Sentencia nº RC.000187 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 26 de Mayo de 2010

QUAESTIO FACTI

-ÚNICA-

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción del artículo 12 ibídem, por falta de aplicación y artículo 1.354 del Código Civil, por falsa aplicación, por incurrir en el primer caso suposición falsa por tergiversación intelectual.

Expresa el formalizante:

“...Primeramente alegamos que lo que esta denuncia combate ES EL ESTABLECIMIENTO DE UN HECHO FALSO, POSITIVO Y CONCRETO QUE ES PRODUCTO DE UN ERROR DE PERCEPCIÓN DEL JUEZ AL TERGIVERSAR UN NEGOCIO JURÍDICO.

Ciudadanos Magistrados, somos conscientes que la más de las veces las denuncias de suposición falsa son desestimadas, por cuanto generalmente van dirigidas a combatir UNA CONCLUSIÓN DEL JUEZ y no el establecimiento de un hecho.

La mejor doctrina vernácula enseña que la manera de combatir la interpretación de los negocios jurídicos (contratos) o de sus cláusulas que hacen los jueces del fondo es la vía de la suposición falsa. Y ello porque los jueces son soberanos ´para interpretar los contratos; pero no son soberanos para distorsionar sus términos ni para imaginar o suponer algo distinto a lo que el contrato dice.

Adicionalmente alegamos que de acuerdo con nuestra casación, el falso supuesto (rectius: suposición falsa) ideológico o por desnaturalización se equipara al primer caso de este tipo de vicios. Así lo proclamó la jurisprudencia venezolana en su sentencia líder de fecha 23 de diciembre de 1939 cuando postuló lo siguiente:

Equivale a atribuir la existencia en un instrumento, de menciones que no contiene, el hecho de desnaturalizar la mención que si contenga, al punto de hacerle producir efectos distintos de los en ella previstos, o al punto de produzca los efectos que hubiera producido otra mención que el instrumento no contiene

(Sentencia de fecha 23-12-1939)

Siendo así el asunto, alegamos que el acta de asamblea de accionistas de Desarrollos Valle Arriba Athletic Club C.A. usó de manera contundente la palabra ACREENCIA y sin embargo, la recurrida distorsiona este vocablo, lo modifica y pone a decir al acto algo distinto a lo que en verdad dice.

La desnaturalización ideológica de la recurrida viene expresada en el pasaje siguiente:

“Ahora bien, en el acta de la asamblea de accionistas celebrada el 29 de octubre de 1999 de la sociedad mercantil DESARROLLOS VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB C.A. se usó la palabra “acreencia” cuando el accionante se negó (únicamente él) a capitalizar su dinero a los fines de emitir nuevas acciones.

En este sentido, la palabra acreencia, no forzosamente significa “préstamo” sino que la misma constituye un genérico que debe entenderse como “todo derecho que tiene una persona para pedir o exigir el cumplimiento de una obligación de dar, hacer, o no hacer”. De modo, que la expresión “acreencia” en el acta de asamblea del 29 de octubre de 1999 de la sociedad demandada DESARROLLOS VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB C.A., no puede probar por sí sola el contrato consensual de “préstamo a interés” al que alude el accionante.

Por otro lado, de una revisión pormenorizada de las actas valoradas en la causa de marras, se observa que siempre se manejó el concepto de “aporte a la sociedad” o “aporte”, y así lo demostró la inspección judicial practicada por el A-quo el 17 de mayo de 2004, las misivas emanadas de la demandada de fechas 15-10-99, 08-12-98 y 14-06-99, donde califican el dinero otorgado por el accionante como “aportes” a la demandada, inclusive en la certificación de aporte de fecha 13-10-1999 inserta al folio 28 de la primera pieza, traída a los autos por el accionante y emanada de la parte demandada.

Aunado a ello, no existe en autos elementos suficientes para considerar que el dinero que ingresó al patrimonio de la accionada, se hizo en calidad de préstamo a interés, pues no riela documento, declaración testimonial, inspección judicial, o misiva que demuestre tal condición de forma inequívoca, sino todo lo contrario, pues quedó verificado que el accionante, es socio de la demandada; que ocupó diversos cargos en a (sic) directiva de la misma y, aportó cuando le fue solicitado, sumas de dinero requeridas por la accionada permite constatar que lo que hubo fue una erogación en calidad de aporte como socio, máxime si así quedó establecido en los distintos instrumentos que contienen las diferentes cantidades entregadas a la sociedad mercantil demandada. Adicionalmente, en los documentos insertos en la presente causa nunca se manejó el concepto de “préstamo a interés”, sino que se trataron siempre de “aportes” o “acreencias”.

De modo que, no puede atribuírsele el carácter de préstamo a interés a la suma recibida por la demandada de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE DÓLARES ESTADOUNIDENSES ($ 243.515,00), pues nunca se demostró en el íter procesal, ni de la actividad probatoria desplegada por las partes, dado que siempre se manejó el concepto de “aportes” a los fines de financiar la sociedad demandada, derivado de la posición de socio de la referida asociación.

Como se ve, el juez de la recurrida desvirtúa el significado de la palabra acreencia y a fuerza de interpretación establece que acreencia equivale a aportes, haciéndole producir efectos distintos a los implicados en el acta.

Alego que la discusión sobre sí el aporte hecho por nuestro representado a la demandada fue acreencia, es una cuestión de hecho y, como tal, fue alegado en el libelo y resistido en la contestación de la demanda.

El juez de la recurrida, a través de galimatías y malabarismos idiomáticos, establece que ellos no prueban “el contrato consensual de “préstamo a interés”, distorsionando de manera grosera el sentido de la palabra acreencia, bajo una pretendida interpretación.

Es decir, el préstamo que realizó mi patrocinado a la demandada, en la mente del juez, NO PRUEBA el contrato de préstamo porque no sería tal contrato sino un aporte. Esta invención del sentenciador producto de SU IMAGINACIÓN es una SUPOSICIÓN FALSA (no es una conclusión) en la que incurre el juez. Se trata, como lo proclama la citada sentencia líder de fecha 23.12.1939 de desnaturalizar la mención que sí contiene el instrumento (ACREENCIA), al punto de hacerle producir efectos distintos a los en ella previstos, o al extremos de hacerla producir efectos que hubiese producido otra mención no contenida en el instrumento.

