Decisión nº 091-04 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 23 de Marzo de 2004

En relación con la excepción opuesta por la defensa de la acusación particular propia de la víctima prevista en el literal “i” del numeral 4° del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar que la acción fue promovida ilegalmente, por falta de requisitos formales, para intentar la acusación, este sentenciador, considera, que aún cuando el acusador privado no especificó claramente cuales son los delitos que imputa, ya que consideró que los acusados habían ejecutado los delitos de USO DE DOCUMENTOS PUBLICOS, cuando en realidad ha debido haber precisado USO DE DOCUMENTOS PUBLICOS FALSIFICADOS, previstos y sancionado (sic) en el artículo 323 del Código Penal y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS EN FORMA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 320 del Código Penal, en concordancia con el artículo 88, cuando lo correcto es concordar con el artículo 99 del Código Penal, que es el que prevé la continuidad. Esos errores no llegan a constituir falta de requisitos formales para intentar la acusación, amen de que los mismos fueron subsanados en esta audiencia, por lo que SE DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCION opuesta (…) ahora bien, en lo que respecta a la excepción opuesta por la defensa a la acusación particular propia de la víctima, prevista en el literal “c” del numeral 4° del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, referida a que (sic) los hechos por los cuales acusa la víctima, no reviste carácter penal, este Tribunal hace las siguientes consideraciones: En la acusación particular propia de la víctima, se imputa a los acusados los delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PUBLICO EN FORMA CONTINUADA, tipificado en el artículo 320 del Código Penal en concordancia con el artículo 99 ejusdem, y USO DE DOCUMENTOS PUBLICOS FALSIFICADOS, tipificados (sic) en el artículo 323 del Código Penal, este Tribunal considera que los delitos imputados en la acusación particular propia de la víctima, no se tipifican, en primer lugar, porque las actas de asambleas de la Sociedad Mercantil MANUFACTURAS SHAN (sic) SOUTH AMERICA C.A, no son Documentos Públicos. En efecto, la Doctrina (sic) más calificada considera que los Documentos Públicos son aquellos otorgados o autorizados, con las solemnidades de ley, por notario, escribano, secretario judicial o por otro funcionario público competente para acreditar algún hecho, las manifestaciones de voluntad y la fecha en que se produce. Y las actas de asambleas de una Sociedad Mercantil son simples Documentos Privados, suscritos por los socios, en acto privado, en la sede de la empresa sin la (sic) solemnidades de ley, y sin que ningún funcionario de fe de su autenticidad, contenidos y firmas. Y el hecho de que esas actas de asambleas inscritas en el Registro Mercantil no les da carácter público, pues este carácter sólo puede emanar del órgano (Funcionario Público), que las autorice y de fe de su contenido, fecha y firma. Y además la inscripción en el registro (sic) de esas actas de asambleas no las convierte en documento público porque las formalidades del registro y publicación no tiene carácter constitutivo, sino declarativo. Incluso este criterio jurídico lo corrobora el Fiscal del Ministerio Público, quien en su acusación afirma que las actas se asambleas en las cuales se realizaron las firmas de los socios no presentes, son un Documento Privado…”

6. FUNDAMENTACIÓN DE LA SALA PARA DECIDIR:

Analizadas como han sido todas y cada una de las actuaciones insertas en la presente causa, así como el contenido de los recursos de apelación interpuestos tanto por la Representación Fiscal, como por la víctima, es por lo que este Tribunal Colegiado, pasa seguidamente a resolver el fondo de las pretensiones de los citados accionantes en el orden establecido en el “PUNTO PREVIO”:

1. DE LA SOLUCIÓN A LA APELACIÓN INTERPUESTA POR LA VINDICTA PÚBLICA:

Observa esta Sala, que el Representante Fiscal básicamente ha fundamentado su escrito de apelación en un único punto de derecho, relativo a que el Juez de Control se equivocó mediante su motivación, en declarar que los hechos que dieran inicio a la investigación y a la posterior acusación, no revisten carácter penal, alegando dicho Juez, que no se configura que tales hechos puedan ser subsumidos en el tipo penal de FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO, previsto y sancionado en el artículo 321, primer aparte del Código Penal.

Es importante destacar que el punto controvertido en el presente recurso de apelación versa sobre la falsedad, es decir, lo contrario a la verdad; sin embargo, en el caso de marras se acciona en razón de la apariencia de verdad que no es conforme con la realidad, que a opinión del representante fiscal fue concebido mediante un acto que le diera la f.p. necesaria para generar confianza a terceros, la cual es requerida para las actividades jurídicas mercantiles y que pueda servir como medio de prueba, ello significa que los documentos protocolizados ante el Registrador Mercantil, producen efectos erga omnes iuris tantum.

Los delitos referidos a las falsedades que lesionan la f.p., son tratados por la doctrina española en consideración de que los mismos sean plausibles de ingresar al “tráfico jurídico”, a saber:

…no se trata, por tanto, de proteger la verdad en abstracto, sino la apariencia de verdad que determinados signos engendran, en cuanto son, al mismo tiempo, medios probatorios de ella en su sentido más amplio. Dentro de ese marco que es el que genera la seguridad en el tráfico jurídico fiduciario, que es como suele denominarse también el bien jurídico común a estos delitos, habrá que identificar después en cada delito o, por lo menos en cada grupo de delitos, el bien jurídico específico particularmente afectado por la acción típica, que, en todo caso, debe ser adecuada para inducir a error a las personas; es decir, idónea para hacer pasar un signo ilegítimo o falso por legítimo o verdadero. La acción falsaria debe ser, además, destinada a entrar en el tráfico jurídico

. (Francisco Muñoz Conde. “DERECHO PENAL.. PARTE ESPECIAL”. Valencia – España. Editorial Tirant Lo Blanch. 1996. pp. 606 – 607).

En tal sentido, considera prudente este Tribunal de alzada que debe comenzar a estudiar el fondo de las denuncias interpuestas por los accionantes, utilizando como punto de partida, un extracto correspondiente a una parte de las apreciaciones previas, realizadas por el Juez recurrido en la parte motiva de la decisión, para posteriormente emitir el decreto de sobreseimiento que hoy ha generado la presente controversia. Es así como tenemos que el mismo indicó: “Ahora bien, al analizar los hechos para intentar subsumirlos en el tipo penal, se evidencia que la acusada M.H.M.D.P., realizó la firma de los socios en la empresa MANUFACTURAS SHAN (sic) SOUTH AMERICA C.A., en las actas de asambleas de la referida sociedad mercantil, que no estuvieron presentes en las asambleas, dando así la apariencia de que los socios T.R. DISMUKES , (sic) S.P. LAGRANGE (sic), F.C.L., R.D. BONNECAZE, M.F. BOUDREAUX Y N.A.D. estuvieron presentes en las asambleas (sic) y firmaron las actas respectivas, cuando en realidad ni estuvieron presentes, ni firmaron las actas de asambleas...”.

Ante tal aseveración realizada por el Juez recurrido, y luego de la revisión exhaustiva que este Tribunal Colegiado realizara sobre las actas que conforman la presente causa, se desprende que la acción que originara el presente proceso, se inició con la protocolización del Acta de Asamblea de fecha 09-05-2001 correspondiente a la empresa SHAW SOUTH AMERICA C.A., inserta en el Registro Mercantil Tercero el día 25-05-2001. En dicha acta se designó como miembro de la Directiva de la referida Empresa, al ciudadano F.C., inclusión que según lo indicó el Representante Fiscal, fuera aprobada mediante la falsificación de las firmas tanto de la víctima, como de los ciudadanos T.R. DISMUKES, S.L., F.C.L., R.D. BOUNECAJE, M.F. BOUDREAUX y N.A.D., siendo éstos últimos integrantes de dicha directiva.

Asimismo, evidencia esta Sala que el Representante Fiscal, ha atribuido a los ciudadanos G.O.I. y M.H.M.D.P., la comisión del delito de FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO, previsto y sancionado en el artículo 321 del Código Penal, haciendo la observación que de la falsificación de las firmas “en ningún momento hubo una denuncia de las partes interesadas que le hubiese causado un perjuicio conforme lo prevé el artículo 322 del Código Penal, cuya pena es prisión de seis a dieciocho meses, porque en ese momento era un documento privado y ya cuando se registra lo que se comete es un delito de Falsa Atestación ante Funcionario Público y cuyo acto pueda (sic) ser tachado e impugnado de falsedad, cuya pena es prisión de tres a nueve meses…”

Por otra parte, denuncia el accionante que a pesar de tales razonamientos, el Juez recurrido indicó: “...sin embargo, ese acto de falsificar las firmas de los socios se realizó en privado, en la sala de la empresa, sin testigos, ni formalidades, por lo tanto, no se ejecutó el acto ante un funcionario público, ni en un acto público, consecuencialmente no se atestó falsamente ante un funcionario público, y aún cuando esas actas de asambleas después fueron inscritas en el Registro Mercantil, ello no puede interpretarse como que se haya atestado falsamente ante funcionario público...”.

En el mismo orden de ideas y en relación al punto narrado en el párrafo anterior, considera este Tribunal de Alzada que el Juzgado a quo incurrió en una franca contradicción, ya que aún cuando, el mismo indica que el acta fue inscrita ante el Registro correspondiente, señala que tales hechos no revisten carácter penal, justificándose en una doctrina, que aunque bien estructurada, la misma está relacionada con el delito de FALSA ATESTACIÓN FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, previsto y sancionado en el artículo 243 del Código Penal y no al de FALSA ATESTACIÓN FRENTE A UN FUNCIONARIO PÚBLICO, previsto y sancionado en el artículo 321 del código sustantivo penal, que viene a ser la calificación jurídica formulada por el Representante Fiscal a los ciudadanos G.O.I. y M.H.M.D.P..

Tal aseveración la realiza este Tribunal Colegiado, ya que de actas se desprende, que la simulada deposición, no se realizó frente a la administración de justicia en momentos que los imputados se encontraban prestando testimonio, sino frente a un funcionario público (Registrador Mercantil), al momento que se presentara ante éste un documento privado para su validación pública de conformidad con el artículo 19 del Código de Comercio, acto que obliga a dicho funcionario a convalidar como v.e.c. del documento que éste protocoliza, de allí deviene la importancia que la declaración recogida en el documento verse sobre hechos reales y no falsos, porque tal actuación lo ingresa al tráfico jurídico frente a terceros.

Dentro de este mismo contexto, es oportuno traer a colación lo que el tratadista H.F.C. acota sobre este punto de derecho relativo al tipo penal, mediante el cual el Ministerio Público calificó la conducta de los imputados de actas; en tal sentido el mismo aduce:

“…Se contemplan en este artículo tres hipótesis delictivas

1. La falta atestación ante el funcionario público o en un acto público acerca de la propia identidad o estado o de la identidad o estado de un tercero, de modo que pueda resultar algún perjuicio al público o a los particulares.

   Se trata en este caso de una falsedad que puede cometer cualquiera que haya atestado ante funcionario público o en un acto público, bien espontáneamente en forma verbal o escrita, con juramento o sin el o bien como testigo, ante la autoridad judicial o en un acto del estado civil, casos en los cuales la responsabilidad se agrava. (Subrayado por la Sala)

   La atestación falsa debe recaer sobre la propia identidad o estado o sobre la identidad o estado de un tercero.

   Por “identidad” se entiende la individualización de una persona, mediante su nombre, apellido, domicilio, etc.

   Estado

   , indica, no ya el físico (salud, etc.), sino el jurídico, y precisamente el civil (soltero, casado, viudo, divorciado, nacional, extranjero ,etc.).

   Para la configuración del delito no basta la simple atestación falsa, sino que es necesario que de la misma pueda resultar algún perjuicio al público o a los particulares. Esa posibilidad de perjuicio debe nacer directamente de la atestación falsa y no de hechos extrínsecos o accidentales.

   Sobre este punto, remitimos a lo dicho sobre la posibilidad de daño como elemento esencial en la falsedad de documentos.

   El delito se consuma apenas se efectúe la atestación falsa, y por tanto, no se configura la tentativa”. (Curso de Derecho Penal. Parte Especial. Tomo I. Caracas. Italgráfica. 1993, pp.671-672)

   Una vez constatado el anterior análisis doctrinal y para ahondar en forma más exacta con el problema planteado, considera esta Sala que es menester para la misma, desmembrar para definir lo que significan todos y cada uno de los componentes que conforman el tipo penal bajo estudio y que en el derecho penal se conceptualizan como elementos objetivos del tipo penal, en tal sentido tenemos:

1. Funcionario Público: “Todo el que en virtud de designación especial y legal (ya por decreto ejecutivo, ya por elección), y de una manera continua bajo normas y condiciones determinadas en una delimitada esfera de competencia, constituye o concurre a constituir y expresar a ejecutar la voluntad del Estado, cuando esa voluntad se dirige a la realización de un fin público. (Guillermo Cabanellas De Torres. “DICCIONARIO JURÍDICO UNIVERSITARIO. Tomo I. Primera Edición Actualizada. Editorial Heliasta.. 2000. pág.450)

2. Estado Civil:

   Como señala DE CASTRO, el significado etimológico de la palabra estado (a stando dicitur) señala su carácter estable o no fácilmente variable. Y es que responde el estado civil a las líneas fundamentales de la organización civil, así matrimonio, nacionalidad y en cada uno de sus tipos o relaciones de estado se distingue un número determinado de puntos en los que hay que incluir a las personas (p. ej.: casado, soltero, separado...). Puede por ello definirse como «la cualidad de la persona por su especial situación y consiguiente condición de miembro en la organización civil de la comunidad, que determina su independencia o dependencia jurídica y afecta a su capacidad de obrar (general, especial), es decir, al ámbito propio de poder y responsabilidad». (Diccionario Jurídico Digital Espasa Calpe, S. A., Madrid, 2001)

   c) Identidad: Conjunto de caracteres y circunstancias que constituyen la persona; esto es, lo que nos permite comprobar que un ser humano es igual a sí mismo y distinto de todos los demás seres humanos: nombre, edad, nacionalidad, estado civil, dibujo de sus impresiones digitales, domicilio, profesión, etc

   . (Guillermo Cabanellas De Torres. “DICCIONARIO JURÍDICO UNIVERSITARIO. Tomo II. Primera Edición Actualizada. Buenos Aires. Editorial Heliasta. 2000: p. 9).

   Es oportuno acotar además, que el Juez de la recurrida confundió el verbo rector del delito tipo imputado por el Representante Fiscal a los procesados de actas, pues como hemos decantado en relación a la configuración del hecho punible tipificado en el artículo 321 de nuestra ley penal sustantiva, se requiere el atestar (verbo rector) ante funcionario público, que no es otra cosa que aseverar, declarar o afirmar como falso lo verdadero o como verdadero lo que es falso. Este tipo penal exige que la falsedad se refiera, de manera disyuntiva, a su identidad o estado o la identidad o estado de terceros, es decir construir una verdad no cónsona con la realidad relativa a esas dos condiciones personales, por lo que es innegable que mediante un documento se puede atestar sin necesidad de hacer acto de presencia ante el sujeto que recibirá el testimonio o declaración.

   En tal sentido, es oportuno indicar que si atendemos al concepto más elemental de documento nos encontramos que a este se considera “todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier tipo de relevancia jurídica”, ( Diccionario Jurídico Digital Espasa Calpe, S.A., 2001: Versión CD-ROM), y que al ser presentado ante un funcionario público que lo protocolice y le dé tal carácter, se convierte en un documento público, máxime cuando la ley especial que rige la materia registral, indica en su artículo 13, que la información contenida en los asientos de los Registros, es pública y puede ser consultada por cualquier persona; de tal forma que el delito de FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO, se configura una vez que le es presentado al Registrador (funcionario público) un documento, con el objeto que éste otorgue a los datos que el instrumento aporta f.p. y con ello valor y fuerza de verdadero.

   Asimismo, incurre nuevamente el Juez recurrido en contradicción, al indicar dentro de su motivación que: “...para que se tipifique EL DELITO DE FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO, es imprescindible que la falsa atestación se haga o ejecute ante el funcionario público o en un acto público”; para posteriormente señalar: “y en el presente caso, tal como lo sostiene la defensa, en el acta de asamblea celebrada en fecha 09-05-01, registrada posteriormente, se designa como integrante de la junta directiva de la empresa al ciudadano F.C. LOPEZ” (Subrayado de la Sala)

   Ante tal circunstancia, es obligación de esta Sala señalar que la doctrina considera: “que la publicidad es una actividad dirigida a crear congnoscibilidad (posibilidad de conocimiento) y que la publicidad jurídica tiene como propósito la producción de efectos jurídicos a través de la divulgación de hechos. La publicidad registral es la que produce efectos jurídicos por medio de los mecanismos dispuestos alrededor de un órgano público establecido con esa finalidad” (Alfredo Morles Hernández. “CURSO DE DERECHO MERCANTIL. INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA, EL EMPRESARIO”. Tomo I. Caracas. Universidad Católica A.B.. 2002: p. 363.)

   Asimismo, es importante enfatizar, que siendo además el Registro Público, una actividad tendente a garantizar la seguridad jurídica, la libertad contractual y el principio de legalidad de los actos o negocios jurídicos, bienes y derechos reales, tal y como así lo define el artículo 2 de la Ley de Registro Público y Notariado, finalidad que igualmente detenta el Registro Mercantil, es por lo que cualquier acto que mediante el uso de formas y hechos ficticios, conciba una obligación o derecho inexistentes, violenta flagrantemente tales principios, más aún cuando tales supuestos han sido presentados para lograr una falsa legitimidad ante un funcionario. De allí, que claramente se evidencie que el delito de Falsa Atestación ante Funcionario Público puede consumarse no sólo verbalmente sino cuando mediante documento se suscribe cualquier declaración o testimonio que de alguna forma afecta la identidad o estado bien de quien lo suscribe o de terceros.

   En conclusión, en la decisión tomada luego de concluir el Acto de Audiencia Preliminar, el Juez recurrido decretó el sobreseimiento de la causa fundamentando su decisión en el hecho de que no estaba configurada la comisión del delito imputado por el Representante Fiscal, por lo que no está ajustada a derecho en virtud de haberse producido una errónea interpretación del tipo penal sobre el cual versa la calificación jurídica que contiene la acusación fiscal, pues como quedó explanado ut supra, el delito de FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO, previsto y sancionado en el artículo 321 del Código Penal, amén de que puede cometerse de forma escrita, se puede llegar a configurar al momento de insertar en una Oficina de Registro de naturaleza pública como lo es el Mercantil, un documento contentivo de declaraciones falsas que versen sobre la identidad y estado, bien de quien lo suscribe o de un tercero, perfeccionándose con su sola inscripción, ya que se trata de un delito formal o de mera conducta y de peligro, donde no se requiere la producción de un resultado dañoso sino la sola posibilidad de que éste pueda materializarse.

   Por los razonamientos antes expuestos, consideran quienes aquí deciden, que con el propósito de proporcionar la tutela efectiva del derecho, que sirve de fundamento legal a la convivencia social, es menester para esta Sala ordenar la realización de una nueva Audiencia Preliminar, donde se interprete de manera acertada, tanto el tipo penal que sirve de sustento al escrito acusatorio del Ministerio Público, como de los tipos penales que encierran la acusación privada propuesta por la víctima de autos y los alegatos de la defensa los cuales deberán ser examinados por el órgano subjetivo competente en una nueva oportunidad, de modo tal que se cumplan las finalidades del proceso previstas en el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal.

   Por lo tanto, es procedente en derecho declarar con lugar, el Recurso de Apelación interpuesto por el ciudadano Dr. G.F.S.B., en su carácter de Fiscal Primero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, y por vía de consecuencia revocar, como en efecto se hace, la decisión dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en fecha 13 de febrero de 2004, en la cual se decretó el Sobreseimiento de la Causa iniciada en contra de los ciudadanos G.O.I. y M.H.M.D.P., por la presunta comisión del delito de FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO, previsto y castigado en el artículo 321 del Código Penal, cometido en perjuicio de la F.P. y del ciudadano F.C.L.; sobreseimiento que fuera dictado por el Tribunal recurrido de conformidad con lo establecido en el artículo 318 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.

   Por último, considera esta Sala que habiendo sido declarado con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Representante de la Vindicta Pública, produciéndose así la revocatoria de la decisión accionada, resulta inoficioso pasar a revisar la apelación interpuesta por la víctima de autos, ya que la misma persigue igualmente se produzca la revocatoria de la misma decisión. Y así se declara.

   DECISIÓN

   Por los fundamentos expuestos, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, Declara PRIMERO: Con lugar el Recurso de Apelación interpuesto, tanto por el ciudadano G.F.S.B., en su carácter de Fiscal Primero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. SEGUNDO: Revoca la decisión dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en fecha 13 de febrero de 2004, en la cual se decretó el Sobreseimiento de la Causa a favor de los ciudadanos G.O.I. y M.H.M.D.P., a quienes se les seguía proceso penal por la presunta comisión del delito de FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO, previsto y castigado en el artículo 321 del Código Penal, cometido en perjuicio de la F.P. y del ciudadano F.C.L.; sobreseimiento que fuera dictado por el Tribunal recurrido de conformidad con lo establecido en el artículo 318 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO: Ordena la realización de una nueva audiencia preliminar, la cual deberá ser llevada a efecto por un Juez distinto al que dictara la decisión revocada, la cual deberá adolecer de las omisiones en las que incurriera el Juez accionado. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal.

   QUEDA ASI DECLARADO CON LUGAR EL RECURSO INTERPUESTO Y REVOCADA LA DECISION APELADA.

   Publíquese, Regístrese.

   EL JUEZ PRESIDENTE,

   Dr. R.C.O..

   LAS JUEZAS PROFESIONALES,

   Dra. D.C.L.D.. L.R.D.I.

   Ponente

   LA SECRETARIA (E),

   Abg. L.V.R.

   En la misma fecha se registró la presente decisión bajo el Nº 091-04.-

   LA SECRETARIA ,

   Abg. L.V.R.

   Causa Nº 3Aa-2203-04

   AAdV/rómulo.-

   La suscrita Secretaria de la Corte de Apelaciones Sala Nº 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Abg. LAURA VÍLCHEZ. HACE CONSTAR que las anteriores copias son fieles y exactas de su original, la cuales cursan inserta a la causa No. 3Aa 2203-04, todo de conformidad a lo establecido en los artículos 111 y 112 del Código Procedimiento Civil. ASI LO CERTIFICO, en Maracaibo a los veinticinco (25) días del mes de marzo de dos mil cuatro.

   LA SECRETARIA,

   Abg. L.V.R.