Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y Adolescente extensión Puerto Ordaz de Bolivar, de 17 de Enero de 2013

Jurisdicción Civil

De las partes, sus apoderados y de la causa

PARTE DEMANDANTE:

C.F.N.A., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-6.286.037.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA:

C.J.G.E.D., abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 130.039.

PARTE DEMANDADA:

Empresa INVERSIONES LA FERIA, C.A., debidamente inscrita ante el Registro Mercantil del Estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, quedando inserto bajo el Nº 25, Tomo 42-A, regmerprio del año 2010, representada por el Ciudadano FRAN MANUEL OLIVO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-4.598.552.

CAUSA:

QUERELLA INTERDICTAL POR DESPOJO A LA POSESION, seguida por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, M. y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.

EXPEDIENTE:

N° 12-4347

Se encuentran en esta Alzada las presentes actuaciones, en virtud del auto de fecha 20 de Julio del 2012, que oyó en un solo efecto la apelación interpuesta al folio 64, en fecha 17 de Julio de 2012, por el abogado J.G.E.D., en su carácter de apoderado judicial del C.F.N.A., contra el auto inserto al folio 61, de fecha 12 de Julio de 2012, que declaró (SIC…) “Por lo que respecta al numeral II (testimonial), del referido escrito de pruebas el Tribunal niega las mismas por cuanto en el día de hoy precluye el lapso de promoción y evacuación de pruebas en el presente expediente, de conformidad con el artículo 889 del Código de Procedimiento Civil…”.

Siendo la oportunidad para decidir este Tribunal lo hace previa las siguientes consideraciones:

CAPITULO PRIMERO

1. - Limites de la controversia

   1.1.- Alegatos de la parte demandante.

   En el escrito que cursa a los del folio del 1 al 5, presentado por el abogado J.G.E.D., en su carácter de apoderado judicial del C.F.N.A., alegó lo que de seguidas se sintetiza:

   • Que su representado adquirió en el año 1980, mediante un contrato de Compra-venta, tres (03) parcelas de terreno con un área conjunta de (5.600 mts2), ubicada en la Avenida R.L. frente al Parque Bicentenario de la Ciudad de Upata, Estado Bolívar.

   • Que su representado con el propósito de realizar mejoras y construir una edificación comercial sobre estos tres lotes de terreno, decidió en el año 2005 derrumbar toda la edificación (casa) que se encontraba enclavada en el área de la Tercer parcela de terreno para comenzar a realizar los trabajos rellenos sobre ese terreno, a fin adelantar el desarrollo de las actividades del proyecto de una edificación Comercial que su representada esta efectuando sobre esos lotes de terreno.

   • Que en la espera de la alcaldía le diera los permisos de construcción del proyecto a su representada, le perturbaron su derecho legitimo de posesión de la Tercera parcela de terreno, en la cual su representado se encontraba en posesión legitima, pública, continua e ininterrumpida de uso goce y disfrute desde hace 31 años, posesión fue perturbada desde el 25 de Febrero del 2001, por la Empresa INVERSIONES LA FERIA, C.A., representada por el C.F.M.O., quien de manera arbitraria sin el consentimiento de su representada, se metió al terreno y comenzó a realizar la construcción de un paredón sobre el lindero de dicha parcela y despojando a su representado de la tercera parcela de terreno.

   • Es por lo que solicita PRIMERO: Ordene la Restitución de la posesión del inmueble que identificado como la Tercera Parcela de Terreno, a favor de su representado F.N.A., y de los derechos que se derivan de uso y goce por ser poseedor de esa parcela de terreno durante 31 años. SEGUNDO: En virtud de los alegatos y pruebas presentadas y promovidas solicita a ese Tribunal que declare con lugar la Solicitud Interdictal de Despojo o R. y ordene el desalojo definitivo de los agraviantes. TERCERO: Condene en costas a la Empresa INVERSIONES LA FERIA, C.A., representada por el ciudadano FRAN MANUEL OLIVO.

   1.1.1.- Recaudos consignados junto con la demanda.

   • Consta a los folios 06 y 07, copia fotostática del Instrumento poder, otorgado por el C.F.N.A., al abogado J.G.E.D..

   • Cursa a los folios 08 y 09, documento de Contrato de compra venta, sobre una parcela de terreno constante de (1.000mst2), ubicada en la Zona Urbana, Ciudad Upata, Municipio Piar del Estado Bolívar, al ciudadano F.N..

   • Cursa a los folios 10 y 11, documento de Contrato de compra venta, sobre una parcela de terreno constante de (910mst2), ubicada en la Zona Urbana, Ciudad Upata, Municipio Piar del Estado Bolívar, al ciudadano F.N..

   • Cursa a los folios 12 y 13, documento de Contrato de compra venta, sobre una casa, ubicada en la Zona Urbana, Ciudad Upata, Municipio Piar del Estado Bolívar, al ciudadano F.N..

   • Cursa al folio 14, croquis de la parcela de terreno.

   • Cursa a los folios 15 al 18, comunicados dirigidos a la Alcaldía del Municipio Piar.

   • Cursa a los folios 19 al 22, Justificativo de testigo, evacuado por ante el Tribunal de los Municipios Piar y P.P.C. de este Circuito y Circunscripción Judicial, la cual constan las testimoniales de los Ciudadanos WALDO ROMAN, D.R. y LUINER MARQUEZ.

   • Cursa a los folios 23 al 39, Inspección Judicial, efectuada sobre el lote de terreno comprendido por tres (03) parcelas, ubicada en la Avenida Raíl Leoni, frente a la Unidad Educativa R.L., Upata, Municipio Piar del Estado Bolívar.

   - Consta a los folios 41 y 42, el Tribunal aquo ADMITE la presente demanda, ordenando la comparecencia de la parte querellante Sociedad Mercantil INVERSIONES LA FERIA, C.A.

   -Cursa al folio 43, diligencia de fecha 13-06-2012, suscrita por la representación judicial de la parte actora, el cual solicita se le designe Defensor Judicial a la parte demandada.

   -Cursa al folio 45, diligencia suscrita en fecha 22-06-2012, suscrita por el abogado R.R.M., en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, y se da formalmente por citado.

   -Consta a los folios 48 al 52, escrito de fecha 26-06-2012, presentado por el abogado R.R.M., en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil INVERSIONES LA FERIA, C.A., procede hacer oposición en la presente causa, promoviendo las siguientes cuestiones previas ordinales 9º y 10º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, y promueve la caducidad de la acción.

   -Cursa al folio 54, escrito de fecha 04-07-2012, presentado por la representación judicial de la parte demandada, promueve pruebas en el presente juicio. Seguidamente cursa al folio 57, auto de fecha 09-07-2012, el Tribunal ADMITE las pruebas Documentales e Informes promovidas por la parte demandada, salvo su apreciación en la definitiva.

   -Consta a los folios 59 y 60, escrito de fecha 12-07-2012, presentado por el abogado J.G.E.D., en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, el cual promueve las siguientes pruebas:

   (SIC…) “II DE LA PRUEBA TESTIMONIAL, de conformidad con lo establecido en el artículo 1387 del Código Civil, promueve como testigos en el presente juicio por ser útil y pertinente en el presente juicio a los siguientes Ciudadanos: A) H.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N.. V-12-052.999, con domicilio en el sector la milagrosa de la Ciudad de Upata Estado Bolívar. B) S.M.C., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N.. V-9.903.300, con domicilio en el sector la milagrosa de la Ciudad de Upata, Estado Bolívar. C) A.C., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N.. V-18.139.577. D) A.G., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N.. V-11.997.566, con domicilio en la población de Upata, Estado Bolívar. Así mismo promueve de testigos a favor de su representado por ser útil y pertinente con el objeto de probar y ratificar el Justificativo a los ciudadanos: E) W.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N.. V-3.960.551, domiciliado en Upata Estado Bolívar. F) D.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N.. V-5.551.116. G) L.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N.. V-9.759.074…”.

   -Consta al folio 61, auto de fecha 12-07-2012, el Tribunal aquo se pronuncia sobre el escrito de pruebas de la parte actora, el cual señala (SIC…) “Por lo que respecta al numeral II (testimonial), del referido escrito de pruebas el Tribunal niega las mismas por cuanto en el día de hoy precluye el lapso de promoción y evacuación de pruebas en el presente expediente, de conformidad con el artículo 889 del Código de Procedimiento Civil…”. Seguidamente en esta misma fecha, cursa a los folios 62, auto mediante el cual se ordena efectuar computo de los días de despacho transcurridos de promoción y evacuación de pruebas.

   -Cursa al folio 64, diligencia de fecha 17-07-2012, suscrita por la representación judicial de la parte actora, el cual APELA del auto de fecha 12-07-2012, que niega la admisión de la prueba testimonial.

   -Cursa al folio 65, auto de fecha 20-07-2012, el Tribunal ordena escuchar la apelación ejercida en UN SOLO EFECTO.

   -Cursa al folio 67 y 68, auto de fecha 07-08-2012, el Tribunal ordena remitir las referidas copias certificadas a este Juzgado de alzada.

   1.4.- Actuaciones celebradas en esta alzada

   - Cursa a los folios 72 al 74, escrito de fecha 13-11-2012, presentado por el abogado J.G.E.D., en su carácter de apoderado judicial del ciudadano F.N.A., en el cual presenta INFORMES en la presente causa.

   -Cursa al folio 78, auto de fecha 12-12-2012, el Tribunal fija el lapso para dictar sentencia dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del referido auto.

   CAPITULO SEGUNDO

2. - Argumentos de la decisión

   El eje central del presente recurso radica en la apelación ejercida al folio 64, por el apoderado judicial de la parte actora, abogado J.G.E.D., en virtud del auto de fecha 12 de Julio de 2012, que declaró “Por lo que respecta al numeral II (testimonial), del referido escrito de pruebas el Tribunal niega las mismas por cuanto en el día de hoy precluye el lapso de promoción y evacuación de pruebas en el presente expediente, de conformidad con el artículo 889 del Código de Procedimiento Civil…”; cursante al folio 61.

   Seguidamente cursa a los folios 72 al 74, escrito de Informes presentado en esta alzada, por el abogado J.G.E.D., en su carácter de apoderado judicial del ciudadano F.N.A., en la cual expone (SIC…) “Que el Tribunal aquo, viola el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva de su representada con el auto de fecha 09-07-2012, el cual niega la prueba testimonial promovida fundamentándose en que ese día precluia el lapso de promoción y evacuación de pruebas. Que al negar la admisión de la prueba testimonial promovida y evitar su posterior evacuación basado en dicha argumentación quebranta flagrantemente el derecho al debido proceso, a la defensa y a la titula judicial efectiva de su representado, el cual debe ser garantizado en todo proceso. Ya que dicha prueba testimonial, es un medio de prueba que reviste el carácter de legal, vale decir, esta contemplado en la ley, es pertinente, es decir, guarda relación con las razones de hechos que comportan la litis, y además, es idóneo lo que quiere significar que se trate del mecanismo preestablecido para el traslado del ofrecimiento al mundo del expediente, siendo fundamental para la defensa de su representado. Además que la prueba fue oportunamente promovida, por lo cual el argumento para negar su admisión basado en que ese día precluia el lapso de promoción y evacuación es ilegal e inconstitucional. Que el Tribunal aquo infringe derechos constitucionales a su representada, como lo son el derecho al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva al negar la admisión de la prueba testimonial debidamente promovida dentro del lapso de diez (10) días por considerar que ese día precluia el lapso de promoción y evacuación de pruebas. Que la prueba testimonial cumple con los requisitos exigidos por la ley para su admisión y evacuación, como lo son: es un medio de prueba legal, pertinente e idóneo oportunamente promovido. En consecuencia debe ordenarse al Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil la admisión y evacuación de la prueba testimonial promovida por su representada en su escrito de promoción de pruebas en fecha 12 de julio del 2012, de conformidad con la ley y la doctrina reiterada del Tribunal Supremo de Justicia en aras de garantizarle a las partes el derecho a la defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva…”.

   Planteada como ha quedado la controversia, este Tribunal para decidir previamente considera:

   Quedando así delimitado el thema decidendum objeto del conocimiento por este Jurisdicente Superior, se hace imperativo esbozar ciertos lineamientos a los fines de inteligenciar con precisión metodológica la decisión que ha de ser proferida en esta instancia Superior.

   El proceso es un conjunto de actos entre las partes, los órganos jurisdiccionales y sus auxiliares, regulados por la Ley, y dirigidos a la solución de un conflicto capaz de ser resuelto mediante una decisión judicial. Uno de esos actos es la aportación de las pruebas, las cuales tienen como finalidad esencial, lograr efectivos y adecuados elementos de convicción y certeza en pertinencia con la afirmación de un hecho, y, que según G., tienen la cualidad de acto de las partes, porque su ofrecimiento no es otra cosa sino la gestión de una de ellas, a objeto de lograr la convicción de un hecho concreto, mediante determinado medio de prueba, con la finalidad de demostrar la verdad.

   Participa este J. del criterio reiterativamente aceptado por la doctrina más calificada, en el sentido que, la institución jurídico-procesal de la prueba conduce a la persuasión, convencimiento o demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho.

   En este orden de ideas, se define la prueba como la garantía procesal que permite a los sujetos interactuantes en el proceso hacer efectivas las afirmaciones o negaciones relativas a hechos sobre los cuales descansa su pretensión, dependiendo de tal demostración, la fundamentación o procedencia de sus alegaciones, y en ese sentido, se advierte que la práctica efectiva de la “prueba” obedece a las garantías que debe preservar el órgano jurisdiccional.

   En tal virtud, es oportuno y consubstancial para este Juzgador Superior hacer referencia a las previsiones adjetivas aplicables al caso factico-especie, consagradas en el Artículo 889 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:

   ”Artículo 889: Contestada la demanda, o la reconvención, si esta hubiere sido propuesta, la causa se entenderá abierta a pruebas por diez días, sin termino de distancia, a menos que ambas partes soliciten al Juez que decida el asunto con solo los elementos de autos”.

   Del análisis de la norma transcrita se observa que la evacuación de cualquier medio de pruebas debe tener solicitarse dentro de los diez días siguientes al acto de contestación de la demanda o la reconvención.

   En cuenta de todo lo anteriormente esbozado, este Tribunal observa que la representación judicial de la parte actora, abogado J.G.E.D., apela del auto de fecha 12 de Julio del 2012, en relación a la negativa de la prueba testimonial, por cuanto el Tribunal aquo, expone (SIC…) “por lo que respecta al numeral II (testimonial), del referido escrito de pruebas el Tribunal niega las mismas por cuanto en el día de hoy precluye el lapso de promoción y evacuación de pruebas en el presente expediente, de conformidad con el artículo 889 del Código de Procedimiento Civil…”. De lo que se extrae que el Tribunal aquo, ordena efectuar por Secretaria cómputo de los diez (10) días del lapso de promoción y evacuación de pruebas, contados a partir del día 27/06/2012 hasta el día 12/07/2012, fecha del vencimiento del referido lapso, tal y como consta al folio 62 y su vuelto; por lo que se evidencia que la presente promoción de la prueba testimonial, fue realizada por la representación judicial de la parte actora, el último día del lapso previsto en el artículo 889 del Código de Procedimiento Civil.

   En este orden de ideas, tal como se desprende del análisis de las actas procesales relativa a la promoción y evacuación de la prueba testimonial, solicitada por la parte actora, se observa que el Tribunal aquo, debido a la brevedad del lapso de promoción y evacuación de prueba en materia civil, el Tribunal no puede negar una prueba la cual fue promovida dentro de su oportunidad procesal, aún cuando fuere el último día de su promoción, ya que el legislador en el referido artículo 889 del CPC, no estableció distinción en cuanto al lapso para promover y evacuar la prueba de testigos, de lo que se deduce que cualquiera de estas actuaciones deberán realizarse dentro de ese plazo.

   Lo anterior pone de manifiesto, que dichas pruebas se pueden promover en el último día de esa articulación, es decir el día diez (10); pero entonces surge la siguiente interrogante ¿Cuando se evacuaría la prueba de testigo, si el lapso probatorio fenece el mismo día en que fue promovida la prueba?

   La Sala de Casación Civil, en sentencia nro. 774 de fecha 10 de octubre del 2006 considera que al no hacer la distinción el legislador, en cuanto a los días para promover y evacuar la prueba de testigos, mal podría hacerlo el intérprete, ya que en la ley se establece un único lapso para la promoción y evacuación de pruebas.

   Por otra parte, se observa que en la mayoría de los casos es casi imposible que tales pruebas puedan evacuarse en este breve lapso debido a lo dilatado de su tramitación y dada la naturaleza de la prueba de de testigos. Por tanto, al no ser posible la evacuación de la prueba en el corto plazo que establece la ley, resulta perjudicado el proceso, pues no cumple su finalidad de hallar la verdad y la justicia.

   De allí, que la Sala Constitucional del Supremo Tribunal ha dejado expresamente establecido que: “...el artículo 26 de la Constitución establece el derecho de todo ciudadano de acceso a los órganos de justicia. Esta disposición recoge el derecho a la tutela judicial eficaz, la cual incluye, no sólo el acceso a la justicia, sino también que las peticiones que se formulen en el marco de un proceso judicial sean decididas en forma acorde con las pretensiones y a obtener un pronunciamiento del órgano jurisdiccional en un lapso razonable, pues, de lo contrario, la justicia no sería eficaz…”. (Sentencia del 2/6/03, caso: L.M.I. y otra).

   En efecto, el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra de manera expresa el derecho a la tutela judicial efectiva, conocido también como la garantía jurisdiccional que encuentra su razón de ser en que la justicia es, y debe ser, tal como lo consagran los artículos 2 y 3 eiusdem, uno de los valores fundamentales presentes en todos los aspectos de la vida social, por lo cual debe impregnar todo el ordenamiento jurídico y constituir uno de los objetivos de la actividad del Estado, en garantía de la paz social. Es así como el Estado asume la administración de justicia, esto es, la solución de los conflictos que puedan surgir entre los administrados o con la Administración misma, para lo que se compromete a organizarse de tal manera que los mínimos imperativos de la justicia sean garantizados y que el acceso a los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, en cumplimiento de su objeto, sea expedito para los administrados.

   En ese sentido, el Alto Tribunal ha indicado lo siguiente:

   …El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura…

   . (Sentencia de la Sala Constitucional de fecha 2 de junio de 2003, caso: L.M.I. y otra).

   Es evidente, pues, que la correlación de los artículos 2, 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, obliga al juez a interpretar las instituciones jurídicas tomando en consideración los actuales principios que fundamentan el sistema de derecho, que persiguen hacer efectiva la justicia. En ese sentido, se ha indicado:

   ...las normas procesales cumplen también una función social; que ellas, aunque permitan interpretaciones diversas con mayor o menor amplitud influyen en la aplicación del derecho sustantivo, beneficiando a alguien, y se proyectan, por tanto, socialmente; de manera que no podemos seguir pensando que los jueces están limitados sólo a dirimir conflictos de intereses individuales...

   . (M.G., R.. “Reflexiones sobre una visión constitucional del proceso y su tendencia jurisprudencial. ¿Hacia un gobierno judicial?” Caracas, Ediciones Paredes, 2002, p.193). (Sentencia de fecha 12 de abril de 2005, (caso: M.C.M., c/ J.M.F..

   Tomando en consideración la precedente apreciación, nuestro Máximo Tribunal ha considerado que existen medios de prueba que dada su naturaleza no permiten su evacuación dentro del lapso establecido para ello. Por esa razón, esta cree oportuno señalar que en los casos en los que la evacuación de la prueba se extienda más allá del lapso que establece la ley, esta debe ser igualmente apreciada en conformidad con principios y normas constitucionales que rigen el proceso. Y señala que las pruebas de experticias, inspecciones judiciales, las declaraciones de testigos, la reproducción judicial, la exhibición de documentos, entre otros, generalmente su evacuación sobrepasa el lapso concedido para ello, pero en aras de una justicia efectiva éstas deben ser incorporadas en el proceso, y el juez deberá apreciarlas como pruebas regularmente promovidas y evacuadas, pues la brevedad de los lapsos no es una razón contundente para que el juez desestime la prueba, y con ello lesione el derecho a la defensa, que tienen las partes de demostrar sus alegatos.

   Por tanto, este J. considera que si el legislador no prohibió de manera expresa que la prueba tiene que evacuarse obligatoriamente dentro de la articulación, y que si allí no se reciben, las que se insertaren luego resultaren extemporáneas; es porque si no existe tal distinción en la ley, el intérprete tampoco debe distinguirla, y así se establece.

   En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 8 de marzo de 2005, caso: Banco Industrial, expediente N° 03-2005, estableció:

   …Del análisis de las actas que conforman el presente expediente, y de la apreciación de las exposiciones realizadas por las partes en la audiencia oral del presente procedimiento, la Sala observa que:

   Hasta el Código de Procedimiento Civil de 1897, el término probatorio no se encontraba segmentado como en el actual, para que, dentro de cada segmento, llevaran a cabo las partes y el tribunal actividades preclusivas, sino que dentro de él, conjuntamente, se promovían y evacuaban las pruebas.

   Observa el tratadista Arminio Borjas (Comentarios al Código de Procedimiento Civil Venezolano, tomo III, p. 193, E.. B.. Argentina-Venezuela) “…Antes de la reforma de 1897, la ley declaraba que el lapso de pruebas era de treinta días, sin destinar especialmente a la promoción de éstas ninguna parte de él, por lo cual, durante todos dichos días se las podía indistintamente promover y evacuar, … omissis … y tanto para el Juez como para las partes se hacía embarazoso, y aún quedaba expuesto para éstas a peligrosas alevosías, el derecho de promover nuevas probanzas hasta en el último de los treinta días del término.”

   Para esta S., conforme a los comentarios de B., era claro que en los términos diseñados para que conjuntamente se promovieran y evacuen pruebas, hasta los últimos días del lapso eran hábiles para ofrecer medios de pruebas, ya que ese era un derecho de las partes. Reminiscencias en el vigente Código de Procedimiento Civil de este tipo de término único para promover y recibir pruebas es la articulación probatoria del artículo 607, norma que establece una articulación por ocho días sin término de distancia, lo que significa –ya que el Código de Procedimiento Civil no distingue- que dentro de la articulación se promoverán y evacuarán pruebas, ya que necesariamente el lapso probatorio es para ello.

   Al no limitar el artículo 607 en comento los medios a promoverse, entiende la Sala que en un sistema de libertad de medios, los ofrecibles son tanto medios nominados como innominados.

   En consecuencia, testigos, experticias, inspecciones judiciales, documentos y otros medios no prohibidos expresa o tácitamente para las incidencias, pueden proponerse en estas articulaciones; y no señala el Código de Procedimiento Civil, que las pruebas deban evacuarse obligatoriamente dentro de la articulación, y que si allí no se reciben, las que se insertaren luego resultaren extemporáneas. Si no existe tal distinción en la ley, el intérprete tampoco debe distinguir.

   Por lo tanto, a juicio de esta S., es posible que pruebas ofrecidas por las partes dentro de la articulación sean recibidas fuera de ella, como incluso ocurre con probanzas no evacuadas en el término de evacuación del juicio ordinario.

   Para la Sala, sería contrario al derecho de defensa de las partes, cercenarles tal derecho, concretado en el ofrecimiento de pruebas, creándoles la carga de promoverlas en los primeros días de la articulación de ocho días (de despacho), cuando la ley no distingue oportunidad dentro del término para promoverlas, ni ordena tal proceder. Luego, todos los días, hasta el último de la articulación, son oportunos y temporáneos para ofrecer pruebas. Lo que sucede es que hay pruebas que pueden evacuarse sin lapso probatorio alguno para ello, ya que se reciben en un día prefijado, independientemente del lapso, mientras hay otras que requieren de un término destinado a la recepción de pruebas para que puedan ser incorporadas al proceso. Ello, debido a que con algunos medios pueden surgir diversas actividades concatenadas a su práctica, y por aplicación del principio de concentración de la prueba, el legislador ha querido que ellas se lleven adelante dentro de un lapso probatorio específico.

   Ahora bien, a juicio de la Sala, para que las probanzas promovidas puedan evacuarse dentro o fuera de la articulación es necesario ponderar varias situaciones.

   No prevé el artículo 607 que las partes puedan oponerse a las pruebas de su contraparte, pero siendo la oposición una emanación del derecho de defensa, ella es posible, y el juez tendría que decidirla, a fin de que la prueba pueda recibirse, si declara sin lugar la oposición y admite el medio.

   Si el juez no decide la oposición, conforme al artículo 399 del Código de Procedimiento Civil, la prueba no podrá evacuarse, y en articulaciones de tan corto lapso, la recepción del medio necesariamente tendría que ser fuera del término probatorio del artículo 607. No aceptar tal situación sería dejar indefensa a la parte, infringiéndose así el artículo 49 constitucional. Si una de las partes promoviere testigos con citación previa a la declaración, podría ocurrir que el alguacil citara a los testigos para que declararan al octavo día, y sería injusto que el promovente no pueda examinar a sus testigos, que comienzan a declarar ese día, porque se agota la audiencia, y aún no ha podido formular todas las preguntas, por lo que necesariamente la declaración de los testigos debería prorrogarse fuera del lapso.

   Si se promoviere una experticia, en los primeros días del término, y las partes no se pusieran de acuerdo un solo experto, al segundo día de admitida la prueba, tendría lugar el acto de nombramiento de expertos, su juramentación será el tercer día siguiente al nombramiento (artículo 458 del Código de Procedimiento Civil), la notificación del nombrado por el juez, tendrá lugar tres días después de su notificación (artículo 459 del Código de Procedimiento Civil) y en este último supuesto, luego vendría la reunión para establecer el tiempo de la pericia, lo que necesariamente conduce a que el peritaje no pueda evacuarse dentro de las ocho audiencias ya que, por lo menos, cinco de ellas se han consumido en los trámites señalados. De allí que le propio Código de Procedimiento Civil en la incidencia nacida del desconocimiento de instrumentos privados (artículo 449) donde la prueba de experticia –cotejo- es la de mayor peso (artículo 445), y cuyo término probatorio es de ocho días, señaló que éste puede extenderse hasta quince días.

   Estos ejemplos, a juicio de la Sala, demuestran que fuera de la articulación se pueden recibir pruebas, independientemente de la oportunidad de su promoción, pero que tal recepción obedece a situaciones especiales.

   Es criterio de la Sala que con relación a la articulación probatoria del artículo 607, surge una situación casuística de acuerdo a la esencia de los medios de prueba que propongan las partes; correspondiendo al juez de oficio en algunos medios, señalar la evacuación de la prueba fuera de la articulación, dada la dificultad innata al medio de evacuarla dentro de los ocho días de despacho, y ese es, por ejemplo, el caso de la experticia.

   También este es el caso de la inspección judicial, ya que el tribunal que la va a practicar, que es el de la causa, tiene que ejecutarla cuando sus ocupaciones lo permitan, lo cual puede ser fuera de la articulación probatoria, siempre que la provea dentro de ella.

   Luego, en aras a garantizarle el derecho de defensa a las partes, a quienes el artículo 607 les ha otorgado un término probatorio de ocho días para promover y evacuar, no puede cargarse a las partes a que promuevan todas sus pruebas dentro de los primeros días, y tildárselas de negligentes o torpes, si no lo hacen, sobre todo cuando hay medios de alta dificultad, debido a su naturaleza, para ser recibidos en la articulación, por lo que la audiencia que se utilizare para ofrecerlos sería indiferente, siempre que sea dentro del lapso.

   A juicio de la Sala, resultaría un contrasentido que a las partes se les diere un término de ocho días para promover pruebas, y que las promovidas, en ejercicio de su derecho, el último día no fueran proveídas por el juez aduciendo que no puedan evacuarse dentro del lapso porque éste finalizó, cuando ya se ha apuntado que hay medios que pueden evacuarse fuera del término probatorio.

   Es de recordar que con respecto a las pruebas temporáneas del último día, el juez tiene tres días para proveerlas, y esos días caen fuera de la articulación probatoria.

   El quid del asunto, en criterio de esta S., radica en si el término para proveer o evacuar las admitidas se prorroga de oficio, o si él sólo se prorroga a instancias de parte, aplicando el artículo 202 del Código de Procedimiento Civil. La Sala hace la salvedad de que los medios que por su esencia o naturaleza pueden recibirse fuera del lapso de evacuación, necesariamente, como garantía del derecho de defensa de quien lo propuso, se evacuarán fuera de la articulación en la oportunidad que fije el tribunal, como ocurre con la inspección judicial, o con el tiempo que el tribunal señale a los expertos.

   Se trata de medios que por su esencia, y sin que exista prórroga del término probatorio, ya que éste, como tal dejó de correr, se pueden evacuar fuera de dicho término, como ocurre con la experticia o inspección judicial, u otras pruebas cuya naturaleza sea semejante, y que debido a esa característica pueden proponerse hasta el último día de la articulación.

   Pero con el resto de las probanzas, para las cuales la ley no previno, como lo hizo en la experticia (artículos 460 y 461 del Código de Procedimiento Civil) un término fijo que puede exceder del normal de evacuación, o que su práctica depende de cuando la actuación judicial puede llevarse a cabo; la prueba debe ser evacuada dentro de un término para ello, el cual no puede exceder del establecido en la ley, y con respecto a esos medios, de no poder recibirse dentro del lapso, funciona a plenitud la institución de la prórroga de los términos, señalado el artículo 202 del Código de Procedimiento Civil y que se funda en la existencia de una causa no imputable a la parte que lo solicita, que hace necesaria la prórroga del lapso.

   Es criterio de la Sala, que desde este ángulo, hay medios que de ser promovidos en el último día de la articulación, el promovente debe pedir se prorrogue el término para que el tribunal los provea y se evacuen dentro del lapso de evacuación, que así se alarga. El juez examinará si acuerda o no acuerda la prórroga, juzgando si ella atiende realmente a una causa no imputable a quien la pide. Es en casos como éste, donde el juez puede examinar la negligencia en estos ofrecimientos tardíos de la prueba, y negar la prórroga, por lo que la articulación no se extenderá por ocho audiencias más para que se reciban las pruebas.

   Resalta la Sala que se trata de una situación casuística, que depende de cada medio y de la necesidad, por su naturaleza, que se evacuen dentro del término de evacuación. Aquellos como la experticia, la inspección judicial, la exhibición de documentos o los informes (artículo 433 del Código de Procedimiento Civil), por ejemplo, que se reciben en una fecha, la cual puede señalarse fuera del término probatorio, podrán recibirse fuera de éste, al igual que lo que sucede con las comisiones o las rogatorias a evacuarse en cumplimiento de un término extraordinario de pruebas.

   Con relación a los otros medios simples, nominados o innominados (documentos privados, testigos, etc), que deben recibirse dentro de un término de evacuación (así sea conjunto con el de promoción), la posibilidad de insertarse al proceso fuera del término sólo es viable si éste se prorrogó o reabrió, y para ello es necesario que exista petición de parte, ya que es ella quien debe alegar y justificar la causa no imputable que le impide actuar dentro del término probatorio natural.

   En el caso de autos, el juez ordenó la prórroga para que se evacuara, fuera de la articulación probatoria, la experticia y la exhibición documental. Se trata de un medio, como la experticia, que por su esencia puede recibirse fuera del término probatorio, como ya lo señaló este fallo, y en igual situación se encuentra la exhibición documental.

   El que el juez del fallo impugnado fundara la prórroga en la tutela del derecho de defensa del demandado, obviando la verdadera razón de fondo que justifica la evacuación fuera de lapso y decretando con respecto a esos medios una prórroga innecesaria, no significa que con ello lesionará derecho constitucional alguno al Banco Industrial de Venezuela, C.A., y así se declara.

   Ambos medios, pericia y documental, no requerían de la prórroga para ser evacuadas fuera de lapso, pero el que el juez la acordara en nada perjudicaba a los accionantes en amparo, ni al debido proceso, ya que no surgió ninguna lesión al derecho de defensa de los hoy accionantes.

   De tratarse de unas posiciones juradas, ellas resultan inadmisibles y la prórroga ordenada no consolida tal situación. Si se trataba de confesiones contenidas en documentos públicos, ella podría ser recibida fuera de la articulación, antes del fallo, por lo que la prórroga, aunque innecesaria, no perjudicaba a los hoy accionantes.

   Por todos estos motivos, la Sala considera que el fallo impugnado no lesionaba a los accionantes, y así se declara…

   . (N. y subrayado de este Juzgado Superior).

   De la precedente trascripción, se evidencia que en las incidencias comprendidas en los artículos 607 y 449 del Código de Procedimiento Civil, al igual que el lapso establecido en el artículo 889 ejusdem, no hacen distinción en cuanto a la promoción y evacuación de las pruebas, por lo que se deduce que ambas se realizan en ese mismo lapso.

   Asimismo, en criterio de la Sala Constitucional existen medios de prueba que por su tramitación, requieren mayor tiempo para poder evacuarlas que el lapso establecido en dichas articulaciones; como son, las inspecciones judiciales, las declaraciones de los testigos, las experticias y otros medios no prohibidos expresa o tácitamente por la ley; por lo que una vez promovidas dentro de la articulación, es posible que sean recibidas fuera de ella, como incluso ocurre con probanzas no evacuadas en el término de evacuación del juicio ordinario.

   La Sala Casación Civil, acogió los anteriores criterios, y estableció que al no señalar la norma que estos medios de pruebas deban evacuarse obligatoriamente dentro de la articulación, debe interpretarse que la tramitación de la experticia e inspección judicial, entre otros medios de prueba, que deban ser evacuadas en una incidencia, podrán sustanciarse en un plazo mayor, en cuyo caso corresponderá al sentenciador fijarlo atendiendo la naturaleza y necesidad de la prueba, tal como fue establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo Tribunal; sin embargo, dicho lapso en ningún caso podrá exceder el de evacuación ordinario establecido en la ley. Además, bajo estas circunstancias, la parte debe haber promovido el medio probatorio en el lapso legal de promoción de pruebas.

   ”…Omissis…

   En consecuencia, en base a lo anterior la Sala de Casación Civil modificó el criterio sostenido en la decisión del 8 de noviembre de 2001, caso: Bluefield Corporation C.A., c/ Inversiones Veneblue c.a., expediente N° 596 y las que se opongan al establecido en la decisión de fecha 10 de octubre del 2006, antes analizada , y en lo sucesivo señaló que deberá considerarse que para la tramitación de esos medios de prueba podrá efectuarse en un plazo mayor, siempre que el medio probatorio halla sido promovido en el lapso legal de promoción de prueba. Por tanto, los jueces de instancia están obligados a ponderar cada situación para fijar el plazo que para la evacuación de la prueba, aun cuando la misma haya sido promovida en el último día de la articulación probatoria, ya que la posibilidad de promover pruebas en el juicio, incluso incidentalmente, es una manifestación del derecho de defensa.

   En el caso bajo examen, tal como se desprende del análisis de las actas procesales la parte demandada promovió la prueba testimonial, en fecha 12 de Julio del 2012, y tal como se evidencia al folio 62 y su vuelto, en virtud del cómputo efectuado por la Secretaría del Tribunal aquo, la misma fue promovida el último día del lapso de promoción y evacuación de pruebas, previsto en el articulo 889 del Código de Procedimiento Civil, pudiendo perfectamente el Tribunal de la causa ADMITIR la prueba testimonial, salvo su apreciación en la definitiva, y no negar una prueba la cual fue promovida dentro de su oportunidad procesal, aún cuando fuere el último día de su promoción, ya que el legislador en el referido artículo 889 ejusdem, no estableció distinción en cuanto al lapso para promover y evacuar la prueba de testigos, de lo que se deduce que cualquiera de estas actuaciones deberán realizarse dentro de ese plazo y admitirse aún cuando fueron promovidas el último día de su promoción. Y así se decide.

   Esta Alzada en aplicación a la jurisprudencia antes transcrita y en atención a los principios fundamentales del derecho a la defensa, tutela judicial efectiva y el debido proceso consagradas en nuestra carta magna, considera que el juez aquo, debió admitir y evacuar la prueba de testigos promovida por la parte actora, fijando oportunidad para ello, por cuanto la misma fue promovida el último día para culminar el lapso en el artículo 889 del Código de Procedimiento Civil.

   De allí que, esta Alzada considera que en el caso sometido a estudio si hubo indefensión, por cuanto el sentenciador no admitió, ni fijó oportunidad para evacuar los testigo aún cuando la misma fue solicitada el último día para que culminara el lapso de promoción y evacuación de pruebas, lo que también hace palpable la lesión del derecho a la defensa que se le causó a la parte actora. Lo anteriormente expresado evidencia que la decisión tomada por el juez de la causa violó el debido proceso y menoscabó el derecho a la defensa de la parte actora. Por estas razones, se repone la causa al estado de ADMITIR la prueba testimonial y se fije oportunidad para su evacuación, cuyo análisis y apreciación corresponde para el momento de dictar el fallo correspondiente en esta causa, el cual necesariamente tendrá lugar eventualmente, posterior a la evacuación de la prueba de testigo promovida por la parte actora, y así se decide.

   Como corolario de todo lo anterior, se declara CON LUGAR la apelación interpuesta, por el abogado J.G.E.D., en su carácter de apoderado judicial del ciudadano F.N.A., y en consecuencia se REVOCA el auto de fecha 12 de Julio del 2012, cursante al folio 61, en cuanto a la negativa de la prueba testimonial, en consecuencia se REPONE la causa al estado de ADMITIR la prueba testimonial y se fije oportunidad para su evacuación, cuyo análisis y apreciación corresponde para el momento de dictar el fallo correspondiente en esta causa, el cual necesariamente tendrá lugar eventualmente, posterior a la evacuación de la prueba de testigo promovida por la parte actora, y así se establecerá en la dispositiva de este fallo.

   CAPITULO TERCERO

   DISPOSITIVA

   Por todos los razonamientos anteriores este Juzgado Superior Civil, M., de Tránsito, y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la apelación interpuesta al folio 64, por el abogado J.G.E.D., en su carácter de apoderado judicial del C.F.N.A., parte actora, en consecuencia se REVOCA el auto de fecha 12 de Julio del 2012, cursante al folio 61, que niega la prueba testimonial, promovida por la representación judicial de la parte actora; y se ordena se REPONER la causa al estado de ADMITIR la prueba testimonial y se fije oportunidad para su evacuación, cuyo análisis y apreciación corresponde para el momento de dictar el fallo correspondiente en esta causa, el cual necesariamente tendrá lugar eventualmente, luego de la evacuación de la prueba de testigo promovida por la parte actora. Todo ello de conformidad con las disposiciones, legales, doctrinarias y jurisprudenciales ya citadas y los artículos 12, 242 y 243 del Código de Procedimiento Civil.

   P., regístrese, déjese copia certificada de esta decisión y en su oportunidad devuélvase el expediente al Juzgado de origen.-

   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Civil, M., de Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar en Puerto Ordaz, a los diecisiete (17) días del mes de Enero del dos mil trece (2013).- Años 202º de la Independencia y 153º de la Federación.-

   El Juez,

   Abg. J.F.H.O..

   La Secretaria,

   Abg. L.A.L.

   En esta misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las diez y quince minutos de la mañana (10:15 a.m.), previo anuncio de Ley. Conste.

   La Secretaria,

   Abg. Lulya Abreu López

   JFHO/lal/laura

   Exp. Nº 12-4347