REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO QUINTO SUPERIOR DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
208º y 159º
Caracas, 30 de enero de 2019
Asunto Nº: AP21-N-2017-000068
(Una (01) Pieza)
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA
-I-
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS JUDICIALES
PARTE RECURRENTE: MANAPLAS, C.A., sociedad de comercio inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (Ahora Distrito Capital) y Estado Miranda, en fecha 27 de octubre de 1960, bajo el Nº 20, Tomo 31-A-Sgdo.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE RECURRENTE: S.J.B., R.M.S., A.E. AGUIRRE Y OTROS, Abogados en ejercicio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 76.855, 154.713, 57.540 y otros respectivamente.
TERCERO INTERVINIENTE: A.A.M., venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº 16.222.444, sin apoderado judicial constituido.
MOTIVO: Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad
-I-
ANTECEDENTES
En fecha 23 de marzo de 2017, la representación judicial de la sociedad de comercio MANAPLAS, C.A., demanda la nulidad del Informe Pericial (sic) y, también del acto administrativo contenido en la Certificación Nº CMO 00066-2015, de fecha 23 de diciembre de 2015, emanada de la Gerencia Estadal de Seguridad y Salud de los Trabajadores (GERESAT) Capital y Vargas, adscrita al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridades Laborales (INPSASEL), en el curso del Expediente Nº DIC-19-IE14-1591, a nombre del ciudadano J.R.A.M., por presentar enfermedad ocupacional, agravada con ocasión del trabajo, ocasionándole discapacidad parcial permanente, equivalente al 30% de la misma.- A su decir, ese acto administrativo se encuentra viciado por falso supuesto de hecho, por cuanto a su decir, la enfermedad padecida por el trabajador no fue agravada ni contraída con ocasión al trabajo, habida cuenta que erradamente afirma que este realizaba tareas expuesto a factores de riesgo disergonómico, con exigencias físicas y compromiso músculo esquelético, pero nada dice sobre la historia médica ocupacional que describe el estado de salud del trabajador ni, sobre las recomendaciones de terapia ocupacional del servicio de salud de la empresa, ni aporta datos científicos que lo sustenten.
Admitido el recurso contencioso administrativo anteriormente referido, conforme a las previsiones contempladas en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en fecha 28 de marzo de 2017, el Tribunal admitió el recurso y ordenó las notificaciones respectivas, incluyendo la del tercero interviniente, ciudadano J.R.A., la que a la presente fecha no se ha podido practicar, por dirección incompleta y desconocimiento del mencionado en el sector señalado, según los dichos del Alguacil, en diligencia inserta al folio noventa y seis (96). En tal sentido, luego de una revisión detenida a las actas procesales que integran el expediente, se puede apreciar que la última actuación de la parte, se encuentra registrada al folio ochenta (80), contentiva de diligencia de fecha veintidós (22) de junio de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual una de sus apoderadas solicitó oficio a la Policía Nacional Bolivariana, a los fines de que se sirvan acompañar al Alguacil, al momento de notificar al mencionado tercero beneficiario.
Mediante escrito de fecha 02 de agosto de 2018, la representación del Ministerio Público, solicita al Tribunal la declaratoria de la perención y extinción de la instancia, por inactividad de la parte recurrente, por un tiempo superior al de un (01) año, de conformidad con lo estipulado en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, citando para ello jurisprudencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
-II-
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
En virtud de los acontecimientos anteriormente narrados, por un lado el Tribunal observa que, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de las pruebas.- No obstante, en caso de ser declarada la perención, la acción podrá interponerse inmediatamente después de la declaratoria.- De igual manera se aprecia que, conforme a previsto en el artículo 31 ejusdem, las demandas ejercidas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa se tramitan conforme a lo previsto en dicha Ley y, supletoriamente, se aplican las normas de procedimiento de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y del Código de Procedimiento Civil, en el entendido que, cuando el ordenamiento jurídico no contemple un procedimiento especial, el Juez o Jueza podrá aplicar el que considere más conveniente para la realización de la justicia.- En ese sentido tenemos que, el numeral 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, contempla que, toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención.- De acuerdo a esta norma, la instancia también se extingue cuando transcurridos 30 días a contar desde la fecha de la admisión de la demanda, el demandante no hubiere cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. Esto es lo que en doctrina se conoce como perención breve.
De otro lado, el Tribunal observa que, sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, acerca del derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, según la línea recientemente trazada por la jurisprudencia y que, básicamente se aprecia en la Sentencia Nº 739 de fecha 19 de septiembre de 2016, emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la cual esta Alzada hace suya para decidir en el asunto sub-exámine, la perención de la instancia e incluso la breve, se configura cuando se presenta alguno de los supuestos contemplados en la antes citada norma, en concordancia con el artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en los que la inactividad de las partes interesadas, se produce en lapsos inferiores al de un año, lo cual quiere decir que, al menos en los procesos de naturaleza contencioso administrativa, aplica esta institución procesal.
Como consecuencia de lo anteriormente señalado y, como quiera que desde el día 22 de junio de 2017, hasta la presente fecha ha transcurrido un (01) año y siete (07) meses de inactividad, sin que desde entonces se observe intervención alguna por parte de la recurrente, MANAPLAS, C.A., ni por sí ni por intermedio de apoderado judicial alguno, resulta evidente la falta de interés en continuar con el mismo, incluso a pesar del abocamiento del nuevo Juez, producido el 14 de julio de 2017, es decir luego de la referida actuación, cuando aún la causa estaba en curso, vale decir, no se encontraba paralizada. Por lo que, tal y como advierte la representación del Ministerio Público, inexorablemente opera en el presente caso la PERENCION DE LA INSTANCIA, conforme a lo dispuesto en el 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con todos los efectos que de ello derivan, según se podrá apreciar del dispositivo del presente fallo que de seguidas se transcribe.
-III-
DISPOSITIVO
Sobre la base de los razonamientos antes señalados, este Tribunal Quinto (5º) Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas actuando en sede contencioso administrativo laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
UNICO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por la empresa MANAPLAS, C.A., contra el acto administrativo contenido en la Certificación Nº CMO 00066-2015, de fecha 23 de diciembre de 2015, emanada de la Gerencia Estadal de Seguridad y Salud de los Trabajadores (GERESAT) Capital y Vargas, adscrita al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridades Laborales (INPSASEL), en el curso del Expediente Nº DIC-19-IE14-1591, a nombre del ciudadano J.R.A.M., plenamente identificados en autos. ASI SE DECIDE.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión. Notifíquese a la parte recurrente mediante boleta, así como a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General de la República, mediante oficios. Igualmente se ordena remitir la causa en la oportunidad legal correspondiente al Tribunal de la Causa.- Dada, firmada y sellada en la sede del Despacho del Tribunal Quinto (5º) Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los treinta (30) días del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019).
DIOS Y FEDERACIÓN
EL JUEZ,
J.G.R.
EL SECRETARIO,
O.C.
Nota: Se deja expresa constancia que, en horas de despacho del mismo día de hoy, miércoles treinta (30) de enero del año dos mil diecinueve (2019), siendo las doce y treinta y cinco minutos de la tarde (12:35pm), se diarizó y publicó la presente decisión.
LA SECRETARIA
Asunto Nº: AP21-N-2017-000068
(Una (01) Pieza)
JGR/oc
