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La democracia en América Latina requiere de algo más que votos

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Vincent

Desde que los rezagados Chile y Paraguay retomaron en 1989 el sistema electoral para designar a sus jefes de Estado, se puede afirmar que, en general, la región latinoamericana ha vivido más de dos décadas en democracia. Atrás quedaron los decenios de oscurantismo y represión protagonizados por cúpulas militares y megalómanos, para dar paso a la soberanía popular y que el subcontinente por fin accediera a las ansiadas libertades.

Pero en 21 años de comicios ininterrumpidos y cambios de mando pacíficos --exceptuando episodios inconstitucionales en Venezuela 1992 y 2002, Perú 1992, Ecuador 1997, 2000 y 2005 y Honduras 2009-el sistema llega a 2010 debilitado por una serie de factores que amenazan su fortalecimiento. El ciudadano común se ha dado cuenta de que la democracia no sólo es depositar el voto en la urna. Ahora reclama acceso a unas instituciones estancadas en los vicios burocráticos e incapacitadas para solventar los problemas de inseguridad, corrupción, desigualdad y participación de la sociedad en los asuntos públicos.

Hoy abunda la frustración ciudadana ante un desgastado Estado de derecho. Este síntoma es la conclusión a la que han llegado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la Organización de Estados Americanos, organismos que presentaron el informe Nuestra Democracia, entre el 12 y el 14 de octubre, durante el Foro de la Democracia Latinoamericana, cele brado en Ciudad de México.

América Latina se queda en el ejercicio de la democracia.

Las democracias regionales deben hacer frente a tres desafíos para el ejercicio democrático del poder: articular nuevas formas de participación política para contrarrestar la crisis de representación; fortalecer la organización republicana del Estado --es decir, la independencia de los poderes, su control mutuo y las instancias de rendición de cuentas--; e incrementar el poder político real del Estado, modernizando sus organizaciones y proveyéndolas de recursos humanos eficaces, explica el informe.

Las limitaciones de la capa cidad del Estado para mantener la vigencia de la legalidad frente a los embates de la delincuencia común y del crimen organizado, podría provocar un deterioro del apoyo ciudadano a las instituciones democráticas, alerta.

Durante la apertura del foro, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, destacó el...

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