RECURRENTE: JUNTA LIQUIDADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMO, creada por Decreto-Ley con Rango y Fuerza de Ley N° 422 que suprime y liquida al Instituto Nacional de Hipódromos y regula las actividades Hípicas, de fecha 25/10/1999, publicado en Gaceta Oficial N° 5.397 Extraordinaria de esa misma fecha.
APODERADOS JUDICIALES: YELIDEX RODRIGUEZ, ZULAY SOCORRO y RAMON HUERTA GIUSTI, abogados inscritos en el IPSA bajo los Nros: 24.988, 23.381 y 18.296 respectivamente.-
RECURRIDA: República Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social a través de la Inspectoría del Trabajo del Distrito Capital Municipio Libertador, (Sede Norte)
APODERADO JUDICIAL: No tiene acreditado en autos.
ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 2474-06, de fecha 06/11/2006, del expediente N° 023-06-01-00243, emanada de la Inspectoría del Trabajo en (Sede Norte) del Municipio Libertador Distrito Capital, que declaró CON LUGAR, la solicitud por desmejora, incoada el trabajador ciudadano JARVIS RAFAEL ROMERO CORTEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° 10.285.219, en contra del INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMOS.
BENEFICIARIO DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA: JARVIS RAFAEL ROMERO CORTEZ.
APODERADO JUDICIAL: WILLIAM GONZALEZ, abogado Inscrito en el IPSA bajo el N° 52.600.
MOTIVO: Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, conjuntamente con Medida Cautelar Innominada.
SENTENCIA: Interlocutoria con fuerza definitiva
ANTECEDENTES
Le correspondió a este Tribunal conocer la presente causa, siendo recibida por este Juzgado en fecha 13/06/2016 y admitida en fecha 16/06/2016, ordenando la notificación mediante oficio a la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital, Municipio Libertador (Sede Norte) para que remita Expediente Administrativo a este Tribunal, asimismo notificar a la PGR, FGR, Consultaría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos y al ciudadano JARVIS RAFAEL ROMERO CORTEZ, dejando constancia que las notificaciones se realizarían una vez conste en autos las copias fotostáticas de la demanda, de los recaudos producidos por el actor y del presente auto instando a la recurrente a consignar las mencionadas copias en un lapso de cinco (05) días, lo cual hasta la fecha no se ha materializado.
Cumplidas las formalidades legales como se evidencia de las actas procesales que conforman el presente asunto, el ciudadano Juez procede decidir la presente causa con base a las consideraciones siguientes:
COMPETENCIA
Visto que en fecha 16 de junio de 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 377.244, de la misma data; este Tribunal acuerda la tramitación del presente recurso conforme a lo previsto en los artículos 76 al 86 eiusdem., en dicha Ley se le otorga -aunque no expresamente- la competencia a los Tribunales del Trabajo, tal como se puede deducir en su artículo 25 numeral 3º que establece lo siguiente “Artículo 25. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de: (…) omissis (...) 3. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo”. De allí, que estima este Tribunal que la competencia hoy en día para conocer recursos de nulidad ejercidos contra las decisiones tomadas por las Inspectorías del Trabajo en materia de inamovilidad, (despido, traslado y desmejoras sin justa causa) le corresponde a los Tribunales con competencia en materia del Trabajo, al referirnos a la inamovilidad laboral, resulta necesario mencionar lo establecido en el Decreto Nº 6.603 del 29 de diciembre de 2008, publicado en Gaceta Oficial Nº 39.090, el cual ampara a los trabajadores regidos por la Ley Orgánica del Trabajo, a saber: “Los trabajadores amparados por la prórroga de la inamovilidad laboral especial no podrán ser despedidos, desmejorados, ni trasladados, sin justa causa, calificada previamente por el Inspector del Trabajo de la jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo” reza el referido decreto en su segundo artículo. Razón por la cual este Juzgado resulta competente por corresponder su conocimiento, concretamente a los Tribunales de Juicio, y así se decide.
DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA
Previamente, pasa quien decide hacer algunas disquisiciones respecto del interés que manifiestan las partes actuantes en el proceso judicial, lo cual hace previas las siguientes consideraciones: Se observa que una vez recibida por este Juzgado en fecha 13/06/2016 y admitida en fecha 16/06/2016en fecha 29/04/2015, y luego de haber sido sustanciado conforme a derecho, se observa que después de descritas las diversas actuaciones procesales acaecidas en el presente juicio, cabe observar lo siguiente:
Ahora bien, según los doctrinarios al señalar que admitida la demanda nace una relación jurídica propia del derecho de petición, en la que el actor se coloca en la posición de invocar la tutela judicial efectiva, a la que está obligado el Estado por intermedio del Poder Judicial, por su parte, el Estado se coloca en la posición de tutelar ese interés jurídico reclamado, llámese la solución de un conflicto o la protección de un interés meramente gracioso.
Como se dijo, tanto el actor debe tener un interés jurídico actual, como el Estado esta obligado a tutelar el interés reclamado; de donde se colige que el proceso no es más que el instrumento del que dispone el Estado, para garantizar a sus administrados el mantenimiento de la paz social y la consecución de sus derechos particulares, cuando en ellos tengan interés. Así, la carencia de interés por parte del particular, aun luego de iniciado el proceso judicial, genera la convicción en el ánimo garantista del Estado de que su actuación administradora de justicia será inoficiosa, bien porque el conflicto se ha erradicado, bien porque el interés ha perecido. Se trata entonces de hacer realmente efectiva la administración de justicia.
De manera que, la perención de la instancia constituye una sanción de tipo legal que genera la consecuente extinción del proceso por causas imputables a las partes. Dicha sanción se configura cuando transcurre el lapso que dispone la ley, sin que se hubiese verificado acto de procedimiento alguno por el actor o demandado capaz de impulsar el curso del juicio.
Dicho instituto procesal encuentra justificación en el interés del Estado de impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente, y tiene por objeto garantizar que se cumpla la finalidad de la función jurisdiccional, la cual radica en el ejercicio de administrar justicia, así como la necesidad de sancionar la conducta negligente de las partes por el abandono de la instancia y su desinterés en la continuación del proceso.
Así, el legislador patrio estableció en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, distintos supuestos en los que procede la perención de la instancia por el transcurso de un lapso sin la verificación de algún acto de las partes tendiente a impulsar el juicio; en este sentido, las normas in comento prevé un primer supuesto general y otros tres supuestos especiales que disponen lapsos aún más breves para la configuración de la perención.
El supuesto general de dichas normas señalan que “Toda instancia se extingue por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”, de lo que se desprende que el legislador patrio consideró que dicho período de tiempo es suficiente para demostrar que las partes carecen de “interés procesal” para seguir impulsando la causa.
De allí que la perención de la instancia constituye una sanción por la “pérdida del interés procesal” que se manifiesta por la inactividad de los sujetos intervinientes en juicio, que acarrea como consecuencia la extinción del procedimiento, sin que tal declaratoria afecte la pretensión jurídica, es decir, quedando vivo el derecho del actor de acudir nuevamente a los órganos jurisdiccionales para hacer valer su pretensión conforme lo consagran los artículos 270 y 271 del Código de Procedimiento Civil, pasados que sean noventa (90) días continuos a partir de que la sentencia que lo declare, quede definitivamente firme. (Cfr. Fallo de esta Sala N° 596 del 22 de septiembre de 2008, expediente N° 2007-556, y decisión N° 299 del 11 de julio de 2011, expediente N° 2011-158).
Es importante destacar, que tal desinterés en el proceso puede verificarse en cualquier momento durante la tramitación del juicio salvo en estado de sentencia, valga decir, después de vista la causa, según mandato de la ley civil adjetiva.
Ahora bien, en el presente caso, se evidencia que la parte demandante dejó transcurrir MÁS DE UN AÑO (01) año, sin darle impulso a la causa, no habiendo diligencia por parte de los recurrente u otro acto procesal en el presente juicio que demostrara interés en continuar con la presente causa, a partir de esta última fecha.- (Resaltado del Tribunal).-
Por tales motivos, considera pertinente señalar quien decide que la perención ocurre de pleno derecho y con efectos objetivos, es decir, que la instancia se entiende perimida e inocua para continuar surtiendo efectos procesales desde el mismo momento en que se verifica el transcurso del año de inactividad, entiéndase de esta manera que surte efectos ex tunc y no desde su declaratoria, por lo que puede ser alegada por las partes, sin que ello convalide su ocurrencia o reactive la causa, o aún, puede ser declarada de oficio. En razón de esto, la Sala de Casación Civil del más Alto Tribunal ha establecido que:
“Es claro, pues, que el ordenamiento jurídico venezolano acoge el sistema italiano respecto de la perención, de conformidad con el cual ésta opera de pleno derecho y, por tanto, se consuma por el sólo transcurso del tiempo previsto en la ley, y una vez declarada surte efectos no desde esa oportunidad, sino a partir del momento en que operó la perención, pronunciamiento éste que sólo reafirma un hecho ya cumplido.” (Sentencia de fecha 27 de febrero de 2003, caso A. Malavé contra Constructora Metrovial, C.A.)
