Las casas uruguayas que no se construyeron

En la zona industrial de San Carlos, donde el asfalto es un lujo y salir con los zapatos llenos del barro recién mojado por la lluvia es casi inevitable, se encuentra el galpón en el que se almacenan las piezas para ensamblar al menos 600 casas importadas de Uruguay. A pocos metros de allí se ve una losa escondida entre la grama. Eso es lo que queda de la estructura modelo que fue presentada por primera vez durante una visita del presidente Hugo Chávez a Cojedes en 2006. Era una de las 12.193 viviendas prefabricadas (17% de emergencia o refugio y 87% urbanas) que debían construirse en el plazo de un año, según el convenio que el Estado firmó con la empresa Unión Metalúrgica Industrial del Sur S. A. La Contraloría General de la República detalló en su informe de gestión de 2009 que sólo hay 11 de esas estructuras en pie, en tres puntos del país. Winston Barón, coordinador del convenio en la entidad llanera, recuerda claramente ese número. De la almacenadora salieron los materiales para esas casas. "Se mandaron a La Guaira, Punto Fijo y Fuerte Tiuna", evoca después de hacer una pausa. La que estaba junto al depósito la desarmaron para reutilizar el material. Pagos hechos sin justificativos, material de las casas guardados en galpones y otros que aún se encuentran en los puertos y aduanas son parte de las irregularidades que han rodeado el desarrollo de este acuerdo. El despacho de Clodosbaldo Russián recomendó al Ministerio de Vivienda tomar una decisión: rescindir el contrato, exigir su cumplimiento de acuerdo con las condiciones establecidas o efectuarle las modificaciones que consideraran necesarias. En su informe, la Contraloría se queja de la poca documentación que le suministraron para verificar el cumplimiento de este convenio de cooperación en materia de vivienda. Tiene elementos para señalar que Petróleos de Venezuela, a través del fondo binacional Bolívar-Artigas, pagó a la empresa 45% (70,69 millones de dólares) de los 155,47 millones de dólares establecidos en el contrato. El déficit nacional de viviendas, cercano a 2 millones de casas, obligó a Chávez a decretar la emergencia hace tres semanas. Desde entonces aprobó recursos, propuso a Fuerte Tiuna como sede para un desarrollo habitacional y prepara una ley para la intervención de tierras urbanizables. El convenio con Umissa, sin embargo, no ha representado una solución para los venezolanos sin vivienda después de cuatro años de suscrito. Negocio misterioso. En Cojedes se supo...

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