Decisión nº 157 de Tribunal Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 21 de Diciembre de 2012

Fecha de Resolución21 de Diciembre de 2012
EmisorTribunal Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Puerto Ordaz
PonentePaolo Conrado Amenta Rivero
ProcedimientoAmparo Constitucional

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Quinto (5°) de Juicio del Trabajo de Puerto Ordaz

Puerto Ordaz, 21 de diciembre de 2012

Años: 201º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : FP11-O-2012-000119

ASUNTO : FP11-O-2012-000119

IDENTIFICACION DE LAS PARTES:

PRESUNTO (A) AGRAVIADO (A): Sociedad mercantil FIBRANOVA, C.A., domiciliada en Caracas Distrito Capital e inscrita ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 12 de agosto de 1998, bajo el Nº 39, Tomo 283-A-Qto.;

APODERADO JUDICIAL DE LA PRESUNTA AGRAVIADA: C.R.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 17.209.013, soltero, abogado en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 131.835;

PRESUNTO (A) AGRAVIANTE: INSPECTORÍA DEL TRABAJO A.M. DE PUERTO ORDAZ;

CAUSA: AMPARO CONSTITUCIONAL contra la violación de los artículos 49 numerales 1, 2, 4; 25 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

I

De la pretensión de amparo constitucional

La peticionante interpuso en fecha 18 de diciembre de 2012 ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) pretensión de amparo constitucional, y en esa misma fecha este Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, procedió a darle entrada y anotación en el Libro de causas correspondiente.

En el presente recurso, los quejosos pretenden mandamiento de amparo contra las actuaciones realizadas por la Inspectoría del Trabajo A.M. de Puerto Ordaz, de fechas 27 de noviembre de 2012; y los dos actos del 28 de noviembre de 2012, en el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos interpuestos por el ciudadano J.A.S. en contra de la empresa FIBRANOVA, C.A., y que cursa en el expediente identificado con el Nº 051-2012-01-431, cuando manifiesta que “…esta funcionaria ha torcido la ley para causarle perjuicios a mi representada cuando declara que se trasladó a “…LA VIA NACIONAL DE MACAPAIMA, ZONA INDUSTRIAL DE MACAPAIMA, MUNICIPIO INDEPENDENCIA, ESTADO MANZOATEGUI….” Cuando territorialmente no tiene competencia territorial para actuar en el estado Anzoátegui, toda vez que la competencia es de esto funcionarios e inclusive de la Inspectoría del Trabajo A.M. se circunscribe al Municipio Caroní del estado Bolívar, por lo que es indudable que al actuar en una circunscripción territorial que le está vedado, le cercenó el derecho al debido proceso y a la defensa de mi representada contenido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…” (Cursivas añadidas).

Siendo la oportunidad para proveer la admisión de la pretensión de amparo, debe forzosamente este Tribunal seguir los lineamientos que de manera vinculante ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia N° 971 del 28 de mayo de 2007, bajo la ponencia del Magistrado P.R.R.H., al establecer:

“La demanda de amparo se propuso el 16 de mayo de 2006 y no fue sino el 31 de ese mes y año que el Juzgado Superior Segundo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia se pronunció sobre su inadmisibilidad, es decir, luego del transcurso de más de 11 días hábiles; ciertamente, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no establece, expresamente, el lapso dentro del cual debe pronunciarse el juzgador sobre la admisibilidad de la pretensión de amparo; sin embargo, le es aplicable supletoriamente, por remisión del artículo 48 de ese instrumento normativo, lo que dispone el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, el cual consagra el principio de celeridad procesal. En razón de ello, el juzgador debe pronunciase a ese respecto dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se haya propuesto la pretensión.

En consecuencia, en razón de que el Juzgado Superior Segundo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia declaró la inadmisión de la pretensión de tutela constitucional de forma extemporánea, debió ordenar la notificación del supuesto agraviado para que éste, en ejercicio de sus derechos constitucionales, pudiese ejercer, si lo considerara necesario, el medio de impugnación pertinente.

En conclusión, esta Sala Constitucional, en virtud de que el juzgado a quo constitucional no ordenó que se notificara al legitimado activo el pronunciamiento jurisdiccional por medio del cual se le desestimó su pretensión no obstante su extemporaneidad y ya que su primera actuación en autos, luego de tal acto procesal, se produjo en la oportunidad cuando ejerció el recurso de apelación, debe tenerse éste como válido y así se decide.

Por tanto, esta S. declara con lugar el recurso de hecho que fue incoado contra la negativa, del Juzgado Superior Segundo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia a oír la apelación que interpuso el demandante de autos contra el fallo del 31 de mayo de 2006. Así se decide.

La declaratoria de aplicabilidad supletoria del lapso a que se refiere el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil para el pronunciamiento acerca de la admisión de la demanda de amparo, a falta de disposición expresa al respecto en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se establece en acatamiento al derecho al debido proceso de los justiciables que exige la mayor certeza posible acerca de la oportunidad en que deben producirse todos los actos procesales. Se fija así interpretación conforme a la Constitución que, como tal, tendrá carácter vinculante desde la publicación de este fallo, razón por la cual se publicará su texto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y que se informe a su respecto en el sitio web de este Tribunal Supremo de Justicia. (C. y negrillas añadidas).

Así las cosas, en consonancia con el criterio jurisprudencial de carácter vinculante precedentemente expuesto, procede este Tribunal a pronunciarse en cuanto a la admisión de la pretensión de amparo propuesta dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la interposición de la pretensión, lo cual hace en los términos siguientes:

II

De la competencia de este Tribunal

Antes de considerar la admisión o no de la pretensión propuesta, es necesario pronunciarse sobre la competencia para conocer de la presente causa. En la determinación de la competencia por la materia, se atiende a la naturaleza de la relación jurídica objeto de la controversia (artículo 28 del Código de Procedimiento Civil) y, sólo en consideración a ella, se distribuye el conocimiento de las causas entre diversos jueces.

En materia de amparo debemos observar dos reglas relativas a éste que son fundamentales para establecer la competencia; a saber: la competencia territorial y la competencia material. En este sentido, estos dos elementos son concurrentes e inseparables, es decir, que para que un Tribunal sea competente es imprescindible que en razón de la materia sea afín con la naturaleza del derecho o garantía constitucional violada o infringida, y, en caso que no exista en la localidad donde se produjeron los hechos un Tribunal de Primera Instancia, el Juzgado de la localidad debe, sin embargo, tener competencia en razón de la materia afín.

De esta manera, sólo si los derechos que se dicen violados caben plenamente en la materia laboral, el amparo corresponderá a los Tribunales del Trabajo. En este sentido, en sentencia de la Sala Constitucional del 24 de Enero de 2001, con ponencia del magistrado I.R.U., en el Expediente Nº 00-1188, sentencia Nº 03, estableció que: “El criterio fundamental utilizado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, para determinar la competencia de los órganos jurisdiccionales en materia de Amparo constitucional es la afinidad o identidad entre la materia que está atribuida a los Jueces y los derechos y garantías denunciados como violados. Así lo dispone expresamente la mencionada ley, al consagrar en su artículo 7° que: “Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo”. (C. añadidas).

Es de hacer notar, que en el criterio antes mencionado el legislador buscó que fueran los Jueces que más conocieran y que estuvieran más familiarizados con los derechos constitucionales denunciados como lesionados, los que tuvieran la competencia para conocer de la pretensión de amparo, circunstancia ésta que redundaría en la eficacia y desarrollo de la institución.

Así las cosas, cuando en materia de amparo constitucional se denuncie la violación de algunos de estos derechos, se debe determinar –a los fines de conocer el Tribunal competente- el tipo de relación existente entre el solicitante y el presunto agraviante, para lo cual debe tomarse en consideración los valores e intereses envueltos en la violación o violaciones denunciadas, así como la naturaleza de las actividades realizadas y del órgano del cual emana la presunta lesión.

De manera pues, que la competencia en razón de la materia, establece que son competentes para tener conocimiento de la pretensión de amparo los Tribunales de Primera Instancia, que lo sean en la materia afín o análoga con la naturaleza de la norma constitucional infringida o que se encuentre amenazada de violación. En consecuencia, dicha afirmación constituye una limitación a los Tribunales de Primera Instancia en razón de la materia que conozcan, ya que no pueden tener conocimiento de otra que no sea la atribuida a ellos.

En relación a la competencia de los Tribunales de Primera Instancia, la sentencia Nº 1.719 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia fechada 30 de julio de 2002, establece que: “En atención a las disposiciones antes transcritas, puede afirmarse que la regla general atributiva de la competencia sobre las acciones de amparo, consiste en otorgarle al conocimiento de las mismas a los Tribunales de Primera Instancia que conozcan en materias afines con los derechos o garantías constitucionales lesionados o amenazados de violación. Con ello quiso el legislador que los amparos fuesen resueltos por Jueces de Primera Instancia que aplicaran sus conocimientos y experiencia especializada para resolver amparos de una forma rápida y acertada, lo cual evidentemente repercutiría en la efectividad de la institución. Sin embargo, la referida regla encuentra sus excepciones en la Ley Orgánica de Amparo, siendo una de ellas precisamente la contenida en el mencionado artículo 9, conforme al cual en caso de lesión denunciada se produzca en un lugar donde no funcionen Tribunales de Primera Instancia, la acción de Amparo Constitucional podrá ser interpuesta ante cualquier Juez de la localidad” (Cursivas añadidas).

Por otra parte, el autor R.C.G. comenta que, algunas posiciones doctrinales anteriores a la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, habían también entendido que la afinidad debía ser el criterio fundamental para determinar la competencia en materia de amparo. Asimismo, afirmaba A.J., al comentar sobre las diversas teorías existentes sobre la competencia en materia de amparo que “una posición más moderada y actual y que compartimos es la que sostiene que si bien cualquier Tribunal de la República tiene jurisdicción para conocer del Amparo, habrán de regirse por las disposiciones generales sobre competencia, en razón de la materia; esto es, la competencia corresponderá a los Jueces que tengan asignada dentro de su competencia ordinaria la materia sobre la cual versa el derecho fundamental cuya violación se alega” (Cursivas añadidas).

Por tal motivo, es que en relación a la competencia, el legislador lo que hizo fue recopilar todos esos principios que jurisprudencialmente se venían desarrollando hasta la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en este mismo sentido, esta Ley especial lo que vino fue a conceder la competencia en materia de acción de amparo al Juez que tuviera un mejor conocimiento de los derechos o normas constitucionales sobre las que versare el proceso de amparo constitucional.

Este criterio de afinidad, tantas veces mencionado, y que comúnmente denominan material, no es otra cosa que el criterio que rige y que se encuentra establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, mencionado ut supra y que consiste como ya se dijo antes, en designar la competencia y el conocimiento de las pretensiones de amparo intentadas a los Tribunales que tengan más familiaridad por la competencia ordinaria atribuida con las normas o garantías constitucionales presuntamente violadas.

El artículo in comento, textualmente dispone que: “Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo. En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia” (Cursivas añadidas).

De manera que, en el caso de autos, al examinar detenidamente los hechos narrados por la quejosa, que dieron origen a la pretensión de amparo interpuesta, surgen aspectos de carácter laboral que se originan de la relación existente entre las partes, al señalar concretamente que las actuaciones realizadas por la Inspectoría del Trabajo A.M. de Puerto Ordaz, de fechas 27 de noviembre de 2012; y los dos actos del 28 de noviembre de 2012, en el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos interpuestos por el ciudadano J.A.S. en contra de la empresa FIBRANOVA, C.A., y que cursa en el expediente identificado con el Nº 051-2012-01-431, violentan los artículos 49 numerales 1, 2, 4; 25 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando manifiesta que “…esta funcionaria ha torcido la ley para causarle perjuicios a mi representada cuando declara que se trasladó a “…LA VIA NACIONAL DE MACAPAIMA, ZONA INDUSTRIAL DE MACAPAIMA, MUNICIPIO INDEPENDENCIA, ESTADO MANZOATEGUI….” Cuando territorialmente no tiene competencia territorial para actuar en el estado Anzoátegui, toda vez que la competencia es de esto funcionarios e inclusive de la Inspectoría del Trabajo A.M. se circunscribe al Municipio Caroní del estado Bolívar, por lo que es indudable que al actuar en una circunscripción territorial que le está vedado, le cercenó el derecho al debido proceso y a la defensa de mi representada contenido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…” (Cursivas añadidas).

Ello así, se puede concluir que la situación jurídica infringida, señalada como conculcada por la quejosa, plenamente identificada en autos, guarda relación con la materia conocida por este Tribunal del Trabajo; y es por ello que este Juzgador, por todos los razonamientos antes expuestos, se declara competente en razón de la materia, para conocer de la presente pretensión de amparo constitucional. Así se decide.

III

De la admisibilidad de la pretensión propuesta

Siendo la oportunidad para pronunciarse sobre la admisión o no de la indicada demanda constitucional, el Tribunal pasa a hacerlo sobre la base de las siguientes consideraciones:

En efecto, sostiene este despacho que, para que la pretensión de amparo pueda ser admitida, es necesario examinar una serie de condiciones imprescindibles, cuales son las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; de estricta sujeción al orden publico, a los fines de poder dictaminar sobre este aspecto.

Así pues, en lo que respecta a las causales de inadmisibilidad de la pretensión de amparo previstas en el artículo 6 antes señalado, ha sido criterio pacífico del Tribunal Supremo de Justicia el considerar impertinente el empleo del amparo para el logro de un propósito que puede ser alcanzado mediante la implementación de otros recursos procesales, por cuanto tal proceder implica la subversión del orden legal establecido y la consecuente esterilidad del resto de herramientas procedimentales previstas en la ley para tales efectos.

Ahora bien, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se ha pronunciado en relación a la admisibilidad de la pretensión de amparo indicando que la misma procede en los siguientes supuestos: a) Una vez que la vía judicial haya sido instada y que los medios recursivos hayan sido agotados, siempre y cuando la invocación formal del derecho fundamental presuntamente vulnerado, en la vía o a través del medio correspondiente, no haya sido satisfecha; o b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de la urgencia de la restitución, no dará satisfacción a la pretensión deducida. La disposición del literal a) apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano, tal como se afirmó en líneas anteriores, por lo que, en consecuencia ante la interposición de una pretensión de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos. (Sentencia del 09 de Noviembre de 2001, caso: O.H. de P..

En esta tendencia, la referida Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 13 de Agosto de 2001 (caso G.R.R., estableció: “… El amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones: “a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida” (Cursivas añadidas).

En atención a las sentencias comentadas, puede afirmarse que ante la interposición de una pretensión de amparo constitucional, los tribunales deberán examinar previamente si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos pertinentes, pues de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la pretensión, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente. Por lo tanto, sólo puede proponerse inmediatamente la pretensión de amparo sin agotar los medios o recursos adjetivos disponibles, cuando se desprenda de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión, que el uso de los medios procesales ordinarios resulta insuficiente para el restablecimiento de los derechos lesionados, sin que pueda alegarse la lentitud del proceso o sus consecuentes incidentes.

En este orden de ideas, advierte este jurisdicente que la pretensión de amparo constitucional que se intenta está dirigida contra las actuaciones realizadas por la Inspectoría del Trabajo A.M. de Puerto Ordaz, de fechas 27 de noviembre de 2012; y los dos actos del 28 de noviembre de 2012, en el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos interpuestos por el ciudadano J.A.S. en contra de la empresa FIBRANOVA, C.A., y que cursa en el expediente identificado con el Nº 051-2012-01-431, cuando manifiesta que “…esta funcionaria ha torcido la ley para causarle perjuicios a mi representada cuando declara que se trasladó a “…LA VIA NACIONAL DE MACAPAIMA, ZONA INDUSTRIAL DE MACAPAIMA, MUNICIPIO INDEPENDENCIA, ESTADO MANZOATEGUI….” Cuando territorialmente no tiene competencia territorial para actuar en el estado Anzoátegui, toda vez que la competencia es de esto funcionarios e inclusive de la Inspectoría del Trabajo A.M. se circunscribe al Municipio Caroní del estado Bolívar, por lo que es indudable que al actuar en una circunscripción territorial que le está vedado, le cercenó el derecho al debido proceso y a la defensa de mi representada contenido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…” (C. añadidas), que violentan los artículos 49 numerales 1, 2, 4; 25 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; es por ello que este juzgador procede a admitir la pretensión propuesta con la finalidad de que en el marco del procedimiento constitucional puedan las partes demostrar sus respectivas afirmaciones de hechos y así ilustren al juzgador para formar la regla particular que dirima la controversia suscitada. Y así se decide.

IV

De la medida cautelar solicitada

La doctrina pacífica y reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Vid. Decisión N° 269/2000, caso: ICAP), concibe la tutela cautelar como un elemento esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, un supuesto fundamental del proceso que tiene por objeto, garantizar las resultas de un juicio o, en otras palabras, salvaguardar la situación jurídica de los justiciables, a los fines de impedir que sufran una lesión irreparable o de difícil reparación mientras se tramita la causa (Vid. Sentencia N° 2370 del 1° de agosto de 2005, caso: Línea Santa Teresa C. A.).

En términos estrictamente adjetivos, son providencias que persiguen un fin preventivo de modo explícito y directo (La Roche. H, 1983. Medidas C.. Maracaibo, Venezuela. Colegio de Abogados del Estado Zulia), lo cual, las erige en garantías contra la materialización de una lesión a la situación jurídica ventilada en juicio.

Al mismo tiempo, son una parte consustancial de las potestades de los órganos jurisdiccionales que no se encuentra sujeta al principio dispositivo y, por tanto, opera incluso de oficio. Además, responden a circunstancias de necesidad y urgencia, con lo cual, se encuentran excluidas del principio de tempestividad de los actos procesales y, ello, determina que son procedentes en cualquier estado y grado de la causa, siempre que se requieran para la salvaguarda de la situación controvertida.

De lo expuesto, se deduce que las medidas cautelares presentan como rasgos esenciales, en primer lugar, su instrumentalidad, esto es, que no constituyen un fin por sí mismas, sino que están preordenadas a la emanación de una ulterior providencia definitiva. En segundo lugar, son provisionales y, en consecuencia, fenecen cuando se produce la sentencia que pone fin al proceso principal, sin menoscabo de la posibilidad que tiene el juez de modificarlas o revocarlas por razones sobrevenidas, aún cuando no haya finalizado el proceso principal. En tercer lugar, se encuentra la idoneidad según la cual, deben servir para salvaguardar la efectividad de la tutela judicial invocada, pues si se conceden providencias que no garantizan los resultados del proceso, la tutela cautelar se verá frustrada en la medida en que no será idónea para la realización de esta. Por ello, C. (1984. Providencias Cautelares, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires) afirmaba que, como un efecto del matiz servicial de las medidas cautelares, éstas deben ser idóneas y, por tanto, homogéneas al petitorio de fondo, ya que alcanzan su mayor eficacia en cuanto más similares sean a las medidas que habrán de adoptarse para la satisfacción de la pretensión definitiva, pues se reitera, constituyen la garantía de la ejecución del fallo definitivo.

De este modo, el proveimiento cautelar, si bien representa una aproximación al thema decidendum del juicio principal, resulta esencialmente distinto en cuanto a la declaración de certeza de la decisión de fondo, pues, como afirma G. (2001. Tratado de Derecho Administrativo. Caracas. Fundación de Derecho Administrativo), no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o superficial encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido.

De allí que resulte suficiente la comprobación de la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por el actor, en forma tal que, de conformidad con un cálculo de probabilidades, sea factible prever que en el juicio principal se declarará la certeza de ese derecho, sin que ello importe prejuzgar sobre la existencia o no del derecho sustancial alegado.

Como puede observarse, se trata de un análisis probabilístico y no de una declaración de certeza y, por tanto, no implica un pronunciamiento anticipado sobre el mérito de la controversia, sino un análisis de verosimilitud, que podrá o no ser confirmado en la sentencia definitiva, cuando se reconozca con fuerza de cosa juzgada y sobre la base de todos los elementos de convicción. En otras palabras, se trata de una apreciación anticipada, pero somera del derecho controvertido, basada en la impresión prima facie de la pretensión.

Volviendo sobre los rasgos esenciales de las medidas cautelares, éstas responden, tal como se afirmó supra, a condiciones de necesidad y urgencia, lo cual conlleva a que se concedan en aquellos casos en que se requiere de manera inmediata la prevención de perjuicios graves o de tal naturaleza que no pueden repararse por la sentencia que pongan fin al proceso principal. La urgencia es asimismo la razón de que las medidas cautelares del proceso se adopten inaudita parte, sin menoscabo del ulterior contradictorio.

Conforme a los rasgos enunciados y a la naturaleza garantista de la tutela cautelar, el legislador patrio reconoció en la legislación de estas medidas, a saber, su carácter innominado (artículo 588 Parágrafo Primero del Código de Procedimiento Civil), el cual consiste, en que el poder de resguardo que tienen los jueces, sobre las situaciones llevadas a juicio se extiende a cualquier medida positiva o negativa que sea necesaria para la protección efectiva de los justiciables.

De este modo, los tribunales, pueden adoptar cualquiera de las medidas cautelares expresamente recogidas en el ordenamiento jurídico, como ocurre con la suspensión de efectos, la prohibición de enajenar y gravar, etc., o dictar alguna providencia que sin estar expresamente mencionada en la ley, permita la protección a los intereses y derechos ventilados en juicio.

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia Nº 156/2000 del 24 de marzo de 2000, caso: Corporación L’ Hotels C. A., estableció que el juez del amparo tiene un amplio criterio para decretar medidas cautelares, permitiéndole valorar los recaudos que se acompañan, con la mayor flexibilidad, de acuerdo a las circunstancias urgentes de cada caso y con base en las reglas de lógica y las máximas de experiencia; sin que sea necesario que el accionante pruebe la existencia del fumus boni iuris, ni el periculum in mora, dada la celeridad y brevedad que caracterizan al proceso de amparo constitucional.

Así pues, conforme al criterio jurisprudencial antes citado, la referida S. ha señalado, en reiteradas decisiones, que el juez constitucional está facultado (en tal sentido vid. sentencia Nº 1636/2002 del 17 de julio de 2002, caso: W.C.G.H. y otro), al momento de admitir la acción, para determinar la procedencia o no de la tutela cautelar solicitada, con el fin de evitar la consumación de violaciones a los derechos o garantías que se denuncian amenazados o conculcados; por tanto, la misma puede ser acordada cuando se estime que tal proveimiento sea necesario para garantizar la reparación o pleno restablecimiento de la situación subjetiva denunciada como lesionada, por ser tal proceder compatible con la obligación de los órganos de administración de justicia de brindar tutela judicial efectiva, en los términos previstos en los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ahora bien, este Tribunal observa que los hechos que constituyen la pretensión de amparo, se resumen de la siguiente forma:

Que “Observe ciudadano Juez como esta funcionaria ha torcido la ley para causarle perjuicios a mi representada cuando declara que se trasladó a “…LA VIA NACIONAL DE MACAPAIMA, ZONA INDUSTRIAL DE MACAPAIMA, MUNICIPIO INDEPENDENCIA, ESTADO MANZOATEGUI….” Cuando territorialmente no tiene competencia territorial para actuar en el estado Anzoátegui, toda vez que la competencia es de esto funcionarios e inclusive de la Inspectoría del Trabajo A.M. se circunscribe al Municipio Caroní del estado Bolívar, por lo que es indudable que al actuar en una circunscripción territorial que le está vedado, le cerceno el derecho al debido proceso y a la defensa de mi representada contenido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (Cursivas añadidas).

Que “Es importante destacar, que tal y como se evidencia del acta transcrita la Inspectoría del Trabajo ha ordenado que se proceda por desacato y obstaculización en contra de mi representado y en especial contra el ciudadano E.R. cuando en la misma acta del 28/11/2012 se evidencia que él no estuvo presente en ese inexistente acto, además ordena se apertura un procedimiento sancionatorio sin que se haya configurado los supuestos legales” (Cursivas añadidas).

Que “En tal razón, ciudadano Magistrado, el A. que en este acto someto a su consideración, es la única vía existente para la restitución del agravio constitucional del que ha sido objeto mi representada, toda vez, que como ya señalamos la Inspectoría del Trabajo A.M., cercenando el derecho al debido proceso de mi representada, vulnerando la competencia territorial de la Inspectoria del Trabajo de El Tigre Estado Anzoátegui, se traslado a una jurisdicción distinta a la que la ley le otorga, viciando de nulidad absoluta todo el procedimiento por lo que dicha actuación indudablemente viola el derecho a la defensa y al debido proceso de mi representada FIBRANOVA, C.A. evidentemente se traduce en un abuso de poder por parte Inspectoría del Trabajo A.M. de Puerto Ordaz” (Cursivas añadidas).

Que “La vía de hecho denunciada nos obliga a encontrar en el RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL la única vía de factibilidad y expedita para la restitución, defensa y salvaguarda de los derechos constitucionales de mis representadas amenazados y en especial, para lograr el cese definitivo de las violaciones directas y las amenazas de reiteración antes señaladas” (Cursivas añadidas).

Que “No existe otra vía a la que mi representada pueda recurrir ya que por mandato de artículo 425 numeral 9, de la Ley Orgánica de Trabajo, Trabajadora y Trabajadores existe una prohibición expresa de darle curso a los recursos de nulidad hasta que se haya certificado el reenganche efectivo del trabajador, y como en el presente caso no se ha efectuado el reeenganche pero si se libraron oficios a la fiscalía y ya se aperturó el procedimiento sancionatorio, por lo que la única vía que existe para detener estas violaciones es la presente acción de amparo…” (Cursivas añadidas).

Que “…conjuntamente con la presente acción de amparo constitucional, y fundamentándonos en lo previsto en los artículos 1,2, y 5 de la Ley Orgánica de Amparo y Garantías Constitucionales, y en los artículos 58, 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, y sobretodo en el Poder Cautelar que posee el juez constitucional, solicitamos respetuosamente de su digno despacho se sirva acordar Medida Cautelar Innominada mediante la cual se le ordene a LA INSPECTORIA DEL TRABAJO A.M. DE PUERTO ORDAZ; i) suspenda Provisionalmente los efectos de la providencia contenida en el expediente Nº 051-2012-01-431, según la nomenclatura llevada por esa Inspectoría del Trabajo que admite y ordena el reenganche del ciudadano J.A.S., hasta tanto sea decidido el presente procedimiento, así como también ii) suspenda provisionalmente los tramites de procedimiento sancionatorio que le ordenó aperturar a mi representada con motivo de dicho reenganche.y por ultimo suspenda provisionalmente los tramites de procedimiento que le fue notificado a la FISCALIA DEL MINISTERIO PUBLICO mediante oficio de fecha 10 de diciembre de 2012” (Cursivas añadidas).

Denunció la violación de los artículos 49 numerales 1, 2, 4; 25 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Acompañó a la solicitud de amparo:

1) Copia certificada del expediente Nº 051-2012-01-431, según la nomenclatura llevada por la Inspectoría del Trabajo A.M. de Puerto Ordaz, estado Bolívar; que admite y ordena el reenganche del ciudadano J.A.S. (folios 45 al 90);

2) Copia simple de las actuaciones cursantes ante la Inspectoría del Trabajo de El Tigre, estado Anzoátegui; con relación a las causas donde aparece como solicitada la empresa demandante en amparo FIBRANOVA, C.A., (folios 91 al 101);

3) Copia simple de la Licencia Nº 00965 de Actividades económicas, expedida por la Alcaldía Bolivariana de Independencia, S., estado Anzoátegui a la empresa demandante en amparo FIBRANOVA, C.A., (folio 102); y

4) Copia simple del oficio Nº 2012- emanado de la Inspectoría del Trabajo A.M. de Puerto Ordaz, estado Bolívar, dirigido a la Fiscalía del Ministerio Público, sobre el incumplimiento de la orden de reenganche en el expediente Nº 051-2012-01-431, de la empresa FIBRANOVA, C. A. (demandante en amparo), caso del trabajador J.A.S..

Considera este Juzgado, que luego de un análisis preliminar y no definitivo del asunto, sobre la base de los argumentos esgrimidos por la solicitante del amparo y los medios documentales consignados, se desprende, cuando menos en principio, la presunción de verosimilitud de los hechos alegados en la pretensión de amparo, lo que se traduce en la posibilidad de que las pretensiones de la demandante tengan el suficiente sustento fáctico y jurídico como para ser satisfechas en la decisión definitiva que recaiga en el presente proceso y así, se establece.

De igual modo, observa quien suscribe que en el presente asunto existe un fundado temor de ocurrencia de daños de difícil reparación que pudieran producirse hasta tanto se dicte la correspondiente decisión de fondo; y considerando que la medida solicitada persigue la protección de los derechos constitucionales cuya violación se denuncia, mediante la suspensión de actos presuntamente lesivos o amenazantes y dado el carácter reversible de la medida solicitada, en el sentido de que si la actora no tuvieren razón, la medida no perjudicaría en modo alguno a la presunta agraviante, mientras que el no acordarla sí pudiese causar un daño a los derechos constitucionales de la demandante; es por lo que este Juzgador, luego de ponderar los intereses en conflicto en el caso sub iudice, estima procedente acordar la medida cautelar innominada solicitada, de conformidad con lo previsto en la citada disposición procesal (artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, P.P., así como lo establecido por la doctrina jurisprudencial comentada, en los términos señalados en la parte dispositiva de la presente decisión. Así se decide.

V

Decisión

Por las motivaciones que anteceden, este JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, EXTENSIÓN TERRITORIAL PUERTO ORDAZ, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que:

PRIMERO

Es COMPETENTE y ADMITE la pretensión de amparo constitucional interpuesta por sociedad mercantil FIBRANOVA, C.A., contra las actuaciones realizadas por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO A.M. DE PUERTO ORDAZ, de fechas 27 de noviembre de 2012; y los dos actos del 28 de noviembre de 2012, en el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos interpuestos por el ciudadano J.A.S. en contra de la empresa FIBRANOVA, C.A., y que cursa en el expediente identificado con el Nº 051-2012-01-431, de dicho órgano administrativo del trabajo;

SEGUNDO

Se ordena la notificación por boleta de la presunta agraviante, la INSPECTORÍA DEL TRABAJO A.M. DE PUERTO ORDAZ, en la persona de su Inspectora Jefa, ciudadana MILAGROS CÁRDENAS;

TERCERO

Se ordena la notificación del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar;

CUARTO

Considerando quien decide que la demandada en amparo es un órgano del Estado, a fin de garantizar su pleno derecho a la defensa; se ordena la notificación por oficio de la Procuraduría General de la República. Como quiera que el domicilio de la Procuraduría General de la República se encuentra en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, se acuerda librar oficio y exhorto a los Juzgados de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esa Circunscripción Judicial con sede en dicha ciudad, a los fines de practicar la notificación aquí ordenada;

QUINTO

Se establece a las partes, que una vez conste en autos la práctica de la última de las notificaciones ordenadas supra, debidamente certificada por la Secretaria del Tribunal, deberán concurrir a este Tribunal a conocer el día en que se celebrará la audiencia oral, la cual tendrá lugar, tanto en su fijación como para su práctica, dentro de las noventa y seis (96) horas a partir de la última notificación efectuada.

SEXTO

Se le hace saber a las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en la acción de amparo los Jueces deberán mantener la absoluta igualdad entre las partes y cuando el agraviante sea una autoridad pública quedarán excluidos del procedimiento los privilegios procesales. Por tanto, la notificación ordenada a la Procuraduría General de la República en modo alguno aparejará la suspensión del proceso;

SÉPTIMO

Se DECRETA la MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA solicitada en el escrito de libelo de amparo constitucional que antecede y por tanto SE ORDENA a la INSPECTORÍA DEL TRABAJO A.M. DE PUERTO ORDAZ a que SUSPENDA los efectos de las actuaciones celebradas por ésta, de fechas 27 de noviembre de 2012; y los dos actos del 28 de noviembre de 2012, en el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos interpuestos por el ciudadano J.A.S. en contra de la empresa FIBRANOVA, C.A., y que cursa en el expediente identificado con el Nº 051-2012-01-431; esto es: 1) suspender provisionalmente los efectos de la providencia contenida en el expediente Nº 051-2012-01-431, según la nomenclatura llevada por esa Inspectoría del Trabajo, que admitió y ordenó el reenganche del ciudadano J.A.S.; 2) suspender provisionalmente los tramites de procedimiento sancionatorio que ordenó aperturar a la empresa FIBRANOVA, C.A. con motivo de dicho reenganche; y 3) suspender provisionalmente los trámites de procedimiento que le fue notificado a la Fiscalía del Ministerio Público mediante oficio 2012- de fecha 10 de diciembre de 2012, hasta tanto se decida la presente causa, ordenándose librar oficio al referido órgano y remitirle copia certificada de esta decisión a los fines legales consiguientes;

P. y regístrese, cúmplase lo ordenado. Asimismo, déjese copia de la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la sede constitucional del JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, EXTENSIÓN TERRITORIAL PUERTO ORDAZ, en Puerto Ordaz, a los veintiún (21) días del mes de diciembre de 2012. Años: 201º de la Independencia y 153º de la Federación.

El Juez 5º de Juicio,

Abg. E.. P.C.A.R..

La Secretaria,

Abg. A.N.M..

En la misma fecha se libraron boletas de notificación y oficios ordenados en la presente decisión. Conste.

La Secretaria,

Abg. A.N.M..

PCAR.

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