Igualmente y mas reciente aún la Sala Constitucional con sentencia de carácter vinculante y con ponencia del Magistrado JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER, Exp. 13-0669, de fecha 05 de agosto de 2014, estableció lo siguiente:
“…Dicha suspensión se mantendrá hasta que el Tribunal Laboral que esté conociendo de la causa, una vez admitida, requiera la certificación con la Inspectoría del Trabajo respecto al cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida por parte del patrono, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y teniendo en consideración que dicha suspensión no debe exceder del lapso de caducidad establecido en el artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa…”.-
Debe observarse entonces, que la perención de la instancia se verifica ope legis al vencerse el año de inactividad procesal atribuible a las partes y que cuando el Juez la declara, se entiende que los efectos de la perención van a operar desde que se cumplió el año de paralización, es decir, se retrotrae al momento en que el plazo de la perención quedó cumplido y los efectos de actos procesales realizados por las partes después de cumplido el año que dispone la Ley de ninguna manera va a significar convalidación o subsanación de la perención.
Observa quien sentencia que la última actividad procesal fue por parte del Juez de este Tribunal, en ocasión de ser recibida y admitida (16/06/2016) la presente causa, sin que la parte recurrente haya mostrado interés alguno en proseguir el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, por lo que habiendo transcurriendo DOS AÑOS (02) , UN MES (1) y 3 DÍAS, sin darle impulso a la causa, no habiendo diligencia por parte de los recurrente u otro acto procesal en el presente juicio que demostrara interés en continuar con la presente causa. Motivo por el cual, se evidencia que tal actitud denota el desinterés o decaimiento en la prosecución de la presente causa, en los términos previstos en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Por tal razón, conforme a lo expresado anteriormente, y verificada por este Juzgador la inactividad de las partes por más de un año, debe considerarse que la instancia es inocua para continuar surtiendo efectos procesales, es decir, puede desprenderse que ha operado ipso iure, la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA y este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, así lo declarara en el dispositivo del presente fallo.- ASÍ SE ESTABLECE.-
DISPOSITIVO
Por las razones de hecho y de derecho precedentes, este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PERIMIDA LA INSTANCIA en el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD interpuesto por el recurrente JUNTA LIQUIDADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMO, por medio de su apoderados judiciales abogados YELIDEX RODRIGUEZ, ZULAY SOCORRO y RAMON HUERTA GIUSTI, en contra del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social a través de la Inspectoría del Trabajo del Distrito Capital Municipio Libertador, (Sede Norte) PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 2474-06, de fecha 06/11/2006, en el expediente N° 023-06-01-00243, emanada de la Inspectoría del Trabajo en (Sede Norte) del Municipio Libertador Distrito Capital, que declaró CON LUGAR, la solicitud por desmejora, incoada por el trabajador ciudadano JARVIS RAFAEL ROMERO CORTEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° 10.285.219, en contra del INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMOS. SEGUNDO: Dada la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas.-
Se ordena, se notifique a la Procuraduría General de la República (PGR), de conformidad con el artículo 98 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en el entendido que una vez se consigne en el expediente las resultas de la notificación se comenzará a computar el lapso de suspensión de ocho (8) días hábiles contado a partir de la consignación en el expediente de la respectiva constancia, se tiene por notificado el Procurador o Procuradora General de la República y se iniciara el lapso correspondiente de los cinco (5) días hábiles para la interposición de los recursos a que haya lugar.
Asimismo notificar a la Fiscalía General de la República (FGR), Inspectoría del Trabajo sede Norte del Municipio Libertador Distrito Capital, Consultaría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos y al ciudadano JARVIS RAFAEL ROMERO CORTEZ, de la presente decisión. ASÍ SE ESTABLECE.-
PUBLIQUESE, REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y REMITASE
Dada, sellada y firmada en la Sala del TRIBUNAL DÉCIMO QUINTO (15°) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
En Caracas, 19 de julio de dos mil dieciocho (2018)
208º y 159º
LUIS ANTONIO SANZ VÁSQUEZ
EL JUEZ
ALONSO SOTO SOLANO
EL SECRETARIO
NOTA: En la misma fecha y previo cumplimiento de las formalidades legales, se dicto y publico la presente decisión.-
ALONSO SOTO SOLANO
EL SECRETARIO
LASV/ass
Una (1) pieza
Un (1) Cuaderno de medidas
