Cercados dueños de inmuebles

José Correia, encargado del estacionamiento Longaray, en El Valle, asegura que su propiedad está siendo invadida. Los responsables no son personas sin casa, como ha sucedido en varios puntos de Caracas en los últimos días, sino el Gobierno del Distrito Capital. Correia sostiene que el organismo gubernamental pretende construir viviendas en el terreno, aunque no existe un decreto de expropiación que avale esa obra. No sólo se oponen los propietarios del estacionamiento, sino más de 400 vecinos que se quedarán sin sitio para estacionar los vehículos. Para protestar por la situación, un grupo de residentes impidió el tránsito por la avenida Intercomunal de El Valle en el sector Longaray desde las 5:00 am, aproximadamente por cinco horas. "Si dejamos el carro en la calle, amanece con los vidrios rotos o desvalijado, si es que los malandros no se lo llevan", dijo Jony Inojosa. "Este es el único estacionamiento en el sector. No pueden construir viviendas sin pensar en nosotros", opinó Ana Velásquez. La paciencia de los vecinos se desbordó la semana pasada, cuando una parte del estacionamiento fue cercada por funcionarios del Distrito Capital. En el lugar guardaron materiales y maquinarias de construcción, pese a la oposición de la comunidad al proyecto de viviendas.

Según Correia, desde agosto funcionarios de la Fundación Vivienda del Distrito Capital le informaron que el lugar sería utilizado para la construcción de unidades habitacionales. A finales del año pasado, la comunidad se reunió con representantes de esa institución y llegaron a acuerdos que según los vecinos fueron incumplidos. "Nos dijeron que no tomarían el terreno hasta que revisaran nuestra propuesta, que incluye la construcción de un edificio de estacionamiento junto a las viviendas y la creación de un distribuidor para tener una entrada a El Valle. Sin embargo, días después ocuparon parte del lote arbitrariamente", explicó Johana Agüero, vecina de Longaray. Andamiaje contra la propiedad.

El caso de Longaray no es único. Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, afirmó que el derecho a la propiedad está amenazado desde tres frentes, como son las invasiones, las expropiaciones y las leyes que regulan los alquileres de viviendas. Apiur ha recibido denuncias por invasiones en Caracas, Barquisimeto, Margarita, Maracaibo y Puerto Ordaz. Esas acciones perjudican no sólo la propiedad privada y pública, sino que también atentan contra la actividad...

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