Decisión de Juzgado Superior Primero Agrario de Caracas, de 14 de Junio de 2010

En ese sentido, quien decide observa lo estipulado por la actora en su escrito recursivo, en el cual, entre otras consideraciones de interés procesal estableció, lo siguiente:

1. - Que el recurrente es propietario del fundo identificado como “Hato San P.L.I.”, ubicado en el sector Vásquez, Parroquia Guardatinajas, Municipio Miranda del estado Guárico, alinderada de las siguiente manera: NORTE: Terrenos del Fundo Campo Claro y Terrenos del Fundo Los Samanes; SUR: Terrenos supuestos del Fundo S.B. y Terrenos del Fundo Limoncito; ESTE: C.V.; y OESTE: Terrenos del Fundo Los Pozotes, Terrenos del Hato Rosalinda y Terrenos del Fundo S.B., constante de una superficie de Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Hectáreas con Cinco Mil Setecientos Diez y Ocho metros cuadrados (1.447 has con 5718 m2).

2. - Que en fecha 10 de julio de 2.008, el Instituto Nacional de Tierras, en sesión Nº 187-08, punto de cuenta Nº 015, acordó declaratoria de tierras ociosas o incultas, inicio del procedimiento de rescate y acuerdo de medida cautelar de aseguramiento, en el fundo “Hato San P.L.I.”.

3. - Que en el fundo “Hato San P.L.I.”, ubicado en el sector Vásquez, Parroquia Guardatinajas, Municipio Miranda del estado Guárico, siempre se realizaron actividades agro-productivas de tipo animal, entre otras, con un rebaño de ganado bovino en sus ciclos correspondientes y de manera permanente, cumpliendo a cabalidad el tiempo de levante hasta un peso económicamente rentable.

4. - Que el acto administrativo causa lesiones de rango constitucional, en cuanto al principio de legalidad y el derecho a la defensa, ahora bien, el ente agrario (INTI), solo puede dictar las medidas cautelares de aseguramiento, iniciado el procedimiento de rescate y nunca en el marco de un procedimiento de tierras ociosas o incultas, ello vulnera y fractura el principio de legalidad, y así solicita sea declarado. Asimismo se evidencia que el acto administrativo recurrido dicta una “medida de aseguramiento” propia de un procedimiento de rescate de tierras, distinto al procedimiento que fuera notificado de tierras ociosas e incultas, es decir, violentado el principio de legalidad, el ente agrario (INTI), insta a un procedimiento de tierras ociosas e incultas, pero dicta medida y acuerda cautelas, propias de otro procedimiento administrativo (rescate) que ni siquiera esta aperturado. Finalmente, el Instituto Nacional de Tierras desestimando enunciados normativos establecidos en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, (Articulo 85 L.T.D.A), dictar medida propias de un procedimiento “sin inicio” y “sin notificación”, vulnerando no solo la legalidad del acto in comento, además embiste contra el derecho a la defensa, en tanto y en cuanto, el administrado no conocerá de cual procedimiento deberá defenderse, si de un procedimiento de tierras ociosas o un procedimiento de rescate, y así solicita sea declarado.

5. - Que el acto administrativo causa lesiones de rango constitucional, en cuanto al derecho de propiedad, ahora bien, el ente agrario (INTI), solo puede dictar las medidas cautelares de aseguramiento, iniciado el procedimiento de rescate y nunca en el marco de un procedimiento de tierras ociosas o incultas, igualmente encontramos gravemente lesionado el derecho de propiedad ampliamente protegido en nuestra carta fundamental en su articulo 115, se puede constatar que no existe excepción alguna que permita al Instituto Nacional de Tierras dictar la ilegal medida cautelar de aseguramiento, tendiente a colocar las tierras objeto del presente procedimiento en plena productividad, permitir el ingreso de las cooperativas y a cualquier otro grupo organizado o no, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en franco desmedro de garantías y derechos constitucionales. Que la doctrina como la jurisprudencia reconoce que el derecho de propiedad se erige como un derecho constitucional relativo, es decir, no absoluto, toda vez, que el mismo admite limitaciones y restricciones por vía legislativa y legal, es por ello, que el procedimiento fue de tierras ociosas y no de rescate, mal pudiera el ente agrario (INTI), disminuir y vulnerar la esfera de derechos en relación con el Hato San Pancracio, ubicado en el sector Vázquez, Parroquia Guarditanajas, Municipio Miranda del estado Guárico, dictando medida y decisiones como el rescate y aseguramiento, sin fundamento de orden constitucional o legal que le ampare, y así solicitó se declare.

6. - Que el acto administrativo dictado por el Instituto Nacional de Tierras, en fecha 10 de julio de 2.008, en sesión Nº 187-08, punto de cuenta Nº 15, esta infeccionado de una serie de vicios que afectan sus elementos y que lo hace nulo enmarcándolos en el contenido de los articulo 19 y 20 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativos.

7. - Que el acto administrativo incurre en el vicio de falso supuesto de hecho, en cuanto a la supuesta improductividad de las tierras, se evidencia que en el expediente administrativo consta “informe técnico”, de fecha 12 de marzo de 2.008, levantado con ocasión de la inspección practicada en fecha 05 de marzo de 2.008, por los funcionarios designados, quienes están adscritos al Área Técnica de la ORT-Guárico, reconociendo todas las actividades agrícola vegetal, rubros cosechados en el predio y la actividad agrícola animal. Asimismo, se considera, sin algún argumento y como conclusión del informe “De acuerdo a la referida inspección existe un 75,5% de improductividad, por lo cual incluye dentro de las tierras ociosas e incultas, tal y como lo establece la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario”, en consecuencia, la decisión descansa en supuestos falsos al concluir que existe un 75,5% de improductividad y luego mostrar todas la actividades desarrolladas en el fundo. Expuesto lo anterior, se puede afirmar que la decisión administrativa, basada en el informe de marras esta infeccionada del vicio de falso supuesto de hecho, señalado por la doctrina y la jurisprudencia en reiterada oportunidades, como el vicio que da lugar a la anulación de los actos administrativos, y así solicita sea declarada. Igualmente se evidencia que no utilizaron los mecanismos y/o formulas especiales para logar las conclusiones explanadas en el, igualmente no aplicaron metodología científica alguna para la obtención de las respectivas conclusiones. Asimismo para la determinación de los tipos de suelos, se hace necesario emplear ciertos métodos, procedimientos y/o formulas científicas especiales para llegar a una conclusión contundente, tal como, aspectos climáticos, topográficos, erosión, alcalinidad y salinidad de los suelos, entre otros aspectos, así como para determinar aspectos agro-económicos tales como la vocación de uso de las tierras agrícolas, es por ello, que se evidencia que la decisión administrativa, basada en el informe esta infeccionada del vicio de falso supuesto de hecho, y así solicita que sea declarado.

8. - Que el acto administrativo incurre en el vicio de falso supuesto de derecho, en cuanto a la falsa interpretación de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos, en torno a las exigencias del Instituto Nacional de Tierras, al momento de realizar el análisis documental y al exigir la presentación de la tradición legal de la propiedad desde antes de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos de (1936), se erige sobre la base de un falso supuesto de derecho, en tanto y en cuanto, no dependerá el justo titulo de quien alega propiedad, circunstancia documentales antes del año (1936) o después de esa fecha, por el contrario, la presunción legal de la propiedad privada depende de los títulos debidamente Registrados, quien pretenda lo contrarío, incluyendo al Instituto Nacional de Tierras, debe demandar su reivindicación probando, a tales efectos la propiedad, y así solicita sea declarada.

9. - Que el acto administrativo incurre en el vicio de usurpación de funciones, por parte del Instituto Nacional de Tierras, al declarar el fundo “Hato San Pancracio”, es de origen baldío y al desconocer expresamente la propiedad privada, para luego ordenar el inició del procedimiento de rescate de tierras, asimismo, el ente agrario al omitir la vía judicial, para interpretar la acción indicada, y desconocer por vía del acto administrativo recurrido usurpa funciones propias del poder judicial extrayendo así, la competencia de un órgano perteneciente a otra rama del Poder Público, además de violar el principio de separación de poderes y de funciones consagrados en el articulo 136 de la Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, no acata el principio del debido proceso ni respeta la garantía de la tutela judicial establecida en los artículos 46 y 49 de la Constitución, y así solicita sea declarado.

10. - en torno a las razones de hecho y los fundamentos de derecho expuestos, considerando la serie de vicios que afectan los elementos del acto, enmarcados en el articulo 49 del texto fundamental y del contenido de los artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativos, solicitó Primero: Se declare la nulidad absoluta del acto administrativo dictado por el Instituto Nacional de Tierras, en fecha 10 de julio de 2.008, en sesión 187-08, punto de cuenta Nº 15. Segundo: Cumplidos los requisitos de procedencia establecidos en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, subsidiariamente solicitan se declare la suspensión del administrativo suficiente identificado y emitido por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras.

    -V-

    DE LA COMPETENCIA

    Este Juzgado Superior Primero Agrario, pasa previo pronunciamiento al fondo del asunto sometido a su revisión jurisdiccional, a establecer con meridiana precisión su competencia funcional, territorial y material para conocer de la presente incidencia, a saber:

    En tal sentido quien decide observa, lo dispuesto en los artículos 167 y 168 de la ley procesal adjetiva, vale decir, de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a saber:

    Artículo 167. Son competentes para conocer de los recursos que se intenten contra cualquiera de los actos administrativos agrarios:

1. Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios competentes por la ubicación del inmueble, como Tribunales de Primera Instancia.

2. La Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, como Tribunal de Segunda Instancia.

   Artículo 168. Las competencias atribuidas de conformidad con el artículo anterior comprenden el conocimiento de todas las acciones que por cualquier causa, sean intentadas con ocasión a la actividad u omisión de los órganos administrativos en materia agraria, incluyendo el régimen de los contratos administrativos, el régimen de las expropiaciones, las demandas patrimoniales y demás acciones con arreglo al derecho común que sean interpuestas contra cualesquiera de los órganos o los entes agrarios.(Subrayado de este tribunal).

   Así pues, de los textos normativos supra reseñados, se desprende, que serán competentes para conocer de los recursos que se intenten contra cualquiera de los actos administrativos agrarios, los tribunales superiores regionales agrarios competentes por la ubicación del inmueble, como Tribunales de Primera Instancia, y la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, como juzgado de segunda instancia. Siendo el caso, que tales competencias atribuidas de conformidad con el artículo anterior comprenden igualmente el conocimiento de todas las acciones que por cualquier causa se intenten contra estos entes descentralizados agrarios, siempre y cuando sean efectivamente intentados con ocasión a la actividad u omisión de los órganos administrativos en materia agraria, incluyendo el régimen de los contratos administrativos, el régimen de las expropiaciones, las demandas patrimoniales y demás acciones con arreglo al derecho común que sean interpuestas contra cualesquiera de los órganos o los entes descentralizados agrarios.

   En ese orden de ideas determina quien decide, que siendo el caso, que se intenta un Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad incoado por el ciudadano H.A.C.A., debidamente asistido por el ciudadano abogado J.A.C.C., contra el Instituto Nacional de Tierras, y que el recurso de nulidad es intentado por la recurrente precisamente contra un acto administrativo emanado de ese ente descentralizado agrario, vale decir, del Instituto Nacional de Tierras, cuyos efectos particulares recaen sobre un bien inmueble de estricta vocación agraria, el cual a su vez se encuentra ubicado dentro de los limites político-territoriales del estado Guárico, es por lo que, a tenor de lo estatuido en los precitados artículos 167 y 168 ejusdem, este sentenciador formalmente declara su competencia funcional, territorial y material, para conocer de la presente causa, en función de corresponder a este juzgado superior, la competencia de conocer en primera instancia la presente incidencia. Y así se decide.

   -VI-

   FUNDAMENTOS DEL RECURSO

   Argumenta la recurrente, que el presente acto administrativo dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras, en sesión Nº 187-08, punto de cuenta Nº 015, de fecha 10 de julio de 2.008, vale decir, aquel mediante el cual acordó otorgar Declaratoria de tierras ociosas o incultas, inicio de procedimiento de rescate, medida cautelar de aseguramiento de la tierra, se encuentra viciado de nulidad, en su criterio de los siguientes vicios:

   1).- Lesiones de rango Constitucional, en cuanto al principio de legalidad y el derecho a la defensa;

   Tales aseveraciones se desprenden de su escrito recursivo, cuando dispone lo siguiente:

   “… (omissis)… Que el acto administrativo causa lesiones de rango constitucional, en cuanto al principio de legalidad y el derecho a la defensa, ahora bien, el ente agrario (INTI), solo puede dictar las medidas cautelares de aseguramiento, iniciado el procedimiento de rescate y nunca en el marco de un procedimiento de tierras ociosas o incultas, ello vulnera y fractura el principio de legalidad, y así solicita sea declarado. Asimismo se evidencia que el acto administrativo recurrido dicta una “medida de aseguramiento” propia de un procedimiento de rescate de tierras, distinto al procedimiento que fuera notificado de tierras ociosas e incultas, es decir, violentado el principio de legalidad, el ente agrario (INTI), insta a un procedimiento de tierras ociosas e incultas, pero dicta medida y acuerda cautelas, propias de otro procedimiento administrativo (rescate) que ni siquiera esta aperturado. Finalmente, el Instituto Nacional de Tierras desestimando enunciados normativos establecidos en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, (Articulo 85 L.T.D.A), dictar medida propias de un procedimiento “sin inicio” y “sin notificación”, vulnerando no solo la legalidad del acto in comento, además embiste contra el derecho a la defensa, en tanto y en cuanto, el administrado no conocerá de cual procedimiento deberá defenderse, si de un procedimiento de tierras ociosas o un procedimiento de rescate, y así solicita sea declarado. … (omissis)…”.

   2).- Lesiones de rango Constitucional, en cuanto al derecho de propiedad;

   Tales aseveraciones se desprenden de su escrito recursivo, cuando dispone lo siguiente:

   … (omissis)… Que el acto administrativo causa lesiones de rango constitucional, en cuanto al derecho de propiedad, ahora bien, el ente agrario (INTI), solo puede dictar las medidas cautelares de aseguramiento, iniciado el procedimiento de rescate y nunca en el marco de un procedimiento de tierras ociosas o incultas, igualmente encontramos gravemente lesionado el derecho de propiedad ampliamente protegido en nuestra carta fundamental en su articulo 115, se puede constatar que no existe excepción alguna que permita al Instituto Nacional de Tierras dictar la ilegal medida cautelar de aseguramiento, tendiente a colocar las tierras objeto del presente procedimiento en plena productividad, permitir el ingreso de las cooperativas y a cualquier otro grupo organizado o no, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en franco desmedro de garantías y derechos constitucionales. Que la doctrina como la jurisprudencia reconoce que el derecho de propiedad se erige como un derecho constitucional relativo, es decir, no absoluto, toda vez, que el mismo admite limitaciones y restricciones por vía legislativa y legal, es por ello, que el procedimiento fue de tierras ociosas y no de rescate, mal pudiera el ente agrario (INTI), disminuir y vulnerar la esfera de derechos en relación con el Hato San Pancracio, ubicado en el sector Vázquez, Parroquia Guarditanajas, Municipio Miranda del estado Guárico, dictando medida y decisiones como el rescate y aseguramiento, sin fundamento de orden constitucional o legal que le ampare, y así solicitó se declare. … (omissis)…

   .

   3).- Del vicio referido al falso supuesto de hecho, en cuanto a la supuesta improductividad de las tierras y el informe técnico;

   Tales aseveraciones se desprenden de su escrito recursivo, cuando dispone lo siguiente:

   “… (omissis)… Que el acto administrativo incurre en el vicio de falso supuesto de hecho, en cuanto a la supuesta improductividad de las tierras, se evidencia que en el expediente administrativo consta “informe técnico”, de fecha 12 de marzo de 2.008, levantado con ocasión de la inspección practicada en fecha 05 de marzo de 2.008, por los funcionarios designados, quienes están adscritos al Área Técnica de la ORT-Guárico, reconociendo todas las actividades agrícola vegetal, rubros cosechados en el predio y la actividad agrícola animal. Asimismo, se considera, sin algún argumento y como conclusión del informe “De acuerdo a la referida inspección existe un 75,5% de improductividad, por lo cual incluye dentro de las tierras ociosas e incultas, tal y como lo establece la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario”, en consecuencia, la decisión descansa en supuestos falsos al concluir que existe un 75,5% de improductividad y luego mostrar todas la actividades desarrolladas en el fundo. Expuesto lo anterior, se puede afirmar que la decisión administrativa, basada en el informe de marras esta infeccionada del vicio de falso supuesto de hecho, señalado por la doctrina y la jurisprudencia en reiterada oportunidades, como el vicio que da lugar a la anulación de los actos administrativos, y así solicita sea declarada. Igualmente se evidencia que no utilizaron los mecanismos y/o formulas especiales para logar las conclusiones explanadas en el, igualmente no aplicaron metodología científica alguna para la obtención de las respectivas conclusiones. Asimismo para la determinación de los tipos de suelos, se hace necesario emplear ciertos métodos, procedimientos y/o formulas científicas especiales para llegar a una conclusión contundente, tal como, aspectos climáticos, topográficos, erosión, alcalinidad y salinidad de los suelos, entre otros aspectos, así como para determinar aspectos agro-económicos tales como la vocación de uso de las tierras agrícolas, es por ello, que se evidencia que la decisión administrativa, basada en el informe esta infeccionada del vicio de falso supuesto de hecho, y así solicita que sea declarado. … (omissis)…”.

   4).- Del vicio referido al falso supuesto de derecho, en cuanto a la falsa interpretación de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos;

   Tales aseveraciones se desprenden de su escrito recursivo, cuando dispone lo siguiente:

   … (omissis)… Que el acto administrativo incurre en el vicio de falso supuesto de derecho, en cuanto a la falsa interpretación de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos, en torno a las exigencias del Instituto Nacional de Tierras, al momento de realizar el análisis documental y al exigir la presentación de la tradición legal de la propiedad desde antes de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos de (1936), se erige sobre la base de un falso supuesto de derecho, en tanto y en cuanto, no dependerá el justo titulo de quien alega propiedad, circunstancia documentales antes del año (1936) o después de esa fecha, por el contrario, la presunción legal de la propiedad privada depende de los títulos debidamente Registrados, quien pretenda lo contrarío, incluyendo al Instituto Nacional de Tierras, debe demandar su reivindicación probando, a tales efectos la propiedad, y así solicita sea declarada. … (omissis)…

   .

   5).- Del vicio de usurpación de funciones;

   Tales aseveraciones se desprenden de su escrito recursivo, cuando dispone lo siguiente:

   “… (omissis)… Que el acto administrativo incurre en el vicio de usurpación de funciones, por parte del Instituto Nacional de Tierras, al declarar el fundo “Hato San Pancracio”, es de origen baldío y al desconocer expresamente la propiedad privada, para luego ordenar el inició del procedimiento de rescate de tierras, asimismo, el ente agrario al omitir la vía judicial, para interpretar la acción indicada, y desconocer por vía del acto administrativo recurrido usurpa funciones propias del poder judicial extrayendo así, la competencia de un órgano perteneciente a otra rama del Poder Público, además de violar el principio de separación de poderes y de funciones consagrados en el articulo 136 de la Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, no acata el principio del debido proceso ni respeta la garantía de la tutela judicial establecida en los artículos 46 y 49 de la Constitución, y así solicita sea declarado. … (omissis)…”.

   -VII-

   ALEGATOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS

   Mediante escrito de fecha 01 de febrero de 2.010, los ciudadanos abogados YOLIMAR THAIRY H.F. y ELOYM M.G.H., en sus caracteres de co-apoderados judiciales del Instituto Nacional de Tierras, alegaron la improcedencia de las denuncias formuladas por el recurrente, de la siguiente manera:

   “… (omissis)…Que riela en los folios 01 al 03 del expediente administrativo, denuncia interpuesta por los ciudadanos ÉRAMOS BLANCO, N.M., S.G.J., H.J.T.F., F.R.. Que riela en el folio 24 del expediente administrativo, cartel de notificación publicado en el Diario Nacionalista, de fecha 03 de abril de 2.008, mediante el cual se le hace saber al ciudadano H.C., en su condición de presunto ocupante y/o propietario de un lote de terreno denominado Hato San P.L.I., ubicado en el sector Vásquez, Parroquia Guardatinajas, Municipio Miranda del estado Guárico, constante de una superficie de Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Hectáreas con Cinco Mil Setecientos Diez y Ocho metros cuadrados (1.447 has con 5718 m2), alinderada de las siguiente manera: NORTE: Terrenos del Fundo Campo Claro y Terrenos del Fundo Los Samanes; SUR: Terrenos supuestos del Fundo S.B. y Terrenos del Fundo Limoncito; ESTE: C.V.; y OESTE: Terrenos del Fundo Los Pozotes, Terrenos del Hato Rosalinda y Terrenos del Fundo S.B., o al cualquier otra persona que pudiera tener interés en el asunto contenido en el expediente administrativo distinguido con el Nº 0812086853-DTO, aperturado en fecha 11 de marzo de 2.008, en virtud de denuncia incoada por ante la Oficina Regional de Tierras del estado Guárico, relacionado con el predio supra mencionado, por el ciudadano ÉRAMOS BLANCO y otros, de conformidad con lo establecido en el articulo 35 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a los fines de expusieran su alegatos de defensa y derecho que le asiste. Que riela en los folios 26 al 49 del expediente administrativo, informe técnico practicado en fecha 05 de marzo de 2.008, por los funcionarios de la Oficina Regional de Tierras del estado Guárico. Que en fecha 23 de abril de 2.008, por auto la Coordinación del Área Legal de la Oficina Regional de Tierras del estado Guárico, deja constancia de la documentación consignada por el presunto dueño del lote denominado Hato Los Increíbles, consignado por el ciudadano H.C., los cuales se describen a continuación: 1. Documento de compra-venta del inmueble; 2. C.d.R. expedido por la Dirección de Sanidad Animal; 3. Inscripción de Registro Agrario; 4. Certificado de Registro Nacional de Productores Asociaciones; 5. Certificado de Inscripción en el Registro Tributario de Tierras; 6. Plano del lote de terreno; Certificado Nacional de Vacunación de fecha 29 de diciembre de 2.007. Que riela en los folios 163 al 164 del expediente administrativo, informe jurídico de fecha 10 de junio de 2.008, suscrito por el Coordinador del Área Legal de la Oficina Regional del estado Guárico, mediante el cual se deja ha criterio del Directorio del Instituto Nacional la decisión de la Declaratoria de Tierras ociosas y ordena remitir el expediente. Que en el procedimiento administrativo finalizado con la decisión del Directorio del Instituto Nacional de Tierras, en el cual se declara procedente la declaratoria de tierras ociosas sobre el lote de terreno denominado Hato San P.L.I., antes identificado, donde fue garantizado adecuadamente el derecho a la defensa a los hoy recurrentes, tal y como lo demuestran de la publicación de un cartel de notificación en prensa, dirigido al ciudadano H.C., presunto ocupante del predio, así como a cualquier tercero interesado en el asunto, lo cual se evidencia que las mismas cumplió con la finalidad de poner a los interesados en conocimiento del procedimiento administrativo de declaratoria de tierras ociosas iniciado por la Oficina Regional de Tierras del estado Guárico, debido a que el recurrente acudió oportunamente a exponer sus alegatos y defensas, en consecuencia se ha garantizado y respetados los principios constitucionales y legales relativos al derecho a la defensa y al debido proceso, y así solicitó sea declarado. Que de las supuestas lesiones del derecho a la defensa, principio de legalidad y derecho de propiedad, alegadas por los recurrentes en su escrito recursivo, así pues, cuando la parte recurrente alega la violación del derecho a la defensa este tiene la obligación de demostrar efectivamente que hubo tal violación durante la sustanciación del expediente administrativo, en este sentido, se desprende con claridad que se garantizo el debido proceso y derecho a la defensa del recurrente, debido a que se desprende que el ciudadano H.C., fue notificado en fecha 01 de abril de 2.008, consignando los documentos a favor a su defensa en tiempo hábil, asimismo fue debidamente notificado de la decisión del acto administrativo, indicándose los recursos pertinentes para el ejercicio de la defensa, de donde se desprende, que el