Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 9 de Febrero de 2011

DE LOS VICIOS EN LA ACUSACION y CALIFICACION

La "ratio- iuris" de las normas es mantener el orden público, facilitar la seguridad jurídica y aplicar con uniformidad el Derecho.

La necesaria consecuencia ética o moral de la impunidad es la negación la de la Justicia o la imposición de la injusticia. La consecuencia jurídica de la impunidad es depravar todas las estructuras jurídicas. Y la consecuencia criminológica de la impunidad es el incremento de la violencia y los delitos, ya que uno de los principales factores de que no haya agresión al Derecho es el temor al castigo.

Ante la violación de las leyes hay la imperiosa necesidad de una reacción estatal, lo contrario es la impunidad. Si no hay la debida sanción legal, tanto por deficiencia, como por exceso, se pierde autoridad, se pierde soberanía y se pierde el estado de Derecho mismo.

Empero, aquella definición latina de ULPIANO sobre la Justicia, tiene una conexión lógica y ética con esta otra, también latina: "5ummum jus, summa injuria", esto es, "Exceso de justicia, exceso de injusticia" (CICERÓN). Todo esto es por considerar quienes suscriben, que lo notable del tramite de la audiencia preliminar, es lo que el legislador busco plantear en los diversos artículos, destacando el 329 del COPP, donde se plantea la confiabilidad, ya que las partes procesales se encuentran a fin discutir la solvencia de la acusación, la legalidad de las pruebas, y la posible violación de los derechos humanos, constitucionales y procesales, y sobre todo depurar las actuaciones para ser llevados a juicios aquellos hechos y circunstancia que solo bajo el debate contradictorio, darán pie una decisión a apegada a derecho. Si el juez de control constata que el fiscal ha acusado pasando por alto los elementos exculpatorios o trae a las actuaciones actos irritos o violatorios de normas fundamentales, deberá pronunciarse al respecto, y no ser complaciente con el representante de la vindicta publica, que presente una acusación que represente una oda a la inobservancia de los fundamentos de derecho, no debe, es mas no puede el juez aceptar una admisión de hechos para que el expediente pase a formar parte de una estadísticas judiciales, donde no se administra justicia, sino mas bien se sepulta el derecho a la defensa y el debido proceso. (Resaltado de la defensa)

Ha dejado establecido el máximo tribunal "que 'hechos' no es igual a 'calificación jurídica', por lo que admitir los 'hechos' establecidos en la acusación, de acuerdo con el contenido del artículo 376 de] Código Orgánico Procesal Penal, no implica la aceptación de la 'calificación jurídica' (…)”

Ahora bien, no hay que olvidar que la "calificación jurídica" se encuentra supedita a los "hechos". Para lograr la calificación jurídica se requiere de un proceso lógico conocido como "subsunción" que es el enlace de una situación particular, específica y concreta (los hechos), la previsión abstracta con e hipotética contenida en la ley (tipo penal).

Precisamente, el tipo penal calificado en el presente caso esta conformado por una serie de supuestos de hechos y una consecuencia jurídica, como por ejemplo, por nombrar alguno, el artículo 451 en relación con el 452.1 del Código Penal Venezolano, que prevé el delito de Hurto Agravado: 11 Todo aquel que se apodere de un algún objeto mueble perteneciente otro a para aprovecharse de él, quitándolo, sin el consentimiento de su dueño, del lugar donde se hallaba (supuesto de hecho), será penado con prisión de un año a cinco años (consecuencia jurídica) ... En las oficinas, archivos o establecimientos públicos...”. Siguiendo el ejemplo anterior, si la calificación jurídica consiste en un Hurto, lo que hace suponer que una persona se ha apoderado de algún objeto mueble de otra para aprovecharse de él, quitándolo, sin el consentimiento de su dueño, del lugar donde se hallaba, tal como lo establece la norma, de allí que no se debe calificar el Hurto Agravado porque el delito consumado de mayor pena absorbe para su ejecución el hurto señalado.

Mucho se ha dicho sobre la unidad y pluralidad de los delitos, nos resulta de interés para el derecho, calificar penalmente cada uno de los movimientos hechos por el autor del delito hasta llegar al hecho consumado de mayor entidad como tal, resulta de interés algunos de sus movimientos y la intención, su voluntad antijurídica, resulta que las múltiples acciones naturales se unifican en el plano jurídico penal dando vida a un solo hecho, y es este hecho el que allana la voluntad del sujeto activo, es decir actúa con la voluntad orientada a obtener un resultado predeterminado por el sujeto activo, específicamente el hurto de las planillas señaladas por la fiscalía son un paso inicial para llegar a la consumación de los otros tipo penales imputados, incluso cuando el legislador ha considerado la gravedad de los delito, especifica que dicho delitos pueden ser calificados individualmente, por ejemplo:

Artículo 426…

Artículo 458…

Por otra parte el Juez, en el procedimiento por admisión de los hechos, se encuentra facultado para cambiar la calificación jurídica, incluso luego que el acusado haya admitido los hechos, y condenarlos distintos a los cuales él voluntariamente consintió ser responsable, pero esto tiene algunas condiciones, entre si observa otras que faltan requisitos de procedencia que sustente la acusación, es mas la función del juez de control es controlar la actuación de las partes procesales y ese control se circunscribe a verificar que los hechos encuadren en el tipo penal de manera inequívoca, porque si el imputado admite por saberse incurso en una conducta antijurídica su escaso conocimiento de derecho le impide conocer hasta donde su conducta se traduce en un hecho punible, eI sujeto activo puede estar en conocimiento que lo que hace esta mal, lo que no sabe son las distintas aristas que lo agravan o lo atenúan, y es allí donde el Juez de control ejerce esa función de arbitro.

Siendo de importancia por cuanto la ciudadana imputada realiza una seudo admisión de hechos y expresamente detalla una serie de hechos ejecutados por los funcionarios los cuales violentan el derecho a la defensa y por ende el debido proceso, y evidencia lo irrito de las actuaciones, sin embargo el juez alejado de todas las garantías procesales, no se pronuncia sobre lo señalado por la imputada, quien por encontrarse sometida a un proceso judicial, no puede quedar desasistida de las garantías procesales y sus derechos fundamentales los cuales deben permanecer incólumes, siendo obligación de su defensa y del juez garantizarlos.

El juez en la etapa de control es un Juez de derecho, quien conoce de derecho, hacernos esta acotación toda vez que este Juez de control debe verificar los tipos penales imputados y al buscar encuadrar debe constatar que los hechos se subsumen en el tipo penal, no se trata de que el imputado admita los hechos y el juez se sienta corno espectador, dando pie a que la acusación quede plenamente admitida sin constatar que los hechos se encuadran en el tipo penal, generando la violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de la norma jurídica, tal como lo establece el ordinal 4 del articulo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que el juez debió verificar sin entrar al fondo de la valoración de las pruebas y constatar en que consistían cada uno de los tipos penal imputados ver que el tipo penal imputado esta establecido en la norma penal sustantiva, y no limitarse a que este establecido sino que debe existir una correlación entre lo imputado, lo investigado y el tipo penal acusado, sin embargo al entrar en vigencia la ley especial, propia de la materia, los hechos calificados por la norma especial desplaza la imputación basada en la norma penal sustantiva, de allí que el Juez aplico erróneamente las normas al momento de condenar a la imputada, debió apartarse por ejemplo del hurto agravado, ya que la fiscalía al señalar que se encontraban ante un concurso real de delitos, anuncia que se sucedieron varios hechos para llegar a materializar el tipo penal, forjamiento del documento.

En efecto, la rígida y estricta Justicia requiere ser impartida con el ánimo más ecuánime, pues de lo contrario será difícil discernir lo que merecen las acciones ajenas o de los justiciables. Y pueden cometerse iniquidades si, olvidando esa ponderación, se aplica la ley con exceso de rigurosidad, pasando hacer la Aplicación de la Justicia, injusta.

Por ello la Constitución hace primar la Justicia sobre toda otra consideración y en su artículo 257 manda:

(Omissis)

En ese mismo sentido, aseveró Montesquieu que….

Por lo antes expuesto es criterio de esta defensa que no existen tal cantidad de delitos, la calificación debió ser otra. En cuanto a la penalidad aplicada, establece el Juez en su argumentación que la defensa alegó que la ciudadana M.G.A.S., no presentaba antecedentes penales y que era primera vez que se involucraba en un hecho punible, pero este alegato al ciudadano Juez no le parece que sea argumento que se pueda establece por el numeral 4° del artículo 74 del Código Penal, manifestando expresamente, que no existen elementos procesales que puedan ser considerados para acreditar una disminución en la pena, y se justifica con una Sentencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal supremo de Justicia, Sentencia N° 071 de fecha 27/02/2003.

Incluso invoca el artículo 271 de la Carta Magna. Esta defensa no sabe si es sorpresa lo que este argumento puede inspirar, ya que consideramos que el gran avance, que conseguimos los venezolanos respecto a nuestro procedimiento penal, es que pasamos de tener un sistema inquisitivo a uno garantista y si el ciudadano Juez no consigue elementos procesales que puedan ser considerados para acreditar la disminución de la pena, le daremos algunos, elementos y argumentos:

Argumentos: Fue mal tratada durante el proceso; No se cumplieron con los requisitos formales del proceso, tales como la orden de allanamiento; No se encontraba técnicamente asistida en la audiencia, su declaración lo demostraba; Se toman elementos probatorios viciados de nulidad absoluta, tales como presuntos testigos, que no son testigos, sino coautores de delitos; No existe una individualización de los actos, no pudieron ambas personas cometer los delitos que se les imputan. Esto por una parte por la otra, existen artículos en los cuales se encuentra garantizada la aplicación restrictiva de esa interpretación argumentada por el ciudadano Juez y cito:

Constitución Nacional

"Artículo 46. º

(Omissis)

Artículo 47. º

(Omissis)

Artículo 49. º

(Omissis)

Código Penal

Artículo 74…

Código Orgánico Procesal Penal

Artículo 8º…

Artículo 9º…

Artículo 10…

Artículo 12…

Artículo 13…

Artículo 125…

Artículo 131…

Artículo 190….

Artículo 191…

Artículo 197…

Artículo 198…

DEL PETITORIO

En este sentido, el artículo 49 numeral 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra el debido proceso, prevé el principio de la doble instancia, del cual se infiere que toda persona tiene derecho de recurrir del fallo que le desfavorezca.

En tal sentido respetables Magistrados de la Sala de la Corte de Apelaciones una vez realizado el análisis precedente, Formalmente APELAMOS, y esta defensa solicita admita la presente apelación al haber sido interpuesta en tiempo hábil, no encontrándose incursa en ninguno de los supuestos del artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal, y en base a lo establecido en el artículo 452 numerales 3 y 4 o del Código Orgánico Procesal Penal.

Solicitamos declare con lugar la presente Apelación y en efecto reponga la causa al estado de celebrarse nuevamente la Audiencia Preliminar, y se realice una en la cual se cubran los extremo de Ley, específicamente en lo referido al Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, a todo evento rectificar la calificación y el calculo realizado por el Juez A quo, ya que considerarnos que la interpretación en todo lo concerniente al imputo (sic) debe ser restrictivo, en caso de duda favorecer al reo.

Solicitarnos que la presente acción sea admitida, tramitada y sustanciada conforme a derecho, y declarada con lugar en la definitiva.” (Sic) (Negrillas, Mayúsculas y Subrayados de los recurrentes).

V

DEL PRIMER ESCRITO DE CONTESTACIÓN

De los folios 219 al 225 de la de la pieza numero I del mismo expediente, cursa el Escrito de Contestación suscrito por los ciudadanos JOSEUDYS GUEVARA y M.M.A., en sus carácter de Fiscal Auxiliar Sexagésima a Nivel Nacional con Competencia plena y Fiscalía Vigésima del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, respectivamente, al recurso de apelación planteado por el Abogado H.D.O., en su carácter defensor privado del ciudadano ARCAHALIS E.L., de conformidad con lo establecido en el artículo 449 del Código Orgánico Procesal Penal, del cual se extrae lo siguiente:

…CAPITULO II

DE LOS HECHOS

Y ALEGATOS DE LA DEFENSA

Una vez leído y analizado el escrito de apelación Que interpuso la defensa de la ciudadana ARCAHALIS E.L., Quienes suscriben, solicitan Que la misma sea declarada SIN LUGAR, por los siguientes motivos:

HECHOS

En fecha 08/01/2010, se celebro ante el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del AMC, la audiencia preliminar de la causa signada bajo el número 13C-13667-09, nomenclatura de ese juzgado, donde la ciudadana ARCAHALIS E.L. admitió los hechos por la comisión de los Delitos de HURTO AGRAVADO, FORJAMIENTO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE SELLOS EN PERJUICIO DE OTROS, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN FALSA Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, siendo Que Quedo demostrado a través de las investigaciones practicadas Que aprovechándose de sus funciones como secretaría de la Vice Ministra del Comercio Exterior para el Poder Popular y asociada delictiva mente con la también condenada M.G.A.S., Quien también se desempeñaba como secretaría de ese ente, se apoderaron indebidamente de 250 hojas de seguridad para la impresión de licencias de importación de vehículos, con la numeración correlativa desde el número 3501 hasta el 3750, las cuales tramitaron ilegalmente falsificando la firma del Ministro y colocándole un sello falso, con el fin de darle apariencia legal; es así como expiden ilegalmente licencias de importación de vehículos y las comercializan con varias empresas, entre estas la Best Motors, a los fines de obtener un beneficio económico (dinero) en detrimento del Estado Venezolano, empañando de esta manera la actividad de dicho Ministerio.

Todo este hecho, fue ejecutado por las Ut supra mencionadas, aprovechándose de la condición de ser empleadas pública de ese ministerio y tener todas las facilidades y pleno conocimiento para tramitar y expedir licencias de importación de vehículos de forma ilegal con una supuesta apariencia legal, haciendo casi imposible cualquier falla y descubrimiento.

Visto este recorrido quienes suscriben, hacen mención al contenido del Artículo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, que establece en su Único Aparte, la obligación que tiene el Estado de garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial idónea, transparente, autónoma! independiente, responsable, equitativa y EXPEDITA SIN DILACIONES INDEBIDAS, SIN FORMALISMOS O REPOSICIONES INUTILES..

COMO PRIMERA DENUNCIA: alega la causal prevista en el numeral 3 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal! relativa al quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que causen indefensión. En concordancia con el artículo 376 ejusdem. Colocando como base que el Juez no informo de manera detallada a la acusada, cuales son los hechos por los que el Ministerio Público la acusaba. Por consiguiente, tal conducta causa indefensión a su defendida y violenta el contenido de artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, puesto va en contra de su derecho a la defensa y al debido proceso! visto que se le cerceno su derecho del saber porque consideraba que existían todos los delitos que el Ministerio Público imputo.

En relación a este punto, consideramos que no existió alguna indefensión para la sentenciada, siendo que el Juez recurrido, posterior a la ratificación del escrito acusatorio presentado por los representantes de la vindicta publica! informo de manera clara, precisa y oral en el momento de la audiencia preliminar sobre los hechos que se le atribuían y por los cuales había sido acusada, es decir, le informo y explico cada uno de los delitos descritos en el escrito de acusación! indicándosele las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la comisión, el bien jurídico afectado y el daño social causado. En consecuencia, es evidente que en ningún momento se procedimiento por admisión de hechos en caso de que tomara la decisión de admitir.

En tal sentido, causa asombro cómo la defensa alega que la sentenciada desconoció los hechos por los cuales fue sentenciada, siendo este el objetivo y la naturaleza propia de la audiencia preliminar.

Es importante destacar que la sentenciada al admitir los hechos, lo realiza por todos y cada uno de los delitos por los cuales fue acusada. Tal y como ella misma lo manifestó en la audiencia preliminar, por lo que, no entendemos, como es que la defensa pretende hacer creer que su defendida desconocía por cuales delitos fue sentenciada, si tuvo pleno conocimiento de los delitos que se le atribuían, prueba de esto, tenemos que en plena sala del tribunal reconoció su culpabilidad y pidió perdón a la Vice Ministra JUMERSI LA ROSE por los errores cometidos.

SEGUNDA Y TERCERA DENUNCIA: Alega el vicio de falta de motivación de sentencia, contenida en el numeral 2 del artículo 252 del Código Orgánico Procesal Penal. Que el juez no debió limitarse a transcribir lo expuesto por el Ministerio Público en su escrito acusatorio; que si consideraba que esos hechos eran los que estima probados, debió así decirlo y por lo menos opinar en cuanto a la forma clara y precisa cuales fueron los hechos cometidos por su defendida, que constituyen los delitos de HURTO AGRAVADO, FORJAMIENTO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE SELLOS EN PREJUICIO DE OTRO, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN FALSA Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR. Así mismo alega que tampoco preciso que hechos admitió su defendida.

En relación a este punto quienes suscriben, consideran que la sentencia recurrida narra correctamente todas y cada una de las circunstancias y hechos objeto de la investigación, puntualizando cada uno de ellos y que consecuencialmente llevaron a considerar al Ministerio Publico como titular de la acción a penal que la ciudadana ARCAHALIS E.L. era culpable en la comisión de los delitos por los cuales fue sentenciada; acusación que fue admitida totalmente por el Tribunal correspondiente; siendo menester exaltar de esta manera que la hoy condenada de manera voluntaria admitiera los hechos¡ todo ello en base a los elementos de convicción recabados durante la fase de investigación, como son los testimonios de los ciudadanos ANAYA SALAS JEANPIER JOSE, SANCHEZ TORREALBA A.J., A.R.J.L., PEÑA GERARDO, M.I.R.B., J.D.D.I., SOSA HERNANDEZ JHONNAR ARNOLDO¡ M.A. BARRETO¡ D.Y.J., J.A. RIVAS¡ KARELYS RODRIGUEZ¡ P.M. GARBOZA, G.N.J., PEÑA NELVIS, VARELA MARI, POTOLICCHIO VICENTE, P.J., ESPINEL WIUAM, quienes son testigos de los hechos, testimonio de los funcionarios L.H., BLONDELL JHONATAN, LABRADOR ENGELS, C.R., FRANKLIN ESCALANTE, N.G., R.D., J.A., NUNES JOSE, YOTNY M.P., adscritos a la División contra Hurtos del CICPC, siendo que fueron las personas que se trasladaron al sitio de los hechos, donde practicaron la inspección del lugar y ordenaron practicar varias diligencias, así mismo fueron quienes practicaron el allanamiento en la residencia de la sentenciada donde fueron incautadas varias evidencias de interés criminalístico como fue copia fotostática de un oficio alusivo al Vice Ministerio del Poder Popular para el Comercio Exterior signado con el N° 201, de fecha 04-082009, Dirigido hacia División de Operaciones de la Unidad de Registros y Autorizaciones del SENIAT La Guiara Estado Vargas, con atención a la ciudadana Y.A., por medio del cual supuestamente se Autorizan las Licencias de Importación de vehículos a la empresa: BEST MOTORS C.A, Registro de Información Fiscal N° J-003664458-7, representada por el ciudadano YAMIN GETANIS ANTONIO ... Copia fotostática de un oficio alusivo al Vice Ministerio del Poder Popular para El Comercio Exterior signado con el N° 314, de fecha 17-08- 2009, Dirigido hacia la Gerencia de Aduana Marítima Principal de La Guaira Estado Vargas, donde por medio del presente, indican que fueron emitidas las licencias elaboradas con las siguientes hojas de seguridad: 003572, 00353, 003576, 003577, 003578, 003579, 003580, 003581, 003582, 003583, 003584, 003585, 003586,00358~003623, 003624¡ 003625, 003626.

CUARTA DENUNCIA: Alega la violación del numeral 2 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, por contradicción en la motivación de la sentencia, cuando trata de demostrar lo relativo "al bien jurídico afectado y al daño social causado".

En cuanto a esta cuarta denuncia, se evidencia que no existe contradicción alguna en la sentencia dictada y publicada por el Juez de la causa; en la misma se señala claramente, además de la conducta delictiva perpetrada por la ciudadana ARCAHALIS E.L., cual fue el bien jurídico afectado, siendo este el Estado Venezolano, donde a través de las actividades delictivas realizadas por la sentencia, se empaño la actividad diaria del Ministerio Público del Comercio Exterior para el Poder Popular, logrando así afectar el patrimonio del mismo. No puede, en consecuencia alegar el recurrente que existió contradicción en la sentencia, por que no se indicio el bien jurídico afectado, si en todo momento quedo claro que el ente afectado es el Estado Venezolano y que el daño causado es en perjuicio del colectivo y del patrimonio del ente, en consiguiente no existió alguna duda como pretende hacer ver la defensa.

Y con relación a que el Juez se aparto de su petición de atenuar la pena a imponer hasta la mitad, no tomando en consideración la conducta predelíctual, quedo claro que el juez realizo el cómputo de la pena a imponer en base a la magnitud de los delitos cometidos por la sentenciada¡ y como fue un hecho grave (pues afecto los intereses y fines del Estado) no aplico la atenuante genérica establecida en el artículo 74 numeral 4 del Código Penal, por lo cual, al ser inaplicable esta atenuante por la consideración del daño ocasionado¡ es criterio de quienes suscriben¡ que no debe la defensa esperar que el Juez de la causa pase por encima de las leyes establecidas por los legisladores¡ solo con el fin de satisfacer su objetivo.

Finalmente y para concluir, a tenor de lo dispuesto en los artículos 363, 364, 365 y 367 todos del Código Orgánico Procesal Penal, estas Representantes del Ministerio Público, consideran que la decisión recurrida, cumplió a cabalidad con las exigencias requeridas¡ no considerando haber incurrido el Juzgador en ningún tipo de vicios¡ siendo que la sentencia se realizo en base a la admisión de hechos¡ la cual se hizo una vez que el escrito acusatorio fue admitido en todo y cada una de sus partes, luego de lo cual el Juez ilustro a la sentenciada en cuanto al procedimiento por admisión de hecho, previsto en el artículo 376¡ así como sus consecuencias, concediéndole la palabra donde la acusada sin coerción, ni amenazas de ningún tipo admitió los hechos por todos los delitos.

CAPITULO IV

PETITORIO

En virtud de los razonamientos anteriormente expuesto, quienes aquí suscriben, dan por contestado formalmente el Recurso de Apelación ejercido por la Defensa Privada de la ciudadana ARCAHALIS E.L., en contra de la decisión dictada por el Juez Decimotercero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal de fecha 14 de Enero del año en curso, y en consecuencia, solicitamos muy respetuosamente a los miembros de la Corte de Apelaciones que han de conocer del mismo, QUE lO DECLAREN SIN LUGAR, con todos los pronunciamiento que tuviera lugar la misma, se confirme en principio, en todas y cada una de sus partes la sentencia condenatoria recaída sobre la acusada, manteniéndose la Medida Judicial Preventiva Libertad distada en su contra, de conformidad con lo estatuido en los artículos 244 Primer y Segundo Aparte; 250, 251 ordinales 2° y 3°; Y 252 ordinal 2°, todos del Código Orgánico Procesal Penal…

(Sic) (Negrillas, Mayúsculas y Subrayados de la Representación Ministerio Público).

VI

DEL SEGUNDO ESCRITO DE CONTESTACIÓN

Del folio 226 al 232 de la de la pieza I del presente expediente, cursa el escrito de Contestación suscrito por los ciudadanos JOSEUDYS GUEVARA y M.M.A., en sus carácter de Fiscal Auxiliar Sexagésima a Nivel Nacional con Competencia plena y Fiscalía Vigésima del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, respectivamente, al recurso de apelación planteado por los Abogados D.M.S. Y M.D., en sus carácter de Defensores Privados de la ciudadana M.G.A.S., de conformidad con lo establecido en el artículo 449 del Código Orgánico Procesal Penal, del cual se extrae lo siguiente:

…CAPITULO II

DE LOS HECHOS

Y ALEGATOS DE LA DEFENSA

Hechos

En fecha 08/01/2010, se celebro ante el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del AMC, la audiencia preliminar de la causa 13C-13667-09, nomenclatura de ese juzgado, donde la ciudadana M.G.A.S. admitió los hechos por la comisión de los Delitos de HURTO AGRAVADO, FORJAMIENTO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE SELLOS EN PERJUICIO DE OTROS, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN FALSA Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, siendo que quedo demostrado a través de las investigaciones practicadas que aprovechándose de sus funciones como secretaría de la Vice Ministra del Comercio Exterior para el Poder Popular y asociada delictivamente con la también condenada ARCAHALIS E.L., quien también se desempeñaba como secretaría de ese ente, se apoderaron indebidamente de 250 hojas de seguridad para la impresión de licencias de importación de vehículos, con la numeración correlativa desde el número 3501 hasta el 3750, las cuales tramitaron ilegalmente falsificando la firma del Ministro E.S. y colocándole un sello distinto al del despacho (falso), con el fin de darle apariencia legal; es así como expide ilegalmente licencias de importación de vehículos y las comercializan con varias empresas entre estas la Best Motors, a los fines de obtener un beneficio económico (dinero) en detrimento del Estado Venezolano, con lo cual empeña la actividad de dicho Ministerio.

Todo este hecho, fue ejecutado por las Ut Supra mencionadas, aprovechándose de la condición de ser empleadas pública de ese ministerio y tener todas las facilidades y pleno conocimiento para tramitar y expedir licencia de importación de vehículos ilegales pero con apariencia legal, haciendo casi imposible cualquiera falla y descubrimiento.

Visto este recorrido quienes suscriben, hacen mención al contenido del Artículo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, que establece en su Único Aparte, la obligación que tiene el Estado de garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y EXPEDITA SIN DILACIONES INDEBIDAS, SIN FORMALISMOS O REPOSICIONES INUTILES.

Una vez leído y analizado el escrito de apelación que interpuso la defensa de la ciudadana M.G.A.S., quienes suscriben, solicitan que la misma sea declarada SIN LUGAR, por los siguientes motivos:

COMO PRIMER PUNTO: Que luego de leído en todas y cada una de sus partes el recurso de apelación interpuesto, se evidencia que los recurrentes, no señalan los motivos por los cuales fundamentan el mismo, no tomando en cuenta lo establecido en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, donde se establece que el recurso solo puede fundamentarse en base a lo siguiente:

(Omissis)

Evidenciándose del mismo, que simplemente pasan a suscitar la actuación que tuvo la defensa privada de la parte acusada para el momento de la audiencia preliminar, siendo esta la Abogada Z.P., alegando además que no ejerció su papel como defensa y que no ilustro adecuadamente a M.G.A.S., sobre las consecuencias de una admisión de hechos; que en todo momento estuvo desasistida, aun y cuando fue designada para garantizarle una adecuada aplicación del derecho y que además la misma realizo una presunta admisión de hechos creyendo que el juez le impondría una pena máxima 5 AÑOS de prisión.

Así mismo pasan a explicar como debió ser el desempeño profesional de la defensa Abogada Z.P., y que argumentos debió explanar en la Audiencia Preliminar no entiendo por lo antes señalado quienes suscriben con que fines estos recurrentes hacen tales manifestaciones (sin sentido).

Por otra parte no se entiende como es que los recurrentes alegan que la sentenciada hizo una presunta admisión de hechos, si quedo claro en la sala del tribunal del Juzgado Decimotercero de Control del Área Metropolitana de Caracas Que la acusada sin coerción de ningún tipo manifestó de forma pura y clara, a viva voz su derecho de querer admitir los hechos por los delitos que se le acusaban previa explicación de los mismos.

Como se evidencia ciudadanos Magistrados estos alegatos no se ajustan a los motivos en que debe fundamentarse la apelación de una Sentencia Definitiva.

COMO SEGUNDO PUNTO: Nos parece absurdo, que aleguen también como motivo para fundamentar el recurso, que en la audiencia preliminar asistió la Vice Ministro del Comercio Exterior para el Poder Popular, en condición de víctima, debiendo haber asistido un representante de la Procuraduría General de la República¡ quien es el que representa el Estado en estos asuntos penales. Los recurrentes alegan, que la presencia de la Vice Ministro, fue con el fin de intimidar a la sentenciada; nos preguntamos entonces ¿Qué intentan los recurrentes al alegar a esto? Primero¡ porque no es un motivo para ejercer el recurso, sin embargo, a manera de ilustración para los recurrentes¡ le indicamos que el Ministerio Público como titular de la acción penal representa al Estado y a la victima ejerciendo y defendiendo sus derechos¡ no obstante es fundamental que en la celebración de la audiencia este presente la victima en este caso en la figura de la Vice Ministro por ser el ente del estado afectado¡ siendo que con su testimonio explicara al juez como fa acusada valiéndose de sus funciones de secretaría, hurto las hojas de seguridad¡ las cuales utilizo para la impresión de licencias de importación de vehículos¡ afectando de esta manera el patrimonio público.

TERCER PUNTO: Arguyen que la sentenciada fue víctima de maltratos por parte de los funcionarios que la detuvieron, que además la golpearon. Que dichos hechos fueron manifestados por su persona en la audiencia, sin que se realizara ninguna consideración de tipo penal, lo que denota que es un caso mas para el Ministerio Público y para el Tribunal, no importándole las violaciones denunciadas.

En relación a lo antes señalado por parte de los recurrentes, consideramos que aun y cuando, esto tampoco es causal para ejercer el recurso, es importante dejar claro, que el Ministerio Público hasta ese momento, desconocía que la sentenciada hubiera sido victima de alguna agresión; en todo caso, debió su defensa en la debida oportunidad con la premura del caso, a los fines de impedir que se borraran las supuestas agresiones, acudir en su representación a denunciar dichos hechos, con el objeto de iniciar la averiguación correspondiente, y establecer las responsabilidades a que hubieren lugar, así como también los posibles autores del hecho.

CUARTO PUNTO: Manifiestan los recurrentes vicios en la acusación y calificación. Que no existe tal cantidad de delitos, que la calificación admitida debió ser otra, alegando además que aun y cuando la acusada admite los hechos, el juez tenía la cualidad de cambiarla, y que no hubo individualización de los delitos, respecto a su defendida aplicando el juez erróneamente las normas al momento de condenar a la imputada.

Conforme a este punto, quienes suscriben consideran, que el juez de la causa admitió una acusación que cumplió con todos los requisitos establecidos en la ley, sin adolecer de ningún vicio o formalidad, consiguientemente, fueron admitidos todos y cada uno de los elementos de convicción, obtenidos de manera licita a través de las investigaciones legales, las cuales nos llevaron a demostrar que la sentenciada aprovechándose de sus funciones de empleada pública, a través del cargo secretaría de la Vice Ministra del Comercio Exterior, en compañía de la también sentenciada ARCAHALIS LOVERA (igualmente empleada pública), se asociaron con el fin de apoderarse indebidamente de 250 hojas de seguridad para imprimir licencias de importación de vehículos, con los cuales pretendían adquirir un beneficio económico en perjuicio de la administración pública y del colectivo, empañando de esta manera la actividad de ese ente público. Siendo que, en base a tales elementos de convicción se realizaron las calificaciones jurídicas admitidas por el juzgado, lo que concluyente a criterio de quines suscriben demuestra que el juez realizo un procedimiento apegado a la ley.

Una vez, como en efecto fueron admitidos los hechos, pasó el juzgador a condenarla por los delitos cometidos (plenamente demostrados y acreditados). Lejos de lo que arguyen los recurrentes, no fue una investigación a la ligera, ni un caso más para las estadísticas diarias llevada por el Ministerio Público, siendo que, es evidente, que en el presente caso, se dio fiel cumplimiento al debido proceso y la Tutela Judicial efectiva! respetándole todos sus derechos Constitucionales.

QUINTO: Por ultimo alegan, que el juez no tomo en consideración para la disminución de la pena, los siguientes elementos: Que fue maltratada, no fue asistida debidamente en la audiencia preliminar, y que se tomaron elementos probatorios viciados de nulidad.

En relación a esto, el Juez es autónomo para decidir que pena va aplicar, dependiendo de los delitos y de la magnitud del daño causado (apegado a la establecido en el Código Penal siendo importante destacar, que el Ministerio Público no puede indicar, ni exigirle al juez! cuantos años de pena le corresponden a la sentenciada, ya que eso es única y exclusiva competencia del juez; y en este caso la pena fue rebajada en base a la admisión tal y como se expreso en la audiencia preliminar, pero tomando en consideración, que en el caso de alguno de ellos son delitos que afectan el patrimonio público , contra el Estado Venezolano, considerándose en consecuencialmente como graves; razón está, por la cual no aplico la atenuante genérica establecida en el articulo 74 numeral 4 del Código Penal.

Conforme a lo antes mencionado, queda claro que ninguno de los argumentos encuadra en los supuestos en que debe fundamentarse el recurso de apelación de sentencia definitiva, por lo cual consideramos que debe ser declarada sin lugar.

Finalmente y para concluir, a tenor de lo dispuesto en los artículos 363, 364, 365 Y 367 todos del Código Orgánico Procesal Penal, estas Representantes del Ministerio Público, consideran que la decisión recurrida, cumplió a cabalidad con las exigencias requeridas, no considerando haber incurrido el Juzgador en ningún tipo de vicios, siendo que la sentencia se realizo en base a la admisión de hechos, la cual se hizo una vez que el escrito acusatorio fue admitido en todo y cada una de sus partes, luego de lo cual el Juez ilustro a la sentenciada en cuanto al procedimiento por admisión de hecho, previsto en el artículo 376, así como sus consecuencias, concediéndole la palabra donde la acusada sin coerción, ni amenazas de ningún tipo admitió los hechos por todos los delitos (especificados).

CAPITULO IV

PETITORIO

En virtud de los razonamientos anteriormente expuesto, quienes aquí suscriben, da por contestado formalmente/ el Recurso de Apelación ejercido por las defensas privadas de la ciudadana M.G.A.S., en contra de la decisión dietada por el Juez Decimotercero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal de fecha 14 de Enero del año en curso, y en consecuencia solicitamos muy respetuosamente a los miembros de la Corte de Apelaciones que han de conocer del mismo, QUE LO DECLAREN SIN LUGAR, con todos los pronunciamiento que tuviera lugar la misma, se confirme en principio, en todas y cada una de sus partes la sentencia condenatoria recaída sobre la acusada, manteniéndose la Medida Judicial Preventiva libertad distada en su contra, de conformidad con lo estatuido en los artículos 244 Primer y Segundo Aparte; 250, 251 ordinales 2° y 3°; Y 252 ordinal 2°, todos del Código Orgánico Procesal Penal…

(Sic) (Negrillas, Mayúsculas y Subrayados de la Representación Ministerio Público).

VII

DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Riela a los folios 187 al 214 de la pieza I del presente expediente, la sentencia dictada en fecha 14/01/2010, por el Juez Décimo Tercero (13°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la cual expuso los hechos acreditados por esa instancia, en los siguientes términos:

“….IV

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

De los hechos anteriormente transcritos, considera este Juzgador que de autos así como del escrito acusatorio, emergen suficientes elementos de convicción en contra de las ciudadanas LOVERA ARCAHALIS EVELINA y AGUILARTE SUSARRA M.G., para considerar su participación en tales hechos, los cuales se dan por probados, así como la responsabilidad penal de las referidas ciudadanas, con la admisión de los hechos efectuada al termino de la audiencia preliminar, y luego de admitida la acusación, por las imputadas LOVERA ARCAHALIS EVELINA y AGUILARTE SUSARRA M.G., toda vez que, la admisión de hechos como procedimiento especial, en la cual se procede a la imposición de la pena, una vez reconocido el hecho atribuido en la acusación, constituye una forma de auto composición procesal, que deviene de la renuncia voluntaria al derecho a un juicio oral y público, tal y como se desprende de la sentencia N° 53 de fecha 20/02/2008, dictada en el expediente N° 06-0777, con ponencia del magistrado JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde se dejó establecido lo siguiente:

…la admisión de los hechos, es un procedimiento especial que procede cuando el imputado consiente en ello, reconoce su participación en el hecho que se le atribuye, lo cual conlleva a la imposición inmediata de la pena con una rebaja desde un tercio a la mitad, atendidas todas las circunstancias y considerando el bien jurídico afectado y el daño social causado. La admisión de los hechos supone una renuncia voluntaria al derecho a un juicio, principio garantizado no sólo por el Código Orgánico Procesal Penal sino por instrumentos internacionales ratificados por la República; y al mismo tiempo tal admisión evita al Estado el desarrollo de un proceso judicial que siempre resultará costoso. (Vid. Sentencia N° 75/8.2.2005, de la Sala de Casación Penal)…

Por lo tanto, y como se ha señalado precedentemente, las ciudadanas LOVERA ARCAHALIS EVELINA y AGUILARTE SUSARRA M.G., con la admisión de hechos efectuada ante este Tribunal al momento de celebrarse la Audiencia Preliminar, ha quedado demostrada su participación y consecuente responsabilidad penal en la comisión de los delitos de HURTO AGRAVADO, FORJAMIENTO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE SELLOS EN PERJUICIO DE OTROS, previstos y sancionados en los artículos 451 en relación al artículo 452 numeral 1, 319 y 313 todos del Código Penal, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN FALSA, previsto y sancionado en el artículo 77 de la Ley Contra la Corrupción y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, especificadas con anterioridad.

Aunado a ello considera este Juzgador, conveniente señalar los elementos de convicción en los cuales se basa la acusación y que en definitiva se fundamenta el hecho atribuido a los referidos ciudadanos, en el escrito acusatorio, de la forma siguiente:

1. Acta de Trascripción de Novedad de fecha 13/08/09 en la cual se da Inicio de Actas, dejándose constancia de la presunta comisión de uno de los delitos CONTRA LA PROPIEDAD, suscrita por el Jefe de Guardia de la División Nacional Contra Hurtos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

2. Acta de Investigación Penal de fecha 13/08/09, suscrita por el funcionario Sub-Inspector L.H., adscrito a la División Contra Hurtos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en Caracas, el cual deja constancia de la presente diligencia efectuada en la investigación quién expuso: “Estando en la sede de esta oficina, cumpliendo con mis labores de guardia, siendo las 09:00 horas de la noche, recibí llamada telefónica de parte del Jefe de esta División Comisario Jefe JOTNI M.P., informando que en la Torre Oeste de Parque Central, piso 13, Despacho de la Vice-Ministerio del Poder Popular Para el Comercio Exterior, se cometió un delito competencia de este Despacho, por lo que con la premura del caso me traslade a bordo de vehículo particular P-474, portando el móvil 682, en compañía de los funcionarios Detectives BLONDELL JONATHAN y LABRADOR ENGELS, este último adscrito al área técnica de esta oficina……….(omissis), una vez en el lugar previa formalidades de ley fuimos recibidos por la ciudadana: JUSMERSI MARGARITA DE LA R.M.,…..(omissis), desempeñando actualmente el cargo de Vice- Ministra de Comercio Exterior, quién manifestó que el día de ayer 12/08/09, se detecto el faltante de un paquete contentivo de doscientas cincuentas (250) hojas de seguridad para la elaboración de Licencias de Importación de Vehículos, con numeración correlativa desde el numero 003501 hasta la numero 003750,………(omissis), además indicó que se percataron del faltante del paquete al recibir una llamada de consulta sobre la validez de una Licencia de Importación por parte de un funcionario del Despacho del Vice- Ministerio de Comercio Interior, signada con el N° 003571, la cual al ser verificada por ante los libros de asignación no aparece registrada por cuanto los ultima licencia impresa corresponde a las hojas de seguridad identificada con los números 002865 y 002866, respectivamente, motivo por el cual se procedió a realizar la respectiva Inspección Técnica de ley……….(omissis).-

3. Inspección Técnica expediente N° H-537.876, de fecha 13/08/09, suscrita por los funcionarios SUB-INSPECTOR L.H. Y DETECTIVE LABRADOR ENGELS, adscrito a la División Contra Hurtos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en Caracas, practicada en la siguiente dirección: DESPACHO DE LA VICE-MINISTRA DE COMERCIO EXTERIOR, UBICADA EN LA TORRE OESTE DE PARQUE CENTRAL, PISO 13, CARACAS, DISTRITO CAPITAL.

4. Acta de Entrevista de fecha 14/08/09, rendida ante la División Nacional Contra Hurtos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en Caracas, por el ciudadano ANAYA SALAS JEANPIER JOSÉ, titular de la cédula de identidad N° V- 15.800.553, de 26 años de edad, quien manifestó el conocimiento que tiene de los hechos investigados.

5. Acta de Entrevista de fecha 18/08/09, rendida ante la División Nacional Contra Hurto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en Caracas, por el ciudadano SÁNCHEZ TORREALBA A.J., titular de la cédula de identidad N° V- 14.128.447, de 30 años de edad, quien manifestó el conocimiento que tiene de los hechos investigados.

6. Acta de Entrevista de fecha 18/08/09, rendida ante la División Nacional Contra Hurto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en Caracas, por el ciudadano A.R.J.L., titular de la cédula de identidad N° V- 7.999.469, de 42 años de edad, quien manifestó el conocimiento que tiene de los hechos investigados.

7. Acta de Investigación Policial de fecha 18/08/09, suscrita por el Sub- Inspector L.H., adscrito a la División Nacional Contra Hurto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en Caracas, dejando constancia de lo siguiente: “Continuando con las averiguaciones relacionadas con las actas procesales, signada bajo el N° H- 537.876,…..(omissis), me traslade en compañía de los funcionarios Sub-Inspectores R.C., ESCALANTE FRANKLIN, a bordo de la unidad P-474, hacia el Vice Ministerio de Comercio Exterior, ubicado en la Av. Lecuna Torre Oeste de Parque Central piso 13, una vez en lugar sostuvimos entrevista con la ciudadana Vice Ministra del Poder Popular para el Comercio Exterior Dra. JUMERSI M.L.R.M., ampliamente identificada en actas anteriores,….. (omissis) asimismo, nos indico que la ciudadana LOVERA ARCAHALIS, le solicito un periodo vacacional con la finalidad de trasladarse hasta la ciudad de Panamá, el cual le fue otorgado una vez que nos fue entregada la información requerida, le indicamos a los ciudadanos: A.S., C.l. V-12.509.65.73, J.L.A. C.l V-7.999.469, que nos acompañaran hasta la sede de este Despacho con la finalidad de rendir entrevista en relación a los hechos que se investigan,……(omissis), se procedió a constituirse comisión integrada por los funcionarios: Inspector G.N., R.C.; ESCALANTE FRANKLIN, DURAN RUBÉN y el suscrito, hacia la siguiente dirección: Esquina de Regeneración a Puente Hierro, edificio Gibarco piso 7 apto 7-C, Puente Hierro, Caracas Distrito Capital, con la finalidad de ubicar y citar a la ciudadana de nombre: M.G.A.S., C.l V-.13.167.066, …..(omissis), debido a su actitud nerviosa, procedimos a ingresar a la referida vivienda amparados en el Articulo 210 ordinales 1° y 2° de Código Orgánico Procesal Penal, en compañía de dos ciudadanos del sector con la finalidad de que fungieran como testigos quienes quedaron identificados de la siguiente manera: G.P. de nacionalidad venezolana, C.l V-9.464.363 y M.Í.R.B., de nacionalidad venezolana C.l V-3.765.802, una vez dentro de la mencionada residencia se procedió a realizar una minuciosa revisión a todas la áreas que conforman la misma logrando localizar en el gabinete de la cocina, un oficio alusivo al Vice Ministerio del Poder Popular para El Comercio Exterior signado con el N° 210, de fecha 08-08-2009, Dirigido hacia la Gerencia de Aduana Principal de Puerto Cabello Estado Carabobo, donde por medio del presente se autoriza el procesamiento de las licencias signadas con los N° 2081-2665-0 por la cantidad de Cien (100) vehículos y 2082-2665-0 por la cantidad de cincuenta (50) vehículos, correspondientes a la empresa Automotriz Cinascar C.A representada por el ciudadano: LIGNARLO M.P., Dos (02) Cheques del Banco Exterior, emitidos por la empresa Centro Turístico A.V., signados con los N° 07-24059399 y 0324059400, respectivamente por la cantidad de Doscientos Cincuenta mil (250.000,oo) bolívares cada uno, los cuales le entrego el ciudadano W.E., quien es representante de la empresa BEST MOTORS, a nombre del ciudadano: Ó.C.,….(omissis), también se logro ubicar un (01) CPU de color Gris sin marca ni serial aparente de los comúnmente denominados clon, el cual al ser revisado se evidencia que tenia registrados documentos alusivos al Ministerio de Comercio Exterior y una impresora multifuncional marca HP de color blanco serial N° CN8822C2YT, por todo lo antes expuesto se procedió a identificar plenamente a la ciudadana antes mencionada de la manera siguiente: M.G.A.S., de nacionalidad venezolana, natural de Caracas, de 32 años de edad,….(omissis), nuevamente se constituyo comisión integrada por los funcionarios antes mencionados hacia la siguiente dirección: Urbanización P.C.B. 19 letra D apto D-5 Sarria Caracas Distrito Capital, con la finalidad de ubicar a la ciudadana LOVERA ARCAHALIS EVELINA, C.I V- 13.735.621,…(omissis), se procedió a ingresar a la referida vivienda amparados en el Articulo 210 ordinal es 1° y 2° de Código Orgánico Procesal Penal, en compañía de dos ciudadanos con la finalidad de que fungieran como testigos quienes quedaron identificados de la siguiente manera: DÍAZ IBARRA J.D., de nacionalidad venezolana, C.l V 4.835.185 y SOSA HERNÁNDEZ JHONNAR ARNOLDO,……(omissis), logrando localizar en el cuarto principal de la misma dentro de una carpeta para archivar documentos tipo acordeón la siguiente documentación: 1.- Copia fotostática de un oficio alusivo al Vice Ministerio del Poder Popular para El Comercio Exterior signado con el N° 114 de fecha 27-07-2009, Dirigido hacia División de Operaciones de la Unidad de Registros y Autorizaciones del SENIAT La Guaira Estado Vargas, con atención a la ciudadana Y.A., por medio del cual supuestamente se Autorizan las Licencias de Importación de vehículos al ciudadano: KHARRAK MERDINI ANTOINE, C.I 10.084.672 y a las empresas: 1.- SUPER AUTOS LAS MERCEDES, Registro de Información Fiscal N° J-313480060-6, representada por el ciudadano R.R. DÍAZ TOLEDO, 2.- DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA LANDlNI C.A Registro de Información Fiscal N° J-08500095-0, representada por el ciudadano MARONESE VALENTINO, 2.- copia fotostática de un oficio alusivo al Vice Ministerio del Poder Popular para El Comercio Exterior signado con el N° 198, de fecha 30-07-2009, Dirigido hacia la División de Operaciones de la Unidad de Registros y Autorizaciones del SENIAT, La Guiara Estado Vargas, con atención a la ciudadana Y.A., por medio del cual supuestamente se Autorizan las Licencias de Importación de vehículos a la empresa: POLIMEX DE VENEZUELA C.A, Registro de Información Fiscal N° J-30629913-0, representada por el ciudadano POTOLICCHIO PRATS, 3.-copia fotostática de un oficio alusivo al Vice Ministerio del Poder Popular para el Comercio Exterior signado con el N° 201, de fecha 04-08-2009, Dirigido hacia División de Operaciones de la Unidad de Registros y Autorizaciones del SENIAT La Guiara Estado Vargas, con atención a la ciudadana Y.A., por medio del cual supuestamente se Autorizan las Licencias de Importación de vehículos a la empresa: BEST MOTORS C.A, Registro de Información Fiscal N° J-003664458-7, representada por el ciudadano YAMIN GETANIS ANTONIO, 4.- Copia fotostática de Licencia de Importación Automotriz signada con el N° 2058-6728-0, a nombre del ciudadano KHARRAK MERDINI ANTOINE, C.l V-10.084.672, relacionada a dos (02) vehículos Marca Lexus Modelo ES-350, Año 2009, 5.- Copia fotostática de un oficio alusivo al Vice Ministerio del Poder Popular para El Comercio Exterior signado con el N° 314, de fecha 17-08-2009, Dirigido hacia la Gerencia de Aduana Marítima Principal de La Guaira Estado Vargas, donde por medio del presente, supuestamente indican que por ante ese Despacho efectivamente fueron emitidas las licencias elaboradas con las siguientes hojas de seguridad: 003572, 00353, 003576, 003577, 003578, 003579, 003580, 003581, 003582, 003583, 003584, 003585, 003586, 003587, 003623, 003624, 003625, 003626,…….(omissis), así mismo una vez en la misma se procedió a realizarle una inspección a personas amparándonos en el Articulo 205° del Código Orgánico, lográndole localizar en su cartera tipo monedero 1.- un (01) recibo de deposito de la entidad Bancaria Banesco, signado con el N° 004425583, correspondiente a la cuenta cliente N° 01340359743592043784, de fecha 06-08-2009, por la cantidad de cien mil (100.000,00) bolívares a nombre del ciudadano: C.S.G.A., C.l V-15. 582.457, realizado por la ciudadana antes mencionada, 2.- un (01) recibo de deposito de Cuenta de Ahorros, alusivo al Banco Mercantil signado con el N° 000000647093623, correspondiente a la cuenta cliente: 7022013926, de fecha 11-08-2009, por la cantidad de ocho mil ciento sesenta y ocho (8.168,00) bolívares, perteneciente a la ciudadana antes mencionada. 3.- Un (01) recibo de deposito del Banco Mercantil, para cancelar Tarjeta de Crédito (Visa) N° 000000647093625, correspondiente a la cuenta cliente 4532323301980624, por la cantidad de ochocientos treinta y dos (832) bolívares, perteneciente a la ciudadana antes mencionada, 4.- Una (01) Solicitud de Vacaciones, de fecha 03-08-2009, correspondiente al periodo 2007-2009, donde cabe destacar que aparece reflejado que la misma realizara tramites para emigrar hacia el exterior del país específicamente hacia la ciudad de Panamá,……(omissis), quién quedo identificada de la manera siguiente: LOVERA ARCAHALIS EVELINA, de nacionalidad venezolana de 30 años de edad,…(omissis)…”

8. Acta de Entrevista de fecha 18/08/09, rendida ante la División Nacional Contra Hurto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en Caracas, por el ciudadano PEÑA GERARDO, titular de la cédula de identidad N° V- 9.464.363, de 43 años de edad, quien manifestó el conocimiento que tiene de los hechos investigados.

9. Acta de Entrevista de fecha 18/08/09, rendida ante la División Nacional Contra Hurto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en Caracas, por la ciudadana RANGEL BALZA M.I., titular de la cédula de identidad N° V- 3.765.802, de 57 años de edad, quien manifestó el conocimiento que tiene de los hechos investigados.

10. Acta de Entrevista de fecha 18/08/09, rendida ante la División Nacional Contra Hurto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en Caracas, por el ciudadano DÍAZ IBARRA J.D., titular de la cédula de identidad N° V- 4.835.185, de 55 años de edad, quien manifestó el conocimiento que tiene de los hechos investigados.

11. Acta de Entrevista de fecha 18/08/09, rendida ante la División Nacional Contra Hurto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en Caracas, por el ciudadano SOSA HERNÁNDEZ JHONNAR ARNOLDO, titular de la cédula de identidad N° V- 12.399.101, de 34 años de edad, quien manifestó el conocimiento que tiene de los hechos investigados.

12. Acta de Entrevista de fecha 18/08/09, rendida ante la División Nacional Contra Hurto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en Caracas, por la ciudadana BARRETO S.M.A., titular de la cédula de identidad N° V- 15.794.518, de 28 años de edad, quien manifestó el conocimiento que tiene de los hechos investigados.

13. Acta de Entrevista de fecha 19/08/09, rendida ante la División Nacional Contra Hurto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en Caracas, por la ciudadana JIMÉNEZ PINDER D.Y., titular de la cédula de identidad N° V- 11.926.655, de 35 años de edad, quien manifestó el conocimiento que tiene de los hechos investigados.

14. Acta de Entrevista de fecha 19/08/09, rendida ante la División de Hurtos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en Caracas, por el ciudadano RIVAS PADRINO J.A., titular de la cédula de identidad N° V- 11.923.013, de 34 años de edad, quien manifestó el conocimiento que tiene de los hechos investigados.

15. Con el Resultado de Experticia de Reconocimiento Legal, oficio signado con el N° 9700-099, suscrita por el funcionario Experto DETECTIVE WADY LUGO, adscrito a la Sala Técnica de la División Nacional Contra Hurtos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en Caracas, practicada a Una (01) impresora marca HP, deskjet F 4280, de color blanco y gris, multifuncional, serial numero CN8822C2YT, la cual esta destinada para imprimir, escanear y fotocopiar documentos y los misma se encuentra en buen estado de uso y conservación.

16. Con el Resultado de Experticia de Informática de fecha 19/08/09, signada con el N° 9700-227-614-2009, suscrita por los funcionarios Expertos T.S.U Criminalísticas F.C. y T.S.U Informática J.V., adscrito a la División de Experticias Informáticas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en Caracas, a fin de practicar experticia de Reconocimiento técnico y vaciado de contenido relacionados con documentos y licencias de empresas de vehículos y motos, así como imágenes y cualquier tipo de información relacionada con vehículos automotores al equipo de computación suministrado como evidencia, sobre un equipo de computación tipo clon sin marca, modelo ni serial aparente, de color negro con gris, con su respectivo disco duro con los siguientes detalles: marca Maxtor, serial N° 90Z6ZSE4, capacidad 80 Gigabyte, obteniendo como conclusiones lo siguiente: “…Luego de aplicar los procedimientos técnicos criminalisticos a los elementos informáticos se determinó: 1.- En cuanto al reconocimiento y prueba de funcionamiento del equipo de computación, se apreció que el mismo se encuentra en buen estado de uso y conservación. 2.- En el dispositivo de almacenamiento del equipo de computación, se ubico en la ruta/ Documents and settings/ Administrador/ Escritorio, se apreciaron tres (03) documentos relacionados con la presente investigación. 3.- En la ruta/ Documents and settings/ Administrador/ Escritorio/ Planillas de Origen se observan dos (02) archivos relacionados con la presente investigación,…….(omissis)…”

17. Con el Reconocimiento Legal y Extracción de Contenido de fecha 19/08/09, oficio signado con el N° 9700-277-613, suscrita por los funcionarios Expertos DETECTIVE W.T. y DETECTIVE F.C., adscrito a la División de Experticias Informáticas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en Caracas, practicada a lo siguiente: TELEFONO N° 1: Un (01) teléfono celular, marca Motorolla, modelo W5 ROKR, color negro y anaranjado, serial Nº IMEI 3588040142822. TELEFONO Nº 2: Un (01) teléfono celular, marca Samsung, modelo SGH- J700L, color rosado, serial N° IMEI 359872012284229. TELEFONO Nª 3: Un (01) teléfono celular, marca Motorilla, modelo ZN5, color negro y gris, serial N° IMEI 356437020081257OH21, concluyéndose lo siguiente: “…TELEFONO CELULAR Nª 1 Se realiza Reconocimiento Técnico al teléfono marca Motorolla, modelo W5 ROKR, elaborado en material sintético de color negro y anaranjado y dos (02) pantallas de cristal líquido. El servicio corresponde a la compañía de telefonía móvil DIGITEL…....... (omissis) TELEFONO CELULAR Nª 3: Se realiza Reconocimiento Técnico al teléfono marca Motorolla, modelo ZN5, elaborado en material sintético de color negro y gris y una (01) pantalla de cristal líquido. El servicio corresponde a la compañía de telefonía móvil MOVISTAR. Se encontraron once (11) mensajes de texto recibidos y TRECE (13) mensajes enviados….(omissis) Subrayado por la Fiscalía del Ministerio Público…”

18. Acta de Visita Domiciliaria de fecha 18/08/09, practicada por los funcionarios INSPECTOR G.N., SUB-INSPECTORES C.R., ESCALANTE FRANKLIN, H.L. Y R.D., adscrito a la División Nacional de Hurtos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en Caracas, quienes amparados en los ordinales 1° y 2° del articulo 210 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo acompañados por dos ciudadanos que fungieron como testigos ciudadanos M.I.R.B., titular de la cédula de identidad N° V- 3.765.802 y G.P., titular de la cédula de identidad N° V- 9.464.363, en la siguiente dirección: ESQUINA DE REGENERACIÓN A PUENTE HIERRO, EDIFICIO GIBARCO, PISO 7, APARTAMENTO 7-C PUENTE DE HIERRO, CARACAS DISTRITO CAPITAL.

19. Acta de Visita Domiciliaria de fecha 18/08/09, practicada por los funcionarios INSPECTOR G.N., SUB-INSPECTORES C.R., ESCALANTE FRANKLIN, H.L. Y R.D., adscrito a la División Nacional de Hurtos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en Caracas, quienes amparados en los ordinales 1° y 2° del articulo 210 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo acompañados por dos ciudadanos que fungieron como testigos ciudadanos DÍAZ IBARRA J.D., titular de la cédula de identidad N° V- 4.835.185 y SOSA HERNÁNDEZ JHONNAR ARNOLDO, titular de la cédula de identidad N° V- 12.399.101, en la siguiente dirección: URBANIZACIÓN P.C., BLOQUE 19, LETRA D, APARTAMENTO D-5, SARRÍA CARACAS, DISTRITO CAPITAL.

20. Resultado de Experticia de Autenticidad o Falsedad, oficio signado con el N° 9700-030-2844, suscrita por los funcionarios Expertos DETECTIVE A.S. y AGENTE Y.U., adscrito a la División de Documentología del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en Caracas, practicado a dos (02) cheques, signados con los N° 24059400 y N° 24059399, de la entidad financiera Banco Exterior, Banco Universal Código Cuenta Cliente N° 0115-0023-43-3000122626, nombre del titular Centro Turístico A.V., páguese a la orden del O.C., elaborados por la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (250.000) de fecha 14/08/09, concluyéndose lo siguiente: “…Los Dos (02) Cheques, signados con los N° 24059400 y N° 24059399, de la entidad financiera Banco Exterior, Banco Universal, descritos en la parte expositiva del presente dictamen, clasificados como dubitados, son: AUTÉNTICOS,…”

21. Acta de Visita Domiciliaria de fecha 26/08/09, practicada por los funcionarios INSPECTOR JEFE J.A., INSPECTORES G.N., SUB-INSPECTORES C.R., ESCALANTE FRANKLIN, NUNES JOSÉ, H.L. Y R.D., y los DETECTIVES BLONDELL JHONATAN y LABRADOR ENGELS, adscrito a la División Nacional de Hurtos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en Caracas, en LA AVENIDA PRINCIPAL DE ALTAMIRA, ENTRE QUINTA Y SEXTA TRANSVERSAL, QUINTA TOLEDO, DONDE FUNCIONA LA EMPRESA BEST MOTORS, de acuerdo a la Orden de Allanamiento N° 010-009 de fecha 22/08/09, emanada del Juzgado Vigésimo Séptimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con lo establecido en el artículo 210 del Código Orgánico Procesal Penal.

22. Acta de Entrevista de fecha 26/08/09 rendida ante la División Contra Hurtos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en Caracas, por la ciudadana KARELYS A.R.C., titular de la cédula de identidad N° V- 18.941.180, de 20 años de edad, quien manifestó el conocimiento que tiene de los hechos investigados.

23. Acta de Entrevista de fecha 26/08/09 rendida ante la División Contra Hurtos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en Caracas, por el ciudadano GARBOZA VILERA P.M., titular de la cédula de identidad N° V- 5.304.153, de 48 años de edad, quien manifestó el conocimiento que tiene de los hechos investigados.

24. Acta de Ampliación de Entrevista de fecha 27/08/09 rendida ante la Fiscalía Sexagésima del Ministerio Público a Nivel Nacional Con Competencia Plena, por parte A.R.J.L. titular de la Cédula de Identidad V-7.999.469, quien manifestó el conocimiento que tiene de los hechos investigados.

25. Acta de Ampliación de Entrevista de fecha 25/08/09 rendida ante la Fiscalía Sexagésima del Ministerio Público a Nivel Nacional Con Competencia Plena, por parte SANCHEZ TORREALBA A.J. titular de la Cédula de Identidad V-14.128.447, quien manifestó el conocimiento que tiene de los hechos investigados.

26. Acta de Entrevista de fecha 26/08/09 rendida ante la Fiscalía Sexagésima del Ministerio Público a Nivel Nacional Con Competencia Plena, por parte G.N.J.A. titular de la Cédula de Identidad V-6.274.669, quien manifestó el conocimiento que tiene de los hechos investigados.

27. Acta de Ampliación de Entrevista de fecha 08/09/09 rendida ante la Fiscalía Sexagésima del Ministerio Público a Nivel Nacional Con Competencia Plena, por parte JIMÉNEZ PINDER D.Y. titular de la Cédula de Identidad V-11.926.655, quien manifestó el conocimiento que tiene de los hechos investigados.

28. Acta de Ampliación de Entrevista de fecha 10/09/09 rendida ante la Fiscalía Sexagésima del Ministerio Público a Nivel Nacional Con Competencia Plena, por parte M.A. BARRETO SÁNCHEZ, titular de la Cédula de Identidad V- 15.794.518, quien manifestó el conocimiento que tiene de los hechos investigados.

29. Acta de Entrevista de fecha 18/09/09 rendida ante la Fiscalía Sexagésima del Ministerio Público a Nivel Nacional Con Competencia Plena, por parte PEÑA PEÑA N.Y. titular de la Cédula de Identidad V-6.251.482, quien manifestó el conocimiento que tiene de los hechos investigados.

30. Acta de Entrevista de fecha 18/09/09 rendida ante la Fiscalía Sexagésima del Ministerio Público a Nivel Nacional Con Competencia Plena, por parte VARELA DE VALERO M.R. titular de la Cédula de Identidad V-4.469.826, quien manifestó el conocimiento que tiene de los hechos investigados.

31. Acta de Ampliación de Entrevista de fecha 11/09/09 rendida ante la Fiscalía Sexagésima del Ministerio Público a Nivel Nacional Con Competencia Plena, por parte RIVAS PADRINO J.A., titular de la Cédula de Identidad V-11.923.013, quien manifestó el conocimiento que tiene de los hechos investigados.

32. Con el Resultado de Estudio Pericial Documentológico de fecha 29/09/09, signada con el N° 9700-030-3434, suscrita por los funcionarios Expertos INSPECTOR A.R. y DETECTIVE A.S., adscrito a la División de Documentología del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a fin de establecer a través del estudio documento lógico, lo siguiente: 1.- Autenticidad o Falsedad de siete (07) Licencias de Importación Automotriz. 2.- Autoría de los grafismos presente en los documentos recibidos como debitados. 3.- Identidad de producción de impresiones de sellos húmedos presentes en el material cuestionado. 4.- Identidad de producción del formato impreso que constituyen las siete (07) Licencias de Importación Automotriz, a los siguientes objetos: 1.- Siete (07) Licencias de Importación Automotriz, con membrete alusivo a: República Bolivariana de Venezuela-Ministerio del Poder Popular Para el Comercio. 2.- Dos (02) Comprobantes de Egresos, elaborados por la cantidad de DOSCINETOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (250.000,00). 3.- Una (01) Chequera de la entidad financiera EXTERIOR, contentiva únicamente de: Cincuenta (50) talones de conciliación. 4.- Un (01) oficio signado con el Nª DVCE/2009/314, con membrete alusivo a: GOBIERNO BOLIVARIO DE VENEZUELA- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO- VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, de fecha 17/08/09, dirigido a: Lic. Maria Salazar (Jefa de Operaciones). Para ser indubitados con lo siguiente: 1.- Muestras manuscritas suministradas por los ciudadanos: SAMÀN NAMEL EDUARDO ( Ministro del Poder Popular Para el Comercio), JUMERSI M.L.R.M. ( Viceministra del Poder Popular Para el Comercio), ARCAHALIS E.L., M.G. AGUILARTE. 2.- Muestras de impresiones de sellos húmedos. 3.- Muestras de escritura computarizada tomadas a las impresoras: HP LASERJET, serial Nª CNBJ831961, HP LASERJET 4250/4350 series, serial Nª CN6XL18318 y HP LASERJET 4250/4350 series, serial Nª CN8822C2YT. 4.- Una (01) hoja de papel de seguridad, signada con el Nª 002880, con inscripciones alusivas a: Gobierno Bolivariano de Venezuela- Ministerio del Poder Popular Para las Industrias Ligeras y Comercio, concluyendo lo siguiente: “…1.- Las firmas presentes en las siete (07) Licencias de Importación de Vehículos cuestionadas,……(omissis) constituyen una imitación de la firma autentica del ciudadano SAMAN NAMEL EDUARDO ( Ministro del Poder Popular Para el Comercio), cuya autoría aun no se ha determinado. 2.- las impresiones de sellos húmedos presentes en las siete (07) Licencias de Importación de Vehículos cuestionadas,……(omissis) han sido realizadas con un instrumento sellador distintos a los utilizados para tomar las muestras indubitadas,….(omissis) 3.- Los caracteres computarizados que comprenden el cuerpo de mensajes presentes en las siete (07) Licencias de Importación de Vehículos cuestionadas,……(omissis), han sido obtenidas a través de impresoras diferentes a las utilizadas para tomar las muestras indubitadas. 4.- las siete (07) Licencias de Importación de Vehículos cuestionadas,…. (omissis) provienen de unimisma fuente de producción con respecto al estándar suministrado. 5.- Con respecto al resto de los documentos clasificados como debitados,….. (omissis) no evidenciaron al estudio técnico comparativo, características de individualización escritural vinculables con las analizadas y evaluadas…..(omissis)…”

33. Con el Acta de Entrevista de fecha 27/08/09 rendida ante la División Nacional Contra Hurtos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas por el ciudadano POTOLICCHIO PRATS V.H., titular de la cédula de identidad Nº V- 9.880.393, de 41 años de edad, quien manifestó el conocimiento que tiene de los hechos investigados.

34. Con el Acta de Entrevista de fecha 27/08/09 rendida ante la División Nacional Contra Hurtos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, por el ciudadano PÈREZ MESA JAVIER, titular de la cédula de identidad Nº V-13.832.284, de 32 años de edad, quien manifestó el conocimiento que tiene de los hechos investigados.

35. Con el Acta de Entrevista de fecha 09/09/09 rendida ante la División Nacional Contra Hurtos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, por el ciudadano ESPINEL PASTRÀN WILIAM, titular de la cédula de identidad Nº V- 9.210.138, de 44 años de edad, quien manifestó el conocimiento que tiene de los hechos investigados.

36. Acta de Ampliación de Entrevista de fecha 04/09/09 rendida ante la Fiscalía Sexagésima del Ministerio Público a Nivel Nacional Con Competencia Plena, por parte G.N.J.A. titular de la Cédula de Identidad V-6.274.669, quien manifestó el conocimiento que tiene de los hechos investigados.

V

PENALIDAD

Conforme a lo establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, que prevé el Procedimiento Especial por Admisión de los Hechos, el cual fuera solicitado por las imputadas de autos LOVERA ARCAHALIS EVELINA y AGUILARTE SUSARRA M.G., se procede a calcular la penalidad en los siguientes términos:

Las mencionadas ciudadanas fueron acusadas por los delitos de HURTO AGRAVADO, FORJAMIENTO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE SELLOS EN PERJUICIO DE OTROS, previstos y sancionados en los artículos 451 en relación al artículo 452 numeral 1, 319 y 313 todos del Código Penal, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN FALSA, previsto y sancionado en el artículo 77 de la Ley Contra la Corrupción y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, lo cual denota un concurso real de delitos, y el cálculo de la pena a aplicar se encuentra previsto en el artículo 88 del Código Penal por cuanto las sanciones por estos hechos son de prisión, en este sentido debe aplicarse la pena correspondiente por el delito más grave, sumado a la mitad de las otras penas.

En este sentido tenemos, que el delito más grave es el FORJAMIENTO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, previsto y sancionado en el artículo 319 del Código Penal, el cual contempla una pena de seis (6) a doce (12) años de prisión, aplicando su término medio, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 ejusdem, da un total de nueve (9) años de prisión.

Ahora bien, la defensa durante el desarrollo de la Audiencia Preliminar, solicitó a este Tribunal la aplicación del límite inferior, no solamente de la aplicación de la pena correspondiente por el hecho más grave, sino además la aplicación de este término para el resto de la sumatorio por los otros hechos punibles, argumentando razones humanitarias e invocando el numeral 4° del artículo 74 del Código Penal, por cuanto las ciudadanas LOVERA ARCAHALIS EVELINA y AGUILARTE SUSARRA M.G., no presentaban antecedentes penales y por ser la primera vez que se encuentran involucradas en un hecho punible.

Ha sido criterio reiterado de este juzgador, en el caso de la atenuante genérica contenida en el artículo 74 numeral 4º del Código Penal, que no existen elementos procesales que puedan ser considerados para acreditar una disminución en la pena, en el caso de la buena conducta predelictual de las acusadas, alegada por la defensa en el desarrollo de la audiencia preliminar, toda vez que tal argumento no justifica la aplicación de dicha atenuante, pues la misma es de libre apreciación, como bien quedó asentado en Sentencia Nº 071 de Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Expediente Nº C02-0501 de fecha 27/02/2003, donde se estableció que: “…Las circunstancias atenuantes basadas en el ordinal 4° del artículo 74 del Código Penal son de libre apreciación del Juez, por lo que su aplicación o inaplicación resulta incensurable en casación…”, e igualmente en Sentencia Nº 368 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C99-0204 de fecha 28/03/2000 “…la circunstancia que se alega de la buena conducta del imputado no es de las que aparecen en la enumeración de los tres primeros ordinales del artículo 74 del Código Penal y que el legislador autoriza al juez de instancia, por medio del ordinal 4º ejusdem, para que en su criterio admita cualquier otra circunstancia de igual entidad a las ya indicadas en el mismo artículo, como pudiera ser la buena conducta del imputado. Ahora bien, también ha dicho este Tribunal Supremo que siendo esto facultativo para los jueces, de igual manera es de su soberanía apreciar si los hechos constantes en autos configuran o no dicha atenuante genérica, y estos poderes discrecionales del juez, no son recurribles en casación…”

Como puede apreciarse, corresponde a este Tribunal en forma soberana apreciar si se aplica o no la atenuante genérica contenida en el artículo 74 numeral 4° del Código Penal, en el caso que nos ocupa, para lo cual considera prudente determinar la entidad del daño causado, en la presente causa. En este sentido tenemos que, este daño resulta de gran consideración, pues se trata de dos personas que se desempeñaban en cargos o funciones públicas, las cuales a través de actos de corrupción pretendían obtener un beneficio económico en detrimento de la administración pública y con grave perjuicio para el colectivo, pues empaña la actividad propia que se genera en ese ente público.

Considera este Tribunal que, la corrupción ha de ser considerada como un hecho sumamente grave para toda la sociedad, pues afecta los intereses y fines del Estado, perseguidos a través del Poder Público Nacional. Esta concepción es compartida por el constituyente patrio, cuando consideró como delitos graves los realizados contra el patrimonio público, de acuerdo al artículo 271 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, razón por la cual estableció que los mismos son imprescriptibles, de allí deviene el carácter grave de estos delitos.

Por esta razón, considera este Tribunal, atendiendo a esa soberanía apreciativa de la aplicación de la atenuante genérica establecida en el artículo 74 numeral 4° del Código Penal, que la misma resulta inaplicable al presente caso, por lo tanto, este Juzgado se aparta de la solicitud de la defensa, y acuerda aplicar al presente caso, la pena correspondiente al término medio de los previstos en los tipos penales indicados a fin de practicar el computo correspondiente.

Ahora bien, y de acuerdo a lo anterior, tenemos que el término medio del delito de FORJAMIENTO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, previsto y sancionado en el artículo 319 del Código Penal, es de NUEVE (9) AÑOS DE PRISIÓN, que sumados a los términos medios de los delitos de HURTO AGRAVADO, USO DE SELLOS EN PERJUICIO DE OTROS, previstos y sancionados en los artículos 451 en relación al artículo 452 numeral 1, y 313 en relación con el 305 todos del Código Penal, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN FALSA, previsto y sancionado en el artículo 77 de la Ley Contra la Corrupción y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, disminuidos por mitad, de acuerdo a la regla prevista en el artículo 88 del Código Penal, es decir, dos (2) años; un (1) año, un (1) mes y quince (15) días; siete (7) meses y quince (15) días; dos (2) años y seis (6) meses respectivamente, da un total de QUINCE (15) AÑOS Y TRES (3) MESES DE PRISIÓN, pena que será en definitiva la pena aplicable por la comisión de los delitos antes señalados.

Ahora bien, observa este Tribunal que el Procedimiento Especial de la Admisión de los Hechos previsto en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, sólo tiene lugar cuando el imputado de autos, consiente en ello, acepta los hechos que se le imputan, correspondiendo al Juez en Función de Control, dictar inmediatamente la respectiva sentencia, siendo esta la única excepción que le permite al Juez de Control asumir funciones de sentenciador. Este procedimiento trae como beneficio al imputado la rebaja en la pena aplicable al delito por el cual esta siendo condenado, atendiendo las circunstancias del caso y tomando en consideración el bien jurídico tutelado por el Estado, siendo entonces, la consecuencia jurídica de la aplicación de este procedimiento, la obligación del Juez de rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad; sin embargo, el primer aparte del artículo 376 de la Ley Adjetiva Penal, dispone una excepción a esta regla, la cual se dará en los casos que haya existido violencia contra las personas, o cuando se haya transgredido alguna disposición Penal de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas o cuando se trate de un delito en contra del patrimonio público y cuya pena exceda de los ocho años en su limite máximo.

La obligación del Juez en Función de Control se ve limitada a la rebaja hasta un tercio de la pena aplicable y aunado a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia dictada por la Sala de Casación Penal Accidental, en fecha 26 de febrero del año 2003, con ponencia del Magistrado JULIO ELIAS MAYOUDON, donde se aclara que la palabra “hasta” establece el límite donde puede llegar el Juez para rebajar la pena, porque por el contrario, si se tuviera que rebajar un tercio se diría “en” un tercio y no “hasta”, y dicha decisión deja a la discrecionalidad del Juez tal rebaja. En el presente caso, tomando en cuenta las circunstancias en que se cometió el hecho punible y la magnitud del daño causado, el cual fue debidamente analizado en el presente capítulo, considera quien aquí decide, que lo procedente y ajustado a Derecho es la rebaja prevista en el mencionado artículo, es decir, un tercio de la pena aplicable, es decir, CINCO (5) AÑOS Y UN (1) MES, que restados a los QUINCE (15) AÑOS Y TRES (3) MESES, da como resultado una pena DEFINITIVA de DIEZ (10) AÑOS Y DOS (2) MESES DE PRISIÓN, pena ésta que deberán cumplir la ciudadanas LOVERA ARCAHALIS EVELINA y AGUILARTE SUSARRA M.G., por los delitos de HURTO AGRAVADO, FORJAMIENTO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE SELLOS EN PERJUICIO DE OTROS, previstos y sancionados en los artículos 451 en relación al artículo 452 numeral 1, 319 y 313 todos del Código Penal, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN FALSA, previsto y sancionado en el artículo 77 de la Ley Contra la Corrupción y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley contra la Delincuencia Organizada; y provisionalmente se fija la fecha en que finalizará dicha condena el día 20/10/2019, hasta tanto el Tribunal en funciones de ejecución dicte el correspondiente cómputo de ejecución de sentencia. Y así se decide.

V

DISPOSITIVA

Por los fundamentos anteriormente expuestos, este Juzgado Décimo Tercero en Función de Control del Tribunal de Primera Instancia en lo Penal del Circuito Judicial del Area Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, dicta el siguiente pronunciamiento:

CONDENA A LAS ACUSADAS E.L.A., titular de la cédula de identidad V.13.735621, de nacionalidad Venezolana, natural de Caracas, Distrito Capital, donde nació en fecha 06 de Enero de 1979, de estado civil soltero, de profesión u oficio Secretaria, hijo de A.C.L. (V) y MANUEL SISCO (V), residenciado en Urbanización P.C., Bloque 19, Piso 2, Apartamento A-05, Sarria, Caracas, teléfono: 0212-5770033 y M.G.A.S., titular de la Cédula de Identidad Nº V- 13167066, de nacionalidad Venezolana, natural de Caracas, nació en fecha 29 de Junio de 1977, de estado civil soltero, de profesión u oficio TSU en Comercio Exterior, hijo de J.J.A.S. (V) y M.I. SUSARRA (V), residenciado S.R., Esquina de Regeneración a Pelaez, Edificio Ibaraco, Piso 7, Apto. 7-C, teléfono: 0212-8325466, a cumplir la pena de DIEZ (10) AÑOS Y DOS (2) MESES DE PRISIÓN, por haberlas encontrado autoras materiales, culpables y responsables en la comisión de los delitos de HURTO AGRAVADO, FORJAMIENTO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE SELLOS EN PERJUICIO DE OTROS, previstos y sancionados en los artículos 451 en relación al artículo 452 numeral 1, 319 y 313 en relación con el artículo 305 todos del Código Penal, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN FALSA, previsto y sancionado en el artículo 77 de la Ley Contra la Corrupción y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, de conformidad con lo establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 330 numeral 6°, 364 y 367 ejusdem.

Igualmente se condena a las referidas ciudadanas, a las penas accesorias contenidas en el artículo 16 del Código Penal, todo conforme al artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal.

Se fija provisionalmente como lugar de reclusión el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), y como fecha correspondiente a la culminación de la sentencia se fija el día 20/10/2019, hasta tanto el juzgado en funciones de ejecución establezca el respectivo cómputo de ejecución de sentencia, conforme a lo establecido en el primer aparte del artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal.

Se exime a los imputados, del pago de las costas procesales prevista en el artículo 34 del Código Penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no así de las costas procesales contenidas en el artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que, se CONDENA a las mismas al pago de dichas costas, conforme a lo establecido en el artículo 267 ejusdem…” (Sic) (Negrillas, Mayúsculas y Subrayados del Juez A-quo).

VIII

FUNDAMENTOS PARA DECIDIR

DEL RECURSO INTERPUESTO POR LA DEFENSA

DE LA CIUDADANA ARCAHALIS E.L.

El Abogado H.D.O., en su carácter de defensor de la ciudadana ARCAHALIS E.L., interpone recurso de apelación en contra de la decisión dictada en fecha 14 de Enero de 2010, por el Juez Décimo Tercero (13°) de Primera Instancia en Funciones de Control, mediante la cual condenó a la mencionada ciudadana, por Admisión de Hechos en la celebración de la Audiencia Preliminar de fecha 08/01/10, a cumplir la pena de DIEZ (10) AÑOS Y DOS (02) MESES DE PRISIÓN, por la comisión de los delitos de HURTO AGRAVADO, FORJAMIENTO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE SELLOS EN PERJUICIO DE OTROS, previstos y sancionados en los artículos 451 en relación con el 452 numeral 1, 319 y 313, en relación con el 305 todos del Código Penal, ello con fundamento en los numerales 2 y 3 del artículo 452 de la Ley Adjetiva Penal, alegando 4 denuncias; la primera, por Quebrantamiento u Omisión de Formas Sustanciales de los Actos que Causen Indefensión, señalando que a su defendida no se le informó de manera detallada cuales eran los hechos por cuales le acusó el Ministerio Público, ni tampoco haber explicado el Juez de la recurrida, cuales eran las calificaciones jurídicas de los mismos, lo cual a su juicio le produjo un estado de indefensión a la precitada acusada. La segunda, tercera y cuarta denuncia se refieren a la Falta de Motivación y Contradicción en la Sentencia, siendo que a criterio del recurrente, el Juez sólo se limitó a transcribir lo expuesto por el Ministerio Público en su escrito de acusación, sin realizar una relación concisa de los elementos que extrajo para demostrar la culpabilidad de la acusada en los hechos por los cuales se le condenó, así como contradictorio el fallo emitido por el Juzgador al no haber demostrado el bien jurídico afectado.

Así las cosas, luego de un pormenorizado análisis del escrito de fundamentación del recurso de apelación y de la decisión recurrida, así como, luego de haberse realizado la Audiencia Oral a que se contrae el artículo 456 de la N.A.P. y evacuada la prueba promovida por la Defensa, referente a la cinta de CD donde fue grabada la Audiencia Preliminar realizada en la presente causa, y analizados los demás actos procedimentales, esta Sala no constata la existencia del vicio de Quebrantamiento u Omisión de Formas Sustanciales de los Actos que Causen Indefensión, señalados por el recurrente, toda vez que del acta de Audiencia Preliminar celebrada el 8 de Enero de 2010, se desprende el Juez de Control impuso a la acusada de sus derechos constitucionales, referentes al Debido Proceso que le asistía en relación a su declaración, la cual la eximía de declararse culpable o declarar contra sí misma, así como se le informó detalladamente de los hechos que le atribuyó el Ministerio Público, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar y del modo de la comisión del delito, situación que pudo ser evidenciada con la referida grabación al momento de ser evacuada en esta Alzada, como prueba ofrecida por el recurrente.

Igualmente, se observa del acta de Audiencia Preliminar que la ciudadana Arcahalis E.L. al momento de rendir su declaración, admitió el ilícito por el cual estaba siendo procesada, exponiendo lo siguiente: “si señor juez yo admito los hechos, cometí un error y le pido disculpas a la ciudadana Vice Ministra”; al respecto, en la referida audiencia el Ministerio Público señalo los hechos por las cuales solicitaba el enjuiciamiento, así como le fue indicado los tipos penales a las cuales se refiere los hechos imputados, observándose de la misma manera que el ciudadano Juez Aquo, le pregunta a cada una de las ciudadanas imputadas si entienden los hechos imputados y las mismas manifiestan que si, por lo que estima esta Sala que ciertamente el ciudadano Juez de la causa le hizo del conocimiento sobre los hechos que le fueron imputados a ambas ciudadanas. Igualmente se escucho de la grabación realizada al acto de Audiencia Preliminar que el ciudadano Juez Aquo, las impuso de los Derechos Constituciones y legales a que se contrae el Artículo 49.5 Constitucional, así como del contenido de las medidas Alternativas a la prosecución de la causa, como lo son, el Principio de Oportunidad, la Facultad de realizar Acuerdos Reparatorios, Suspensión Condicional del Proceso y procedimiento de admisión de los hechos, todos ellos previstos en los Artículos 37, 39, 42 y 376 todos del Código Orgánico Procesal Penal, tanto al inicio de la Audiencia como en el momento de los pronunciamientos, es decir, una vez de haber sido admitida la Acusación, admitidos los medios de pruebas y admitidas las calificaciones jurídicas que le fueron dadas a los hechos imputados por el representante Fiscal, siendo la oportunidad en que el Juez de la causa procede una vez de informar a las partes en este caso a las imputadas de autos sobre las medidas alternativas a la prosecución del proceso, el Juez le informa a viva voz sí entienden sobre las consecuencias de la admisión de los hechos y ambas imputadas son contestes en afirmar de manera afirmativa y proceden admitir los hechos imputados, ratificando el contenido de sus Declaraciones, ya que al momento o la oportunidad en que le fue dada la palabra a fin de rendir declaración ambas imputadas, manifestaron su deseo de admitir los presentes hechos, es decir, antes de que el Juez de la causa manifestara sobre la admisión o no del escrito de acusación, de los medios de Pruebas ofrecidos y sobre la Calificación Jurídica, es decir antes del pronunciamiento a que se refiere el Artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal.

En tal sentido, es importante destacar que el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:

…Artículo 376. Solicitud. En la audiencia preliminar, una vez admitida la acusación, o en el caso del procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes del debate, el juez en la audiencia instruirá al imputado respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. Este podrá admitir los hechos objeto del proceso y solicitar al tribunal la imposición inmediata de la pena. En estos casos, el juez deberá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado, motivando adecuadamente la pena impuesta. Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, y en los casos de delitos contra el patrimonio público o previstos en la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, el juez sólo podrá rebajar la pena aplicable hasta un tercio…

(Negrillas y subrayado de la Sala)

De la norma in comento, se desprende que en el caso del procedimiento especial por admisión de los hechos, el acusado podrá solicitar al tribunal la imposición inmediata de la pena y el juez deberá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la misma, atendiendo todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado; y solo en los casos de los delitos en los cuales haya violencia contra las personas, contra el patrimonio público o los previstos en la ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, podrá rebajar la pena aplicable hasta un tercio y por ende, se observa que en el caso de marras la ciudadana ARCAHALIS E.L., fue condenada por la comisión de los delitos de HURTO AGRAVADO, FORJAMIENTO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE SELLOS EN PERJUICIO DE OTROS, el cual como ha quedado asentado anteriormente es un ilícito, a criterio del ciudadano Juez Aquo que atenta y es victima el Estado Venezolano, es por ello que esta Alzada considera que en el presente caso, no es aplicable lo alegado por el recurrente, toda vez que la misma acusada reconoció el delito cometido, señalado por el representante Fiscal, expuesto por el Juez a momento de inferir sobre el procedimiento sobre Admisión de hechos, establecido en el Artículo 376 ejudem, hechos estos que son de sus conocimientos desde el mismo momento en que fueron puesta a la orden del Órgano jurisdiccional, entonces, mal puede pretender el recurrente señalar que existe error del Juez al momento de emitir sus pronunciamientos, ya que cumplió a cabalidad con las formalidades de Ley que rodean el acto de Audiencia Preliminar, quien considero los elementos que fueron valorados y analizados, al momento de dictar su decisión. En consecuencia a criterio de esta sala es declarar SIN LUGAR la presente denuncia.

Ahora, en cuanto a las denuncias enunciadas por el recurrente como segunda y tercera relativas al vicio de inmotivación de la decisión recurrida, este Tribunal Colegiado observa que el recurrente, no específica cuales son los elementos que pudieran determinar la posible exculpación de su defendida de los hechos por los cuales fue acusada por el Ministerio Público, así como las posibles contradicciones esgrimidas por el A-Quo que a su juicio podrían evidenciarse en la sentencia apelada, señalando extractos tanto de la decisión recurrida y reiteradas Jurisprudencias de la Sala de Casación Penal, sin embargo, de la revisión de las actuaciones no se logró apreciar ninguno de los vicios señalados, siendo necesario advertir lo siguiente:

Los medios de impugnación, son instrumentos o mecanismos técnicos legales que las partes pueden utilizar para atacar e intentar la reforma de una decisión judicial, cuyos motivos pueden ser diversos, de acuerdo al vicio en el que haya incurrido el juzgador al momento de decidir, el cual básicamente puede ser el error in procedendo o error in iudicando.

Es por ello, que la parte afectada por la resolución dictada por el Juez en el ejercicio de su función jurisdiccional, debe expresar claramente cual ha sido el vicio en el que a su criterio, ha incurrido el decisor, y que en consecuencia le ha producido un gravamen con relación a la pretensión deducida en el proceso, es decir, el justiciable debe indicar con meridiana claridad, el (o los) motivo que ha producido el vicio susceptible de impugnación.

Así las cosas, el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, en su numeral 2, refieren lo siguiente:

“Artículo 452. Motivos. El recurso solo podrá fundarse en:

(Omissis)…

2. Falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando ésta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral; (Omissis).

De la norma trascrita se desprende, que la falta de motivación, la contradicción y la ilogicidad en la motivación de la sentencia, son situaciones jurídicas distintas, con características propias que presuponen el error in iudicando, y que deben ser expresadas por el accionante, según sea el caso, con la debida indicación de la circunstancia que ha ocasionado su insatisfacción ante la resolución dictada.

En el caso de marras, el recurrente señaló en su escrito recursivo lo siguiente:

Este hecho se comprueba con la sentencia que se recurre cuando en el capítulo II intitulado "ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS", con solo hacer una comparación de la acusación en el capítulo II "DE LOS HECHOS", son exactamente iguales, incluso con los mismos errores de trascripción en que se pudo haber incurrido

Así mismo, que:

Alego El vicio de FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA, ya que no es cierto como lo dice el juez de la recurrida en su sentencia en el capítulo señalado como "IV FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO", que con la admisión de los hechos efectuada ante el tribunal al momento de celebrarse la audiencia preliminar, se demuestra la participación y consecuente responsabilidad penal en la comisión de los delitos que se señalan fueren cometidos…

(Omissis)

De este extracto de la sentencia se puede colegir, que el juez está en la obligación no sólo de decir en su sentencia que la acusada admite los hechos y de seguidas imponer la pena, sino que debe establecer los hechos cumplidos por quien los admite. En este caso, el juez no estableció de manera clara y precisa cuales fueron los hechos cumplidos por mi defendida, que constituyan los delitos de HURTO AGRAVADO, FORJAMIENTO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE SELLOS EN PERJUICIO DE OTRO, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN FALSA y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR.

Ahora bien, este Tribunal Colegiado, luego del exhaustivo análisis efectuado a la decisión recurrida, observa que no existe la falta de motivación en la sentencia alegada por el recurrente, ya que el Juez A-quo realizó su motivación en forma lógica, enunciando todos y cada uno de los elementos de pruebas, que conllevan a determinar la procedibilidad de admisión de la Acusación presentada en contra de las imputadas de autos, los medios de Pruebas a ser evacuados en un eventual juicio oral y publico, determinado su legalidad, necesidad y pertinencia de cada uno de ellos, tal como se desprende del acto fundado de la sentencia sobre admisión de hechos cursante en autos, en la cual la ciudadana ARCAHALIS E.L. manifestó su participación en los hechos dilucidados en la referida audiencia, motivo por el cual a criterio de esta Alzada, acertadamente el Juez de Instancia hizo un análisis lógico y ajustado a derecho, no constatándose la existencia de vicio que violente principios básicos relativos al debido proceso y a la defensa, estableciendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la comisión de los delitos por los cuales la acusada resultó condenada, observándose una adecuada motivación de la sentencia recurrida.

De la impugnación presentada, se desprenden apreciaciones de carácter subjetivo y transcripciones de algunos extractos de jurisprudencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, sin indicar las pruebas que el sentenciador no tomó en consideración, el contenido de éstas, su significación y relevancia en la sentencia impugnada, ni cuales son los hechos, dichos y circunstancias que por el contrarió explanó equivocadamente. Tampoco indicó el apelante, una acertada secuencia de razonamiento que llevaría a otro lógico resultado, que permita verificar la trascendencia e importancia en las resultas del proceso.

A tal respecto, el Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido en forma reiterada, que cuando se denuncia el vicio de inmotivación, específicamente al tratarse de omisión de análisis de determinadas pruebas llevadas al juicio oral, debe transcribirse su contenido con la mayor exactitud y compararla con las restantes, para que permita a la Alzada verificar la importancia en la resulta del proceso y así constatar si efectivamente la sentencia recurrida adolece del vicio que se le atribuye.-

Es por todo ello, que esta Instancia Colegiada, al revisar el fallo impugnado, constata que no se existen vicios graves que atañen al debido proceso, que estén por encima de cualquier formalismo no esencial que conlleve la aplicación del artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues en efecto, tal y como acertadamente lo dejó plasmado el sentenciador de primera instancia, vista la declaración de la ciudadana ARCAHALIS E.L., quien manifestó su participación, expresó el Juez Aquo las razones de hecho y de derecho, que a su juicio demostraban tales extremos, haciendo una determinación precisa y circunstanciada de los hechos que estimó acreditados en base a la acusación presentada por el Ministerio Público, según la sana crítica, observando las reglas de lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, tal como lo disciplina el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, haciendo un juicio libre pero razonado, estimando lógicamente cada una de las pruebas debatidas de las cuales obtuvo su convencimiento, lo que le permitió valorar con acierto el resultado de la actividad probatoria y arribar como se asentó anteriormente a la conclusión de la culpabilidad de la mencionada acusada en el hecho ilícito narrado en el cuerpo de la sentencia impugnada.

Cabe destacar, que la sentencia impugnada se basta a si sola, es decir, comprende todas y cada una de las pruebas debatidas en el juicio oral y público, por lo que se ajusta perfectamente al criterio sostenido en forma reiterada por el Tribunal Supremo de Justicia, relativo a la motivación del fallo, pues es evidente que de la misma se desprende, que efectivamente la hoy acusada ARCAHALIS E.L., se aprovecho de su cargo de funcionaria pública para hurtar una hojas de seguridad utilizadas como licencias de importación automotriz, con numeración correlativa desde el número tres mil quinientos uno (3.501) hasta el tres mil setecientos cincuenta (3.750), hechos éstos ocurridos en el Despacho de la Vice-Ministra de Comercio Exterior, ubicado en el piso 13 de la Torre Oeste de Parque Central.

En atención a lo anteriormente expuesto y de la revisión del cuerpo de la sentencia, esta Sala constata el cumplimiento de los extremos formales contenidos en el artículo 364 del Texto Penal Adjetivo y muy especialmente en sus numerales 2, 3 y 4, por lo que esta Sala llega a la conclusión que lo procedente y ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR la impugnación ejercida por el Abogado H.D.O., en su carácter Defensor de la ciudadana ARCAHALIS E.L., relativa a la inmotivación del fallo, al estimarse que del fallo impugnado no se evidencian actos que impliquen inobservancia o violación de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Código Orgánico Procesal Penal, Leyes, Tratados, Convenios o Acuerdos Internacionales, que hagan procedente la nulidad absoluta de la Audiencia Preliminar, solicitada por el recurrente y ASÍ SE DECLARA.-

En relación a la cuarta denuncia, relativa al vicio de contradicción de la decisión recurrida, se hace necesario para esta Sala advertir al recurrente lo siguiente:

Los jueces a los fines de apreciar las pruebas que hayan sido aportadas por las partes para lograr cada una su pretensión en el contradictorio, en primer lugar, deben hacer un examen individual de cada medio en cuanto a su resultado, es decir, deben hacer una apreciación de la prueba; no obstante, deben hacer una interpretación de estas, que no es mas que establecer juicios acerca de la autenticidad y eficacia probatoria, para determinar su legalidad, pertinencia, necesidad y utilidad, y así establecer la importancia en un eventual debate.

En este sentido, el Juez debe procurar con la mayor exactitud posible determinar, como afecta y que influencia ejercen los diversos instrumentos probatorios sobre la decisión que debe tomar. De esta forma, una apreciación exhaustiva implica una conexión de los diversos medios, y en esa deberá aplicar criterios de proporcionalidad, lo cual significa aplicar la sana crítica. Debe entenderse, que la aplicación de la sana crítica, que participa de la libre apreciación, no significa arbitrariedad ni irracionalidad, sino precisamente su mejor connotación es de razonamiento, por ello debe exteriorizarse ese proceso de la adquisición de convicción o certeza en la motivación de la sentencia.

Es por ello, que el sistema de libre valoración razonada de la prueba o sistema de la sana crítica que establece el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, implica una valoración fundada en razonamientos, que si bien son el producto de la convicción personal de los jueces, deben ser susceptibles de valoración por terceros conforme a criterios razonables emanados de las probabilidades, de la experiencia general, o de las relaciones estables y constantes entre diversos hechos, establecidas por la ciencia, por lo que la apreciación de la prueba conforme a la sana crítica está acotada por las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos.

Analizadas estas consideraciones jurídicas, esta Sala observa, que el apelante en su escrito recursivo establece como objeto de apelación, el supuesto previsto en el numeral 2 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, referente a la contradicción en la motivación de la sentencia; sin embargo del mismo, se desprende que el accionante señala que resulta contradictoria la motivación, por no haber el Juez demostrado el bien jurídico afectado, así como una serie de consideraciones referentes a la calificación jurídica dada a los hechos, por los cuales resultó condenada su defendida.

Es necesario destacar, que el recurrente ha malinterpretado el supuesto establecido por el Legislador, relativo al vicio por contradicción a que se contrae el numeral 2 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que el mismo sugiere inexorablemente que el fallador al momento de dictar sentencia haya tergiversado el hecho que la prueba recoge para dictar la misma, es decir, que el juzgador asuma las pruebas aportadas por las partes a objeto de dictar el respectivo fallo, alterando el contenido de las mismas, haciéndolas decir lo que en realidad no predican o también tomando una parte como si fuera un todo, de donde la omisión de una porción de su texto desfigura su contenido.

En este sentido, es necesario advertir, que de la sentencia recurrida no se desprende vicio de contradicción, más aún cuando la acusada de autos admitió los hechos, lo cual fue apreciado por el Juez de Primera Instancia, al momento de dictar el respectivo fallo.

A tal efecto, por cuanto se desprende del contenido del recurso de apelación, que el impugnante pretende que esta Alzada analice la precalificación dada a los hechos, por cuanto a su criterio, fueron contradictorias ya que el Juez sólo refiere el bien jurídico afectado; siendo que el objeto de la impugnación no versa sobre la posibilidad de que el Juez en Función de Control haya incurrido en el error por contradicción en la motivación de la sentencia, tal señalamiento lo realiza el recurrente al momento e que ciudadano Juez de la causa, estima la pena aplicable y manifiesta que no considera aplicable el contenido del Artículo 74.4 del Código Penal, toda vez que la presente causa es contra el Estado Venezolano, por lo que considera esta sala que tal atenuante tal como lo ha establecido en reiteradas oportunidades nuestro máximoT., su aplicación es a criterio del Juez que conozca de la causa, dependiendo de su apreciación podrá o no aplicar esta atenuante, y a criterio del mismo considero no pertinente su aplicación, situación que invalida la sentencia dictada en la presente causa, y tal hecho no puede considerar como un motivo de contradicción que sea considerado un vicio, ya que la denuncia señala que le fue tomado en consideración un delito de Corrupción, para el calculo de la pena y la no aplicación de la atenuante señalada, observándose que los delitos admitidos y sentenciados no se encuentra señalado por la defensa. Es por lo que este Tribunal Colegiado, considera que debe ser declarada SIN LUGAR, la presente denuncia. por no ajustarse al supuesto fáctico del numeral 2 del artículo 452 de la Ley Penal Adjetiva, la pretensión del profesional del derecho H.D.O., en su carácter Defensor de la ciudadana ARCAHALIS E.L., fundamentada en el artículo 452 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, relativa a la contradicción del fallo, al estimarse que el impugnante no ajustó de forma certera su pretensión al supuesto previsto en la mencionada disposición legal, evidenciándose igualmente que del pronunciamiento impugnado no surgen actos que impliquen inobservancia o violación de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Código Orgánico Procesal Penal, Leyes, Tratados, Convenios o Acuerdos Internacionales. ASÍ SE DECIDE.-

DEL RECURSO INTERPUESTO POR LA DEFENSA

DE LA CIUDADANA M.G.A.S.

Observa esta Alzada, que el recurso de apelación interpuesto por los Abogados D.M.S. y M.D., en sus carácter de Defensores de la ciudadana M.G.A.S., fundamentan su pretensión en el contenido de los numerales 3 y 4 del artículo 452 de la Ley Adjetiva Penal, señalando que su defendida al momento de la celebración de la Audiencia Preliminar de fecha 08 de Enero de 2010, se encontraba de alguna manera desasistida, en virtud de haber depositado su confianza en una defensa técnica que no ejerció oportunamente ninguna de las alternativas para su defensa durante las distintas etapas del proceso.

Del cuerpo de la presente sentencia, del análisis de las actas en especial del Acta de audiencia preliminar y del contenido del CD evacuado en esta sala donde se reproduce la audiencia preliminar, se observa que la ciudadana M.G.A.S., se encontraba asistida de su defensa técnica, abogado privado, el cual para que participara en dicho acto debió como en efecto lo hizo ser juramentada a tal fin, observándose que inclusive en su oportunidad realizó los alegatos que consideró pertinente, el hecho que no se haya obtenido un resultado beneficioso a su criterio en dicha audiencia no puede señalarse que la misma se encontraba desasistida legalmente, toda vez que se observa que la referida Defensa privada asistió al acto en cuestión, firmando el acta respectiva, el hecho que no hay realizado o hecho uso de los recursos o facultades que le permite la Ley, no son causales para anular el presente fallo por falta o violación al Derecho de la Defensa, situación que en caso de considerarlo pertinente deberán las partes afectadas hacer sus denuncias ante el gremio o colegio respectivo.

En tal sentido, es deber de esta Sala traer a colación el artículo 49 de la Carta Magna que establece:

…Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa…

Por su parte el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal reza:

…Artículo 12. Defensa e igualdad entre las partes. La defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso.

Corresponde a los jueces garantizarlo sin preferencias ni desigualdades…

De las normas transcritas, se desprende el derecho constitucional que tiene toda persona a la asistencia jurídica, y el deber de los jueces garantizarlo sin preferencias ni desiguales, situación que no se ajusta en la presente causa, como ya se dijo la ciudadana imputada de autos asistió a la referida audiencia, y de manera voluntaria se encontraba asistida por su abogada defensora privada, que además se supone que dicha asistencia requiere un acuerdo previo de voluntades, honorarios y estrategias jurídicas a seguir, es por lo antes expuesto que este Tribunal Colegiado, considera que debe ser declarada SIN LUGAR, la presente denuncia, por no ajustarse al supuesto fáctico del numeral 3 y 4 del artículo 452 de la Ley Penal Adjetiva, la pretensión de los Abogados D.M.S. y M.D., en su carácter de defensor de la ciudadana M.G.A.S., ARCAHALIS E.L., relativa a la falta de asistencia jurídica por parte de su Abogado Defensor, al estimarse que el impugnante no ajustó de forma certera su pretensión al supuesto previsto en la mencionada disposición legal, evidenciándose igualmente que del pronunciamiento impugnado no surgen actos que impliquen inobservancia o violación de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Constitución, por la falta de encontrarse asistida la imputada de autos. Y ASI SE DECIDE.-

En relación a la tercera denuncia, se observa que los recurrentes señalan lo siguiente:

…TERCERO

DE LA PRESENCIA DE LA VICTIMA

Es oportuno señalar que en la audiencia que nos ocupa, se desarrollo en presencia de la Vice-ministro de Comercio Exterior, lo que a nuestro criterio fue errado por considerar que la misma no representa los intereses del Estado Venezolano, en estos asuntos penales, ya que el representante del Estado es la Procuraduría General de la República, ya que si bien es cierto que el Estado puede estar representado por el Ministerio Público, que representa a la Victima, no es menos cierto que si el estado pretende intervenir activamente como victima, allá de la actuación mas Fiscal, en dicho acto se debió presentar la se Procuraduría General de República, la pero el propósito de la presencia de la Vice-Ministro era intimidar con su presencia y con su declaración, la cual no arrojo ni en ese ni otro momento algún elemento que permitiera aclarar los hechos, por ejemplo una aclaratoria o una individualización de los hechos y consideramos así como nos lo hecho conocer nuestra representada se sintió cohesionada, lo que se dejo plasmado en el acta, cuando esta le ofrece disculpa a la Vice-Ministro.

Por otra parte, en su oportunidad, una vez presentado el acto conclusivo la fiscalía señala como victima al Estado Venezolano, en las personas del ciudadano Ministro E.S. del Ministerio del Poder Popular para el Comercio y la ciudadana JUMERSI M.L.R.M., vice-ministra de Comercio " Exterior, sin lugar dudas estos dos funcionarios representan al Estado Venezolano, pero a los fines de la presente causa disentimos de su condición de victima, toda vez que los mismos representan en la división de los poderes, la parte activa del ejecutivo designados por el Presidente de la Republica, siendo El Procurador General de la Republica quien tiene la representación de los intereses patrimoniales de la República.

Articulo 247 Constitución. "La Procuraduría General de la Republica asesora, defiende y representa judicialmente y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la Republica... "

En el derecho penal sustantivo, idea de la objetividad jurídica lesionada, el patrimonio publico por ejemplo, hace entender que la víctima es el Estado, y en materia penal el Fiscal del Ministerio Publico representa al estado, sin embargo, en los delitos contra la administración publica…

En relación a la presente denuncia, considera esta Sala realizar las siguientes consideraciones:

Establece la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Capítulo II, De la Actuación de la Procuraduría General de la República en sus articulos:

Artículo 96.- los funcionarios o funcionarias judiciales están obligados a notificar al Procurador o Procuradora General de República de la admisión de toda demanda que obre directa o indirectamente contra los intereses patrimoniales de la República. Las notificaciones deben ser hechas por oficio y estar acompañadas de copias certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del asunto.

El proceso se suspenderá por un lapso de noventa (90) días continuos, el cual comienza a transcurrir a partir de la fecha de la consignación de la notificación, practicada en el respectivo expediente. Vencido este lapso, el Procurador o Procuradora se tendrá por notificado. Esta suspensión es aplicable únicamente a las demandas cuya cuantía es superior a un mil Unidades Tributarias (1000 U.T.).

El Procurador o Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre, debe contestar dichas notificaciones durante este lapso, manifestando la ratificación de la suspensión, o su renuncia a lo que quede del referido lapso, en cuyo caso se tendrá igualmente por notificado.

Artículo 97.- Los funcionarios o funcionarias judiciales están igualmente obligados a notificar al Procurador o Procuradora General de la República de toda oposición, excepción, providencia, sentencia o solicitud de cualquier naturaleza que directa o indirectamente obre contra los intereses patrimoniales de la República. Estas notificaciones deben ser hechas por oficio y estar acompañados de copias certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del asunto.

En tales casos, el proceso se suspenderá por un lapso de treinta (30) días continuos, contados a partir de la fecha de la consignación practicada en el respectivo expediente. El Procurador o Procuradora General de la República, o quien actúe en su nombre, debe contestar dichas notificaciones durante este lapso, manifestando la ratificación de la suspensión o su renuncia a lo que quede del lapso, en cuyo caso se tendrá igualmente por notificado.

Artículo 98.- La falta de notificación al Procurador o Procuradora General de la República, así como las notificaciones defectuosas, son causal de reposición en cualquier estado y grado de la causa, la cual podrá ser declarada de oficio por el tribunal o a instancia del Procurador o Procuradora General de la República. (Subrayado nuestro).-

Al respecto podemos señalar, que el Ministerio Público es el órgano del Estado que se encarga de ejercer la acción penal, que tal y como lo señala el Artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, es un órgano del Poder Ciudadano que tiene por objetivo actuar en representación del interés general y es responsable del respeto a los derechos y garantías constitucionales a fin de preservar el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, por lo que, el Fiscal (a) General de la República, sin perjuicio de las atribuciones de la Procuraduría General de la República, podrá designar representantes ante cualquier tribunal, para sostener los derechos e intereses del Ministerio Público en los juicios, según corresponda. Lo que quiere decir, que en aquellos casos donde la víctima sea el Estado corresponde al Procurador General ejercer su representación, por cuanto la Ley así lo ha establecido de manera taxativa, para que asuma la defensa de sus intereses; por lo que, en el caso que nos ocupa siendo que pudiera causarse un daño o lesión al Estado, es al Procurador General de la Republica por mandato expreso de la normativa legal, como se ha dicho en su articulo 96 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a quien corresponde la defensa de los derechos del Estado, y se observa que en autos nunca fue notificado este Órgano contralor sobre el presente procedimiento.

Conforme a los preceptos antes señalados el Tribunal de la causa estaba obligado, por mandato del artículo 94 de la Ley in comento, a notificar a la Procuraduría General de la República, de la acción interpuesta por el Ministerio Publico ya que el Estado en el presente caso, tiene intereses o pudiera ver afectados sus Derechos.

Igualmente, de acuerdo con el artículo 96 de dicha Ley los jueces pueden declarar de oficio la reposición de la causa, sea por omitirse la notificación al referido organismo o por practicarse defectuosamente, ello se explica porque se encuentran involucradas facultades procesales de la República, así como la protección de sus intereses patrimoniales, lo cual es materia de orden público, como se señaló supra, y porque cualquier juez tiene la obligación de velar por la integridad de la Constitución y de preservar el orden público.

Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 14 de abril 2004, expediente N° 02-3172, caso: Veneamericana de Seguros, S. A., estableció:

“...A pesar de lo expuesto, observa la Sala que en la causa en la que se dictó la sentencia accionada se incurrió en una violación del orden público constitucional, pues el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, no cumplió con lo ordenado en su propio fallo repositorio del 7 de diciembre de 1995, omitió la notificación del Procurador General de la República y dictó la sentencia definitiva, sin garantizar la apropiada intervención de la República en el proceso, lo que dificultó, en consecuencia, el ejercicio del derecho a la defensa, en violación a lo previsto en el mencionado artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para entonces vigente.

En tal sentido debe destacarse que la vigente Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en su artículo 96 señala:

La falta de notificación al Procurador o Procuradora General de la República, así como las notificaciones defectuosas, son causal de reposición en cualquier estado y grado de la causa, la cual podrá ser declarada de oficio por el tribunal o a instancia del Procurador o Procuradora General de la República

(negrillas de esta decisión).

Tomando en cuenta lo precedentemente expuesto, esta Sala estima que, a los fines de restablecer el orden público constitucional infringido, resulta procedente la reposición de la causa al estado que se cumpla la notificación omitida. Así se decide...”.

Como se indicó anteriormente, no consta en las actas que conforman el presente expediente, que una vez presentado el acto conclusivo de Acusación por parte del la representación fiscal, se hubiese ordenado la notificación del Procurador General de la República, ni tampoco que éste hubiese intervenido de forma voluntaria en el proceso, a tenor de lo establecido en el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica; observándose en el presente proceso que tal omisión no fue subsanada en el transcurso del mismo, si bien es cierto el Estado esta representado por el Ministerio Publico, al igual que se observa que a la audiencia preliminar asistió en calidad de victima la ciudadana Vice-Ministra de Comercio Exterior: JUSMERSI M.L.R.M., cualidad que no se discute ni se objeta, entendiendo que además de estar la Nación representada por el Órgano titular de la acción, en este caso el Ministerio Público, debe de manera concurrente debe ser notificado el Procurador General de la Republica, por cuanto es el ente encargado de representar y defender al Estado cuando pudieran verse involucrados sus intereses.

Por lo que considera pertinente esta Sala, manifestar que en atención a la normativa relativa a la formalidad que conlleva la falta de notificación o cuando este defectuosa en causa donde sea victima el Estado, a la Procuraduría General de la Republica, que la misma señala que debe inclusive declararse de oficio la reposición de la causa, “La falta de notificación al Procurador o Procuradora General de la República, así como las notificaciones defectuosas, son causal de reposición en cualquier estado y grado de la causa, la cual podrá ser declarada de oficio por el tribunal o a instancia del Procurador o Procuradora General de la República”; en este sentido, la Sala Constitucional también ha establecido que la denuncia debe ser interpuesta solo por el interesado, significando que no puede ser denunciada por un tercero, como en el presente caso, al respecto, considera este Tribunal Colegiado que la presente reposición se acoge en protección de los Derechos e intereses del Estado, quien debe ser notificado tal como lo ha establecido la Ley especial que rige la materia y las reiteradas sentencias de nuestro M.T., inclusive con sentencia vinculante a este respecto, el cual fue denunciado por una de las partes, no es menos cierto que tal violación es de Orden Público y Constitucional .

Todo ello determina la declaratoria con Lugar de reposición de la causa al estado de que sea debidamente notificado al Procurador General de la República, es decir una vez presentado el acto conclusivo de acusación debe nuevamente notificarse a las partes a los fines previstos en el Artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, conforme al criterio jurisprudencial emanado del Alto Tribunal del País, ya citado anteriormente, con el propósito de garantizar la defensa de los intereses del Estado.

Por todo lo antes expuesto, consideran relevante estas Juzgadoras, traer a colación el fundamento utilizado por la defensa de la ciudadana M.G.A.S., en relación a la presente Denuncia cuando alega Sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 26-5-05, con ponencia del Magistrado Marco Tulio Dugarte, causa Nro. 04-3180, de carácter vinculante, la cual entre otras cosa señala:

…De tal forma que, ante la obligación que posee esta Sala de mantener el orden público constitucional, esto es, la integridad de las normas y postulados constitucionales, se ve en la necesidad de señalar que en lo sucesivo cuando se presenten casos como el de autos, donde la propuesta de reparación presentada por el imputado comprometa el patrimonio del Estado, deberá acordarse la notificación a la Procuraduría General de la República, con la imperiosa suspensión del proceso por un lapso de treinta (30) días continuos, o hasta obtener una respuesta por parte de la Procuraduría General, conforme a lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución, la doctrina contenida en el presente fallo tiene carácter vinculante y por tanto se ordena su publicación en la Gaceta Oficial. Así se decide….

(Negrilla nuestra).

En este orden de ideas, debe precisarse, que dentro del conjunto de garantías que conforman la noción del debido proceso, entendido éste en su sentido formal, se encuentra el derecho de toda persona a ser juzgada de acuerdo con el procedimiento judicial establecido con anterioridad en la ley, ello en virtud del principio de legalidad procesal que rige en ordenamientos jurídicos patrio. La legalidad de las formas procesales, atiende al principio de seguridad jurídica que rige en las relaciones jurídicas existentes entre los particulares y entre éstos y el Estado específicamente, en cuanto a la determinación previa de las vías judiciales que deberán seguirse en aquellos casos en los que surjan conflictos con motivo de dichas relaciones, que deban ser dirimidos en definitiva por los órganos jurisdiccionales competentes.

En este sentido, debe advertirse que las disposiciones legales que establecen el procedimiento a seguir para dirimir el conflicto son de eminente orden público, de manera que no pueden, bajo ningún concepto ser inobservadas o modificadas por las partes ni por el juez de la causa. Ello se afirma así, por cuanto es la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la que establece en su artículo 253, que corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos sometidos a su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes.

Respecto del principio de legalidad procesal, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 583 de fecha 30.03.2007, ha precisado lo siguiente:

...El derecho fundamental al debido proceso en materia penal constituye una limitación al poder punitivo del Estado, en cuanto comprende el conjunto de garantías sustanciales y procesales especialmente diseñadas para asegurar la legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional en la investigación y juzgamiento de los hechos punibles, …con miras a la protección de la libertad de las personas, o de otros derechos que puedan verse afectados. Las aludidas garantías configuran los siguientes principios medulares que, desde la perspectiva constitucional integran su núcleo esencial: 1.- Legalidad, 2.- Juez natural, 3.- Presunción de inocencia, 4.- Favorabilidad, 5.- Derecho a la defensa: - Derecho a la asistencia de un abogado. - Derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas. - Derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. - Derecho a impugnar la sentencia condenatoria. - Derecho a un proceso público. - Derecho a presentar y controvertir pruebas’ (Bernal Cuellar, Jaime y Montealegre Lynett, Eduardo. El proceso penal. Cuarta edición, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2002, pp. 69 y 70).

Ahora bien, con relación específicamente al principio de legalidad procesal en el ámbito del debido proceso, puede sostenerse que aun cuando no es tarea sencilla exponer el contenido preciso de esta última institución, en virtud de la cantidad de derechos y garantías que acoge en su interior, sin embargo, tradicionalmente la idea del debido proceso se vincula al aforismo latino nulla poena sine iuditio legale, el cual expresa la dimensión procesal del principio de legalidad, es decir, la noción de sujeción del Estado y la sociedad a la Ley y, por ende, el obligatorio acatamiento por todos de las normas preexistentes, y de un juicio legal para poder determinar la comisión de un hecho punible y la responsabilidad penal de una persona…

(Borrego, Carmelo. La Constitución y el proceso penal. Caracas, Livrosca, 2002, pp. 332)...” (Negritas y subrayado de la Sala).

Debe señalarse, que el debido proceso en el ordenamiento jurídico venezolano, constituye un derecho fundamental que comprende un conjunto de garantías sustanciales y procesales, especialmente diseñadas para asegurar la regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional y administrativa, cuando sea necesario definir situaciones controvertidas, declarar o aplicar el derecho en un caso concreto, o investigar y juzgar los hechos punibles.

Ahora bien, el vicio de nulidad verificado por esta Alzada, como lo ha sido la omisión de notificación a la Procuraduría General de la Republica del presente procedimiento, no solamente afecta la decisión recurrida, la cual como se ha dicho se encuentra inmersa en el vicio de nulidad por tal omisión procedimental, que atañe a la presente sentencia y por ende afecta el derecho a la Tutela Judicial Efectiva; así como el Derecho afectado al Estado, omisión esta que ocasiona la nulidad de la decisión dictada en fecha 08 de Enero del 2010, por el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control, en el Acto de la Audiencia Preliminar, celebrada en contra de las ciudadanas: E.L.A. Y M.G.A.S., así como de los actos subsiguientes a la referida audiencia cursantes en autos, a excepción de la presente decisión emitida por esta Alzada.

El efecto como se ha dicho ut supra el régimen legal, en los hechos punibles que afecten el patrimonio público, conculcando como se ha dicho el principio de legalidad procesal. Concepto que ponen en evidencia un vicio de nulidad absoluta por violación de normas previstas en los artículos 26, 49 y 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 94, 95 y 96 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del la Republica, los cuales afectan directamente al orden público y por tanto trasciende de las partes y del propio Juez por motivo a la violación de principios y garantías constitucionales, las misma deben hacerse valer de oficio y de pleno derecho; en tal sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, reiteró la doctrina establecida en la sentencia número 375 de fecha 12.03.2008 precisó:

...La Sala de Casación Penal, así como todas las demás Salas que conforman este Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República, está obligada a evitar que cualquier proceso termine si existe alguna causal de nulidad absoluta, toda vez que conforme lo señala en artículo 334 de la Carta Magna, es tutora y garante de la Constitución. Así las cosas, puede, aún de oficio, entrar a conocer un caso y declarar la nulidad absoluta de un fallo o proceso judicial si verifica que se encuentra incurso dentro de alguno de los supuestos del artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal...

(Negrita y subrayado de la Sala).

Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 016 de fecha 15.02.2005 precisó:

...Así pues, si un administrador de justicia no cumple con las normas, disposiciones y leyes, por negligencia, inobservancia o desconocimiento, y este incumplimiento deviene en una violación al orden público constitucional, ésta debe declararse de oficio por aquel Tribunal que tenga conocimiento de ese hecho, ya que está en juego la protección de los derechos constitucionales de las personas...

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De manera tal, que es deber de todo administrador de justicia velar por la incolumidad y el restablecimiento del orden jurídico infringido, aún cuando el acto lesivo –como ocurre en el presente caso- devenga por la omisión de un requisito formal exigido en la Ley que afecta el orden Público Constitucional, además de constituir una obligación de todo juez conforme 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, constituye una posición aceptada por nuestra jurisprudencia debido a que no existe una prohibición expresa establecida en el artículo 195 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ahora bien, por cuanto la consecuencia de la declaratoria con lugar de la denuncia anteriormente analizada, es la nulidad de la sentencia recurrida, y la realización de una nueva audiencia oral de conformidad con lo dispuesto en el encabezado del artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal; debiendo notificarse nuevamente a las partes, incluyendo a la Procuraduría General de la Republica.

En merito de las razones de hecho y de derecho que anteceden, que lo procedente y ajustado en derecho es declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los profesionales del Derecho D.M.S. Y M.D., en sus carácter de defensores de la ciudadana M.G.A.S., en consecuencia, se ANULA la decisión dictada en fecha 08 de Enero del 2010, por el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control, en el Acto de la Audiencia Preliminar, en contra de las referidas ciudadanas, al igual que los actos subsiguientes precedentes a la presente decisión. Se ORDENA LA REPOSICIÓN de la presente causa al estado inmediatamente posterior a la presentación del acto conclusivo de acusación por parte del Ministerio Publico, en contra de las imputadas de autos, y el acto de fijación de Audiencia Preliminar a que se contrae el Articulo 327 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 434 del Código Orgánico Procesal Penal, deberá conocer de la presente causa un Juez distinto al Juez Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, quien dicto la decisión recurrida, celebrar una nueva audiencia prescindiendo del vicio que dio lugar a la presente nulidad. Y ASÍ SE DECIDE.-

DECISIÓN

Por los fundamentos antes expuestos, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:

SIN LUGAR el recurso interpuesto por el Abogado H.D.O., en su carácter Defensor de la ciudadana ARCAHALIS E.L., en contra de la decisión dictada en fecha 14 de Enero de 2010, por el Juez Décimo Tercero (13°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual condenó a las prenombradas ciudadanas a cumplir la pena de DIEZ (10) AÑOS Y DOS (02) MESES DE PRISIÓN, por Admisión de Hechos en la Audiencia Preliminar celebrada en fecha 08 de Enero de 2010, por la comisión de los delitos de HURTO AGRAVADO, FORJAMIENTO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE SELLOS EN PERJUICIO DE OTROS, previstos y sancionados en los artículos 451 en relación con el 452 numeral 1, 319 y 313, en relación con el 305 todos del Código Penal, por no haberse detectado vicios de Quebrantamiento u Omisión de Formas Sustanciales de los Actos que Causen Indefensión, ni los vicios de inmotivación y contradicción de decisión recurrida.

CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los Abogados D.M.S. y M.D., en sus carácter de Defensores de la ciudadana M.G.A.S., por cuanto el fin que se han propuesto los mencionados profesionales del derecho con la interposición del aludido recurso, se ha alcanzado la nulidad con la declaratoria con lugar del presente recurso de apelación, el cual alcanza a ambas imputadas de autos, en consecuencia, se ANULA la decisión recurrida, dictada en fecha 08 de Enero del 2010, en el acto de la Audiencia Preliminar, y publicada su fundamentación el 14/01/2010, por el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control, en contra de las ciudadanas E.L.A. y M.G.A.S., por cuanto se desprende de las actas que no se notificó a la Procuraduría General de la República, violentándose el derecho legítimo del Estado a estar en conocimiento y ejercer las acciones pertinentes que le otorga la Constitución y las Leyes, cuando como en este caso, resulten afectados sus intereses.

REPONE la presente causa al estado inmediatamente posterior a la presentación del acto conclusivo de acusación por parte del Ministerio Publico, en contra de las imputadas de autos, y el acto de fijación de Audiencia Preliminar a que se contrae el Articulo 327 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 434 del Código Orgánico Procesal Penal, deberá conocer de la presente causa un Juez distinto al Juez Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, quien dicto la decisión recurrida, celebrar una nueva audiencia prescindiendo del vicio que dio lugar a la presente nulidad.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones, Sala Primera, del Área Metropolitana de Caracas, los nueve (09) día del mes de Febrero de 2011.

Publíquese, regístrese, diarícese, déjese copia de la presente decisión y remítase el presente expediente a la Unidad de Registro y Distribución de Documentos, a los fines de que lo envié a un Juez de Control de este Circuito Judicial Penal distinto al Juez Décimo Tercero de Control. Asimismo, remítase copia certificada de la presente decisión al Juez A-quo.-

LA JUEZA PRESIDENTA

DRA. E.D.M.H.

LA JUEZA

DRA. SONIA ANGARITA

(PONENTE)

LA JUEZA

DRA. G.G.

LA SECRETARIA

ABG. JOHANA YTRIAGO

En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en la decisión que inmediatamente antecede.

LA SECRETARIA

ABG. JOHANA YTRIAGO

Exp. No. 2460

EDMH/SA/GG/JY/Jec.-