Las balas sin marcas
Sexo masculino, piel morena, contextura delgada, cabello corto, cara redonda, estatura de 1,70 metros. Con esa ascéptica enumeración de atributos, los policías describieron el cadáver de Winder Aponte Sánchez, de 22 años de edad. Los funcionarios del Cicpc lo hallaron en la dirección que indicaron telefónicamente sus colegas de la Policía de Guárico: callejón El Mamón, avenida Fermín Toro, San Juan de los Morros. El asesinado era vecino de la zona y su hermana dio la primera versión de lo ocurrido: Javier, Júnior y Juancito, tres jóvenes del sector, aparecieron de improviso y dispararon sin dirigirle la palabra a la víctima, una de las más de 132.000 que han fallecido por homicidios en Venezuela entre 1999 y 2010, de acuerdo con datos oficiales. A los asesinos no les preocupó derrochar un recurso que inunda el mercado negro: municiones. Alrededor del cadáver había 20 conchas percutidas: 14 de cartuchos calibre 9 milímetros y 6 más de .380. Una bala, que no alcanzó a ser disparada, fue hallada como una rareza en medio del asfalto por los funcionarios policiales. Las restantes hicieron blanco en la cabeza y el torso de Aponte Sánchez. El relato de su muerte, ocurrida el 21 de julio del año pasado, bien podría ser la de cualquier otro joven asesinado en un barrio venezolano. Hay un detalle que, sin embargo, no debería perderse de vista en su historia: todas las municiones utilizadas por sus victimarios, según las actas del caso, tenían la inscripción de la Compañía Anónima Venezolana de la Industria Militar, el único fabricante autorizado del material en el país. El caso de Aponte Sánchez tampoco es excepcional desde ese punto de vista. Municiones producidas por esa empresa, manejada por la Fuerza Armada Nacional, han sido vinculadas con otros hechos delictivos. El debate sobre la necesidad de controles que prevengan su desvío hacia agrupaciones criminales y mafias lo reabrió un vocero gubernamental: Luis Fernández, director de la Policía Nacional. En una comparecencia ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional en abril, el comisario reveló un dato que, a pesar de su calibre, pasó casi inadvertido en la cobertura noticiosa. Cavim fue el fabricante de casi 80% de las 1.800 balas incautadas por la institución en la parroquia Sucre de Caracas entre 2010 y el primer trimestre de 2011. Un patrón se identificó a partir de la estadística: si bien la mayoría de las armas relacionadas con los crímenes procedían del exterior, gran parte de los proyectiles que las nutrían llevaban un sello que en otro contexto daría orgullo leer: "Hecho en Venezuela". Misión rastreo. La implicación del estudio quedó clara para los parlamentarios. Basado en las cifras, el comisario propuso incluir en el nuevo proyecto de ley de control de armas y municiones una obligación para la compañía militar: marcar las vainas y proyectiles de cada cartucho con códigos alfanuméricos que permitan su identificación y rastreo. Los seriales serían registrados en un observatorio balístico, manejado por la Fiscalía, cuya base de datos haría posible establecer un vínculo entre las piezas producidas por Cavim y el usuario que originalmente las recibió. "Esto contribuiría a saber en qué parte de la cadena las balas pasan al mercado ilegal. Podrías identificar inmediatamente a quién se le asignó una munición específica si encuentras un casquillo en la escena de un homicidio", indica Fernández. Un filtro adicional es recomendado por el...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba