Sentencia nº 298 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 16 de Junio de 2009
| Fecha de Resolución | 16 de Junio de 2009 |
| Emisor | Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa |
| Ponente | Juzgado de Sustanciación |
| Procedimiento | Demanda |
SALA POLÍTICO ADMINISTRATIVA
JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN
Caracas, 16 de junio de 2009
199º y 150º
Visto que los abogados Alfredo José D´Ascoli Centeno, Oleary E.C.C., J.P.M. y E.J.H.G., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 59.308, 53.920, 54.065 y 98.764, respectivamente, mediante escrito consignado por esta última en fecha 10 de marzo de 2009, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la Gobernación del Estado Cojedes, contestaron la demanda y solicitaron la intervención en este juicio del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, del Instituto Nacional de Tierras y del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 4º del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil; este Juzgado, pasa a pronunciarse en los siguientes términos:
Dispone el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, lo siguiente:
Los institutos autónomos gozarán de los privilegios y prerrogativas que la ley nacional acuerde a la República, los estados, los distritos metropolitanos o los municipios.
Asimismo, establece el artículo 62 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que:
Los funcionarios judiciales deben declarar inadmisibles las acciones o tercerías que se intenten contra la República, sin que se acredite el cumplimiento de las formalidades del procedimiento administrativo previo a que se refiere este Capítulo
(Resaltado del Juzgado)
Al respecto, esta Sala Político-Administrativa con relación al artículo transcrito, estableció:
...omissis...
El objeto de la presente decisión consiste en determinar si el auto por el cual el Juzgado de Sustanciación admitió la intervención de la Procuraduría General de la República, quebranta las normas que regulan la intervención de la República en los juicios que se intenten en su contra.
Al respecto, advierte la Sala que mediante escrito presentado en fecha 03 de abril de 2003, el abogado O.A.O., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 51.164, actuando en su carácter de apoderado judicial del Instituto Autónomo Comisión Nacional de Telecomunicaciones, solicitó la citación en calidad de tercero de la Procuraduría General de la República, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 361, último párrafo, 370 ordinal 4° y 382 del Código de Procedimiento Civil, ello por considerar la intervención de la República común a la causa pendiente.
Por su parte, el Juzgado de Sustanciación admitió la intervención de la de la República en el presente juicio, de conformidad con lo establecido los artículos 370, ordinal 4° y 382 del Código de Procedimiento Civil, los cuales son del tenor siguiente:
...omissis...
4°) Cuando alguna de las partes pida la intervención del tercero por ser común a éste la causa pendiente>
...omissis...2
La llamada de los terceros a la causa no será admitida por el Tribunal si no se acompaña como fundamento de ella la prueba documental>.
Ahora bien, en fecha 13 de noviembre de 2001 entró en vigencia el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en la Gaceta Oficial N° 5.554 Extraordinario de la misma fecha, el cual establece:
Tal situación también se encuentra prevista en el artículo 106 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 1.893 extraordinario, de fecha 30 de julio de 1976, el cual dispone:
<...no se="" admitir="" tercer="" contra="" la="" rep="" sin="" haberse="" agotado="" previamente="" v="" administrativa.="">="">
...Omissis...>
De las normas antes transcritas, se evidencia con meridiana claridad que para la admisión de la intervención de la República en juicio, es necesario el cumplimiento del procedimiento administrativo previo a las acciones que se intenten contra la República; en caso contrario, esto es, si no se acredita en autos el cumplimiento del referido procedimiento, corresponde a los funcionarios judiciales declarar su inadmisibilidad.
De lo expuesto, se advierte que no habiéndose acreditado en el expediente el cumplimiento de las formalidades del procedimiento administrativo previo, correspondía al Juzgado de Sustanciación declarar su inadmisibilidad. Por tanto, resulta forzoso para esta Sala declarar con lugar el recurso de apelación ejercido. En consecuencia, se revoca el auto dictado en fecha 21 de mayo de 2003 por el Juzgado de Sustanciación y se declara inadmisible la intervención de la República en el presente juicio. Así se declara.(caso: G.B. & Asociados, Contadores Públicos vs. Instituto Autónomo Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Sentencia Nº 01587, de fecha 16.10.03).
En el caso de autos, los apoderados del Estado Cojedes, como se indicó supra, requieren que este Juzgado cite como terceros en esta causa al Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras y al Instituto Nacional de Tierras, “…en virtud de haber sido designado [el primero de ellos] integrante en calidad de Presidente de la Junta A.N., conformada el 10 de enero de 2005, encargada de la lucha contra el latifundio…” y el segundo “…por cuanto se encuentran inmersos intereses patrimoniales de la República, por cuanto dentro de las competencias atribuidas al Ejecutivo Nacional, ejercidas a través de estos organismo se encuentra todo lo atinente a la regularización y tenencia de tierras con vocación agraria, en consecuencia, le son comunes los argumentos expuestos por esta Representación”. (folio 146 de este expediente).
Así las cosas, debe entenderse que en el presente caso a quien se pretende traer como tercero en este juicio es a la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del referido Ministerio y al mencionado Instituto Autónomo, por lo cual, en atención a la norma citada y a la sentencia parcialmente transcrita, debió cumplirse con la instancia del procedimiento administrativo previo a las acciones contra la República.
En tal virtud, como quiera que de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, constata este Juzgado que el accionante no acreditó el cumplimiento del agotamiento de la instancia administrativa previa, resulta forzoso concluir en la inadmisibilidad del presente asunto, con arreglo a lo dispuesto en el aparte quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y, así se decide.
Segundo: Igualmente, señalaron los apoderados de la parte demandada que solicitan “...la INTERVENCIÓN COMO TERCERO del Ministerio Público, a través de la ciudadana Fiscal General (…), a los fines del pronunciamiento respectivo a lo legal, legítimo y procedente de la presente causa, así como también en virtud de la presunta comisión del delito de invasión, para determinar si ha habido apertura de procedimiento alguno, con la respectiva imputación e instrucción del proceso debido.” (folio 148 del expediente).
Al respecto, dispone el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo siguiente:
…Son atribuciones del Ministerio Público:
1. Garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República.
2. Garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso.
(…)
6. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.
Conforme a la norma Constitucional parcialmente transcrita, debe entenderse entonces que el Ministerio Público siempre tendrá la función de parte de buena fe y de tutor de la legalidad en todo juicio, ello con la finalidad de garantizar —como antes se señaló— el respeto a los derechos y garantías constitucionales, la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, y el debido proceso.
Ahora bien, los apoderados judiciales del Procurador del Estado Cojedes, al solicitar la “…INTERVENCIÓN COMO TERCERO del Ministerio Público…” en la presente demanda lo hacen —según alegan— con la finalidad de determinar “…lo legal, legítimo y procedente de la presente causa, así como también en virtud de la presunta comisión del delito de invasión, para determinar si ha habido apertura de procedimiento alguno, con la respectiva imputación e instrucción del proceso debido…” (folio 148 del expediente).
En razón de lo antes expuesto y en atención al precepto Constitucional trascrito, que consagra la condición como parte de buena fe en todo juicio del Ministerio Público, resulta forzoso para este Juzgado, declarar improcedente la solicitud de “…INTERVENCIÓN COMO TERCERO…” del aludido ente en la presente demanda. Así se declara.
Ello así, este Sustanciador considera pertinente en razón de lo peticionado por los apoderados judiciales del Procurador General del Estado Cojedes, oficiar a la Fiscal General de la República, a los fines de su notificación. Líbrese oficio, acompañándole copia certificada de la solicitud y demás documentos pertinentes, del auto de admisión de la demanda, del escrito de contestación y de la presente decisión.
Finalmente, por lo que respecta a la solicitud de que se decrete “…medida de PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, sobre todos y cada uno de los predios rústicos que conforman el CENTRO DE PRODUCCIÓN BOULTON, integrado por los fundos denominados HATO LA FLECHA, HATO EL GABINERO y HATO SAN JOSÉ…” (folio 148 de este expediente), por cuanto no corresponde a este Juzgado pronunciarse sobre su procedencia, acuerda abrir el respectivo cuaderno de medidas, el cual se iniciará con la copia certificada de la solicitud, la presente decisión y demás documentos pertinentes y remitirlo a la Sala a los fines de su decisión. Líbrese oficio.El Juez Suplente,
L.J.R. Gómez
La Secretaria,
N. delV.A.
Exp. N° 2008-0751/io.