En el caso que nos ocupa la desviación ideológica viene expresada de la manera siguiente:

Mención que el instrumento, es decir, el acta de asamblea de fecha 29.10.1999, acompañado macado C al libelo, si contiene y en efecto:

El Sr. Capriles [A.C.R.] planteó también la conveniencia de permitir a los accionistas que así lo deseen, suscribir y pagar el aumento mediante capitalización de las acreencias que posean en contra de la compañía, de acuerdo con los registros contables al 28 de octubre de 1999

. (Instrumento marcado D acompañado al libelo de la demanda. Subrayado mío).

El acta de asamblea en referencia señala que los accionistas podían pagar el aumento de capital mediante la capitalización de sus ACREENCIAS.

Sin embargo, esta mención que el instrumento sí contiene fue desnaturalizada por el juez de la recurrida al desviar el sentido de la expresión acreencia, al señalar:

“En este sentido, la palabra acreencia, no forzosamente significa “préstamo” sino que la misma constituye un genérico que debe entenderse como “todo derecho que tiene una persona para pedir o exigir el cumplimiento de una obligación de dar, hacer, o no hacer”. De modo, que la expresión “acreencia” en el acta de asamblea del 29 de octubre de 1999 de la sociedad demandada DESARROLLOS VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB C.A., no puede probar por sí sola el contrato consensual de “préstamo a interés” al que alude el accionante”.

Es decir, la recurrida le hace producir a la mención acreencias efectos distintos a los previstos en dicho instrumento.

En efecto, en dicha asamblea, los accionistas capitalizaron sus acreencias y las convirtieron en nuevas acciones. El único que no aceptó la propuesta de A.C. R, fue mi patrocinado y, por eso, no había otro camino que cancelar dicha acreencia mediante la cancelación de sus aportes hechos a título de préstamo.

Estamos ante una TERGIVERSACIÓN DEL INSTRUMENTO que contiene el acta de asamblea de fecha 29 de octubre de 1999, en la cual nuestro patrocinado se negó a capitalizar su crédito a los fines de emitir nuevas acciones, porque lo que deseaba era la restitución del préstamo. Se trata de una clara y contundente DESVIACIÓN IDEOLÓGICA QUE CONSTITUYE FALSA SUPOSICIÓN. No se trata de esconder este falso supuesto detrás de una supuesta conclusión, porque de serlo SERIA SIEMPRE UNA INVENCIÓN FALSA, UNA DISTORSIÓN DEL CONTRATO Y ESTO ES SUPOSICIÓN FALSA. Es sabido, y soy consciente de ello, que el problema en las denuncias de suposición falsa estriba en establecer el lindero entre la conclusión del juez y el establecimiento de un hecho. Hay algunos criterios para establecerlos y para ello nuestra mejor doctrina ha dedicado valiosos trabajos. Ente ellos L.L. y L.M. destacan de manea estelar. Sin embargo, y a los fines de esta denuncia, vamos a invocar los sabios ejemplos del segundo de los citados, quien expone y demuestra que la manera de combatir la interpretación de los contratos es a través del primer caso de suposición falsa. En este sentido nada mejor que invocar dos decisiones clásicas que reproduce el mencionado autor en uno de sus citados trabajos; son las siguientes:

En primer lugar, la sentencia del 15 de octubre de 1975 que estableció:

Este vicio de valoración de la prueba se configura cuando el juez afirma falsamente, por error de percepción o por olvido de que la verdad es la meta del proceso, que un documento o acta del expediente contiene determinadas menciones que le sirven para establecer un hecho, cuando lo cierto es que esas menciones no existen realmente y han sido creadas por la imaginación o por la mala fe del juzgador

(Gaceta Forense N° 90, P.370)

En segundo lugar, invoco la sentencia (que también cita M.A.) publicada en la Gaceta Forense n° 63 (p.395) que es del tenor siguiente:

La facultad que tienen los jueces de instancia de interpretar los contratos, no se extiende hasta hacer prevalecer inducciones y supuestos más o menos lógicos del intérprete, sobre el texto de cláusulas claras y precisas, ni su soberanía de interpretación o apreciación se extiende hasta hacer suponer en un contrato lo que realmente no dice, de modo que al adulterar la prueba instrumental decisiva desvirtúa la verdad procesal y conduce a tomar elementos de convicción de fuera de los autos

.

Estas decisiones se amoldan, como anillo al dedo, al caso presente. En efecto, el fallador de la última instancia comete dos graves vicios productos de su imaginación, son los siguientes:

1. Que la expresión que contiene el acta de asamblea de fecha 29.10.1999 al decir acreencias no es realmente acreencias sino aportes.

2. “que la expresión “acreencia” en el acta de asamblea del 29 de octubre de 1999 de la sociedad demandada DESARROLLOS VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB C.A., no puede probar por sí sola el contrato consensual de “préstamo a interés” al que alude el accionante”, pese a lo que contiene el acta.

   Esta inferencia del sentenciador, consecuencia del error señalado supra b, es también UNA INFERENCIA O INDUCCIÓN PRODUCTO DE SU IMAGINACIÓN que le permitió suponer que el mencionado instrumento que contenía claramente la palabra ACREENCIA no implicaban lo que esta expresión implica, es decir, la vació de contenido al suponer que mi representado había hecho, más bien, un aporte.

   Por lo tanto, las jurisprudencias citadas son aplicables al caso presente. Así solicito sea declarado.

   Todas las infracciones anotadas fueron determinantes sobre el dispositivo, puesto como he señalado, el sentenciador afirma que mi representado no tenía derecho a que se cancelara el monto de sus acreencias porque estas no entrañan un préstamo a la sociedad.

   Esta manera de sentenciar comporta infracción por falsa aplicación del artículo 1.354 del Código Civil puesto que lo amoldó (sic) la situación de hecho del caso concreto a un supuesto de hecho distinto al previsto en la norma. En efecto, la falsa aplicación se produce cuando el sentenciador aplica una norma jurídica a una situación de hecho distinta a la contemplada en la norma. La jurisprudencia de esa honorable Sala ha definido el concepto de falsa aplicación así:

   Por otra parte, con respecto a la falsa aplicación esta Sala, ha sostenido que la misma consiste, en la relación errónea entre la ley y el hecho que desnaturaliza el verdadero sentido de la norma, o el desconocimiento de su significado, lo cual ocurre cuando se aplica la norma a un hecho no regulado por la misma, o cuando su aplicación se realiza de tal manera que se llega a consecuencias jurídicas diferentes o contrarias a las buscadas por la ley.

   Lo anterior supone, necesariamente, que el sentenciador en su decisión haya dejado establecidos los hechos que determinaron la aplicación de la norma en cuestión, independientemente de que esos hechos se ubiquen en el supuesto previsto en la norma, pues la infracción consiste en la incongruencia entre los hechos establecidos como ciertos y la norma que se aplica en el asunto debatido

   . (Sentencias N° (sic) de fecha 9.12.02 y N° 777 de fecha 19.11.08)

   En el caso que nos ocupa la infracción por falsa aplicación del artículo 1354 del Código Civil viene recogida en el pasaje de la recurrida que se copia a continuación:

   En el caso bajo análisis, el accionante no demostró fehacientemente que los aportes dados a la sociedad mercantil demandada se hayan efectuado a título de préstamo a interés tal y como lo ordena el artículo 1354 del Código Civil, por que al no demostrar los hechos constitutivos de su pretensión, la misma debe desecharse

   .

   En efecto, la recurrida define la cuestión de hecho de una manera distinta a lo que ocurrió en autos. Así sostiene que no quedó probado que los aportes del actor fuesen a título de acreencia, cuando en verdad quedó demostrado lo contrario. De esa manera aplicó el supuesto del artículo 1.354 del Código Civil a una situación de hecho a la prevista en la norma denunciada como infringida por falsa aplicación.

   La controversia debe resolverse, además de las normas indicadas en las denuncias anteriores, interpretando acertadamente el contenido del instrumento que marcado C se anexó al libelo de la demanda (y que corre a los folios 151 y 153) respetando las reglas de interpretación contenidas en el aparte in fine del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.

   También debe aplicarse el artículo 1.354 del Código Civil a la verdadera situación fáctica del expediente.

   Para demostrar la manera cómo debe aplicarse el aparte in fine del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, invoco la máxima in claris non fit interpretatio.

   En verdad, el negocio jurídico que contiene el acta de asamblea de fecha 29.10.1999 SÍ contiene un préstamo. Luego, mal puede el sentenciador inferir la liberación del pago a la empresa demandada. Se trata de un asunto claro que no reviste de ninguna ambigüedad u oscuridad. Al deducir la recurrida en consecuencias jurídicas, a partir de su peculiar e inventiva manera de interpretar, violó por falta de aplicación la regla de interpretación que consagra el mencionado aparte in fine y que recoge la máxima antes citada. Así lo solicitamos respetuosamente sea declarado por esa honorable Sala de Casación Civil...” (Destacados del recurrente)

   La Sala, para decidir observa:

   De la denuncia antes transcrita se desprende que el formalizante, le imputa a la recurrida la infracción del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación y artículo 1.354 del Código Civil, por falsa aplicación, por incurrir el juez de la recurrida en el primer caso suposición falsa por tergiversación intelectual, sosteniendo que en la conformación del fallo, se estableció un hecho falso positivo y concreto, derivado de un erróneo análisis del acta de asamblea de accionistas de fecha 29 de octubre de 1999, de la sociedad mercantil denominada Desarrollos Valle Arriba Athletic Club C.A., cuando la recurrida distorsionó el vocablo acreencia y a fuerza de interpretación estableció que equivale a aporte, lo que degeneró en un error de percepción del juez al tergiversar un negocio jurídico, haciéndole producir efectos distintos a los implicados en dicha acta de asamblea, pues mediante galimatías y malabarismos idiomáticos estableció que no está probado el contrato consensual de préstamo a interés, sino que por el contrario estableció que era un aporte, al extremo de hacer producir al acta de asamblea otros efectos como consecuencia de su análisis, al señalar menciones no contenidas en dicho instrumento.

   Ahora bien, como esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, es en su naturaleza un Tribunal de derecho, cuya misión es velar por la recta aplicación de la Ley y mantener la uniformidad de la jurisprudencia, cuya expresión normativa de este principio está contenida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que la Sala, en el examen que haga de la sentencia, no se extenderá al fondo de la controversia, ni al establecimiento ni apreciación de los hechos que hayan efectuado los tribunales de instancia, a menos que se denuncie, en la forma y con los requisitos establecidos por la doctrina, infracción de una norma jurídica expresa que regule el establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas, o que la parte dispositiva del fallo sea consecuencia de una suposición falsa del Juez, debiendo señalar la formalización, cuál de los casos de suposición falsa es el denunciado, se observa:

   El primer caso de suposición falsa previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se produce cuando “El Juez atribuye a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene”.

   Esta previsión se corresponde con el ordinal 3º del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil derogado de 1916, que al decir del Dr. J.R.D.S., en su obra Manual de Casación Civil, página 272, expresa:

   ‘...Ello ocurre, cuando el Juez hace decir a un documento lo que éste no dice, o cuando pone en boca de testigos cosas que estos no han afirmado en el acta de su declaración, decidiendo en uno y otro caso con base en esa mención atribuida o inventada por el juzgador.’

   Bajo la vigencia del Código de Procedimiento Civil de 1916, actualmente derogado, conforme a lo estatuido en su artículo 435, se admitió el falso supuesto negativo que dio entrada en nuestro derecho procesal civil a la figura del ‘travisamento’ italiano, o la desnaturalización por desviación intelectual o ideológica y el “mal juge” de la doctrina francesa, abriéndose una brecha muy refinada hacía el campo de la interpretación de los negocios jurídicos. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-90 del 13 de marzo de 2003, Exp. N° 2001-468, caso: E.A.L.G., contra la sociedad mercantil Barreto, Arias y Asociados S.A. (BARSA), Corretaje de Seguros y otra).

   La imputación de haberse negado un hecho que es verdadero, por parte del juzgador en el fallo recurrido, y no el haber afirmado un hecho falso, es un claro ejemplo de un falso supuesto negativo.

   Posteriormente la noción del primer caso de suposición falsa como en el caso de los otros dos supuestos, la jurisprudencia ha venido destacando su naturaleza positiva.

   El primer caso de suposición falsa se configura cuando el juez afirma falsamente que un documento o acta del expediente contiene determinadas menciones que le sirven para establecer un hecho, cuando lo cierto es que aquellas no existen realmente sino que han sido creadas en la imaginación o de forma deliberada por el juzgador.

   Así en fallo del 21 de febrero 1990 Exp. Nº 86-120, juicio The Larchashire General Invernien Company Limited contra D.C.G., la Sala expresó:

   ...Ahora bien, en todo caso, el falso supuesto tiene que referirse forzosamente a un hecho positivo y concreto que el Juez establece falsa o inexactamente en su sentencia a causa de un error de percepción....

   La suposición falsa constituye un vicio de juzgamiento configurativo de un error facti in iudicando de hecho propiamente dicho, por ello, se precisa encuadrar la denuncia en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concatenación con el artículo 320 eiusdem.

