Elecciones presidenciales en Venezuela, 2012: el síndrome centro-periferia.
| Autor | Amaya Hernández, Carlos Andrés |
Presidential elections in Venezuela, 2012: center-periphery Syndrome
Elections Présidentielles au Venezuela, 2012: le syndrome centrepériphérie
INTRODUCCIÓN
Los resultados de los comicios realizados el 7 de octubre de 2012 para elegir presidente de la República de Venezuela son propicios para dar continuidad a una línea de investigación en geografía electoral, la cual ha estado apuntalada por la realización de varios eventos (presidenciales, legislativas, gobernadores, alcaldes) en la denominada "era" Chávez, desde 1998 hasta el presente, caracterizada por una elevada polarización política entre el "oficialismo" liderado por el presidente Chávez y el partido Socialista Unido de Venezuela y la "oposición", compuesta por una coalición de de partidos y organizaciones de variado tinte político e ideológico, con tendencia a su unificación en la denominada "Mesa de la Unidad Democrática", la cual cristalizó en la elecciones presidenciales de 2006, con Manuel Rosales como candidato.
Este escenario de polarización--entre el oficialismo y la oposición--se inicia desde el mismo año 1998, con las elecciones presidenciales en las cuales Chávez triunfó con 56,2 % de la votación nacional. La polarización, señala Ramos (2006), se manifestó en que los dos principales candidatos--Chávez y Salas Romerobtuvieron en conjunto 96 % de los votos. En el año 2000--consecuencia de la relegitimación de los poderes públicos establecida en la nueva Constitución de 1999 en la que se establece un período de gobierno de seis años--Chávez obtiene nuevamente el triunfo con 59,8 % de los votos y en el referendo revocatorio de 2004 es ratificado en la presidencia de la República, con 59 % de la votación. El año 2004 marca con mayor claridad la polarización oficialismo-oposición pues la oposición elabora una estrategia, a través de un conjunto de organizaciones políticas, para solicitar el revocatorio del mandato del presidente Hugo Chávez. En las elecciones presidenciales de 2006 Chávez obtuvo 62,85 % de los votos y Manuel Rosales 36, 90 % (99,75 % entre estas dos candidaturas).
Para López (2004) esta polarización tiene sus raíces en la brecha social que se profundizó en las décadas inmediatamente anteriores al proceso electoral de 1998 y que se manifestó a través de una extrema polarización política entre sectores sociales con distintos niveles de ingreso. Para la autora, el referendo de 2004 reafirmó esta polarización, pues esta elección enfrentó de nuevo una sociedad fragmentada en dos partes cuyos límites económicos, sociales, espaciales, culturales y políticos se trazaron desde una lógica de clases: quien es pobre es "chavista", pues tiene allí la esperanza de cambio para su familia y el discurso y el proyecto bolivariano lo incluye; si es de clase alta, se es "antichavista" pues allí le prometen un imaginario neoliberal (resguardo de las propiedades y libertades). Añade la autora que si bien las clases medias se inclinan por uno u otro polo, la mayoría tomó el camino de la oposición.
Esta confrontación, en opinión nuevamente de López (ibídem) fue conformándose territorialmente: las clases medias en territorios urbanos incomunicados de los barrios populares, donde predominan las clases más pobres. En el referendo revocatorio de 2004, indica la autora, en las áreas más pobres y densamente pobladas de Caracas triunfó abrumadoramente la ratificación de Chávez, mientras que en los municipios donde predominan las clases medias (Baruta, Chacao, El Hatillo) el voto fue mayoritario por su revocatoria. En los municipios menos urbanizados del país, por su parte, triunfó el apoyo a Chávez, mientras que en los más urbanizados--grandes centros metropolitanos--el voto por el revocatorio del Presidente fue mayor.
Según López (ibídem) con la instalación del gobierno de Chávez en 1999 comienza a materializarse el proyecto político "bolivariano", primero con la Constitución de 1999 y luego con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 y otras leyes normativas (de corte socialista), contrario al proyecto político de orientación e intereses cercanos al neoliberalismo, lo cual generó una aguda conflictividad política, entre el gobierno y la oposición; esta conflictividad se acentuó a fines de 2001 con la realización de un primer paro cívico nacional convocado por FEDECAMARAS, uno de los actores opuestos al proyecto bolivariano de Chávez e igualmente en 2002 con el golpe de Estado (o rebelión popular según algunos voceros de la oposición) propiciado por civiles y militares desafectos al gobierno (abril) y el paro petrolero del mes de diciembre.
La polarización política enfrenta de hecho dos modelos socioeconómicos contrapuestos. El gobierno del presidente Chávez apunta hacia un modelo socialista, el cual, en opinión de Marcano (2013) se ha traducido en una mayor participación del sector público dentro de la economía y la sociedad en detrimento de los actores privados, apuntalado por las misiones sociales que brindan servicios a la población. Esta postura del gobierno se ha profundizado recientemente siendo uno de los aspectos fundamentales del denominado socialismo del siglo XXI que se centra en la transformación de las estructuras de la propiedad de los medios de producción y circulación y distribución de bienes y servicios (Lewowitz, 2010).
De acuerdo con Álvarez (2009), el modelo socialista del siglo XXI apunta no solo a grandes transformaciones sociales y económicas, sino a cambios territoriales, asunto de interés en este trabajo. Álvarez señala, de acuerdo con este modelo, la necesidad de construir un nuevo patrón productivo, con énfasis en aspectos territoriales, destacando los siguientes; 1. Necesidad de impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas internas, con base en el aprovechamiento de capacidades tecnológicas para agregar valor a las abundantes fuentes de materias primas y recursos energéticos que posee Venezuela, en función de sustituir importaciones y diversificar las exportaciones; 2. Reconocimiento de la importancia de la intervención del Estado para orientar el curso del desarrollo económico y territorial, en función de grandes intereses nacionales; 3. Eliminación de los desequilibrios territoriales y del desarrollo desigual entre las diferentes regiones, estados, municipios y comunidades a lo largo y ancho del territorio nacional.
Estas consideraciones fueron apuntaladas, desde el punto de vista territorial uno de los cinco ejes del Plan de Desarrollo Nacional 2001-2007--a través de una propuesta de desconcentración del desarrollo económico y demográfico, bajo la premisa de que la concentración, especialmente en la región centro norte del país, había generado grandes desequilibrios territoriales. La desconcentración, según el Plan Nacional, favorecería el desarrollo de las regiones productoras de materias primas no tradicionales, dentro del marco del desarrollo endógeno, una de las banderas en las campañas electorales del oficialismo, signada como justicia territorial. Algunos autores--allegados a la oposición, por el contrario, cuestionan esta estrategia territorial, y apuntan más bien hacia la concentración, bajo la premisa de que el desarrollo puede ser dirigido desde los centros neurálgicos del desarrollo nacional. Según Estaba (2007), se presume que la propuesta de desconcentración andaría rumbo a una descentralización desconcentrada, territorialmente difusa y sustentada en el impulso de tres ejes de desarrollo (oriental, occidental y OrinocoApure) que se contraponen al trazado del histórico sistema urbano venezolano, en desmedro de la franja centro norte costera, donde se asienta Caracas y su región metropolitana, la de mayor densidad de población y crecimiento. Dados los fundamentos centralistas, presidencialistas y de planificación "desde arriba hacia abajo" sostiene Estaba, por encima de los ejes de desconcentración se superpone la coordinación desde el Ejecutivo Nacional, lo cual reforzaría la centralización, uno de los rasgos subyacentes de las políticas del gobierno "chavista". Se enfrentarían, en consecuencia, dos modelos opuestos, con mayor o menor participación del Estado.
En relación con lo anterior, Marcano (OP. cit.) señala que de acuerdo con estimaciones del Banco Central de Venezuela, para comienzos de 1999, año en que Chávez tomó posesión de gobierno, la actividad privada tenía una participación por encima de 65 % dentro del Producto Interno Bruto (PIB), el cual cayó a 58,2 % para el cierre de 2012. El empleo en el sector privado, en contraste, tiende a disminuir drásticamente. Rodríguez (2012) menciona, citando al presidente de FEDECAMARAS (el máximo organismo empresarial del sector privado), que el sector privado generaba hace diez años 8 de cada 10 empleos en el país y ahora esa cifra es de 6 de cada 10. Añade Rodríguez que 800.000 personas que antes trabajaban en unas 170.000 empresas que ya no existen, ahora integran una parte del empleo público, por distintas razones, como expropiaciones, intervenciones, política cambiaria y control de precios. Según cifras del Instituto nacional de estadísticas (INE), la masa laboral alcanzó para el primer semestre del 2012 un total de 12.728.590 empleados de los cuales el sector privado absorbe 80 %. El dato resaltante, sin embargo, ha sido la reducción de los empleados privados: 430.499 durante el segundo semestre de 2011 y 411.865 durante el primer semestre de 2012.
La oposición cuestiona abiertamente el estatismo "chavista" y apuesta, por el contrario, por una mayor apertura económica y por una reducción del papel del Estado en el funcionamiento y organización económica y social del país. La oposición, adicionalmente, ha cuestionado el modelo político, considerado por sus principales dirigentes como hegemónico y autoritario, lo cual ha agudizado la confrontación político-electoral (Ramos, OP.cit).
Todo lo anterior ha creado un contexto socioeconómico y político en el cual se desenvuelven los más recientes procesos electorales en...
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