Sentencia nº 00975 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 7 de Octubre de 2010

Crear aduanas, ni impuestos de importación, de exportación o de tránsito sobre bienes extranjeros o nacionales, o sobre las demás materias rentísticas de la competencia nacional o municipal.

Gravar bienes de consumo antes de que entren en circulación dentro de su territorio;

Prohibir el consumo de bienes producidos fuera de su territorio, no gravarlos en formas diferentes a los producidos en él;

Crear impuestos sobre el ganado en pie y sobe sus productos o subproductos”. (Destacados de la Sala).

Artículo 31. Los Municipios tendrán los siguientes ingresos:

Primero. El producto de sus ejidos y bienes propios;

Segundo. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios;

Tercero. Las patentes sobre industria, comercio y vehículos y los impuestos sobre inmuebles urbanos y espectáculos públicos.

Cuarto. Las multas que impongan las autoridades municipales, y las demás que legalmente les sean atribuidas;

Quinto. Las subvenciones estadales o nacionales y los donativos; y

Sexto. Los demás impuestos, tasas y contribuciones especiales que crearen de conformidad con la ley

. (Destacados de la Sala).

Artículo 136. Es de la competencia del Poder Nacional:

Primero. (…)

(…omissis…)

Vigesimoquinto. (…)

. (Destacado de la Sala).

De las normas supra citadas se desprenden las prohibiciones a que están sujetos los Estados, las actividades que generan ingresos a los Municipios y, finalmente, las actividades que son competencia del Poder Público Nacional.

Precisado lo anterior y a los fines de decidir sobre el particular debatido y ya citado, considera esta Alzada impretermitible traer a colación la jurisprudencia pacífica y reiterada sentada por las Sala Político-Administrativa y Plena de la extinta Corte Suprema de Justicia, acogida por esta Sala Político-Administrativa para un caso similar al de autos, específicamente, en su sentencia N° 002258 del 18 de octubre de 2006, caso: Forwest de Venezuela, C.A., conforme al cual “a la luz de los términos en que fue dictada la Constitución de la República de Venezuela de 1961, la demanialidad de las aguas era competencia única y exclusiva del Poder Nacional; resultando por tanto, que las actividades desarrolladas en las aguas del Lago de Maracaibo pertenecían a la reserva legal, no pudiendo entonces los Estados ni los Municipios regular las materias vinculadas a las mismas y mucho menos establecer gravámenes locales sobre las operaciones desarrolladas en dichas aguas”. (Destacado de la Sala).

Ahora bien, atendiendo a lo expuesto y circunscribiéndonos al caso de autos, pudo advertir la Sala que el a quo erró al considerar al Municipio Lagunillas del Estado Zulia “competente por la materia para ejercer su potestad tributaria, por las actividades económicas de servicios prestados por la accionante”. En razón de ello, debe concluirse que la recurrida tal como fue denunciado por la contribuyente, incurrió en el vicio de infracción de Ley, por errónea interpretación y aplicación de los artículos 18, 31 y 136 de la entonces vigente Constitución de 1961. Así se declara.

2) En cuanto al presunto desconocimiento de la Ley.

A los fines de emitir pronunciamiento al respecto, debe advertir previamente la Sala que la representación de la empresa apelante alegó tal delación al considerar que la recurrida obvió “la aplicación en el presente juicio del criterio judicial de carácter normativo sentado por la Sala Constitucional (…) en el fallo de fecha 14 de marzo de 2004, ratificado por la Sala Político Administrativa en decisión de fecha 17 de octubre de 2006 (caso: FORWEST DE VENEZUELA, C.A. vs Municipio Lagunillas del Estado Zulia)…”, referido supra. (Destacado de la cita y subrayado de la Sala).

Así las cosas, en consonancia con lo declarado en el punto N° 1 del presente fallo y como quiera que el a quo consideró erradamente que bajo la Constitución de 1961 los municipios podían ejercer su facultad tributaria “sobre actividades realizadas en aguas consideradas territorio Nacional”, concluye esta Alzada, que ciertamente el Tribunal de la causa incurrió en el vicio de desconocimiento de Ley, por cuanto obvió en el caso analizado la aplicación del mencionado criterio jurisprudencial Así se decide.

3) Sobre la incongruencia negativa denunciada.

A los fines de decidir sobre el referido particular, advierte la Sala que su jurisprudencia ha sido pacífica al señalar que, de conformidad con los preceptos del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, toda sentencia debe contener una “Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas”; de esta forma, cuando no exista la debida correspondencia entre lo decidido y las pretensiones y defensas de las partes, se producirá el vicio de incongruencia, el cual se manifiesta cuando el juez con su decisión modifica la controversia judicial debatida, bien porque no se limitó a resolver sólo lo pretendido por las partes, o bien porque no resolvió sobre algunas de las pretensiones o defensas expresadas por los sujetos en el litigio. Precisamente ante el segundo supuesto citado, se estará en presencia de una incongruencia negativa, visto que el fallo omite el debido pronunciamiento sobre alguna de las pretensiones procesales de las partes en la controversia judicial. (Vid. Sentencia N° 01831 del 16 de diciembre de 2009, caso: Metanol de Oriente Metor, C.A.). (Destacados de la Sala).

Delimitado lo anterior, se observa que en el caso de autos la representación judicial de la empresa apelante denunció en su escrito de fundamentación, que el a quo obvió analizar y decidir la “incompetencia manifiesta” de los principales funcionarios fiscales actuantes en el levantamiento del reparo recurrido; asimismo, silenció en los fundamentos de su decisión la prueba documental aportada por Servicios Halliburton de Venezuela, S.A., referida a las copias de un acta judicial levantada durante el testimonio rendido por la ciudadana M.M. (fiscal actuante en el presente caso) en el cual dicha ciudadana admite ser ingeniero geodesta, lo que demostraba su desconocimiento contable y técnico para ejercer las labores que se requieren para el cargo de fiscalizador en materia de impuesto municipal sobre patente de industria y comercio.

Frente a tal denuncia, pudo constatar esta Alzada de las actas del expediente, específicamente del examen al escrito recursivo y del fallo apelado, que ciertamente como lo sostiene la representación de la apelante, el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas no se pronunció sobre los precedentes alegatos, incurriendo de tal forma conforme al citado criterio jurisprudencial en el vicio de incongruencia negativa, por contravenir lo dispuesto en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, trayendo como consecuencia la nulidad de la sentencia recurrida, a tenor de lo establecido en el artículo 244 eiusdem. Así se declara.

4) Sobre la denuncia de incorrecta apreciación de los hechos y de las pruebas.

A los fines decisorios, la Sala considera pertinente citar su sentencia N° 00183 de fecha 14 de febrero de 2008, caso: Banesco Banco Universal, C.A., en la que con relación al falso supuesto de hecho, se indicó lo siguiente:

“(...) de acuerdo a pacífica y reiterada jurisprudencia de esta Sala, el vicio de suposición falsa en las decisiones judiciales se configura, por una parte, cuando el Juez, al dictar un determinado fallo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o que no guardan la debida vinculación con el o los asuntos objeto de decisión, verificándose de esta forma el denominado falso supuesto de hecho. Por otro lado, cuando los hechos que sirven de fundamento a la decisión existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero el órgano jurisdiccional al emitir su pronunciamiento los subsume en una norma errónea o inexistente en el derecho positivo, o incurre en una errada interpretación de las disposiciones aplicadas, se materializa el falso supuesto de derecho (...)”. (Destacado de la Sala).

Efectuada tal precisión, observa igualmente la Sala que en el caso de autos la parte apelante sustentó dicha denuncia señalando que: “La sentencia recurrida se encuentra viciada de nulidad de conformidad con lo establecido en los artículos 243, ordinal 4 y 320 del C.P.C., (…) toda vez que el a-quo equivocadamente consideró que el hecho de que en el informe consignado por los expertos contables se hiciera alusión a ‘ejemplos’ de facturas y de datos, bastaba para concluir que únicamente los citados ejemplos podían constituir prueba de las indebidas inclusiones de ingresos no gravables por el Municipio Lagunillas, cuando una correcta apreciación de la pruebas necesariamente llevaba al establecimiento de un grave indicio de infracciones a las normas tributarias municipales en la determinación de los ingresos gravables”. (Destacado y subrayado de la Sala). (Sic).

Advertido lo anterior, juzga esta Sala necesario examinar el fallo apelado con el propósito de constatar o desechar la argumentación sobre el particular esgrimida por la parte apelante. En este sentido, aprecia que la decisión recurrida concluyó lo siguiente: “la experticia se limitó a probar que la recurrente obtuvo ingresos por servicios prestados en gabarras ubicadas en el Lago de Maracaibo desde el Municipio Lagunillas del Estado Zulia y que solamente las facturas enunciadas en la experticia y cuya copia se anexó al informe pericial (…) deben excluirse del reparo…”. (Destacados de la Sala).

Del mismo modo, considera impretermitible atender al informe pericial cursante al folio 276 y siguientes del expediente judicial. En dicho informe los expertos contables dejaron constancia de lo siguiente:

1.- Que Servicios Halliburton de Venezuela, S.A., generó ingresos brutos por la cantidad de Bs. 7.752.004.154,04 en el Municipio Lagunillas del Estado Zulia.

2.- Que la mencionada sociedad mercantil declaró ingresos brutos por la suma de Bs. 7.752.004.154,04.

3.- Que “se incluyeron facturas declaradas por la empresa en otras jurisdicciones”.

4. - Que “la empresa declaró y pagó impuestos sobre Patente de Industria y Comercio en otras jurisdicciones del Territorio Nacional”.

5. - Que “se incluyeron cantidades correspondientes a ingresos brutos obtenidos por prestación de servicio en jurisdicciones del Lago de Maracaibo (Gabarra)”.

6. Que “dentro de la relación de los fiscales actuantes se incluyeron facturas por concepto de ventas de activo fijo y gastos reembolsables”.

   De esta forma, conforme al citado criterio jurisprudencial y circunscribiéndonos al presente asunto, pudo constatar la Sala que ciertamente como lo sostiene la representación de la apelante, el sentenciador de instancia incurrió en incorrecta apreciación de los hechos y de las pruebas, al considerar que “…solamente las facturas enunciadas en la experticia y cuya copia se anexó al informe pericial (…) deben excluirse del reparo…”, ya que del informe pericial precedentemente examinado se desprende que “se incluyeron facturas declaradas por la empresa en otras jurisdicciones”. En razón de lo expuesto, y por cuanto el Tribunal de la causa fundamentó su decisión en hechos que esta Sala aprecia inexistentes considerando la imposibilidad de su constatación; es por lo que se concluye que el mencionado Órgano Jurisdiccional apreció erróneamente los hechos y las pruebas incurriendo en ese sentido en el vicio de falso supuesto de hecho. Así se decide.

   5) Sobre la presunta contradicción de la sentencia.

   La apelante alegó que la sentencia recurrida es nula de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto su parte motiva y dispositiva se contradicen a tal punto que no aparece qué fue lo decidido por el Tribunal.

   En atención a lo indicado, la Sala considera oportuno reiterar lo que sobre el vicio de contradicción ha venido sosteniendo en diferentes fallos, entre ellos, los Nros. 00884, 00833 y 00567 dictados en fechas 30 de julio de 2008, 10 de junio de 2009 y más recientemente el 16 de junio de 2010, casos: Distribuidora de Agua Mineral Royal, S.R.L., Telcel, C.A. y Hermanos Médico, C.A., respectivamente, mediante los cuales se estableció:

   (…) La más reciente doctrina de este Alto Tribunal ha señalado, que el vicio de inmotivación (dentro del cual puede ubicarse el vicio de contradicción) no sólo se produce al faltar de manera absoluta los fundamentos de la decisión, sino que, paralelamente, existen otros supuestos que al incidir de manera claramente negativa sobre los motivos del fallo los eliminan, deviniendo así en inexistentes, por lo que tales errores producen la inmotivación total, pura y simple.

   En este sentido, se ha señalado que tales circunstancias pueden ocurrir bajo las siguientes hipótesis:

   · Ausencia absoluta de razonamientos que sirven de fundamento a la decisión.

   · Contradicciones graves en los propios motivos que implican su destrucción recíproca.

   · La desconexión total entre los fundamentos de la sentencia y las pretensiones de las partes, en virtud de la grave incongruencia entre la solución jurídica formulada y el thema decidendum.

   · La inteligencia de la motivación en razón de contener razones vagas, generales, ilógicas, impertinentes o absurdas.

   · El defecto de actividad, denominado silencio de prueba

   . (Destacado de la Sala).

   Delimitado lo anterior y a los fines de decidir sobre el denunciado vicio, pasa la Sala a revisar la decisión recurrida y en ese sentido advierte que ciertamente el a quo incurrió en contradicción, toda vez que por una parte, expresó que “pareciera ser válida la afirmación hecha por la recurrente, según la cual, los ingresos derivados de la actividad económica de los servicios, no estarían sujetos a la potestad tributaria de los municipios,…”, y por la otra, sostiene que “no cabe duda acerca del ejercicio de una actividad lucrativa, [en las aguas del Lago de Maracaibo] [realizada por la mencionada empresa desde su establecimiento permanente en el sector Las Morochas, Ciudad Ojeda, Municipio Lagunillas] lo cual genera que se encuentre dentro de los supuestos del Hecho Imponible de la Ordenanza reguladora de la Patente de Industria y Comercio y, en consecuencia, sujeto a tributación por concepto de Patente de Industria y Comercio conforme al Parágrafo Segundo del Artículo 2 de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio del Municipio Lagunillas del Estado Zulia”. (Destacados de la Sala). Asimismo, que “…la tributación por la actividad económica de los servicios (comercio de bienes intangibles o prestación de servicios) (…) está reservada constitucionalmente a los Municipios y (…) no (…) sujeta de tributación (…) por el Poder Nacional…”. (Destacados y agregados de la Sala).

   Del mismo modo advierte la Sala contradicción en la sentencia cuando por una parte el a quo, como bien lo señala la apelante, declara sin lugar el recurso contencioso tributario y confirma los actos administrativos impugnados y por la otra, expresa “que deben ser ajustados conforme a los términos del presente fallo”, en razón de lo expuesto, y aplicando el criterio expresado supra se concluye que la recurrida incurrió en el vicio de contradicción de la sentencia. Así se declara.

   Ahora bien, visto lo anterior y como quiera que fue declarado mediante el presente fallo que la sentencia del a quo incurrió en todos los vicios señalados, juzga esta Alzada que lo procedente en este caso es declarar expresamente su nulidad. Así finalmente se declara.

   Fondo del asunto

   Resuelto como ha sido el punto de previo pronunciamiento (referido a los presuntos vicios de la sentencia del a quo) considera esta Superioridad que debe decidir en cuanto al fondo debatido en la presente causa, circunscrito así: en primer lugar, si el Municipio Lagunillas del Estado Zulia tenía o no la potestad para gravar las actividades económicas realizadas por la sociedad mercantil recurrente en el Lago de Maracaibo y, en segundo lugar, si dicha compañía podía ser considerada como contribuyente del entonces impuesto sobre patente de industria y comercio.

   En tal sentido, la Sala estima necesario analizar previamente ciertos aspectos relativos a la potestad tributaria de los Municipios y su competencia en el ordenamiento positivo, a la luz de la Constitución de la República de Venezuela de 1961, aplicable ratione temporis.

   Así las cosas, es oportuno destacar que en casos similares al de autos (Vid. sentencias N° 00885 del 5 de abril de 2006, caso: Noble Drilling de Venezuela, C.A., Nº 02258 del 18 de octubre de 2006, caso: Forwest de Venezuela, C.A., N° 02758 del 30 de noviembre de 2006, caso: Foramer de Venezuela, S.A., Nº 01910 del 22 de noviembre de 2007, caso: Servicios Halliburton de Venezuela, S.A., y más recientemente, en su decisión Nº 00583 del 17 de junio de 2010, caso: A.C.B.L. de Venezuela, C.A.), conforme a las profusas interpretaciones jurisprudenciales de este M.T. respecto a la reserva legal de la demanialidad de las aguas exclusivamente en el Poder Nacional y sus limitaciones, esta Sala estableció lo siguiente:

   (…) en reiteradas ocasiones, la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia y del actual Tribunal Supremo de Justicia, se pronunció acerca de la facultad que tienen los Municipios para crear o establecer tributos respecto a las personas o bienes que se encuentren en su jurisdicción y dentro de los límites que le imponen las esferas competenciales atribuidas constitucionalmente a los otros entes políticos-territoriales (República y Estados).

   En tal sentido, destacó la Sala que bajo el imperio de la Constitución de 1961, los Municipios como unidades político primarias de la organización territorial, ostentaban autonomía para crear, recaudar e invertir libremente sus ingresos, a tenor de lo previsto en el artículo 29 de dicho texto constitucional, consagrándose además, en el artículo 31 eiusdem, todo lo relativo al sistema de ingresos atribuidos a tales entes territoriales, en los siguientes términos:

   (…omissis…)

   Con base en lo dispuesto en el artículo precedente, podían los Municipios exigir respecto de las personas que se encontraran en su jurisdicción, el cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de la concreción del hecho generador del denominado impuesto sobre patente de industria y comercio, el cual incidía sobre aquellas actividades comerciales, industriales y de índole similar desarrolladas por dichos sujetos en el ámbito de la circunscripción territorial del ente exactor. No obstante, tal potestad, interpretó la Sala, debía ejercerse dentro de los límites constitucionalmente impuestos y en respeto, como se indicó, de las restantes esferas competenciales atribuidas al Poder Nacional y al Poder Estadal, según lo dispuesto en los artículos 18, 34 y 136, numerales 8, 10 y 20, de la Constitución de la República de Venezuela de 1961. (Destacado de la Sala).

   Advirtió la Sala en atención a la normativa citada, que la autonomía establecida a favor de los Municipios, dentro de la cual se encuentra la tributaria, fue concebida por el Constituyente de 1961 en un nivel competencial determinado, que encontraba sus limitaciones tanto en las disposiciones anteriormente transcritas como en aquellas derivadas del ejercicio de las potestades tributarias consagradas a los otros entes político-territoriales, a saber, la República y los Estados.

   (…) Aunado a lo anterior, debe destacarse asimismo lo indicado en la profusa jurisprudencia emanada tanto de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario y de las Salas Político-Administrativa y Plena de la extinta Corte Suprema de Justicia, así como de este Tribunal Supremo, conforme a la cual se ha sostenido, a tenor de lo señalado en el supra citado ordinal 10° y en el ordinal 24° del artículo 136 de la Constitución de la República de Venezuela de 1961, en concordancia con el artículo 139 eiusdem, que si bien los Municipios podían organizar sus rentas, debían hacerlo tal como lo preceptuaba el artículo 18 del texto constitucional, el cual prohibía a los Estados y por remisión a los Municipios, crear impuestos sobre las materias rentísticas reservadas al Poder Nacional.

   De esta forma, se indicó que todo lo relacionado con el régimen y administración, fomento y aprovechamiento de las aguas y otras riquezas naturales del país, formaba parte de la denominada reserva legal, que la Constitución de 1961 confería al Poder Nacional y, por tanto, de su regulación exclusiva; motivo por el cual, dichas materias y la reglamentación sobre las mismas (incluyendo la tributaria) por estar atribuidas competencialmente al Poder Nacional, resultaban vedadas a los entes político-territoriales menores (Estados y Municipios). Tal afirmación, resultaba ratificada además por las disposiciones normativas que sobre el particular contenían tanto la Ley de Navegación en su artículo 4, como la Ley sobre el M.T., la Plataforma Continental, Protección de la Pesca y Espacio Aéreo, artículos 1 y 4, vigentes para esa época, toda vez que reconocían expresamente la competencia exclusiva y excluyente del Poder Nacional respecto de los Estados y Municipios sobre las aguas territoriales o interiores y sus riberas; el mar territorial y el suelo, así como el subsuelo de la plataforma submarina, para regular dichas materias y, por consiguiente, establecer gravámenes sobre las mismas.

   .

   Ahora bien, conforme a lo antes expuesto y circunscribiéndonos al caso de autos, pudo advertir esta Alzada, en primer término, de las actas insertas en el expediente, que la compañía recurrente realiza actividades económicas relacionadas con la venta de bienes y servicios en el Lago de Maracaibo, principalmente a las Filiales de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA en lo sucesivo) y eventualmente a otros clientes que también se dedican al negocio petrolero tanto en Venezuela como a nivel internacional. Por otra parte, que en su escrito recursivo denunció la nulidad de la “Resolución para determinar obligaciones tributarias provenientes de reparos fiscales N° DH-SHV-11-07-00-04 (…) para el primer semestre del año 2000”, emanada de la Dirección de Hacienda de la Alcaldía del Municipio Lagunillas del Estado Zulia de fecha 11 de julio de 2000, pues a su decir, la misma está viciada de nulidad absoluta por ausencia absoluta de procedimiento y por falso supuesto de hecho.

   En razón de ello, siendo la actividad desplegada por la sociedad de comercio Halliburton de Venezuela, S.A., la “VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (…) principalmente a las Filiales de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA, en lo sucesivo)…” en el Lago de Maracaibo, resulta -a tenor de lo previsto en las disposiciones normativas preceptuadas en la Constitución de 1961 (artículo 136, ordinales 8°, 10° y 24°, en concordancia con el artículo 139 eiusdem)-, aplicable al caso de autos en razón de su vigencia temporal para el ejercicio económico reparado (1999), y atendiendo a las decisiones judiciales referidas en el fallo precedentemente citado, dictadas en forma pacífica y reiterada por más de cuatro décadas, que dicha actividad pertenece a aquellas de la denominada reserva legal establecida en favor del Poder Nacional y que escapa, por consiguiente, de toda regulación y control por parte de los Estados y Municipios, no pudiendo estos últimos establecer, ni mucho menos exigir, so pena de nulidad, tributo alguno respecto de tales materias rentísticas de la República. Así se declara. (Destacados de la Sala). (Vid. Sentencia de la Sala Político-Administrativa N° 02258 del 18 de octubre de 2006, caso: Forwest de Venezuela, C.A.).

   No obstante la declaratoria que antecede, esta Sala Político-Administrativa no puede inadvertir que en diciembre de 1999, se instauró en nuestro país un Poder Constituyente a los fines de sancionar un nuevo texto constitucional, en el cual se plasmaran las realidades de nuestra sociedad contemporánea; ello así, sucedió que en tal oportunidad fueron reguladas las competencias atribuidas a cada uno de los entes político-territoriales que conforman la República y, en especial, las potestades conferidas a dichos entes, en términos más amplios de la fórmula constitucional de 1961; lo cual quedó consagrado en los artículos 156, 168, 179, 180 y 183 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Asimismo, lo relativo al sistema de las aguas y su dominialidad, fue regulado en el nuevo texto constitucional en su artículo 304. (Vid. Sentencia de la Sala Político-Administrativa N° 02258 del 18 de octubre de 2006, caso: Forwest de Venezuela, C.A., y más reciente, la N° 00583 del 17/06/2010, caso: A.C.B.L. de Venezuela, C.A.).

   En ese orden de ideas, mediando una nueva Constitución dictada en términos más amplios que los consagrados en la Carta Magna de 1961, se impuso la necesidad de interpretar algunos de los novedosos preceptos constitucionales adoptados por el Constituyente de 1999; siendo ello así, la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal mediante sentencia N° 285 del 04 de marzo de 2004, dictada con ocasión de dos recursos de interpretación solicitados por el ciudadano Alcalde del Municipio S.B. delE.Z. y por las sociedades mercantiles BJ Services de Venezuela, CA., Nimir Petroleum Venezuela, B.V., Baker Hughes de Venezuela, S.A. y Servicios Halliburton de Venezuela, S.A., respectivamente, interpretó el alcance normativo de las previsiones constitucionales contenidas en los artículos 16, 164, numeral 2, 180, 304 y de la Disposición Transitoria Cuarta, numeral 7.

   Así, de la interpretación que la Sala Constitucional hiciera de los artículos 180 y 304 del Texto Fundamental, debe concluirse a la luz del referido Texto Constitucional de 1999, que a diferencia de lo que ocurría bajo el imperio de la Constitución derogada (1961), la declaratoria de demanialidad de las aguas y sus regímenes de afectación y aprovechamiento público no implica afectación alguna por parte del Poder Nacional respecto de las competencias atribuidas a los Estados y Municipios, y específicamente en cuanto a estos últimos, que las actividades económicas desarrolladas en tales aguas del dominio público, sean gravables con los impuestos municipales correspondientes, salvo que se trate de un supuesto de excepción expresa.

   No obstante, debe esta Sala hacer la salvedad que las actuaciones verificadas en el presente caso se cumplieron bajo la plena vigencia de la Constitución de la República de Venezuela de 1961, vale decir, bajo el imperio de las disposiciones constitucionales contenidas en los arriba citados artículos 18, 31 y 136, dado que el período del impuesto sobre patente de industria y comercio que pretendió exigirle el Municipio Lagunillas del Estado Zulia a la sociedad mercantil SERVICIOS HALLIBURTON, S.A., está comprendido desde el 1° de enero de 1999 al 31 de diciembre del mismo año, ejercicio económico para el cual se encontraba en vigencia el Texto Constitucional de 1961; en consecuencia, juzga esta Sala que aun cuando el criterio interpretativo dado por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal a la nueva Constitución (1999) resulta vinculante para esta Sala Político-Administrativa, no podría esta Sala aplicarlo al caso de autos en razón de su vigencia temporal, pues ello supondría una violación del principio de irretroactividad de las leyes (artículo 24 de la Constitución vigente), sancionable con la inconstitucionalidad.

   En tal sentido, debe esta M.I. dejar en claro que el referido proceder en nada desconoce los criterios vinculantes dictados por la Sala Constituc ional de este Alto Tribunal, pues el sentado en la decisión judicial N° 285 del 04 de marzo de 2004, arriba transcrita, fue dictado como se dijo, a la luz de las normas establecidas en el texto de 1999, siendo por consiguiente, que su alcance no podría extenderse en modo alguno a las disposiciones de la Constitución de 1961.

   Por las razones que anteceden, esta Sala Político-Administrativa juzga que para el presente caso, el criterio interpretativo sentado por la Sala Constitucional en el aludido fallo, no resulta aplicable; motivo por el cual, esta M.I. ratifica una vez más, mediante la presente decisión, la jurisprudencia pacífica y reiterada sentada por las Salas Político-Administrativa y Plena de la entonces denominada Corte Suprema de Justicia, debiendo entenderse -en consecuencia- que a la luz de la Constitución de la República de Venezuela de 1961, la demanialidad de las aguas era competencia única y exclusiva del Poder Nacional; resultando por tanto, que las actividades desarrolladas en las aguas del Lago de Maracaibo pertenecían a la reserva legal, no pudiendo entonces los Estados ni los Municipios regular las materias vinculadas a las mismas y mucho menos establecer gravámenes locales sobre las operaciones desarrolladas en dichas aguas. Así se declara.

   Ahora bien, conforme a lo anterior quedó establecido que de acuerdo con los términos de la Constitución de la República de Venezuela de 1961, los Municipios no podían establecer gravámenes respecto de las materias reservadas al Poder Nacional, dentro de las cuales se encontraba la relacionada con el régimen de explotación de las aguas; siendo ello así, resultaba que -en principio- la sociedad mercantil Servicios Halliburton de Venezuela, S.A., no era sujeto pasivo del impuesto sobre patente de industria y comercio en la jurisdicción del Municipio Lagunillas del Estado Zulia por las actividades que desarrollaba en las aguas del Lago de Maracaibo.

   En razón de las argumentaciones anteriormente indicadas y en consideración a la competencia exclusiva del Poder Nacional prevista en el artículo 136, ordinales 8º, 10º y 20º de la Constitución de 1961, así como a las limitaciones autonómicas reiteradas por jurisprudencia de este Alto Tribunal y a la competencia por la materia y por el territorio de los municipios, previstas en dicha Constitución en su artículo 31, limitadas por el artículo 18 por remisión expresa del artículo 34, esta Sala declara improcedente la pretensión municipal de gravar, en el caso de autos, con el impuesto sobre patente de industria y comercio las actividades comerciales o industriales que realizó la sociedad mercantil Servicios Halliburton de Venezuela, S.A., en el Lago de Maracaibo, por ser este un bien del dominio público nacional, ubicado fuera de la jurisdicción del referido Municipio; siendo materia de la reserva legal nacional, cuya competencia se traduce en el control, administración y fiscalización de las actividades realizadas en dicho Lago. Así, viola el principio de la territorialidad del tributo y el principio de la reserva legal nacional, lo cual implica una invasión a su potestad regulatoria y tributaria en materia de control, administración, conservación y aprovechamiento de las riquezas naturales del Lago de Maracaibo, conforme a la normativa supra transcrita. (Vid. Sentencia de la Sala Político-Administrativa N° 02258 del 18 de octubre de 2006, caso: Forwest de Venezuela, C.A., y más reciente, la N° 00583 del 17/06/2010, caso: A.C.B.L. de Venezuela, C.A.).

   Por ello, las actividades económicas que en forma permanente se realizaron en los establecimientos ubicados en ese territorio extramunicipal (Lago de Maracaibo), no eran susceptibles de imposición respecto del citado impuesto sobre patente de industria y comercio, por cuanto a tenor del Texto Constitucional aplicable al caso de autos, su regulación forma parte de la llamada reserva legal de la República. Así se decide.

   En razón de la precedente declaratoria, siendo que la potestad tributaria de los municipios obedece a una autonomía limitada en los términos de la Constitución de 1961 y de las Leyes, por lo cual sus actos deben ceñirse a los cuerpos normativos que las rigen, se observa que con la emisión del acto administrativo impugnado, contenido en la “Resolución para determinar obligaciones tributarias provenientes de reparos fiscales N° DH-SHV-11-07-00-04 (…) para el primer semestre del año 2000”, de fecha 11 de julio de 2000, emanada del Director de Hacienda de la Alcaldía del Municipio Lagunillas del Estado Zulia mediante la cual le fue formulado un reparo fiscal a la contribuyente, por la cantidad de Cuatrocientos Cuarenta Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Siete Bolívares con Cincuenta y Nueve Céntimos (Bs. 440.299.947,59), hoy Cuatrocientos Cuarenta Mil Doscientos Noventa y Nueve Bolívares con Noventa y Cinco Céntimos (Bs. 440.299,95), en concepto del entonces impuesto sobre patente de industria y comercio para el ejercicio fiscal correspondiente al año 1999, se violaron los principios de territorialidad y de la reserva legal nacional, además de que se invadió su potestad regulatoria y tributaria. En consecuencia, esta Sala debe declarar la nulidad absoluta de tal acto, conforme a la previsión del numeral 3 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Así se declara.

   Conforme a todo lo antes expuesto, se impone a esta Sala declarar con lugar la apelación ejercida por la representación judicial de la sociedad mercantil Servicios Halliburton de Venezuela, S.A., contra la sentencia N° 154/2006 de fecha 13 de octubre de 2006, dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la mencionada sociedad. Así finalmente se declara.

   Vista la declaratoria precedente, correspondería a esta Alzada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente al caso de autos por remisión expresa del artículo 327 del Código Orgánico Tributario vigente, condenar en costas a la Alcaldía del Municipio Lagunillas del Estado Zulia en razón de haber resultado totalmente vencida en la presente causa; no obstante lo anterior, debe destacarse que esta Sala Político-Administrativa fijó criterio con relación a la extensión de los privilegios de la República a los Municipios, en su sentencia N° 01995 dictada el 6 de diciembre de 2007, caso: Praxair Venezuela, S.C.A., en los términos siguientes: “(…) un ente público no puede actuar en juicio en las mismas condiciones que un particular, en virtud de la magnitud de la responsabilidad legal que posee en un procedimiento, considera que al igual que la República, se amerita que los Municipios, (…) gocen en juicio de ciertas condiciones especiales, en resguardo de los intereses superiores que rigen la actuación pública de dichos entes políticos territoriales (…)”.

   Adicionalmente, resulta pertinente hacer referencia al criterio sostenido por la Sala Constitucional de este M.T. en la sentencia N° 1238 del 30 de septiembre de 2009, caso: J.I.R.D., el cual es del tenor siguiente: “(…) En virtud de los criterios jurisprudenciales expuestos, esta Sala considera que el enunciado normativo de prohibición de condenatoria en costas a la República encuentra una justificación constitucional por lo que debe prevalecer como privilegio procesal cuando ésta resulta vencida en los juicios en los que haya sido parte por intermedio de cualquiera de sus órganos, (…)”. (Destacado de esta Sala).

   En atención a los criterios citados, se advierte que tal condenatoria resulta improcedente por ser violatoria del régimen de prerrogativas procesales consagradas a favor de la República, beneficio extensible a los Municipios, todo lo cual impide a esta Alzada aplicar al caso de autos las disposiciones normativas aludidas anteriormente. Así se declara.

   V

   DECISIÓN

   En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1. - CON LUGAR la apelación ejercida por la representación judicial de la contribuyente SERVICIOS HALLIBURTON DE VENEZUELA, S.A., contra la sentencia N° 154/2006, dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 13 de octubre de 2006, en consecuencia, se ANULA la indicada decisión.

2. - CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la mencionada contribuyente contra la “Resolución para determinar obligaciones tributarias provenientes de reparos fiscales N° DH-SHV-11-07-00-04 (…) para el primer semestre del año 2000”, emanada de la Dirección de Hacienda de la Alcaldía del Municipio Lagunillas del Estado Zulia el día 11 del mismo mes y año, mediante la cual la referida Dirección procedió a determinar reparos a la mencionada empresa en materia del entonces impuesto sobre patente de industria y comercio, en consecuencia, se declara la nulidad absoluta de la referida resolución.

   NO PROCEDE condenar en costas al Municipio Lagunillas del Estado Zulia, atendiendo al criterio sentado en el caso J.I.R.D., antes referido.

   Publíquese, regístrese y notifíquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

   Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los seis (06) días del mes de octubre del año dos mil diez (2010). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

   La Presidenta

   EVELYN MARRERO ORTÍZ

   La Vicepresidenta

   YOLANDA J.G.

   Los Magistrados,

   L.I. ZERPA

   Ponente

   HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

   E.G.R.

   La Secretaria,

   S.Y.G.

   En siete (07) de octubre del año dos mil diez, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00975, la cual no está firmada por el Magistrado E.G.R., por motivos justificados.

   La Secretaria,

   S.Y.G.