Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Control, Audiencias y Medidas con competencia de delitos de violencia contra la mujer de Lara (Extensión Barquisimeto), de 22 de Marzo de 2011

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Violencia contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas

Barquisimeto, 22 de marzo de 2011

200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL: KP01-S-2010-001980

ASUNTO: KP01-S-2010-001980

JUEZ PROFESIONAL: Abogado M.A.M.S..

SECRETARIA: Abogada Z.C.N..

ALGUACILA: Abogada R.C.S..

IMPUTADO: J.D.B.F., venezolano, con cédula de identidad número V.-10.355.354, de 41 años de edad, fecha de nacimiento 10-07-1968, grado de instrucción Bachiller, estado civil soltero, profesión u oficio comerciante, hijo de P.d.B. y S.B., natural de Maracay, estado Aragua, residenciado en carrera 7 con calle 4, residencia S.T., piso 8, apartamento 8B, Barquisimeto, estado Lara. Telf. 0416-6510190.

DEFENSA PRIVADA: Abogado W.J.T.V.. IPSA 23.368 y C.A.R.M.. IPSA 22.694.

FISCAL 6° DEL MINISTERIO PÚBLICO: Abogado D.M.M..

VICTIMA: C.R.G.B., con cédula de identidad número V.-11.431.706.

ASISTENTES DE LA VÍCTIMA: Abogada Eylen J.E.M.. IPSA 153.216 y O.F.A.. IPSA 119.693.

DELITOS: Violencia Psicológica y Acoso u hostigamiento, previstos y sancionados en los artículos 39 y 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V..

Vista en Audiencia Preliminar la presente causa penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control, Audiencia y Medidas número 1, en materia de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, pasa a decidir en los siguientes términos:

PRETENSIONES DE LAS PARTES:

DE LA REPRESENTACIÓN FISCAL

El Fiscal Sexto del Ministerio Público del estado Lara, abogado D.M.M., en el inicio de la audiencia preliminar presentó formal acusación en contra del ciudadano J.D.B.F., venezolano, con cédula de identidad número V.-10.355.354, y procedió a exponer oralmente lo siguiente:“…las razones de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos en las que fundamenta su acto conclusivo que fuera presentado oportunamente contra el referido acusado a quien identifica como J.D.B.F., indica los elementos de convicción y ofrece los medios probatorios testimoniales y documentales que constan en el referido escrito, el cual ratifica en este acto, encuadra el ilícito en los delitos de Violencia psicológica y Acoso u hostigamiento, previstos y sancionados en los artículos 39 y 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V.. Solicita el enjuiciamiento del ciudadano J.D.B.F., mediante el respectivo auto de apertura a juicio oral y público y que se admita totalmente la acusación en virtud de que la misma cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, así como las pruebas ofrecidas cuya pertinencia y necesidad ha indicado. Me reservo el derecho de ampliar o modificar la presente acusación si en el transcurso del debate surgen nuevos elementos que así lo ameriten ello de conformidad con el artículo 351 del Código Orgánico Procesal Penal. Se deja constancia que en este acto se presenta el acto de imputación de fecha 17 de septiembre del año 2010, constante en dos (2) folios útiles. Solicito se mantenga las medidas de protección y de seguridad que fueron impuestas y ratificadas por este Tribunal. Es todo.”. Así pues, calificó los hechos como los delitos de Violencia psicológica y Acoso u hostigamiento, previstos y sancionados en los artículos 39 y 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., en agravio de las ciudadana C.R.G.B., con cédula de identidad número V.-11.431.706, ofreció como medios probatorios los siguientes: 1) De conformidad con lo previsto en los artículos 354, 355 y 356 del Código Orgánico Procesal Penal ofrece los siguientes testimonios: a) Testimonio de la psicóloga experta profesional, adscrita al Instituto regional de la Mujer, quien practicó la evaluación psicológica a la víctima, para que declare sobre el resultado que obtuvo de la misma. 2) Declaración de la víctima de los hechos objeto del proceso, ciudadana C.R.G.B., con cédula de identidad número V.-11.431.706, para que exponga las circunstancia de modo, tiempo y lugar de cómo ocurrieron los hechos. 3) Declaración en calidad de testigo presencial del ciudadano M.C.B.A., quien expondrá sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cómo ocurrieron los hechos. 2) Documentales: de conformidad con el artículo 339, numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal: a) Informe Psicológico que le fuere practicado a la ciudadana C.R.G.B., con cédula de identidad número V.-11.431.706. b) Experticias informáticas, efectuadas por el experto técnico I, Técnico Superior Universitario D.H., designado para practicar el peritaje sobre extracción de información de la cuenta de correos electrónicos. c) Actas de entrevistas de las ciudadanas C.G. y M.C.B.A.; solicitó finalmente la admisión de la acusación y de las pruebas ofrecidas, y en consecuencia se ordene el enjuiciamiento del acusado.

