Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 5 de Febrero de 2010
| Fecha de Resolución | 5 de Febrero de 2010 |
| Emisor | Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control |
| Ponente | Esteban Ramón Quintero |
| Procedimiento | Revisión De Medida De Privación Judicial De Libert |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Control de San A.d.T.
San A.d.T., 5 de Febrero de 2010
198º y 149º
ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2009-002163
ASUNTO : SP11-P-2009-002163
DECLARA CON LUGAR LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA MEDIDA
Visto el escrito de solicitud de Revisión de Medida hecho por el defensor Abg. ESTIWARD G.P., en su carácter de defensor del ciudadano C.A.D.R., donde solicita revisión de la Medida Judicial Preventiva de Libertad dictada en fecha 25-07-2009, de conformidad con el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal por una menos gravosa por el delicado estado de salud, este Juzgador para decidir observa:
DE LOS HECHOS
La presente causa penal se inicio en virtud del procedimiento efectuado por funcionarios adscriptos al comando regional Nº 1 destacamentos de fronteras Nº11 de la guardia nacional bolivariana de Venezuela, “en fecha 16-07-2009 en horas de la tarde encontrándome de servicio en le punto del control fijo de la aduana de San A.d.T., observe venir vehiculo malibu de color negro, a lo que le indique al conductor que se estacionara, a la abrir la maleta del vehiculo observar varios sacos de azúcar, en vista del nerviosismo que presentaba el ciudadano, procedí a buscar a una persona para que atestiguara en la revisión del vehiculo, quien resulto ser y llamarse: P.E.R., titular de la cedula de Identidad Nº 5.328.675, seguidamente en presencia del testigo procedí a revisar una inspección del vehiculo encontrando en el asiento trasero mas saco de azúcar, al solicitar la documentación que ampara la legal procedencia este ciudadano manifestó no procederla, presumiéndose que la mercancía iba ser pasada de contrabando hacia el territorio Colombiano, procedí a trasladar el vehiculo con la mercancía hacia la sede de la primera compañía, donde se elaboro el formato de retención del vehiculo chevrolet, modelo malibu, color negro año 1.979 placas AIS 528, tipo seda, uso particular, según copia fotostática del certificado registro del vehiculo nº 632961, y la mercancía (azúcar) resultando la cantidad veinticinco saco de azúcar marca s.c., la cual será enviada a la aduana principal de San Antonio, se promedio identificar al ciudadano quien resulto ser C.A.R., quien se le informo que iba a quedar detenido preventivamente por presunto contrabando de extracción de mercancía, se notifico vía telefónica al Abg. H.F., Fiscal Del Ministerio Publico, quien ordeno elaborar las actuaciones correspondiente al caso y remitirlas a las misma.”
Corre inserta a las actuaciones, entre otras diligencias de investigación las siguientes:
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-Acta de investigación penal N CR-1-DF.11 -1RA. CIA. SIP: 445, suscrita por el funcionario SM/ 1 M.G.G., de fecha 16 de julio de 2009 corre inserta en el folio 02.
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- Constancia de retención de mercancía suscrita por el funcionario M.G.G., de fecha 16 de julio de 2009corre inserta en el folio 03.
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-C.d.V. suscrita por el funcionario M.G.G., de fecha 16 de julio de 2009, corre inserta en el folio 04.
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- Acta de revisión de vehiculo de fecha 16 de julio de 2009, corre inserta en el folio 05.
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- Acta de lectura de derechos, suscrita por el funcionario M.G.G., de fecha 16 de julio de 2009, corre inserta en el folio 06.
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- Acta de entrega de efectos retenidos suscrita por funcionario actuante adscrito al comando de la Primera compañía del destacamento de frontera N. 11, del comando regional N 1 de la Guardia Nacional, de fecha 16 de julio de 2009 ,corre inserta al folio 15,.
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- Dictamen Pericial de fecha 16 de julio de 2009, suscrita por el funcionario reconocedor A.B., inserta al folio 16 y 17.
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-Acta de reconocimiento de mercancía suscrita por el funcionario M.G.G., de fecha 16 de julio de 2009corre inserta en el folio 18.
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- Reseña fotografica relacionada con el acta de investigación penal N CR-1-DF.11 -1RA. CIA. SIP: 445, suscrita por el funcionario SM/ 1 M.G.G., de fecha 16 de julio de 2009 corre inserta en el folio 21.
- En fecha 25 de Julio del 2009, este Tribunal en la Audiencia de Calificación de Flagrancia decretó la siguiente dispositiva:
CALIFICA LA FLAGRANCIA, en la aprehensión del ciudadano: C.A.D.R. quien dice ser de nacionalidad Colombiana, natural de Villa del R.N.d.S.R. de Colombia, con fecha de nacimiento 08 de abril de 1975, de 34 años de edad, titular de la cedula de ciudadanía N° 88.191.135, hijo de M.R. (v) y d J.A.D.R. (v), de estado civil soltero, de profesión u oficio obrero, con calle 6 Nº 8-79, Villa del R.N.d.S.R. de Colombia, teléfono celular colombiano 320-2245-427, presuntamente incurso en la comisión del delito de CONTRABANDO previsto y sancionado en el artículo 142 de la Ley de Libre Acceso de las personas a los bienes y servicios, en perjuicio del estado venezolano, por encontrarse llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.
Se Ordena la prosecución del proceso por los trámites del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose la remisión a l Tribunal de Juicio respectivo, vencido que sea el lapso de ley correspondiente.
SE DECRETA MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD, al ciudadano: C.A.D.R., plenamente identificado en autos por la presunta comisión del delito de CONTRABANDO previsto y sancionado en el artículo 142 de la Ley de Libre Acceso de las personas a los bienes y servicios, en perjuicio del Estado Venezolano, de conformidad con lo establecido en el articulo 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, designándose como sitio de reclusión la Comandancia de Policía de San A.d.T., Estado Táchira.
SE ACUERDAN expedir las copias simples y certificadas del acta de la presente audiencia, solicitadas por la defensa.
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL
- De la Revisión de las actuaciones que constan en el expediente y justamente a los fines de garantizar el eventual cumplimiento de los posibles resultados del proceso penal y la debida estabilidad en la tramitación del proceso mediante el sometimiento del justiciable a la investigación, y el esclarecimiento debido de los hechos para la aplicación del derecho y por ende la realización de la Justicia, es así como, el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:
El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, y a esta finalidad deberá atenerse el Juez al dictar su decisión.
La determinación que tomó este Tribunal de Control en su decisión fue, que observó la existencia de suficientes elementos de convicción para someter a un juicio público al imputado C.A.D.R., como presunto autor del delito de CONTRABANDO previsto y sancionado en el artículo 142 de la Ley de Libre Acceso de las personas a los bienes y servicios, en perjuicio del Estado Venezolano. Ahora bien en lo referente a la existencia o no de peligro de fuga y peligro de obstaculización, tal como lo disponen los artículos 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal observa que estas circunstancias son determinantes para dictar medida privativa de libertad o una cautelar sustitutiva. Es por ello que la ley adjetiva enuncia los presupuestos de peligro de fuga y peligro de obstaculización; además, en el ordinal tercero del artículo 254 eiusdem, se indican los requisitos del auto de privación judicial preventiva de libertad, estableciendo la obligación de mencionar los presupuestos a que se refieren los artículos 251 ó 252. En este caso, el Tribunal estima que no existe peligro de obstaculización a la investigación; sin embargo, considera que si existe el peligro de fuga derivado de: La facilidad del imputado para abandonar el Territorio de la República de Venezuela, dado el libre tránsito existente entre la República de Venezuela y la República de Colombia en su eje fronterizo, y tomando en cuenta que es una persona extranjera y además que en la dirección aportada se observa poca exactitud en su ubicación.
Este Juzgador Atendiendo a la normativa adjetiva penal vigente, se aprecia que existen determinadas circunstancias, que a pesar de estar presentes los extremos de ley para dictar una Medida Judicial Privativa Preventiva de Libertad, es necesario entrar a valorar otros elementos, como es el caso del Principio de Proporcionalidad de la Medida Judicial Privativa Preventiva de Libertad, y a tal efecto el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal dispone, que no se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable y que en ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años.
Excepcionalmente, el Ministerio Público o el querellante podrán solicitar al Juez de control, una prórroga, que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito, para el mantenimiento de las medidas de coerción personal que se encuentren próximas a su vencimiento, cuando existan causas graves que así lo justifiquen, las cuales deberán ser debidamente motivadas por el Fiscal o el querellante.
En este supuesto, el Juez de control deberá convocar al imputado y a las partes a una audiencia oral, a los fines de decidir, debiendo tener en cuenta, a objeto de establecer el tiempo de la prórroga, el principio de proporcionalidad.
Este Tribunal estima que es obligación de los tribunales, el resguardo y protección del orden constitucional y procurar la eficaz vigencia de los derechos fundamentales de las personas, resguardar el principio constitucional de que todos serán juzgados en libertad, excepto cuando existan razones determinadas por la ley. El artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal reafirma esa garantía constitucional del juicio en libertad, cuando establece que toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, con las excepciones que establezca este Código; asimismo, que la privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso.
- De manera que, en todo caso, tales principios de veracidad y justicia, se observarán como pilares fundamentales en el proceso penal, de allí que, las medidas cautelares en general, cobren vigencia y aplicación, ello, en nada disminuye el también principio constitucional de presunción de inocencia y afirmación de libertad, que a pesar de la aparente antinomia, sin embargo, la medida cautelar extrema –Privación Judicial Preventiva de Libertad-, está sujeta al razonamiento judicial que deberá establecerse y apreciarse en el caso en concreto, por expresa disposición del artículo 44.1 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al establecer:
…La libertad personal es inviolable, en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.
Comillas y subrayado es propio.”
Ahora bien, como derecho natural del justiciable, el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, prevé que el imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente; debiendo el Juzgador examinar la necesidad de mantener la medida o sustituirla por otra menos gravosa.
De la disposición legal enunciada, se desprende claramente, en primer lugar, el carácter de cosa juzgada formal y no material que causa el auto que decrete la medida cautelar, y en segundo el derecho irrestricto de los imputados en solicitar el examen y revisión de la medida de coerción personal existente en su contra en cualquier momento, y al mismo tiempo, se establece el deber jurisdiccional en razonar y motivar el mantenimiento, revocación o su sustitución, pues permitirse lo contrario, sería dejarlo al capricho judicial, lo cual es enteramente inaceptable desde todo punto de vista.
Ahora bien, la imposición de dichas Medidas Cautelares Sustitutivas, deben ser proporcionales al hecho punible cometido, por una parte; y por otra parte, las mismas, deben ser de posible cumplimiento, pero que tiendan a garantizar las resultas del proceso.
Así lo dispone el artículo 263 del Código Orgánico Procesal, el cual reza:
Artículo 263. Imposición de las Medidas. El tribunal ordenará lo necesario para garantizar el cumplimiento de las medidas a que se refiere el artículo 256. En ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad, o se impondrán otras cuyo incumplimiento sea imposible...
En virtud de lo anteriormente expuesto, y de conformidad con los artículos 26, 43, 83 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 10 del Código Orgánico Procesal Penal, dado que variaron las circunstancias, en el sentido que en la audiencia de flagrancia celebrada el 25-07-2009, el ciudadano C.A.D.R., fue imputado como coautor en la presunta comisión del delito de CONTRABANDO previsto y sancionado en el artículo 142 de la Ley de Libre Acceso de las personas a los bienes y servicios, en perjuicio del Estado Venezolano, aparte de estimar este Tribunal al corre agregado Informe Médico Forense de fecha 19-01-2010 suscrito por el doctor M.P., donde consta que el ciudadano actualmente poli medicado con enfermedad neurológica que amerita control estricto sucesivo tanto domiciliario como por profesionales médico especializado.
Considera quien aquí decide, que se hace procedente en el presente caso, revisar la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, decretada al imputado de autos, quien se haya incurso en la presunta comisión del delito de CONTRABANDO previsto y sancionado en el artículo 142 de la Ley de Libre Acceso de las personas a los bienes y servicios, en perjuicio del Estado Venezolano decretada en fecha 25-07-2009, y se le sustituye con una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, conforme a lo previsto en los numerales, 3°, 6° y 9° del artículo 256 en concordancia con el artículo 258 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo el imputado cumplir obligatoriamente con las siguientes exigencias de ley: 1º) Firmar un Acta de Compromiso mediante la cual se obliga a cumplir con las siguientes condiciones: A) Presentarse a la sede del Tribunal cada quince (15) días. B) Comparecer a todos los actos del proceso. C) No incurrir en hechos similares ni en otros delitos. 2°) Presentación de DOS (02) Fiadores , capaz de comprometerse a que el imputado cumpla con las obligaciones impuestas quienes deberán presentar copia de la Cédula de Identidad, C.d.T. (especificando el sueldo) con ingresos iguales o superiores a cuarenta (40) Unidades Tributarias, balances personales certificados por un contador público, constancia de residencia y buena conducta emanada por la Junta Comunal. Quienes se deberán compromete, que en caso de incumplimiento de las condiciones impuesta al imputado, cancelar por vía de multa el equivalente a ochenta (80) unidades Tributarias cada uno.. Teniendo conocimiento el imputado que en caso de incumplimiento de las condiciones impuestas, se les REVOCARÁ la medida y en su lugar, se les dictará Medida Judicial Preventiva Privativa de Libertad, notifíquese a las partes de la presente decisión, trasládese al imputado a los fines de imponerlo de la presente decisión, una vez que cumplan con lo aquí acordado se librará la boleta de libertad. Y así se decide.
DISPOSITIVA
Por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL NUMERO UNO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE SAN A.D.T., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE: ÚNICO: Se Revisa la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, mediante la cual se le privó de libertad al Ciudadano C.A.D.R. quien dice ser de nacionalidad Colombiana, natural de Villa del R.N.d.S.R. de Colombia, con fecha de nacimiento 08 de abril de 1975, de 34 años de edad, titular de la cedula de ciudadanía N° 88.191.135, hijo de M.R. (v) y d J.A.D.R. (v), de estado civil soltero, de profesión u oficio obrero, con calle 6 Nº 8-79, Villa del R.N.d.S.R. de Colombia, teléfono celular colombiano 320-2245-427, presuntamente incurso en la comisión del delito de CONTRABANDO previsto y sancionado en el artículo 142 de la Ley de Libre Acceso de las personas a los bienes y servicios, en perjuicio del estado venezolano, Y SE ACUERDA una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, todo de conformidad con lo previsto en los artículos 264 y 256 numerales 3°,6 y 9 en concordancia con el artículo , todos del Código Orgánico Procesal Penal y los artículos 26, 43, 83 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Notifíquese a las partes de la presente decisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 179 y 180 del Código Orgánico Procesal Penal, y déjese copia debidamente certificada.
Publíquese, regístrese y déjese copia en el archivo del Tribunal. Notifíquese a las partes. Trasládese al imputado.
ABG. E.R.Q.
JUEZ PRIMERO DE CONTROL
LA SECRETARIA
ABG.
