Cinco gobernadores chavistas usan tribunales para frenar el revocatorio

La estrategia del PSUV para matar el revocatorio se consolida: ayer cinco gobernadores chavistas y el diputado Diosdado Cabello confirmaron que los tribunales penales de Aragua, Bolívar, Carabobo, Apure y Monagas ordenaron anular en esos estados la recolección de firmas del 1% de los electores paso para solicitar la consulta y en consecuencia suspender la recolección del 20%, que activaría el referéndum.Tareck El Aissami, goberna dor de Aragua, fue el primero: ¡Justicia! Tribunal Penal de Aragua anula el proceso de recolección de firmas y ordena reparar fraude cometido por la MUD. Admitida nuestra denuncia contra el fraude perpetrado por la MUD.Francisco Rangel Gómez Bo lívar lo secundó: Se introdujo un recurso legal para invalidar la mega estafa montada por la MUD, logrando en Bolívar la suspensión del proceso.No habrá referéndum.Y luego habló Francisco Ameliach, gobernador de Carabobo: Tribunal Penal de Carabobo deja sin efecto la recolección del 1% de firmas hecha por la MUD al cometer fraude. Quien firmó la decisión en esa entidad fue el juez Alfredo Toredit Rojas, del Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control.Lo mismo ocurrió en Apure como confirmó su gobernador, Ramón Carrizales y en Monagas, como afirmó Cabello en un acto de apoyo a Maduro. Acatemos la decisión de los tribunales. ¡En Venezuela va a haber justicia; esperamos que se busque a los responsables del fraude y que vayan a prisión! Fenecen todos los efectos de la recolección hasta que reparen, expresó.Se conoció que en la decisión en Bolívar se eliminaron los efectos del 1%, los actos subsiguientes y cualquier nueva recolección de firmas, organizada por la dirigencia regional de la MUD. Consecuentemente se suspende el proceso del 20% y se acuerda la prohibición de salida del país de los querellantes Andrés Velásquez, Raúl Yuseff y Braulio Merino, según boleta de notificación del tribunal.Al igual que en Carabobo, los supuestos delitos cometidos por la MUD serían: Falsa atestación ante un funcionario público, aprovechamiento de acto falso y suministro de datos falsos al Poder...

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