   Explica la doctrina (A. Rengel Romberg. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo V, pág. 289), que:

   ...La llamada tradicionalmente ‘soberanía de los jueces de instancia’ respecto de los hechos, no es absoluta, y hay que entenderla en su sentido propio.

   Si bien corresponde a los jueces de instancia la constatación de los hechos, entendida como la subsunción de ellos por el Juez en premisa mayores (conceptos) naturales o fácticas, esto es, pre-jurídicas, que le permiten una valoración de lo percibido; es también deber del juez asociar a esa constatación la subsunción de tales hechos bajo premisas mayores (conceptos) jurídicas, que le permitan una valoración jurídica del hecho y determinar si el supuesto de hecho concreto percibido coincide con aquel previsto en abstracto por la norma jurídica elegida ara la subsunción (establecimiento de los hechos).

   De allí la regla generalmente aceptada según la cual: si un juicio se basa en la subsunción bajo premisas mayores (conceptos) naturales, esto es, pre -jurídicas, se trata de una ‘constatación de hechos’; si se lo ha logrado mediante la subsunción bajo premisas mayores (conceptos) jurídicas, estaremos en presencia de una ‘valoración jurídica’. O como lo expresa Loreto: ‘Desde el punto de vista de la epistemología y de la dogmática jurídica, quaestio facti es aquella que plantea al conocimiento un problema de compresión que debe resolverse aplicando criterios no jurídicos, tomando solo en cuenta las circunstancias particulares extranormativas del caso concreto; quaestio juris es aquella que plantea al conocimiento un problema de compresión que debe solucionarse adoptando criterios objetivos de valoración preestablecidos por el ordenamiento jurídico...pero el resultado último del proceso de calificación entre juicio de realidad y juicio de apreciación jurídica, corresponde formularlo a la Sala de Casación, cuyo fallo en la situación de especie tendrá consecuencias dogmáticas definitivas y firmes.

   Como hemos visto antes, en la breve reseña histórica, los antecedentes más próximos de la casación sobre los hechos los encontramos en los códigos de 1904 y de 1916, según los cuales la casación no podía extenderse al fondo de la controversia ni al establecimiento o apreciación de los hechos por parte de los jueces sentenciadores; pero en ambos código se estableció la siguiente excepción: ‘A menos que se alegare infracción de regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba’, excepción ésta expresamente tipificada en el Art. 435 de Código de Procedimiento Civil, de 1916 así:

   1. Cuando los jueces hayan dado por probado un hecho con pruebas que por la ley sean improcedentes para demostrarlo.

   2. Cuando a una prueba que no reúna los requisitos exigidos por la ley, le hayan dado, sin embargo, los efectos que ésta le atribuye, como su estuviere debidamente hecha.

   3. Cuando basen sus apreciaciones en falso supuesto, atribuyendo la existencia en un instrumento o acta del expediente menciones que no contenga, o dando por demostrado un hecho con pruebas que no aparezcan de autos, o cuya inexactitud resulte de actas o instrumentos del expediente mismo no mencionados en la sentencia.

   Son los casos que bajo vigencia del Código de 1916, la doctrina y la jurisprudencia calificaban como prueba improcedente, prueba irregular y falso supuesto.

   El nuevo Código estableció en el Art. 320, la misma prohibición contenida en el Art. 435 del Código de 1916, esto es, que la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia del recurso de casación, ‘se pronunciará sobre las infracciones denunciadas, sin extenderse al fondo de la controversia, ni al establecimiento ni apreciación de los hechos que hayan efectuado los tribunales de instancia’; pero en cambio, justifica la excepción, ‘cuando en el escrito de formalización se haya denunciado la infracción de una norma jurídica expresa que regule el establecimiento o valoración de los hechos, o de las pruebas, o que la parte dispositiva del fallo sea consecuencia de una suposición falsa por parte del Juez que atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene, o dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo’. Y en el aparte siguiente añade: ‘Podrá también la Corte Suprema de Justicia extender su examen al establecimiento o valoración de los hechos, cuando tratándose de pruebas no contempladas expresamente en la ley, el juez las haya admitido o evacuado sin atenderse a la analogía a que se refiere el Art. 395 de este Código, o no las haya apreciado según las reglas de la sana crítica a que s refiere el Art. 507 ejusdem’.

   Como se ve, el nuevo Código va mas allá que el Código de 1916, porque admite a la Corte el examen del establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas cuando se denuncie la infracción de una norma jurídica expresa que los regule.

   Se asegura así más ampliamente la defensa de la quaestio iuris en su relación con la quaestio facti, y se controla la posible subjetividad involuntaria o intencional por parte del juez, que infrinja normas jurídicas que regulen el establecimiento o valoración de los hechos, lo cual no era posible bajo la vigencia del Código de 1916, porque las normas infringidas cuando se denuncia el vicio de prueba improcedente o de prueba irregular, no son normas de valoración del mérito de las pruebas, sino de su establecimiento, que ahora bajo el nuevo código quedan comprendidas entre las normas jurídicas expresas que los regulan....

   (Cfr. Fallo N° RC-90 del 13 de marzo de 2003, expediente N° 2001-468)

   Todo lo expresado comprueba, pues, que en la base conceptual del falso supuesto ahora suposición falsa, se encuentra siempre una conducta positiva del Juez, que se materializa en la afirmación o el establecimiento de un hecho que no tiene, un sentido absoluto o relativo, un adecuado respaldo probatorio. Es decir, la suposición falsa debe consistir siempre en la AFIRMACIÓN de un hecho positivo y concreto; no en la NEGATIVA de hechos que efectivamente se han producido.

   En efecto, tal como lo afirma el Maestro M.Á., “...en la base conceptual del falso supuesto se encuentra siempre una conducta positiva del juez, que se materializa en la afirmación o establecimiento de un hecho, que no tiene, en sentido absoluto o en sentido relativo, un adecuado respaldo probatorio.” (“El Recurso de Casación, La cuestión de Hecho y el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil”, pp. 143 y siguientes)

   El mismo autor señala, que la distinción entre el falso supuesto positivo y negativo, tiene en Venezuela una importancia capital, pues ello ha generado dudas en la doctrina nacional sobre su tratamiento en la formalización del recurso de casación; dudas que considera provenientes de los antecedentes de la norma contenida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, pues la misma, en lo que al falso supuesto se refiere, fue tomada por el legislador del recurso italiano de revocación (equivalente al juicio de invalidación venezolano), consagrado en los Códigos de Procedimiento Civil italianos de 1865 y 1940, en los cuales se establecía que dicho recurso procedería si la sentencia fuese efecto de un error de hecho que resulte de los autos y de los documentos de la causa, error que existía tanto cuando el juez afirmaba un hecho falso (falso supuesto positivo), como cuando negaba uno verdadero (falso supuesto negativo). Pero cuando el legislador venezolano tomó del recurso italiano de revocación la figura del falso supuesto, únicamente incorporó en la normativa del recurso de casación, la categoría positiva de dicha figura y no hizo recepción del falso supuesto negativo. (Cfr. Fallo N° RC-430 del 15-11-2002, expediente N° 2000-428).

