Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario de Nueva Esparta, de 26 de Mayo de 2014

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA

1. IDENTIFICACION DE LAS PARTES.-

   PARTE ACTORA: Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios ente liquidador del BANCO CANARIAS DE VENEZUELA, quien absorbió por fusión a la M.E.d.A. y Préstamo, mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionista celebrada el 22-09-2004, inscrita en el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 06-02-2006, anotado bajo el N° 69, Tomo 1258 A.

   APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: abogados H.V.E., N.S.C., E.J.L., R.V.H., O.A.M.S., M.S.T., F.R., R.J.G.C., N.M.G.B., R.A., J.V.C.B., C.A. FARÍAS GARBAN, NIUSMAN MANEIMARA R.T., A.S., MARVICELIS JOSEFINA VÁSQUEZ COTUA, LISZT A.P.L., I.C.F.B. y W.A.C.R., inscritos en el inpreabogado bajo los Nros. 2.013, 73.134, 41.235, 127.891, 66.393, 46.944, 54.152, 107.199, 85.787, 91.478, 134.709, 80.588, 185.073, 117.220, 105.941, 172.612, 110.378 y 186.010, respectivamente.

   PARTE DEMANDADA: ciudadanos D.E.M.D.P. y J.G.P., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 9.424.888 y 8.390.511, domiciliados en el Tirano, Calle Principal, Jurisdicción del Municipio Arismendi del estado Nueva Esparta.

   APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No acreditó.

2. BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS DEL PROCESO.-

   Se inicia la presente demanda por EJECUCIÓN DE HIPOTECA, presentada por el abogado J.F.G.M., en su carácter de apoderado judicial de BANCO CANARIAS DE VENEZUELA (BANCO UNIVERSAL) contra los ciudadanos D.E.A.D.P. y J.G.P..

   Recibida para su distribución en fecha 21-10-2003 (f.8) siendo asignada a este jugado en esa misma fecha, quien procedió a darle entrada y anotarla en los libros respectivos, en virtud de la consignación de los recaudos señalados en el libelo de demanda, mediante diligencia de fecha 29-10-2003 (f. 39 al 38).

   Por auto de fecha 04-11-2003 (f.39 y 40), fue admitida la demanda ordenándose la intimación de la parte demandada, ciudadanos D.E.M.D.P. y J.G.P., para que comparecieran por ante este Juzgado dentro de los tres (03) días de despacho siguientes a que constara en el expediente la última intimación que de ellos se hiciera, para que apercibidos de ejecución cancelaran o acreditaran haber cancelado las sumas de dinero que se señalan en el libelo de la demanda; y se aclaró que en cuanto a la medida solicitada se proveería por auto separado en cuaderno de medidas.

   Por diligencia de fecha 06-11-2003 (f. 41) el apoderado judicial de la parte actora, consigna las copias simples del escrito libelar y auto de admisión a los efectos de que se libren las compulsas respectivas, asimismo solicitó se decretara la medida requerida en el escrito libelar.

   Por auto de fecha 13-11-2003 (f. 42) se ordenó librar las compulsas de intimación a la parte demandada, e igualmente se acordó la apertura del cuaderno de medidas correspondientes.

   En fecha 12-01-2004 (f. 43 al 63), compareció el alguacil y consignó las compulsas de intimación de los ciudadanos D.E.M.D.P. y J.G.P., en virtud de la imposibilidad de localizarlos en la dirección que le fue suministrada.

   El día 27-01-2004 (f. 64), compareció el abogado J.F.G.M., en su carácter acreditado en los autos y por diligencia solicitó la intimación de los demandados por medio de cartel, a los fines de dar cumplimiento a lo pautado en el artículo 650 del Código de Procedimiento Civil.

   Por auto de fecha 29-01-2004 (f.65 al 67), se acordó la intimación de los demandados mediante cartel, dejándose constancia de haberse librado el mismo.

   En fecha 01-03-2004 (f. 68), el apoderado judicial de la parte actora consignó copia simple del cartel de intimación librado en fecha 29-01-2004, a los efectos de que se sirva comisionar al Juzgado competente a los fines de realizar la fijación respectiva de conformidad con lo establecido en el artículo 650 del Código de Procedimiento Civil; siendo acordado por auto de fecha 04-03-2004 (f. 69, ordenándose comisionar al Juzgado de los Municipios Arismendi, A.d.C. y Gómez de este Estado, dejándose constancia de haberse librado comisión y oficio (f. 70 y 71).

   En fecha 20-04-2004 (f. 72 al 79), se recibió oficio N° 2940-118 de fecha 06-04-2004, emanado del Juzgado de los Municipios Arismendi, A.d.C. y Gómez de este Estado, a través del cual remite resulta de la comisión que le fue conferida en fecha 04-03-2004, destinada a la fijación del cartel de intimación en el domicilio de la parte demandada, debidamente cumplida.

   Por diligencia de fecha 23-04-2004, (f.80 al 88), el apoderado actor consignó ejemplares del diario S.D.M. contentivo del cartel de intimación debidamente publicado. Siendo agregado a los autos en esa misma fecha.

   Por diligencia de fecha 24-05-2004 (f. 89) el apoderado judicial de la parte actora, solicitó se designe defensor judicial a los demandados, en virtud que los mismos no comparecieron en el lapso de comparecencia que les fue concedido.

   En fecha 31-05-2004 (f. 90 y 91), se dictó auto mediante el cual se designó defensor judicial de la parte demandada al abogado J.G.T.; dejándose constancia en esa misma fecha de haberse librado la boleta respectiva (f. 92).

   Por diligencia de fecha 18-06-2004 (f. 93 y 94), el alguacil de este Juzgado consignó en un (1) folio útil boleta de notificación debidamente firmada por el abogado J.G.T..

   Por diligencia de fecha 28-06-2004 (f. 95) el abogado J.G.T., manifestó la imposibilidad de aceptar su designación como defensor judicial de la parte demandada, en virtud de no encontrarse en la jurisdicción de este despacho para el momento de llevarse a cabo la contestación de la demandada.

   Por auto de fecha 13-06-2005 (f.96 y 97), se ordenó la paralización del presente juicio en aplicación del artículo 56 de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda, asimismo se acordó oficiar lo conducente al Banco Nacional de Ahorro y Préstamo, siendo librado el respectivo oficio en esa misma fecha (f. 98).

   Por auto de fecha 01-06-2011 (f. 99 y 100) se ordenó ratificar el contenido del oficio N° 13.717-05 de fecha 13-06-2005 dirigido al Presidente del Banco Nacional de Ahorro y Préstamo, en virtud de no haberse recibo respuesta al mismo; igualmente se ratificó la orden de suspensión del proceso emitida en fecha 13-06-2005, por encuadrar en uno de los supuestos contemplados en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, oficiándose lo conducente al Ministerio del Poder Popular con competencia en Vivienda y Hábitat, a fin de informarle sobre lo resuelto; dejándose constancia de haberse librado los oficios respectivos (f.101 y 102).

   En fecha 17-06-2011 (f. 103 al 105), la alguacil de este despacho consignó en dos (2) folios útiles los oficios Nros. 22.527-11 y 22.528-11 emitidos el 01-06-2011, debidamente firmados y sellados como constancia de haber sido enviados por Ipostel.

   Por auto de fecha 21-12-2011 (f. 106 al 108) previo abocamiento de la Juez Temporal de este despacho, se dejó sin efecto la ratificación de la suspensión del proceso emitido en fecha 13-06-2005, con fundamento a lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, y se advirtió que la causa continuaba suspendida en aplicación al artículo 56 de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda; igualmente en virtud que la parte actora BANCO CANARIAS DE VENEZUELA, fue intervenida y se encuentra en etapa de liquidación, se ordenó notificar a la Junta Coordinadora del P.d.L. del referido Banco Adscrita al Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios -antes denominada Fondo de Garantía de Depósito y Protección Bancaria- (Fogade), así como a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) sobre la existencia de la presente causa así como del contenido del referido auto, asimismo se ordenó notificar al Ministerio del Poder Popular con competencia en Vivienda y Hábitat; al Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela con fundamento en el artículo 97 de la Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en razón de que el estado tiene interés patrimonial directo en la resulta de este proceso, remitiéndoseles a tal fin copias certificadas del expediente; para lo cual se acordó oficiar a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura de este Estado, con el objeto de que se sirva fotocopiar tres ejemplares del expediente, con el fin de realizar las notificaciones respectivas; y finalmente se ordenó ratificar el contenido del oficio N° 22.528-11 de fecha 01-06-2011, dirigido al Presidente del Banco Nacional de Ahorro y Préstamo; dejándose constancia de haberse librado los oficios respectivos (f. 109 al 111).

   En fecha 02-02-2012 (f. 112) se dejó constancia de haberse librado los oficios respectivos a la Junta Coordinadora del P.d.L.d.B.C.d.V. (Banco Universal), adscrita al Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios; a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela y al Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), por cuanto fueron certificadas las copias simples del expediente en cumplimiento al auto de fecha 16-01-2012 ( f. 112 al 115).

   En fecha 15-02-2012 (f. 116 y 117) la alguacil de este despacho consignó en un (1) folio útil oficio Nro. 23.239-12 emitido en fecha 16-01-2012, debidamente firmado y sellado como constancia de haber sido enviado por la Valija de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

   En fecha 15-02-2012 (f. 118 al 121) la alguacil de este despacho consignó en tres (3) folios útiles oficios Nros. 23.311-12, 23.312-12 y 23.313-12 emitidos en fecha 02-02-2012, debidamente firmados y sellados como constancia de haber sido enviados por la Valija de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

   En fecha 05-03-2012 (vto del f.122) se agregó a los autos el oficio N° SIB-DSB-CJ-OD-04901 de fecha 27-02-2012 emanado de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, mediante el cual da acuse de recibo a la comunicación N° 23.313-12 de fecha 02-02-2012.

   Por auto de fecha 07-03-2012 (f. 123 y 124), se ordenó oficiar a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, a los efectos de dar acuse de recibo a la comunicación N° SIB-DSB-CJ-OD-04901 de fecha 27-02-2012, emanada del mencionado organismo; dejándose constancia de haberse librado el oficio respectivo.

   En fecha 12-03-2012 (f. 125 al 127) la alguacil de este despacho consignó en dos (2) folios útiles oficios Nros. 23.238-12 y 23.240-12 emitidos en fecha 16-01-2012, debidamente firmados y sellados como constancia de haber sido enviados por Ipostel.

   En fecha 19-03-2012 (f. 128 y 129) la alguacil de este despacho consignó en un (1) folio útil oficio Nro. 23.439-12 emitido en fecha 07-03-2012, debidamente firmado y sellado como constancia de haber sido enviado por la Valija de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

   En fecha 22-06-2012 (vto del f.130) se agregó a los autos el oficio N° G.G.L.A.A.A 0151 de fecha 01-06-2012 emanado de la Procuraduría General de la República, mediante el cual da acuse de recibo a la comunicación N° 23.312-12 de fecha 02-02-2012.

   Por diligencia de fecha 23-04-2014 (f. 131 al 154), la abogada A.A.S.S., en su carácter de apoderada judicial del Banco Canarias de Venezuela, Sociedad Mercantil en p.d.L.A. por parte del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, consignó instrumento poder que acredita su representación conjunta o separadamente con otros abogados expresamente identificados, y solicitó la perención de la Instancia conforme al artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

   CUADERNO DE MEDIDAS

   Por auto de fecha 13-11-2003 (f. 01) se decretó medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el inmueble objeto de la presente demanda y se ordenó oficiar lo conducente al Registro Inmobiliario del Municipio Arismendi de este Estado, a los efectos de que estampe la nota marginal correspondiente, dejándose constancia de haberse librado el mismo (f. 02).

   En fecha 19-11-2003 (vto del f.03) se agregó a los autos el oficio N° 7380-21 de fecha 17-11-2003 emanado Registro Inmobiliario del Municipio Arismendi de este Estado, mediante el cual manifiesta la imposibilidad de estampar la nota marginal correspondiente en virtud que los datos de adquisición del inmueble objeto de la medida no coinciden con los registrados en los libros respectivos.

   Por auto de fecha 24-11-2003 (f. 4 y 05), en razón del error en que se incurrió en el oficio librado en fecha 13-11-2003, se ordenó dejar sin efecto el mismo y se acordó librar uno nuevo con las correcciones pertinentes.

   Siendo la oportunidad para decidir sobre la misma este Tribunal lo hace bajo las siguientes consideraciones:

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISION.-

   El encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece:

   Toda Instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención...

   .

   El procesalista R.H.L.R., en su obra Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 329, comenta:

   ...La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uti singulis) y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir.

   El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función Pública del proceso (cfr comentario al Art. 14) exige que éste, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.

   Por ello, el juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la Instancia...

   .

   Sobre este particular la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fallo Nro.01035 emitido en fecha 12.6.2001, expediente Nro.15620, estableció lo siguiente:

   …Para decidir, la Sala observa:

   La perención de la instancia opera por la inactividad procesal de las partes, es decir, la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, en un periodo de al menos un año, de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia o cuando transcurre el lapso previsto en los supuestos de hecho del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

   ….omissis…

   Por lo tanto, al no existir actividad procesal alguna en el presente caso, dirigida a movilizar y mantener en curso el proceso, evitando con ello su eventual paralización durante un lapso de al menos un año, según lo previsto en las normas antes citadas, resulta forzoso para esta Sala declarar de oficio la perención de la instancia y así se decide….

   De lo anterior se colige que la perención de la Instancia consagrada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es una institución estrechamente ligada al orden público, no es renunciable, opera de pleno derecho, y que se produce antes de que en la causa se inicie el lapso de dictar sentencia, en aquellos casos en los que se produzca una paralización por un tiempo superior a un año por causas que le sean imputables a las partes, o bien, cuando pasados que sean los treinta días siguientes a la admisión de la demanda el actor no suministre al alguacil los medios de transporte necesarios para que éste se traslade a efectuar la citación de la parte demandada, o cuando transcurran seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, sin que los interesados hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la Ley les impone para proseguirla.

   En este caso particular se observa que desde la última actuación que ocurrió el día 22-06-2012, fecha en la cual se agregó a los autos el oficio Nro. G.G.L-A.A.A 0151 de fecha 01-06-2012 emanado de la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, hasta el día de hoy ha transcurrido mas de un año, sin que durante dicho intervalo de tiempo la parte actora haya ejecutado actos de procedimiento tendentes a darle impulso al proceso y en consecuencia, en vista de las características especiales de la perención de la instancia, la cual como se expresó es irrenunciable y opera de pleno derecho, en virtud de que conforme a lo señalado la presente causa se mantuvo paralizada por un período superior a un año, no encontrándose la causa en etapa de dictar sentencia debe establecerse que irremediablemente se consumó la Perención de la Instancia, con fundamento en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

4. DISPOSITIVA.-

   Por las consideraciones anteriormente expuestas, éste Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: