Sentencia nº 00124 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 29 de Febrero de 2012
| Fecha de Resolución | 29 de Febrero de 2012 |
| Emisor | Sala Político Administrativa |
| Ponente | Yolanda Jaimes Guerrero |
| Procedimiento | Consulta de jurisdicción |
Magistrada Ponente: Y.J.G.
Exp. 2012-0078
El Juzgado Trigésimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, adjunto a Oficio Nº 409/12 del 11 de enero de 2012, recibido el día 19 del mismo mes y año, remitió a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, interpuesta por la ciudadana C.N.M.D.V., cédula de identidad Nº 9.448.898, sin asistencia judicial contra la sociedad mercantil SEGUROS HORIZONTE, S.A., sin identificación en el expediente.
La remisión se efectuó en virtud de la consulta prevista en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, por haber declarado el Tribunal remitente, en sentencia del 15 de diciembre de 2011, la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública, por considerar que corresponde a la Inspectoría del Trabajo respectiva.
En fecha 24 de enero de 2012, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Y.J.G., a los fines de decidir la consulta de jurisdicción.
Realizado el estudio del expediente, pasa esta Sala a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
Mediante escrito presentado en fecha 12 de diciembre de 2011, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, la ciudadana C.N.M.D.V., interpuso solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos en virtud de haber sido despedida de la sociedad mercantil SEGUROS HORIZONTE, S.A. En dicho escrito, la accionante argumentó:
Que comenzó a prestar sus servicios “…para la [demandada] bajo la supervisión u orden del ciudadano A.G., desempeñando el cargo de COORDINADORA DE PRODUCCION (…). Por la prestación de [sus] servicios devengaba un salario de Bs. 4.455,00 mensuales…”. (Sic).
Indicó que en fecha 8 de diciembre de 2011, “…fu[é] despedida por el ciudadano J.T. en su carácter de GERENTE COORPORATIVO DE GESTION HUMANA de la empresa…” (sic).
En la solicitud calificó de injustificado el despido, por no haber incurrido en las causales previstas en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Distribuida la causa, le correspondió su conocimiento al Juzgado Trigésimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual, mediante decisión dictada el 15 de diciembre de 2011, declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial respecto de la Administración Pública, por considerar que la solicitante presuntamente se encontraba amparada por la inamovilidad laboral especial decretada por el Ejecutivo Nacional, en los siguientes términos:
…Ahora bien, atendiendo a la solicitud planteada, es preciso destacar que mediante Decreto Presidencial Nº 7.914, de fecha 16 de diciembre del año 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nº 39.575 del 16 de diciembre del año 2010, se prorrogó desde el 1º de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011, la inamovilidad laboral especial dictada a favor de los trabajadores del sector privado y del sector público regidos por la Ley Orgánica del Trabajo (…).
(…)
Igualmente es importante señalar que mediante Decreto Presidencial Nº 8.167 de fecha 25 de abril del año 2011, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.660 del día 26 del mismo mes y año, se fijó un aumento del salario mínimo mensual obligatorio en todo el Territorio Nacional (…).
En razón de lo anterior y visto que en el presente caso la actora aduce que fue despedida el 08/12/2011 y que devengaba un salario mensual de Bs. 4.455,00, lo que representa un monto inferior a tres (3) salarios mínimos; es por lo que este Tribunal considera que nos encontrándonos en presencia de una falta de Jurisdicción en el caso planteado, por cuanto el asunto sometido a la consideración del Juez no corresponde en absoluto a la esfera de sus poderes y deberes en su función de administrar justicia, sino a las atribuciones de otros órganos del poder público, como lo son los órganos administrativos…
. (sic).
En esa misma fecha, se ordenó remitir el expediente a este órgano jurisdiccional.
II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Previamente debe pronunciarse la Sala respecto de la norma atributiva de competencia, de conformidad con la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual establece en su artículo 23 numeral 20, lo siguiente:
…Artículo 23. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de:
(…)
20. Las consultas y recursos de regulación de jurisdicción…
.
Asimismo dicha competencia fue establecida en el artículo 26.20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Se evidencia que las normativas de las nuevas leyes determinan el mismo régimen competencial del Código de Procedimiento Civil, establecido en sus artículos 59 y 62, de aplicación supletoria conforme al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Visto lo anterior, corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la consulta sometida a su conocimiento y en tal sentido observa que, por decisión dictada en fecha 15 de diciembre de 2011, el Juzgado Trigésimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública para conocer y decidir el caso de autos, por considerar que corresponde a la Inspectoría del Trabajo el conocimiento del presente asunto.
Al efecto, se observa que el artículo 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo consagra, entre otras facultades, la que tiene el trabajador o trabajadora despedida de acudir ante el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, si considera que el despido no está fundamentado en alguna de las causas justificadas previstas en la Ley para que el Juez de Juicio lo califique y, en caso de constatar que se produjo sin causa legal que lo hiciere procedente, ordene su reenganche y pago de los salarios caídos.
De igual forma, la referida Ley dispone en el ordinal 2° del artículo 29, la competencia de los Tribunales del Trabajo para conocer de “las solicitudes de calificación de despido o de reenganche, formuladas con base en la estabilidad laboral consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la legislación laboral”; sin embargo, debe también precisarse que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo, contenida en el Decreto Presidencial Nº 8.202 de fecha 5 de mayo de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.024 extraordinario, del día 6 del mismo mes y año, establece situaciones en las cuales es exigida la calificación previa del despido a la Inspectoría del Trabajo, en virtud de la inamovilidad que podrían disfrutar los trabajadores o las trabajadoras en un momento determinado. En efecto, entre los trabajadores y trabajadoras que para ser despedidos necesitan de la calificación previa por el órgano administrativo figuran: a) la mujer en estado de gravidez, b) los que gocen de fuero sindical, c) los que tengan suspendida su relación laboral, d) los que estén discutiendo convenciones colectivas y los casos establecidos en las leyes especiales, tal como la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad.
Adicionalmente, requieren de la calificación de despido previa ante el respectivo órgano administrativo, los supuestos de inamovilidad laboral decretados por el Ejecutivo Nacional en uso de las potestades que la Constitución y la Ley le confieren.
Visto el último de los supuestos antes señalados, se evidencia que el Juzgado consultante declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial para conocer del caso, con fundamento en que “…el asunto sometido a la consideración del Juez no corresponde en absoluto a la esfera de sus poderes y deberes en su función de administrar justicia, sino a las atribuciones de otros órganos del poder público, como lo son los órganos administrativos…”.
Al respecto, esta Sala observa que para la oportunidad en la que fue despedida la trabajadora accionante, esto es el 8 de diciembre de 2011, se encontraba vigente el Decreto Presidencial Nº 7.914 de fecha 16 de diciembre de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.575 de esa misma fecha, mediante el cual se prorrogó desde el 1° de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, la inamovilidad laboral especial dictada a favor de los trabajadores y las trabajadoras del sector privado y del sector público regidos por la entonces vigente Ley Orgánica del Trabajo, hoy Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo.
Asimismo, en el referido Decreto N° 7.914 se estableció lo siguiente:
Artículo 2°. Los trabajadores amparados por la prórroga de la inamovilidad laboral especial no podrán ser despedidos, desmejorados, ni trasladados, sin justa causa, calificada previamente por el Inspector del Trabajo de la jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo. El incumplimiento de esta n.d. derecho al trabajador a solicitar el reenganche y pago de salarios caídos correspondiente. Ello no excluye la posibilidad de convenios o acuerdos entre patronos, por una parte, y trabajadores, por la otra, para lograr la reducción de personal, mediante el procedimiento de negociación colectiva voluntaria establecido en el ordenamiento jurídico vigente.
(…)
Artículo 4°. Quedan exceptuados de la aplicación de la prórroga de la inamovilidad laboral especial prevista en este Decreto, los trabajadores que ejerzan cargos de dirección, quienes tengan menos de tres (3) meses al servicio de un patrono, quienes desempeñen cargos de confianza, los trabajadores temporeros, eventuales y ocasionales; quienes devenguen para la fecha del presente decreto un salario básico mensual superior a tres (3) salarios mínimos mensuales y los funcionarios del sector público quienes conservarán la estabilidad prevista en la normativa legal que los rige…
. (Resaltado de la Sala).
De la norma antes transcrita se desprende la imposibilidad de despedir a un trabajador o a una trabajadora amparado o amparada por la inamovilidad laboral especial, a menos que existiere una causa justificada debidamente comprobada por el Inspector o Inspectora del Trabajo, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 444 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.024 Extraordinario de fecha 6 de mayo de 2011.
Asimismo, señala bajo que supuestos se exceptúa la aplicación de la referida prórroga de inamovilidad laboral especial, los cuales serian: 1) Que el trabajador o trabajadora ejerza un cargo de dirección, 2) Que no acumule más de tres (3) meses de antigüedad al servicio del patrono, 3) Que desempeñe un cargo de confianza, 4) Que sea temporero, eventuales y ocasionales, 5) Que la remuneración percibida con ocasión de la prestación de sus servicios exceda la sumatoria de tres (3) salarios mínimos, y 6) Que sea funcionario del sector público.
Ahora bien, de la lectura del libelo que contiene la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos a que se contrae el presente caso, se desprende que la actora no indicó la fecha en que inició la relación laboral con la empresa Seguros Horizonte, C.A., razón por la cual no se puede precisar la antigüedad de la solicitante al momento del despido, siendo este un requisito indispensable a los efectos de determinar si se encontraba amparada por la inamovilidad laboral especial decretada por el Ejecutivo Nacional, ello en virtud de la concurrencia de los supuestos precedentemente señalados.
Por tanto, al no poder establecer de manera clara si la solicitante se encuentra amparada por la referida inamovilidad, se concluye que corresponde a los órganos jurisdiccionales en materia laboral decidir el caso bajo análisis, conforme a lo establecido en los artículos 29 y 187 de la ley Orgánica Procesal del Trabajo, es por lo que debe entonces esta Sala afirmar la jurisdicción del Poder Judicial para conocer la presente solicitud. Así se decide.
En consecuencia se revoca el fallo consultado dictado por el Juzgado Trigésimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 15 de noviembre de 2011.
III
DECISIÓN
Con fundamento en los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL SÍ TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por la ciudadana C.N.M.D.V. contra la sociedad mercantil SEGUROS HORIZONTE, S.A.
En consecuencia, se REVOCA la sentencia consultada de fecha 15 de diciembre de 2011, dictada por el Juzgado Trigésimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año dos mil doce (2012). Años 201º de la Independencia y 153º de la Federación.
La Presidenta
E.M.O.
La Vicepresidenta - Ponente
Y.J.G.
Los Magistrados,
E.G.R.
TRINA O.Z.
M.G. MISTICCHIO TORTORELLA
La Secretaria,
S.Y.G.
En veintinueve (29) de febrero del año dos mil doce, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00124.
La Secretaria,
S.Y.G.
