Exigen a clínicas y seguros asumir costos

La Asamblea Nacional designó ayer una subcomisión especial para la investigación de responsabilidades en el caso de más de 30.000 implantes PIP que han sido colocados en el país. La designación se hizo a solicitud de un grupo de afectadas por las prótesis de fabricación fraudulenta, que ayer tuvieron un derecho de palabra ante la Comisión de Salud y Desarrollo Social del Parlamento. Yvonne Reyes, abogada y usuaria de los implantes, pidió a los diputados que el Gobierno ejerza presión sobre las compañías de seguros para que costeen la extracción o reemplazo de las prótesis, pues lotes aún no precisados fueron elaborados con silicona industrial, que puede tener efectos nocivos para la salud. "Si una persona se aplica un tinte de cabello y se intoxica, el seguro cubre los gastos médicos. El caso de las prótesis es igual; somos víctimas de un producto que contaba con la certificación sanitaria y que ahora constituye un problema de salud pública", afirmó Reyes, que pidió que se determine la responsabilidad de los cirujanos plásticos y las casas distribuidoras. "Todos ellos lucraron con el negocio de los implantes. Los cirujanos pueden intervenir en los hospitales públicos y las distribuidoras deben proveer al Estado de todas las prótesis necesarias para hacer los reemplazos", dijo. De acuerdo con lo expuesto ayer por algunos diputados en la audiencia, la subcomisión irá más allá de las solicitudes.

Loydis Herrera, diputada por el PSUV, pidió abrir una investigación contra las clínicas privadas. "Mucho se ha dicho de la responsabilidad del Estado y los hospitales públicos, pero estamos seguros de que...

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