   Ahora bien, respecto al vicio de suposición falsa, la Sala en decisión N° 607 de fecha 12 de agosto de 2005, en el juicio de Banco Latino y otra contra Inversiones Fococam, C.A. y otros, expediente N° 2005-142, reiterada en fallo N° 666 del 20 de octubre de 2008, caso: Herta M.M. viuda de Lendewig contra K.T., H.V. y otro, expediente N° 2006-755, señaló lo siguiente:

   …En este orden de ideas, resulta pertinente ratificar que quien pretenda denunciar el vicio en comentario, debe cumplir con las previsiones establecidas por esta Sala, a través de su doctrina inveterada la cual ha señalado cuando es procedente la denuncia de falso supuesto; resaltando así mismo la existencia de tres hipótesis de suposición falsa y la correcta técnica que deben exhibir los escritos en los que se pretenda alegar el mencionado vicio. Al efecto sobre el punto, en sentencia Nº 201 emanada de esta Sala de Casación Civil en fecha 14 de junio de 2000, en el juicio de Talleres V.C. C.A. contra Inmobiliaria C.O. C.A., expediente Nº 99-419, se ratificó el criterio de la manera siguiente:

   ...El artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, es el que prevé los casos de suposición falsa, antes denominado falso supuesto, así:

   ‘...o que la parte dispositiva del fallo sea consecuencia de una suposición falsa por parte del Juez, que atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene, o dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo...’.

   El primer caso a que se refiere el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y denunciado como infringido por el formalizante, se refiere a que el Juez atribuyó a instrumentos y actas del expediente menciones que no contiene.

   (...Omissis...)

   Por otra parte, la denuncia de suposición falsa debe cumplir inexorablemente con la técnica elaborada por la Sala a través de su pacífica y constante doctrina, que dice:

   ‘Para que la Corte pueda examinar y decidir acerca de la determinación y apreciación que los jueces del mérito hayan efectuado sobre los hechos y las pruebas, es indispensable que el formalizante se ajuste a la técnica elaborada por la Sala para la denuncia apropiada de casación sobre los hechos, técnica que exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:

   a) indicación del hecho positivo y concreto que el juzgador haya dado por cierto valiéndose de una falsa suposición;

   b) indicación específica del caso de falsa suposición a que se refiere la denuncia, puesto que el encabezamiento de artículo 320 del Código de Procedimiento Civil prevé en ese respecto tres (3) situaciones distintas;

   c) el señalamiento del acta o instrumento cuya lectura patentice la falsa suposición;

   d) Indicación y denuncia del texto o los textos aplicados falsamente, porque el Juez da por cierto un hecho valiéndose de una suposición falsa; y

   e) la exposición de las razones que demuestren que la infracción cometida fue determinante de lo dispositivo de la sentencia.

   Por otra parte, conforme a reiterada jurisprudencia, la suposición falsa tiene que referirse forzosamente a un hecho positivo y concreto que el Juez establece falsa e inexactamente en su sentencia a causa de un error de percepción, entre otras razones, porque no existan las menciones que equivocadamente atribuyó a un acta de expediente. Ahora bien, como el mencionado vicio sólo puede cometerse en relación con un hecho establecido en el fallo, quedan fuera del concepto de suposición falsa las conclusiones del Juez con respecto a las consecuencias jurídicas del hecho, porque en tal hipótesis se trataría de una conclusión de orden intelectual que aunque errónea, no configuraría lo que la Ley y la doctrina entienden por suposición falsa...’

   .

   Diferentes han sido las definiciones dadas por la doctrina acerca del concepto de suposición falsa, contenido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, caracterizando tal error como:

   1. El establecimiento de un hecho mediante una prueba inexistente, falsa o inexacta;

   2. La afirmación de un hecho falso, sin base en prueba que lo sustente;

   3. La afirmación en la sentencia de un hecho concreto, sin base en prueba que lo sustente;

   4. La afirmación en la sentencia de un hecho concreto, falso o inexistente.

   Observándose que existe como nota común entre estos cuatro (4) casos: “La afirmación o establecimiento de un hecho falso”; por lo cual la doctrina ha exigido entre los requisitos de la denuncia de suposición falsa, el requerimiento de que la parte formalizante señale el hecho concreto a que ella se refiere. (Cfr. Fallo N° RC-777 del 15-12-2009. Caso: Ermanno Vecchiarelli Minini contra A.B.G. y otra, expediente N°2009-002).

   Siendo además imprescindible que el recurrente al denunciar que el Juez incurrió en suposición falsa, deberá determinar a cuál de los tres casos de tal error se refiere.

   En relación con ello, la Sala ha establecido, que la suposición falsa consiste en el establecimiento expreso de un hecho positivo, preciso y concreto, que resulta falso al no tener soporte en las pruebas, bajo los tres siguientes supuestos de hecho:

1. bien porque el sentenciador superior atribuyó a actas o instrumentos del expediente menciones que no contiene,

2. porque estableció el hecho con base en una prueba que no existe, que es igual a, dar por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos; o

3. porque estableció el hecho con base en una prueba cuya inexactitud resulta de las actas procesales, que es igual a, dar por demostrado un hecho con pruebas cuya inexactitud resulte de actas o instrumentos del expediente mismo.

   De donde se desprende, el establecimiento de un hecho que resulta falso o inexacto porque no tiene soporte probatorio, que varía la hipótesis fáctica concreta y, en consecuencia, no existe correspondencia lógica con la norma jurídica en que fueron subsumidos esos hechos.

   Siendo estas tres hipótesis las previstas en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, como suposición falsa antes denominada falso supuesto en el código adjetivo civil derogado de 1916.

   Es claro, pues, que se trata de un error de percepción cometido por el juez al fijar los hechos que resultaron demostrados en el proceso, esto es: “un error en el juzgamiento de los hechos, el cual conduce, por vía de consecuencia, a un error de derecho, pues, al variar la hipótesis fáctica resulta infringida, por falsa aplicación, la norma aplicada en el caso concreto, dado que, si se establece un hecho falso, que constituye el supuesto de hecho abstracto de una norma, este error sólo puede conducir a que se aplique esa regla legal a unos hechos reales a los cuales no es aplicable, lo cual constituiría falsa aplicación”. Esta es la consecuencia directa del error y otras normas sólo resultarían violadas por falta de aplicación como una consecuencia de segundo grado, constituyendo estas últimas las reglas que el sentenciador de última instancia debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia.

   La suposición falsa denunciada, contenido en el primer caso del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, consiste en atribuir a instrumentos o actas del expediente menciones que no contienen. Lo que esta Sala considera como una desnaturalización o desviación ideológica por parte de quien debe resolver el asunto judicial controvertido; produciéndose -respecto al documento o acta de la cual se trate- efectos distintos a los previstos en ellos.

   Al respecto, esta Sala en reiteradas oportunidades, ha señalado que el primer caso de suposición falsa, tiene lugar “…cuando el juez afirma falsamente, por error de percepción o por olvido de que la verdad es la meta del proceso, que un documento o acta del expediente contiene determinadas menciones que le sirven para establecer un hecho, cuando lo cierto es que esas menciones no existen realmente y han sido creadas por la imaginación o por la mala fe del juzgador…”. (Vid. Sentencia Nº 60, de fecha 18 de febrero de 2008)

   Ahora bien, como en el presente caso se denuncia la comisión de suposición falsa, al amparo del tercer aparte del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que permite a la Sala descender al estudio de las actas del expediente, en consecuencia se observa:

   El fallo recurrido al respecto señala:

   En la etapa probatoria, ambas partes promovieron pruebas, la parte actora produjo:

   1. Reprodujo el mérito favorable de autos, que no constituye medio de prueba;

   2. Inspección Judicial de fecha 10 de mayo de 2004, evacuada por el Juzgado de la Causa (Folios 118 al 121 de la segunda pieza), a los fines de verificar en lo (sic) libros contables de la demandada, i) Que los libros de socios de DESARROLLOS VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB C.A., se asienta que tienen derecho a usar las instalaciones deportivas y sociales del club; ii) El número y cantidad de acciones vendidas desde el año 2002 y iii) Que ninguna de esas nuevas acciones vendidas figuran a nombre del accionante. La parte demandada realizó oposición a la inspección judicial promovida por la actora, por lo que el A-quo, en fecha 06 (sic) de abril de 2004, decidió admitirlas salvo su apreciación en la definitiva. Al respecto, el artículo 41 del Código de Comercio prohíbe expresamente que la inspección de los libros de los comerciantes se efectúe a través de un examen general de ésos, sin embargo, en el caso sub-examine sólo tuvo por objeto hechos debatidos en la presente causa, delimitados en el propio escrito de prueba, por lo que su promoción se ajustó a la legalidad. Se desprende de la inspección practicada que la demandada “no llevaba libros respecto de los socios que tienen o no acceso a las instalaciones sociales y deportivas del club”. No se verificó ningún otro particular. Se valora procesalmente conforme al artículo 507 del Código de Procedimiento Civil;

   3. Ejemplar original del diario “El Universal” de fecha 01 (sic) de diciembre de 2003, donde se promociona el plan de venta de acciones del club DESARROLLOS VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB C.A., por un precio de catorce millones ochocientos 14.800.000 cada una (folio 77 de la segunda pieza). Se valora como hecho notorio comunicacional conforme al artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, desprendiéndose que sí fue realizada la oferta de forma pública de las acciones que la demandada pretendía comercializar;

   4. Original de misivas de fechas 15-10-99, 08-12-98, 21-01-99 y 14-06-99 de DESARROLLOS VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB C.A., dirigidas al socio V.C. S., solicitándole depositar en calidad de aporte, correspondiente a su participación, las sumas en dólares estadounidenses de $ 7.595, $ 17.050, $ 16.000,00 y $ 24.080,00 respectivamente, a los fines de que la sociedad mercantil demandada honrara compromisos adquiridos con THE CHASE MANHATTAN BANK (entidad bancaria en Estados Unidos). De las misivas analizadas, se desprende que la parte actora sí realizó las transferencias en dólares a la sociedad mercantil en calidad de aporte, por lo que los montos aquí analizados ($ 64.725,00) no pueden ser reintegrados ya que forman parte integrante del capital de DESARROLLOS VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB C.A. Se valora conforme al artículo 444 del Código de Procedimiento Civil (folios 78, 80 al 82 de la segunda pieza);

   5. Original de misiva del 20 de marzo de 2001, emanada de DESARROLLOS VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB C.A., en la cual informan al socio V.C.S., que los auditores LARA MARAMBIO, FERNÁNDEZ MACHADO & ASOCIADOS, se encontraban realizando una revisión de los estados financieros, y certifican que lo adeudado al actor es de Bs. 154.071.409, no existiendo otros saldos en los libros (folio 79 de la segunda pieza). En el mencionado instrumento, se reconoce la deuda de bolívares ciento cincuenta y cuatro mil setenta y un mil cuatrocientos nueve (Bs. 154.071.409,00), sin embargo, no existe discrepancia de lo adeudado por el actor, ya que del propio escrito de contestación de la accionada se desprende que lo contribuido por el actor a la sociedad asciende a la suma de doscientos cuarenta y tres mil quinientos quince dólares estadounidenses ($ 243.515), siendo lo controvertido su concepto (préstamo o aporte);

   6. Fotocopia simple de correspondencia de fecha 30 de abril de 1998 enviada por A.C., Director de DESARROLLOS VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB C.A., al gerente general de esa sociedad mercantil, ciudadano J.D.B. en donde discriminan los préstamos realizados por las personas que enumera en la correspondencia, entre quienes figura el accionante (folios 83 de la segunda pieza). En el instrumento, fue formulada la oposición respectiva, y el Tribunal A-quo las admitió salvo su apreciación en la definitiva. Sin embargo, a pesar de estar ratificado mediante prueba testimonial (folio 156 al 160 de la segunda pieza) tal y como lo dispone el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, el instrumento en referencia fue presentado en copia simple y conforme al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, no tiene valor probatorio y así se decide;

   7. Original de comprobante de transferencias realizadas contra la cuenta No. 3516363614 del NationsBank a favor de DESARROLLOS VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB C.A., por un monto de $ 230.961,50. Las tarjas que se valoran a continuación, debidamente traducidas por el intérprete público PATRICIA CINTRON GONZÁLEZ, título otorgado en fecha 02 (sic) de julio de 2002, resolución 218, evidencian las transferencias efectuadas por el socio accionante, sin embargo, no es objeto de controversia el monto de los mismos, sino su concepto, por lo que dichas transferencias dinerarias están exentas de prueba. (folios 84 al 98 de la segunda pieza).

      Asimismo, la parte demandada produjo lo siguiente:

   1. Hicieron valer el merito favorable de autos, lo cual no es medio de prueba;

   2. Copias certificadas del documento constitutivo de la asociación civil VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB, debidamente inscrita en la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro Público del Municipio Baruta del Estado Miranda el 17 de marzo de 1998, bajo el No. 7, tomo 7, el cual se encuentra inserto a los folios 15 al 21 de la segunda pieza. Se observa que el ciudadano V.C.S. (actor), es socio de la referida sociedad, participando en la misma. El instrumento se valora procesalmente como documento tarifado;

   3. Copia certificada de Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la asociación civil VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB, inscrita por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro Público del Municipio Baruta del Estado Miranda del 03 (sic) de febrero de 1999, bajo el No. 8, tomo 3, protocolo primero, inserto a los folios 22 al 36 de la segunda pieza. Del instrumento se observa que el patrimonio de la sociedad civil estaría compuesto por los aportes de los socios fundadores, entre los cuales figura el accionante, evidenciándose una clara intención de lucro de su parte. El instrumento no fue impugnado ni tachado por lo que se valora procesalmente conforme al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil;

   4. Copia certificada de acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la asociación civil VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB, inscrita por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro Público del Municipio Baruta del Estado Miranda del 16 de noviembre de 2001, bajo el No. 38, tomo 06, (sic) protocolo primero, inserto a los folios 37 al 48 de la segunda pieza. En las disposiciones transitorias (capítulo XII, folio 45), se observa que la demandada (DESARROLLOS VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB C.A.), aportó lo fondos necesarios para la adquisición de una parcela de terreno a los fines de que la asociación civil enajenara a terceros la propiedad, lo que evidencia las aseveraciones realizadas por la demandada respecto de la naturaleza del proyecto. Se valora conforme al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil;

   5. Copia certificada del documento constitutivo estatutario de la empresa DESARROLLOS VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 02 de marzo de 1988, bajo el No. 15, tomo 58-A-Sgdo., el cual corre inserto a los folios 49 al 59 de la segunda pieza. Se observa meridianamente que el accionante V.E.C.S., fue uno de los socios fundadores de la sociedad mercantil demandada, lo que evidencia una clara intención de inversión, siendo obvio que el actor haya tenido conocimiento de tal proyecto. EL documento al no ser impugnado ni tachado, se valora conforme al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil;

   6. Copia certificada de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresa DESARROLLOS VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB C.A. de fecha 29 de octubre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 01 (sic) de noviembre de 2001, bajo el No. 50, tomo 214-A-Sgdo, inserto a los folios 60 al 65 de la segunda pieza. El documento que se analiza se encuentra valorado, por lo que no requiere nuevo pronunciamiento;

   7. Oficio original No. MHCNV-2.798 de fecha 26 de octubre de 1998 emanado de la Comisión Nacional de Valores de la República de Venezuela (hoy Bolivariana), dirigida a la empresa DESARROLLOS VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB C.A., donde la asociación civil se encuentra excluida del ámbito de aplicación de las Normas relativas a la oferta pública (folio 66 de la segunda pieza). El instrumento se valora como documento administrativo, el cual tiene presunción de validez, aunado a que no recibió cuestionamiento alguno;

   8. Oficio original No. MF-CNV-CN-1111 de fecha 07 (sic) de agosto de 2001 emanado de la Comisión Nacional de Valores que ratifica el criterio anterior (folio 67 y 68 de la segunda pieza). El instrumento se valora como documento administrativo, el cual tiene presunción de validez, aunado a que no recibió cuestionamiento alguno;

   9. Copias Simples de Misivas de fechas 14 de junio de 1999, 09 (sic) de septiembre de 1999, 14 de junio de 1999, 14 de junio de 1999 y 09 de septiembre de 1999 emanadas de DESARROLLOS VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB C.A. (folios 69 al 73 de la segunda pieza). Los instrumentos ya se encuentran valorados por lo que no requieren de nuevo pronunciamiento;

   10. Inspección Judicial practicada por el A-quo en fecha 17 de mayo de 2004 y sus recaudos inserta a los folios 129 al 165 de la segunda pieza mediante la cual se dejó constancia del registro contable de la accionada respecto de las diversas transferencias efectuadas por el accionante a la sociedad, las cuales, todas fueron calificadas contablemente como “aportes” en moneda norteamericana. De los asientos contables no se desprende que el dinero otorgado por el socio haya sido asentado contablemente por concepto de préstamo, sino que siempre se manejó el concepto de aporte, y que dicho monto dinerario sí se manejó en dólares norteamericanos. Se valora conforme al artículo 507 del Código de Procedimiento Civil;

   11. Testimoniales a los fines de verificar la voluntad real o naturaleza del negocio objeto de la controversia: a) R.A.N. ORTIZ, de profesión u oficio asesor empresarial, cédula de identidad No. 1.710.028. Por acta de fecha 28 de mayo de 2004, el Juzgado Décimo Séptimo de Municipio de esta Circunscripción (actuando como Tribunal comisionado), tomó la declaración del prenombrado ciudadano, quien respondió a la PRIMERA PREGUNTA: “Presidente de la Junta Directiva de Desarrollos Valle Arriba Athletic Club C.A.”; a la TERCERA PREGUNTA: “Sí, aporté sumas de dinero para Desarrollos Valle Arriba Athletic Club C.A., con motivo de la inversión en el proyecto del Club”; a la CUARTA PREGUNTA: “La finalidad de esos aportes era contribuir al capital de la empresa”; a la QUINTA PREGUNTA: “No, en ningún momento consideré que esos aportes los hacía a título de préstamo a interés”; a la SEXTA PREGUNTA: “En efecto, siempre consideré, que esos aportes eran una inversión, que deberían devengar un rendimiento que exclusivamente serían generada con la rentabilidad del proyecto”. Acto seguido, en la oportunidad de la repregunta, contestó: a la PRIMERA REPREGUNTA: “El capital accionario de DESARROLLOS VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB C.A., está integrado por cuatro accionistas principales, que incluyen la firma Boralis C.A. el accionista R.N., el accionista V.C.S. y el accionista R.V.” a la repregunta QUINTA REPREGUNTA: “Al recibir los aportes de los accionistas, DESARROLLOS VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB C.A., contabilizó las operaciones a través de un débito a cuentas bancarias y un crédito a cuenta transitoria préstamos de los accionistas, dicha cuenta de carácter transitorio, mantenía los fondos hasta el momento de su capitalización” (folios 225 al 229 de la segunda pieza);

2. F.A.G., Cédula de identidad No. 2.942.171. No consta evacuación del referido testigo en actas.

3. A.C. R., Venezolano, mayor de edad, Cédula de identidad No. V-9.971.632. Mediante acta del 20 de mayo de 2004, el Tribunal de la causa tomó la declaración del prenombrado ciudadano, quien respondió a la deposiciones formuladas de la siguiente manera: a la SEGUNDA PREGUNTA: “Para ese momento era asesor Financiero de las empresas TECNIQUESO C.A. y BORALIS C.A. que se encontraban en proceso de negociación con la firma en cuestión, o sea DESARROLLOS VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB C.A.”; a la TERCERA PREGUNTA: “V.C.S. fue la persona que le presentó a TECNIQUESO C.A. la oportunidad de inversión en el proyecto del VALLE ARRIBA ATHLETIC CLUB C.A., él fue el promotor industrial del proyecto”; a la SEXTA PREGUNTA: “No tengo conocimiento de que esos aportes de capital o inversiones fueron considerados préstamo a los accionistas a intereses, no me consta que existiera un contrato para tales fines, ni verbal ni escrito, esos aportes de capital o inversiones se tuvieron que realizar para poder sufragar mucho de los gastos operativos que describí en algún detalle en mi respuesta anterior” (folios 156 al 160 de la segunda pieza)

4. C.N.G., Cédula de identidad No. 6.560.548. No consta evacuación del referido testigo en actas.

5. H.D.C.B., casado, de profesión u oficio Economista, cédula de identidad No. 624.753. Por acta del 16 de julio de 2004, el Juzgado Décimo Séptimo de Municipio de esta Circunscripción (actuando como Tribunal comisionado), tomó la declaración del prenombrado ciudadano, quien respondió a la PRIMERA PREGUNTA: “En la formación (de la sociedad) no tuve ninguna participación, en la ejecución participé como economista haciendo los análisis financieros y como coordinador del proyecto”; a la SEGUNDA PREGUNTA: “Sí tengo conocimiento” (de los aportes de los accionistas); a la TERCERA PREGUNTA: “No lo sé, no conocí el documento original” (el documento de préstamo); a la CUARTA PREGUNTA: “Tampoco puedo decirlo porque no conocí lo que se hubiera acordado”; a la QUINTA PREGUNTA: “Todos los aportes de dinero en un proyecto es hecho con fines de lucro, espera recibir una retribución económica, considero que la única forma que la compañía podía ofrecer un rendimiento a los inversionistas y a los accionistas era por la vía de la venta de acciones del club, porque de eso se trataba el negocio”. Seguidamente, en la oportunidad de efectuar las repreguntas, contestó: a la SEGUNDA REPREGUNTA: “Yo tengo que buscar un poco de información porque no es muy reciente, pero yo se que exploraron varias alternativas que incluían las posibilidades de capitalización, incluían formulas de pago del aporte en acciones” a la TERCERA REPREGUNTA: “Yo no recuerdo haber recibido que se hubiese recibido (sic) cheques en dólares, lo que yo recuerdo es que la compañía mantenía una deuda en dólares y no tenía la disponibilidad para atender el pago de los intereses por lo cual solicitaba a los accionistas el dinero necesario para pagar esos intereses en dólares, por lo tanto yo no puedo concluir que diera lugar al registro en una moneda u otra, eso pienso que sería según el acuerdo que hayan tenido los accionistas” (Folios 234 al 236 de la segunda pieza).

6. H.C., Cédula de identidad No. 6.858.864. No consta evacuación del referido testigo en actas.

7. R.V.C., Cédula de identidad No. 3.177.612. No consta evacuación del referido testigo en actas.

   De las declaraciones de los ciudadanos R.A.N. ORTIZ (socio de la accionada) y H.D.C.B. (economista coordinador del proyecto) y A.C., quienes declararon de forma efectiva, se desprende que se conocían la naturaleza del negocio sobre la cual cada uno de los socios invertía monetariamente, así se desprende de la declaración del ciudadano R.A.N. al indicar que “La finalidad de esos aportes era contribuir al capital de la empresa”. Igualmente, H.D.C.B., quien fungía como coordinador del proyecto indicó: “En la formación (de la sociedad) no tuve ninguna participación, en la ejecución participé como economista haciendo los análisis financieros y como coordinador del proyecto”, y por su parte, el ciudadano A.C., indicó “que no tenía conocimiento que esos aportes de capital o inversiones fueron considerados préstamo a los accionistas a intereses”. De modo, que esas aseveraciones las cuales se encontraron sujetas al control probatorio dentro de la litis por la contraparte y aunado a que los deponentes no se contradijeron en sus dichos, producen convencimiento en esta Alzada por lo que se valora conforme al artículo 508 del Código de Procedimiento Civil.

   11. Exhibición de documentos verificadas el 20 de mayo de 2004 y 25 de mayo de 2004 en el Juzgado de la causa. En la primera acta se dejó constancia de la comparecencia del ciudadano J.L.A. en representación de la sociedad mercantil BORALIS C.A. y la ciudadana MARIOLGA Q.T. en representación de la parte demandada. Seguidamente se presentaron los originales de las misivas del 14 de junio y 09 de septiembre de 1999, agregándose copia simple a los autos. Igualmente, en la segunda acta se dejó constancia de la sola comparecencia del abogado S.B., apoderado judicial de la parte demandada, mediante la cual se exhibió al Tribunal misivas del 14 de junio de 1999 y 09 de septiembre de 1999, las cuales al ser recibidas por fax, consigna en copia simple folios 151 al 155 y 166 al 168 de la segunda pieza). Se aprecian de conformidad con los artículos 436 y 437 del Código de Procedimiento Civil;

   12. Inspección judicial de fecha 10 de mayo de 2004, evacuada por el Juzgado de la Causa, a los fines de verificar en lo (sic) libros contables de la demandada a lo que designó como práctico al Contador Público Henry Flores Tovar, inscrito en el C.P.C. bajo el No. 20.979. no (sic) evacuándose particular alguno en esa oportunidad (folios 122 al 123 de la segunda pieza).

   Analizadas las probanzas de las partes, esta Alzada hace las siguientes consideraciones: