Sentencia nº 00591 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 5 de Junio de 2013
| Fecha de Resolución | 5 de Junio de 2013 |
| Emisor | Sala Político Administrativa |
| Ponente | Emiro García Rosas |
| Procedimiento | Consulta de jurisdicción |
Magistrado Ponente: E.G.R.
Exp. Nº 2013-0080
El Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, adjunto a oficio N° 0135-13 de fecha 11 de enero de 2013, recibido en esta Sala el 21 de ese mes y año, remitió el expediente contentivo de la solicitud interpuesta por el abogado Euro I.E.Á. (INPREABOGADO N° 152.199), actuando como apoderado judicial del ciudadano W.E.A. (cédula de identidad N° 8.535.540), contra los ciudadanos R.M.C. y Golfan Alselmis MOLINA CHACÓN (cedulados con los números 9.186.316 y 9.187.457), y la ASOCIACIÓN CIVIL UNIÓN COROMOTO (inscrita ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito del Registro Público del Distrito Girardot del Estado Aragua, en fecha 09 de noviembre de 1977, bajo el N° 02, folio 6 y vto, Protocolo Primero, Tomo 12), a los fines de que el órgano jurisdiccional ejecute la P.A. N° 734-2012 de fecha 28 de septiembre de 2012, dictada por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios A.G., M.B.I., S.M., F.L.A., Costa de Oro y Libertador del Estado Aragua, mediante la cual declaró “CON LUGAR la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos presentada por” su representado, contra los mencionados ciudadanos y la referida Asociación Civil.
La remisión se efectuó en virtud de la consulta prevista en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, por haber declarado el Tribunal remitente la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública.
El 23 de enero de 2013 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Emiro García Rosas, a los fines de decidir la consulta de jurisdicción.
En fecha 08 de mayo de 2013 fue electa la Junta Directiva de este Supremo Tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quedando integrada esta Sala de la siguiente manera: Presidente, Magistrado Emiro García Rosas; Vicepresidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; la Magistrada Trina Omaira Zurita, la Magistrada Suplente M.M.T., y el Magistrado Suplente E.R.G.. Se ordenó la continuación de la presente causa.
Al respecto la Sala observa:
I
Que en fecha 14 de julio 1998 comenzó a prestar sus servicios personales como conductor de unidad de transporte público “atendiendo la ruta J.F.R. -Terminal- -Seguro Social-” autorizada por la Asociación Civil Unión Coromoto hasta el 05 de marzo de 2012, oportunidad en la cual fue despedido.
Que en virtud del aludido despido, en esa misma fecha interpuso “solicitud de REENGANCHE Y PAGO DE SALARIOS CAÍDOS, con fundamento en el artículo 445 de la LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO vigente para aquel momento, (…) dada la existencia del DECRETO DE INAMOVILIDAD LABORAL dictado por el Ejecutivo Nacional”.
Que en fecha 14 de Marzo de 2012 fue admitida la “reclamación interpuesta (…), se inició la sustanciación de la causa (…), procedimiento (…) que fue decidido según P.A. N° 734-2012, de fecha veintiocho (28) de septiembre de 2012” por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios A.G., M.B.I., S.M., F.L.A., Costa de Oro y Libertador del Estado Aragua.
Que al no cumplir voluntariamente los ciudadanos R.M.C., Golfan Alselmis MOLINA CHACÓN y la Asociación Civil Unión Coromoto con lo acordado en la P.A. N° 734-2012 de fecha 28 de septiembre de 2012, dictada por la Inspectoría del Trabajo respectiva, acudió en fecha 18 de diciembre de 2012 al órgano jurisdiccional a los fines de ordenar a la parte demandada que proceda a la ejecución de la referida p.a..
Fundamentó su solicitud en el artículo 445 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, hoy artículo 422 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
El 20 de diciembre de 2012 el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, al cual le correspondió conocer previa distribución, dictó sentencia mediante la cual declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial en los siguientes términos:
(…) considera este Tribunal que en el presente caso se constata que el solicitante dispone de la vía procesal ordinaria para lograr la protección de sus derechos y garantías constitucionales, teniendo la posibilidad de obtener la ejecución del acto administrativo de efectos particulares contenido en la Providencia de fecha 28 de septiembre de 2012, dictada por la INSPECTORIA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS A.G., M.B.I., S.M., F.L.A., COSTA DE ORO Y LIBERTADOR, ya que se encuentra amparado por parte de la Ley especial que priva por la especialidad de la materia, a saber: la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras, artículos 4, 12, 507, 508, 509, 512 y numerales 5, 6 y 9 del artículo 425, los cuales ciertamente, les atribuyen funciones, obligaciones y facultades a los Inspectores del Trabajo para ejecutar, garantizar la ejecución de sus propias decisiones, así como para requerir medios y procedimientos para hacer cumplir su cometido como instancia ejecutora, vale decir, imposición de sanciones, arresto con la colaboración de la fuerza pública, y la actuación del Ministerio Público. Así se establece.
…omissis…
Por lo antes expuesto, este Juzgado (…), Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA FALTA DE JURISDICCIÓN del Poder Judicial frente a la Administración Pública, específicamente ante la INSPECTORIA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS A.G., M.B.I., S.M., F.L.A., COSTA DE ORO Y LIBERTADOR, con sede en la Ciudad de Maracay…
(sic) (Mayúsculas y negrillas de la sentencia).
II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 numeral 20 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el artículo 26 numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a esta Sala, conocer las consultas de jurisdicción.
Establecido lo anterior, observa la Sala que por sentencia dictada en fecha 20 de diciembre de 2012 el tribunal remitente declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial, por considerar que conforme al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en su artículo 512, corresponde a la Inspectoría del Trabajo respectiva la ejecución de las providencias administrativas dictadas por esta.
Alegó el ciudadano W.E.A. (folios 1 y 2 con sus vtos. del expediente) que en fecha 18 de diciembre de 2012 acudió al órgano jurisdiccional a los fines de solicitar la ejecución de la P.A. N° 734-2012 del 28 de septiembre de 2012, dictada por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios A.G., M.B.I., S.M., F.L.A., Costa de Oro y Libertador del Estado Aragua, mediante la cual declaró “CON LUGAR la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos presentada por” su representado, contra los ciudadanos R.M.C., Golfan Alselmis MOLINA CHACÓN y la Asociación Civil Unión Coromoto.
En virtud de lo anterior se destaca que la pretensión del accionante está dirigida a obtener de los demandados la ejecución de la P.A. que ordenó su reenganche.
En tal sentido y a los fines de resolver el tema referido a la jurisdicción, es menester señalar que mediante Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.076 del 07 de mayo de 2012, fue publicado el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, cuerpo normativo vigente para el momento en que se dictó la P.A. (28 de septiembre de 2102), en el cual se establecen procedimientos novedosos para la protección de los derechos y garantías de los trabajadores y trabajadoras.
Es así como en su artículo 425 del aludido decreto ley, se precisa una nueva fase dentro del procedimiento de reenganche, a saber:
Artículo 425. Cuando un trabajador o una trabajadora amparado por fuero sindical o inamovilidad laboral sea despedido, despedida, trasladado, trasladada, desmejorado o desmejorada podrá, dentro de los treinta días continuos siguientes interponer denuncia y solicitar la restitución de la situación jurídica infringida, así como el pago de los salarios y demás beneficios dejados de percibir, ante la Inspectoría del Trabajo de la jurisdicción correspondiente. El procedimiento será el siguiente:
1. El trabajador o trabajadora o su representante presentará escrito que debe contener: la identificación y domicilio del trabajador o de la trabajadora; el nombre de la entidad de trabajo donde presta servicios, así como su puesto de trabajo y condiciones en lo que desempeñaba; la razón de su solicitud; el fuero ó inamovilidad que invoca, acompañado de la documentación necesaria.
2. El Inspector o Inspectora del Trabajo examinará la denuncia dentro de los dos días hábiles siguientes a su presentación, y la declarará admisible si cumple con los requisitos establecidos en el numeral anterior. Si queda demostrada la procedencia del fuero o inamovilidad laboral, y existe la presunción de la relación de trabajo alegada, el Inspector o la Inspectora del Trabajo ordenará el reenganche y la restitución a la situación anterior, con el pago de los salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir, con el pago de los salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir. Si hubiese alguna deficiencia en la solicitud o documentación que la acompaña, convocará al trabajador o a la trabajadora para que subsane la deficiencia.
3. Un funcionario o funcionaria del Trabajo se trasladará inmediatamente, acompañado del trabajador o la trabajadora afectado o afectada por el despido, traslado o desmejora, hasta el lugar de trabajo de éste o ésta, y procederá a notificar al patrono, patrona o sus representantes, de la denuncia presentada y de la orden del Inspector o Inspectora del Trabajo para que se proceda al reenganche y restitución de la situación jurídica infringida, así como al pago de los salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir.
4. El patrono, patrona o su representante podrá, en su defensa, presentar los alegatos y documentos pertinentes.
En la búsqueda de la verdad, el funcionario o la funcionaria del trabajo deberá ordenar en el sitio y en el mismo acto cualquier prueba, investigación o examen que considere procedente, así como interrogar a cualquier trabajador o trabajadora y exigir la presentación de libros, registros u otros documentos. La ausencia o negativa del patrono, patrona o sus representantes a comparecer en el acto dará como validas las declaraciones del trabajador o trabajadora afectado o afectada. El funcionario o funcionaria del trabajo dejara constancia en acta de todo lo actuado.
5. Si el patrono o patrona, sus representantes o personal de vigilancia, impiden u obstaculizan la ejecución de la orden de reenganche y restitución de la situación jurídica infringida, el funcionario o funcionaria del trabajo solicitará el apoyo de las fuerzas de orden público para garantizar el cumplimiento del procedimiento.
6. Si persiste el desacato u obstaculización a la ejecución del reenganche y restitución de la situación jurídica infringida, será considerada flagrancia y el patrono, patrona, su representante o personal a su servicio responsable del desacato u obstaculización, serán puestos a la orden del Ministerio Público para su presentación ante la autoridad judicial correspondiente.
7. Cuando durante el acto, no fuese posible comprobar la existencia de la relación de trabajo alegada por el o la solicitante, el funcionario o funcionaria del trabajo informará a ambas partes el inicio de una articulación probatoria sobre la condición de trabajador o trabajadora del solicitante, suspendiendo el procedimiento de reenganche o de restitución de la situación jurídica infringida. La articulación de pruebas será de ocho días, los tres primeros para la Promoción de pruebas y los cinco siguientes para su evacuación. Terminado este lapso el Inspector o Inspectora del Trabajo decidirá sobre el reenganche y restitución de la situación jurídica infringida en los ocho días siguientes.
8. La decisión del Inspector o Inspectora del Trabajo en materia de reenganche o restitución de la situación de un trabajador o trabajadora amparado de fuero o inamovilidad laboral será inapelable, quedando a salvo el derecho de las partes de acudir a los tribunales.
9. En caso de reenganche, los tribunales del trabajo competentes no le darán curso alguno a los recursos contenciosos administrativos de nulidad, hasta tanto la autoridad administrativa del trabajo no certifique el cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida. (…)
.
De igual forma en el artículo 507 eiusdem, dentro de las funciones de las Inspectorías del Trabajo están: “(…) 5. Vigilar el cumplimiento de la protección del Estado de fuero o inamovilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras que las leyes, reglamentos, decretos, resoluciones y convenciones colectivas indiquen (…)”.
Aunado a lo anterior, conforme al decreto ley que rige las relaciones laborales se creó la figura del “Inspector o Inspectora de Ejecución”, previsto en el artículo 512, el cual es del tenor siguiente:
“Artículo 512. Cada Inspectoría del Trabajo tendrá Inspectores o Inspectoras de Ejecución con la suficiente jerarquía, facultad y competencia para ejecutar y hacer cumplir todos los actos administrativos de efectos particulares, que hayan quedado firmes y que requieran medios y procedimientos para hacer cumplir el contenido de las mismas, que garanticen la aplicación de las normas de orden público del trabajo como hecho social protejan el proceso social del trabajo.
Serán facultades y competencias de los Inspectores o Inspectoras de Ejecución:
-
Ejecutar los actos administrativos de efectos particulares que le sean aplicables a los patronos y las patronas.
-
Dictar medidas cautelares en los supuestos en que el acto administrativo no se cumpla en el plazo de ley, ni acatadas sus condiciones, pudiendo ordenar el procedimiento de sanción por reincidencia o rebeldía del patrono o patrona.
-
Solicitar la revocatoria de la Solvencia Laboral hasta que se demuestre el cumplimiento del acto administrativo de que se trate.
A los efectos de ejecutar las previsiones mencionadas y en caso de necesidad, cuando exista obstrucción por parte del patrono o patrona o de sus representantes, los Inspectores e Inspectoras de Ejecución podrán solicitar el apoyo de la fuerza pública que estará en la obligación de prestarlo. El Inspector o Inspectora de Ejecución podrá solicitar, además, la actuación del Ministerio Público para el procedimiento de arresto del patrono, patrona o sus representantes que obstaculicen la ejecución de la medida, de lo cual informará al ministro o ministra del Poder Popular en materia de trabajo y seguridad social.”
Con base en el artículo precedentemente transcrito se evidencia que es a la Inspectoría del Trabajo, a través de los Inspectores o Inspectoras de Ejecución, a la que corresponde ejecutar y hacer cumplir todos los actos administrativos que dicte, a través de los mecanismos que la norma ha dispuesto para tal fin.
Adicionalmente, debe aludirse al contenido del artículo 538 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y las Trabajadoras, relativo al régimen sancionatorio por incumplimiento u obstrucción de la ejecución de los actos administrativos emanados de las autoridades administrativas del trabajo, el cual prevé pena de arresto policial de seis a quince meses.
Conforme a lo anterior considera la Sala que, en el presente caso, el Poder Judicial no tiene jurisdicción, pues corresponderá a la Inspectoría del Trabajo de los Municipios A.G., M.B.I., S.M., F.L.A., Costa de Oro y Libertador del Estado Aragua, ejecutar la Providencia N° 734-2012, de fecha 28 de septiembre de 2012, que declaró “CON LUGAR la Solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos presentada” por el ciudadano W.E.Á. contra los ciudadanos R.M.C., Golfan Alselmis MOLINA CHACÓN y la Asociación Civil Unión Coromoto. Así se declara.
En consecuencia, se confirma la sentencia sometida a consulta, dictada en fecha 20 de diciembre de 2012 por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. Así también se declara.
III
DECISIÓN
Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: que EL PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la solicitud interpuesta por el ciudadano W.E.A., contra los ciudadano R.M.C. y Golfan Alselmis MOLINA CHACÓN, y la ASOCIACIÓN CIVIL UNIÓN COROMOTO, a los fines de que el órgano jurisdiccional ejecute la P.A. N° 734-2012 de fecha 28 de septiembre de 2012, dictada por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios A.G., M.B.I., S.M., F.L.A., Costa de Oro y Libertador del Estado Aragua, mediante la cual declaró “CON LUGAR la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos presentada por” el accionante, contra los mencionados ciudadanos y la referida Asociación Civil.
En consecuencia, se CONFIRMA la sentencia sometida a consulta, dictada en fecha 20 de diciembre de 2012 por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los cuatro (04) días del mes de junio del año dos mil trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
| El Presidente - Ponente E.G.R. | ||
| La Vicepresidenta E.M.O. | ||
| Las Magistradas, | ||
| T.O.Z. | ||
| M.M. TORTORELLA | ||
| El Magistrado E.R.G. | ||
| La Secretaria, S.Y.G. | ||
| En cinco (05) de junio del año dos mil trece, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00591, la cual no está firmada por la Magistrada Trina Omaira Zurita, por motivos justificados. | ||
| La Secretaria, S.Y.G. |
