procesal, o cualquier otro acto contrario a la majestad de la justicia y al respeto que se deben los litigantes, no son susceptibles de impugnación mediante recurso alguno, tal como lo prevé el artículo 48 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y la jurisprudencia desarrollada por esta Sala Constitucional en franca armonía con el referido precepto legal. (Vid. sentencia de la Sala núms. 83/2007, (caso: L.D.C. Y J.S.A.).

Siendo ello así, esta Sala advierte el error cometido por el Juzgado Superior supra citado, al desestimar la acción de amparo propuesta basado en el criterio del agotamiento previo de las vías ordinarias, dado que dichas decisiones disciplinarias no son susceptibles de impugnación mediante recurso alguno, y al efecto se apercibe al Juez del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, abogado W.S.R.H., para que se abstenga en lo sucesivo de cometer el mismo error. Así se declara.

VI

DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara: