Cuestionamientos que esperan respuesta

La situación de los habitantes de las riberas del lago de Valencia, en Aragua y en Carabobo que expertos califican de una de las más graves en materia ambiental en la región ameritó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su más reciente informe acerca de Venezuela, incluyera en el capítulo 5, titulado Pobreza y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, una nota acerca de lo que ocurre en el reservorio de agua.En el documento indica que con el paso de los años el lago ha tenido un aumento mayor del esperado, llegando a un punto crítico en el cual el muro de contención construido está prácticamente al tope de agua y con riesgo de derrumbarse, lo que afectaría a cientos de familias habitantes de la zona en el estado Aragua. La CIDH considera que se trata de un desafío que pone en riesgo el derecho a la vivienda y otros derechos.En este sentido la instancia continental alen tó al Estado venezolano a la adopción de todas las medidas necesarias para atender la situación descrita, poniendo en el centro los derechos humanos de las personas y comunidades afectadas, con énfasis en la prevención y en el acceso a la información pública como derecho constitucional e internacionalmente protegidos.Hace dos semanas la organización defensora de derechos humanos Espacio Público fungió como representante de algunas de las comunidades afectadas en las audiencias de la CIDH en Bogotá, durante el 167° período de sesiones, en el que se actualizó la situación de los afectados y se entregó un informe técnico.Ricardo Rosales, abogado de la ONG, destacó la importancia de que la CIDH recoja la situación en sus informes, pues esto le da relevancia y reconocimiento al problema en el sistema interamericano. Espacio Público también ha llevado una acción urgente por el caso del lago de Valencia a nueve relatorías de la red de la Organización de Naciones Unidas. Hasta ahora ha obtenido una respuesta que solicita información al gobierno.Rosales explicó que aunque las relatorías de la ONU no tienen potestad sancionatoria o judicial, estas acciones son una suerte de mediación para que las partes se `encuen tren’. Sin embargo, acota: El peso político de estas y sus pronunciamientos suelen ser suficientes...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR