Golpe demoledor a la obra creativa de Carlos Raúl Villanueva

Aprovechando el sosiego y la inacción de los días de Semana Santa, fue demolida una de las primeras quintas diseñadas por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, ubicada en la urbanización caraqueña de El Paraíso y construida en los albores de la década de 1940. En 2009 la quinta identificada con el nombre de Marfringa fue declarada bien cultural de la República por el Instituto de Patrimonio Cultural IPC y quedó amparada por la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. No es la primera vez que se aprovechan los días festivos para demoler obras de valor cultural. Sucedió con arquitecturas de Mujica Millán en Campo Alegre y, anteriormente, con valiosas construcciones coloniales en el centro de Caracas. Las demoliciones anteriores a 1993 tienen indulgencia por la ausencia de una ley protectora del patrimonio cultural, pero en el caso arriba señalado, la quinta de El Paraíso estaba amparada por la ley del 3 de septiembre de 1993, Gaceta Oficial N° 4.623 Extraordinario, promulgada durante el período de José Antonio Abreu como presidente del Conac y del suscrito como director de Patrimonio Cultural. La quinta Marfringa era una de las pocas obras de ese período inicial que aún quedaban en Caracas y de fundamental importancia para entender la evolución creativa del arquitecto autor de la Ciudad Universitaria de Caracas, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2001. La Ley de Protección y Defen sa del Patrimonio Cultural precisa en su artículo 2° que: la defensa del Patrimonio Cultural de la República es obligación del Estado y de la ciudadanía. Añade, además, que: es de utilidad pública la preservación, defensa y salvaguardia de todas las obras que se encuentren en el territorio de la República. En el artículo 21 advierte que: nadie podrá emprender o autorizar actos de demolición, reformas, reparaciones y restauraciones, sin que medie la aprobación escrita del Instituto de Patrimonio Cultural. En el artículo 28 reafirma que el IPC tiene la facultad de impedir o paralizar cualquier trabajo que se realice sin su aprobación y podrá ordenar la reposición del bien a su estado anterior. Y para concluir advierte que: será penado con dos a cuatro años de prisión quien destruya, deteriore o dañe cualesquiera de los bienes establecidos en esta Ley. La reacción del IPC ha sido in mediata y su presidente, Raúl Grioni, rechazó contundentemente la demolición ilegal y aseguró que los responsables serán castigados con todo el peso...

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