Decisión nº 039-07 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 1 de Febrero de 2007
| Fecha de Resolución | 1 de Febrero de 2007 |
| Emisor | Corte de Apelaciones Sala 3 |
| Ponente | Luisa Rojas Gonzalez |
| Procedimiento | Apelación Contra Auto |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
CORTE DE APELACIONES
SALA TERCERA
Maracaibo, 01 de febrero de 2007
196° y 147°
DECISIÓN N° 039-07.-
PONENCIA DE LA JUEZA PRESIDENTA: L.R.D.I..
DE LA ADMISIBILIDAD O NO DEL RECURSO:
Visto el recurso de apelación de auto interpuesto por el ciudadano L.R.R., abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 90.512, actuando con el carácter de defensor del imputado G.F.M.N., en contra de la decisión Nº 013-06, dictada en fecha 09-01-07, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, correspondiente al acto de audiencia preliminar en la causa seguida al referido ciudadano, por la presunta comisión de los delitos de EXTORSION, USO DE DOCUMENTO FALSO, FALSA ATESTACION ANTE FUNCIONARIO PUBLICO y AGAVILLAMIENTO, previstos y sancionados en los artículos 459, 322 y 320 en concordancia con los artículos 319 y 289, respectivamente, todos del Código Penal Venezolano, cometidos en perjuicio de A.E. URDANETA DE ROJAS, LA F.P. y la ALCADIA DEL MUNICIPIO AUTONOMO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA.
En tal sentido, este Tribunal Colegiado pasa a revisar seguidamente los requisitos de procedibilidad a los efectos de verificar la admisibilidad o no de la precitada apelación, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 437 ejusdem, lo cual hace en los siguientes términos:
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De actas se observa el ciudadano L.R.R., abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 90.512, actuando con el carácter de defensor del imputado G.F.M.N., se encuentra legalmente facultado para ejercer en la presente causa el recurso ordinario de apelación, por cuanto el mismo actúa con el carácter de defensor del imputado antes mencionados, según se evidencia de la aceptación de cargo de defensor la cual corre inserta en el folio 18 de la presente causa, cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 433 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el literal “a” del artículo 437 ejusdem.
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Por otra parte, en lo que respecta al lapso procesal para la interposición del recurso de apelación, específicamente de auto, observa la Sala que el abogado en ejercicio L.R.R., interpuso el mismo dentro del lapso legal esto es al Quinto (5°) día hábil de haber sido dictada la decisión impugnada y al mismo tiempo darse por notificado de la misma, ya que la recurrida fue proferida en fecha 09-01-07, tal como se demuestra a los folios 08 al 15 de la presente causa, interponiendo el presente medio de impugnación por ante el Departamento de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, en fecha 18 de enero de 2007, a las 11:30 a.m, tal como se desprende del contenido de los folios 20 al 23 de la causa, así como del cómputo de audiencias transcurridas efectuado por la Secretaría del Juzgado a quo inserto a los folios 32 de la causa, cumpliéndose con lo previsto en los artículos 448 y 172 ambos del Código Orgánico Procesal Penal.
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Ahora bien, en lo que respecta a la decisión apelada, se evidencia que el accionante ha impugnado la misma, en base al precepto legal establecido en el numeral 4 del artículo 447 del código adjetivo penal. En este sentido, quienes aquí deciden consideran necesario acotar que en virtud de que este Tribunal de Alzada se encuentra integrado por jueces profesionales del Derecho, quienes en virtud del principio iura novit curia -según el cual los Jueces conocen del Derecho-, y una vez analizada en forma íntegra todas las actas que conforman la presente causa a objeto de pronunciarse sobre la admisibilidad o no del presente medio recursivo, observa esta Sala que la accionante apeló de la decisión dictada por el Juez de Control en la audiencia preliminar, donde se admitió totalmente la acusación fiscal, sin lugar lo alegado por la defensa y se mantiene la calificación jurídica efectuada por la Vindicta pública en su escrito acusatorio, admite todas las pruebas promovidas por el Ministerio Público y declaró procedente la comunidad de las pruebas a la que se acogió la defensa, por ser las mismas útiles, necesarias y pertinentes, mantiene la medida de privación judicial preventiva de libertad y ordenó la apertura a juicio oral y público,
En este orden de ideas, quienes aquí deciden estiman pertinente señalar el criterio establecido por la Sala Constitucional del M.T. de la República, en relación a la impugnabilidad de la decisión tomada por la Juez de Control en la audiencia preliminar, siendo éste:
... esta Sala advierte que el único caso en que el acusado puede recurrir de las decisiones que se dicten al final de la audiencia preliminar, y que se encuentren referidas a los medios de prueba, son aquéllas que declaren la inadmisibilidad de los medios que aquél haya ofrecido dentro del plazo que fija el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal -siempre y cuando sean lícitos, necesarios y pertinentes-, ya que tal inadmisibilidad podría constituir una violación del derecho a la defensa consagrado en el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no permitirle llevar al juicio elementos que coadyuvarían, por una parte, a los fines de desvirtuar la imputación fiscal, y por la otra -y como consecuencia de la anterior-, a reafirmar su inocencia.
A mayor abundamiento, el acusado podrá ejercer el recurso de apelación de conformidad con el artículo 447.5 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que el gravamen que ocasionaría la declaratoria de inadmisibilidad de todos o de algunos de los medios de prueba por él ofrecidos, siempre y cuando sean lícitos, pertinentes, necesarios, no extemporáneos y relevantes para el proceso en litigio, vendría dado por la afectación de su derecho a la defensa. En tal sentido, si el Juez no admite ningún medio de prueba ofrecido por la defensa, se le estaría impidiendo absolutamente al acusado llevar a juicio los medios de prueba con los cuales rebatirá las imputaciones formuladas por el Fiscal del Ministerio Público, y con los cuales, por ende, se reafirmará su inocencia; mientras que en la segunda hipótesis, aun y cuando se admitan algunos de los medios de prueba por él ofrecidos, también podría causársele un gravamen irreparable, ya que se le estaría obstaculizando la incorporación al proceso de medios probatorios que podrían revestir gran importancia para favorecer su defensa.
En pocas palabras, la negativa del Juez de admitir unos medios de prueba lícitos, necesarios y pertinentes ofrecidos por el acusado, tendrá relevancia constitucional -por lesionar el derecho a la defensa- cuando de tal inadmisibilidad se derive indefensión o alteración del resultado del proceso, situación en la cual, el acusado podrá interponer el recurso de apelación antes señalado, claro está, siempre y cuando la declaratoria de inadmisibilidad por parte del Juez no se encuentre ajustada a derecho, debiendo ser acreditada la infracción constitucional ante el Juez de Alzada, el cual verificará si la misma se ha producido o no.
El fundamento de lo anterior radica en que los recursos ordinarios establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, permiten que las C.d.A., puedan restituir o reparar situaciones jurídicas en las cuales hayan existido violaciones, o amenaza de violación de derechos fundamentales, por cuanto, como lo ha sostenido en varias oportunidades esta Sala, conforme a lo previsto en la Carta Magna, todos los jueces son tutores del cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que hace a la jurisdicción ordinaria igualmente garante de derechos constitucionales y permite la obtención de la protección que el amparo –mecanismo extraordinario- ofrece.
Entonces, partiendo de que el auto de apertura a juicio es inapelable, debe afirmarse que el acusado no podrá impugnar ninguno de los pronunciamientos que establece el numeral 2 del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, y por ende, tampoco los que declaren la admisión de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público; pudiendo apelar de las demás decisiones que el señalado artículo 330 le permite dictar al Juez de Control al finalizar la audiencia preliminar, claro está, siempre que constituyan decisiones susceptibles de ser encuadradas en el catálogo que establece el artículo 447 eiusdem...
(Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Fecha 20-06-05, Magistrado Ponente Francisco Carrasquero López, Exp. N° 04-2599), (Negrillas de esta Sala).
Es así, como una vez transcrito el criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia, donde se dejó asentado que en nuestra legislación cuando los procesos penales, éstos se encuentren en la fase intermedia del proceso, concretamente una vez celebrada la audiencia preliminar, partiendo de la inapelabilidad del auto de apertura a juicio, el acusado no puede impugnar ninguno de los pronunciamientos que establece el numeral 2 del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, así como tampoco los que declaren la admisión de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, siendo que en el caso bajo examen, en la decisión impugnada la Jueza a quo en el primer pronunciamiento admitió el escrito acusatorio y en el tercero admitió las pruebas ofertadas tanto por el Ministerio Público y declaró procedente la comunidad de las pruebas a la que se acogió la defensa, por lo cual quienes aquí deciden estiman pertinente declarar Inadmisible el presente medio de impugnación, conforme a lo dispuesto en el último aparte del artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, así como en atención al criterio jurisprudencial antes transcrito. Y así se decide.
Por ultimo, este Tribunal de Alzada observa que el accionante ha impugnado la misma, en base al precepto legal establecido en el numeral 4 del artículo 447 del código adjetivo penal, el cual prescribe: “Decisiones recurribles. Son recurribles ante la corte de apelaciones las siguientes decisiones: (…) 4. Las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva”… las que causen un gravamen irreparable…”, desprendiéndose igualmente del contenido del escrito de apelación, que la misma se dirige a impugnar específicamente la negativa dictada por la Juez a quo de convertir la medida de privación judicial preventiva de libertad, que actualmente recae en contra de su defendido, en una medida menos gravosa de las establecidas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal. En tal sentido, observa este Tribunal Colegiado que el Juzgado de Control realizó en el acto de audiencia preliminar la revisión de la medida privativa de libertad que en la actualidad recae sobre el acusado G.F.M., de conformidad con lo previsto en el artículo 264 del citado texto adjetivo penal, es inapelable y en esta fase del proceso ya las partes dispusieron de los medios y tiempos legales para interponer el respectivo recurso de apelación contra el acto de individualización donde se decretara dichas medidas de coerción personal.
En el mismo orden de ideas, si bien es cierto que el numeral 4 del artículo 447 citado ut supra, prescribe que pueden impugnarse las decisiones dictadas por los diferentes Tribunales que conforman la esfera procesal penal, cuando estas declaren la procedencia de una medida que implique una limitante a la libertad personal del individuo que a ella se someta, no es menos cierto que en el caso sub examine, la decisión apelada corresponde a la dictada en el acto de audiencia preliminar llevada a efecto en fecha 09-01-2007, por el Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, acto en el cual -como ya se dijo anteriormente- no fue decretada la privación judicial preventiva de libertad, sino que simplemente se revisó previa solicitud de la defensa, la medida privativa de libertad ya firme, la cual por disposición expresa del artículo 264 ejusdem, es inapelable. Y así se decide.
Por último, es de advertir en el presente caso en relación a la denuncia sobre la violación de los derechos de la victima por falta de notificación a la audiencia preliminar, que es oportuno citar el contenido del artículo 122 del Código Orgánico Procesal Penal, que expresa: “…La persona ofendida directamente por el delito podrá delegar, en una asociación de protección o ayuda las víctimas, el ejercicio de sus derechos cuando sea mas conveniente para la defensa de sus intereses…”.
De lo transcrito ut supra se desprende que en el presente caso no le es dado al recurrente atribuirse la defensa de los derechos de la víctima, toda vez que tal facultad la prevé la propia norma en una asociación de protección o ayuda alas victimas, por lo que lo procedente es declarar inadmisible esta denuncia plasmada en el escrito recursivo. Y así se decide.
En virtud de lo antes expuesto, considera este Tribunal Colegiado que el recurso de apelación de auto interpuesto por el ciudadano L.R.R., abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 90.512, actuando con el carácter de defensor del imputado G.F.M.N., en contra de la decisión Nº 013-06, dictada en fecha 09-01-07, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, correspondiente al acto de audiencia preliminar en la causa seguida al referido ciudadano, por la presunta comisión de los delitos de EXTORSION, USO DE DOCUMENTO FALSO, FALSA ATESTACION ANTE FUNCIONARIO PUBLICO y AGAVILLAMIENTO, previstos y sancionados en los artículos 459, 322 y 320 en concordancia con los artículos 319 y 289, respectivamente, todos del Código Penal Venezolano, cometidos en perjuicio de A.E. URDANETA DE ROJAS, LA F.P. y la ALCADIA DEL MUNICIPIO AUTONOMO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA, debe ser declarado inadmisible por inimpugnable por encontrarse inmerso en la causal de inadmisibilidad prevista en los artículos 264 y 437 literal “c” del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 331 último aparte ejusdem. Y así se decide.
DECISIÓN
En virtud de lo antes expuesto, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Declara: INADMISIBLE POR INIMPUGNABLE el recurso de apelación de auto interpuesto por el ciudadano L.R.R., abogado en ejercicio, actuando con el carácter de defensor del imputado G.F.M.N., en contra de la decisión Nº 013-06, dictada en fecha 09-01-07, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, correspondiente al acto de audiencia preliminar en la causa seguida al referido ciudadano, por la presunta comisión de los delitos de EXTORSION, USO DE DOCUMENTO FALSO, FALSA ATESTACION ANTE FUNCIONARIO PUBLICO y AGAVILLAMIENTO, previstos y sancionados en los artículos 459, 322 y 320 en concordancia con los artículos 319 y 289, respectivamente, todos del Código Penal Venezolano, cometidos en perjuicio de A.E. URDANETA DE ROJAS, LA F.P. y la ALCADIA DEL MUNICIPIO AUTONOMO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA. Todo ello conforme a lo previsto en el artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 264, 331 parte in fine y 437 literal “c” ejusdem.
Regístrese y Publíquese.
LA JUEZA PRESIDENTA,
L.R.D.I.
Ponente
LOS JUECES PROFESIONALES,
DORYS CRUZ LOPEZ ARELIS AVILA DE VIELMA
LA SECRETARIA,
L.M.P.
En la misma fecha se Registró la anterior Resolución bajo el Nº 039-07.-
LA SECRETARIA,
L.M.P.
Causa Nº 3Aa3520-07
LRdI/ nc*