LA VÍCTIMA

La víctima, ciudadana C.R.G.B., con cédula de identidad número V.-11.431.706, en el presente proceso asistió a la audiencia preliminar y de conformidad con los artículos 2, 21, 26 y 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 1 y 37 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., así como los artículos 23, 43 y 120, numeral 7 del Código Orgánico Procesal Penal, se le cede el derecho de palabra y expuso: “No tengo nada que decir. Solicito copia simple de todo el asunto. Es todo”. Se le cede la palabra a los(as) asistentes de la víctima: “No tengo nada que decir. Solicito copia simple de todo el asunto. Es todo.”

EL IMPUTADO

El Tribunal luego de haber oído la exposición de la fiscala quinta, representante del Ministerio Público del estado Lara y de las víctimas, procede de conformidad con el artículo 131 a realizar advertencia preliminar al presunto agresor y éste encontrándose provisto de todas las garantías procesales y del precepto constitucional que lo exime de declarar en su contra, de conformidad con el artículo 49, numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debidamente asistido por DEFENSA PRIVADA, informándole que su declaración no es un objeto de prueba sino un medio para su defensa, que con ella pueden desvirtuar si fuere el caso la acusación que le ha hecho en la audiencia el Ministerio Público, le indicó y le informó que el Código Orgánico Procesal Penal prevé unas alternativas a la prosecución del proceso, que consisten en el Principio de Oportunidad, Suspensión Condicional del Proceso, Acuerdos Reparatorios y asimismo respecto del Procedimiento Especial de Admisión de los Hechos, previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, indicándoles que la oportunidad para hacer uso de tales instituciones de composición procesal es la presente audiencia, le informó sobre los hechos por los cuales el Ministerio Público lo acusa en esta audiencia y le explicó las circunstancias que para éste influyeron en la calificación jurídica, preguntándole seguidamente si está dispuesto a declarar, a lo que libre de todo juramente, coacción y apremio expone: “No deseo declarar. Es todo”.

DE LA DEFENSA

La Defensa Privada, manifestó en su intervención lo siguiente: “Rechaza y contradice en toda y cada una de sus partes la acusación presentada por la Fiscalía del Ministerio Público y solicitamos la Suspensión Condicional del Proceso, solicito copia simple de todo el asunto. Es todo”.

SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA

ACUSACION Y DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

Estima este Tribunal, revisado como ha sido el presente asunto y luego de realizado un análisis del libelo acusatorio en relación a los requisitos formales de la acusación establecidos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal y los requisitos materiales para el ejercicio de la acción penal, que se cumplen en el presente asunto, en virtud de lo cual se admite la acusación presentada por el Ministerio Público.

Ahora bien, por encontrarse en la fase intermedia del proceso penal, es por lo que en el escrito acusatorio, el Ministerio Público está obligado a indicar las pruebas que presentará en el juicio oral, de manera que en el escrito acusatorio la fiscalía accionante desarrolló su actividad de promoción, proposición u ofrecimiento de pruebas para el juicio oral. Siendo así este Tribunal en la Audiencia Preliminar celebrada, admitió pruebas limitando su pronunciamiento sobre la pertinencia, conducencia, legalidad o utilidad de la prueba promovida, propuesta u ofrecida.

Al respecto, señala el artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal que un medio de prueba para ser admitido, debe referirse, directa o indirectamente al objeto de la investigación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. En virtud de lo anteriormente expuesto, este Tribunal consideró procedente admitir las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Aunado a lo anterior, considera este Tribunal que las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público no menoscaban los derechos de la contraparte, esto es, del presunto agresor y de su defensa. Son además, pertinentes al objeto de la controversia, conducentes y útiles en la consecución de la verdad y legales en cuanto a su obtención, por lo que queda asegurado para el acusado el derecho a su defensa, amén de estar garantizado con ellas y con el principio de la comunidad de la prueba, el contradictorio, el control de la prueba y la licitud de las mismas. Por tal motivo, este tribunal juzga oportuno admitir todas y cada una de las pruebas indicadas para ser reproducidas en la fase de juicio oral y público. Así se decide.

SOBRE LA SUSPENSIÓN

CONDICIONAL DEL PROCESO

Una vez admitida la acusación se procedió a explicar al acusado el significado de la audiencia, asimismo se le impuso del precepto constitucional que le exime de declarar en causa propia, de reconocer culpabilidad contra sí mismo y contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de su cónyuge si la tuviere o de su concubina, de conformidad con el numeral 5 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; además, se le informó que su declaración no es un objeto de prueba, sino un medio para su defensa, que con ella puede desvirtuar, si fuere el caso, la acusación que le ha hecho el Ministerio Público, se le indicó e informó sobre los derechos procesales que le asisten y sobre los hechos por los cuales el Ministerio Público lo acusa, amén de explicársele las circunstancias que para éste influyeron en la calificación jurídica. Asimismo, se le hizo lectura del precepto jurídico aplicable y se le informó sobre las alternativas a la prosecución del proceso y del procedimiento especial de admisión de los hechos, preguntándosele seguidamente si está dispuesto a declarar, a lo que el acusado libre de todo juramento, coacción o apremio respondió lo siguiente: “Si deseo hacer uso a las fórmulas alternativas de la suspensión condicional del proceso, admito los hechos, no volverá a suceder, estoy arrepentido y pido perdón en este acto.”.

A los fines de resolver sobre la solicitud planteada y en cumplimiento con el procedimiento dispuesto en el artículo 43 del Código Orgánico Procesal Penal, se le otorgó el derecho de palabra al fiscal sexto del Ministerio Público del estado Lara, quien expuso: “no tengo objeción a que tenga lugar la suspensión condicional del proceso”.

Se le cede la palabra a la víctima quien manifestó: “estoy de acuerdo con la suspensión condicional del proceso”.

El Tribunal oídas las exposiciones de las partes, la admisión de los hechos por parte del acusado, la oferta y realización efectiva de reparación del daño de manera simbólica y la conformidad de la víctima y del fiscal sexto del Ministerio Público del estado Lara, procede a analizar sobre la procedencia de la alternativa a la prosecución del proceso solicitada.

El artículo 42 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone como requisitos de procedencia de la suspensión condicional del proceso los siguientes: 1) Que se trate de delitos leves. 2) Que la pena del delito no exceda de cuatro (04) años en su límite máximo; 3) Que el acusado admita plenamente el hecho que se le atribuye; 4) Se demuestre que ha tenido buena conducta predelictual; y 5) Que no se encuentre sometido a otra medida de esta naturaleza de manera simultánea.

El caso de marras versa sobre la comisión de los delitos de Violencia psicológica y Acoso u hostigamiento, previstos y sancionados en los artículos 39 y 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., los cuales prevén penas máximas a imponer de dieciocho (18) meses y veinte (20) meses de prisión, respectivamente, motivo por el cual se puede asegurar que por el quantum de las penas, resulta procedente dicha alternativa a la prosecución del proceso, lo cual además queda afirmado, de acuerdo a sentencia número 232, del 10 de marzo de 2005, en donde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acotó que “La suspensión condicional del proceso se trata de un derecho de toda persona sometida a proceso, que reúne las condiciones comunes y propias de admisibilidad, que genera el deber estatal de reconocerlo ante cualquier solicitud correctamente fundada en la ley.”, lo que evidencia que al no tener alta entidad punitiva, el delito en cuestión, hace procedente la alternativa a la prosecución del proceso solicitada.

En relación a la conducta predelictual debe referir este Juzgador que no consta en autos que el presunto agresor haya sido condenado penalmente y se ha verificado igualmente que el imputado no está sometido a otra medida de esta naturaleza.

El acusado de autos admitió los hechos y su responsabilidad en los mismos, así como realizó la oferta de reparación del daño que fue aceptada por la víctima; verificado igualmente que la víctima manifestó su conformidad con la alternativa a la prosecución del proceso solicitada, con lo cual estuvo de acuerdo el representante del Ministerio Fiscal, estima este Juzgador que se encuentran llenos los extremos para la procedencia de la Suspensión Condicional del Proceso, lo procedente y ajustado a derecho es decretar la misma, imponiéndose un régimen de prueba por un lapso de un (01) año, atribuyéndole conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Orgánico Procesal Penal, las siguientes condiciones: 1) Prohibición de acercarse a la víctima y de realizar actos de persecución, intimidación, acoso u hostigamiento en contra de la víctima. 2) Se impone la obligación de realizar un curso de violencia de género en la Escuela de Formación Socialista “Ana María Campos”, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género y, una vez terminado el curso dictar una charla a los alumnos y las alumnas del 4º grado de la Escuela Aplicación de Barquisimeto, estado Lara. 3) Realizar ciento veinte (120) horas de trabajo comunitario, bajo la supervisión del Ministerio del Poder Popular para asuntos de la mujer y la igualdad de género. 4) Se le impone la obligación de acudir ante el delegado o la delegada de prueba que se le designe de la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario una (1) vez cada tres (3) meses. Se le advierte al acusado que en caso de incumplir en forma injustificada alguna de las condiciones que se le impusieron se generarán las consecuencias contenidas en el artículo 46 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

DISPOSITIVA

En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos este Tribunal de Primera Instancia en Función de Control, Audiencias y Medidas número 1 de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, resuelve: PRIMERO: Se admite totalmente la acusación presentada por la Fiscalía Sexta del Ministerio Público del estado Lara, en contra del ciudadano J.D.B.F., venezolano, con cédula de identidad número V.-10.355.354, por la comisión de los delitos de Violencia psicológica y Acoso u hostigamiento, previstos y sancionados en los artículos 39 y 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., en agravio de la ciudadana C.R.G.B., con cédula de identidad número V.-11.431.706. SEGUNDO: Se admiten todos los medios de prueba presentados por la fiscala sexta del Ministerio Público del estado Lara, en su escrito acusatorio, por ser lícitas, legales, necesarias y pertinentes para ser evacuados en el juicio oral y público. TERCERO: Decreta la Suspensión Condicional del Proceso al ciudadano J.D.B.F., venezolano, con cédula de identidad número V.-10.355.354, de 41 años de edad, fecha de nacimiento 10-07-1968, grado de instrucción Bachiller, estado civil soltero, profesión u oficio comerciante, hijo de P.d.B. y S.B., natural de Maracay, estado Aragua, residenciado en carrera 7 con calle 4, residencia S.T., piso 8, apartamento 8B, Barquisimeto, estado Lara. Telf. 0416-6510190, imponiéndole de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código Orgánico Procesal Penal, un régimen de prueba de un (01) año contados a partir que comience con las obligaciones que se imponen, que son las siguientes: 1) Prohibición de acercarse a la víctima y de realizar actos de persecución, intimidación, acoso u hostigamiento en contra de la víctima. 2) Se impone la obligación de realizar un curso de violencia de género en la Escuela de Formación Socialista “Ana María Campos”, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género y, una vez terminado el curso dictar una charla a los alumnos y las alumnas del 4º grado de la Escuela Aplicación de Barquisimeto, estado Lara. 3) Realizar ciento veinte (120) horas de trabajo comunitario, bajo la supervisión del Ministerio del Poder Popular para asuntos de la mujer y la igualdad de género. 4) Se le impone la obligación de acudir ante el delegado o la delegada de prueba que se le designe de la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario una (1) vez cada tres (3) meses. CUARTO: Líbrese oficio a la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario acompañada de copia de la presente decisión y del acta de audiencia, a fin de se sirva nombrar un delegado o una delegada de prueba el cual o la cual debe informar cada tres (3) meses al tribunal el cumplimiento de las condiciones por parte del acusado. QUINTO: Se suspenden todas las medidas de protección y seguridad, así como cautelares que hayan sido impuestas mientras dure el régimen de prueba. SEXTO: Líbrense las correspondientes comunicaciones a los organismos competentes de vigilar y supervisar el cumplimiento del régimen de prueba y de las condiciones impuesta por el Tribunal. Regístrese y publíquese. Cúmplase.

EL JUEZ

ABOGADO MARCO ANTONIO MEDINA SALAS

LA SECRETARIA