Instituto Nacional de Tierras para garantizar el debido proceso y el derecho consagrado en el articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cumplió con lo establecido en el articulo 37 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Asimismo, se evidencia que el legislador autorizo al Directorio del Instituto Nacional de Tierras, para dictar medidas cautelares de aseguramiento de las tierras susceptibles de rescate, siempre que estas guarden finalidad con el objeto el procedimiento y se fundamente en el carácter improductivo o infrautilizado de las tierras. Igualmente, el procedimiento de declaratoria de tierras ociosas e incultas es aplicable sobre todas las tierras con vocación agraria del país, sin importar su condición jurídica, de ser de origen publicas o privadas, todo ello con el objeto de establecer las bases del desarrollo rural sustentable, siendo un deber del Instituto Nacional de Tierras adoptar las medidas que estime pertinentes para su transformación y desarrollo productivo, además que la parte recurrente realizo simples expresiones que le sirvieron a la recurrente para denunciar lesiones legales, que ni siquiera expresan razones por las cuales considera vulnerados normas de rango constitucional o legal, menos aun, expresan o refieren hechos descriptivos que se acerquen a demostrar que la decisión es ilegal, en atención a la presunción de legalidad que reviste los actos administrativos, y visto que la parte accionante tiene la carga de expresar los vicios que afectan la legalidad del acto y concatenarlos con los hechos denunciados a objeto de que el Juez analice su procedencia, lo cual no ocurrió en el caso de autos, pedimos sea desechada por completo las genéricas referencias que indican la supuesta nulidad de la decisión emitida por el Instituto Nacional de Tierras y así solicita sea declarada. Que los recurrentes invocan el vicio del falso supuesto de hecho en su escrito recursivo, en cuanto a la supuesta improductividad de la tierra y contradicciones en el informe técnico, ahora bien, del informe técnico levantado durante la inspección practicada, se proyecta los resultados en los cuales se verifico el carácter de ocioso o inculto del terreno denominado San P.L.I., además que el procedimiento de declaratoria de tierras ociosas o incultas es aplicable sobre todas las tierras con vocación de uso agrario del país, sin importar su condición jurídica, de ser de origen publicas o privadas, todo ello con el objeto de establecer las bases del desarrollo rural sustentable, siendo un deber del Instituto Nacional de Tierras adoptar las medidas que estime pertinentes para su transformación y desarrollo productivo, en consecuencia el informe técnico cumple con las disposiciones legales preexistente, así solicito sea declarado. De esta manera, se desprende del acto administrativo que se fundamenta en hechos reales y de acuerdo a la circunstancia que existían para el momento de la sustanciación del expediente administrativo, tal y como expuesto anteriormente, por lo cual solicita se desestime el vicio de falso supuesto de hecho denunciado. Que los recurrentes invocan el vicio del falso supuesto de derecho en su escrito recursivo, ahora bien, el Instituto Nacional de Tierras no fue disiplente cuando ordena el inicio del procedimiento de rescate en el marco de un procedimiento de declaratoria de tierras ociosas, el cual tiene como premisa evaluar la productividad agraria que viene a ser un concepto jurídico indeterminado que funge como patrón de medición de la adecuación que existe entre la tierra y su función social. Por lo antes expuesto, solicito al tribunal a su digno cargo, deseche alegatos esgrimidos por la parte recurrente toda vez que no se desprende del contenido del expediente el falso supuesto de derecho alegado, debido a que el procedimiento de tierras ociosas contenido en la Ley de Tierras y desarrollo agrario, resulta perfectamente aplicable en todas las tierras con vocación agrícola del país, sin importar si su condición jurídica e publica o privada, ya que el objeto y finalidad del procedimiento es determinar su estado de productividad o improductividad en que se encuentre, así solicito sea declarado. Que los recurrentes invocan el vicio de usurpación de funciones, en tal sentido, se observa que el acto administrativo dictado no se encuentra inmerso en el referido vicio, ya que el mismo fue dictado dentro de la competencia que le otorga la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Asimismo, existe una garantía establecida legalmente a favor del administrado, la cual deberá cumplirse tanto en sede administrativa donde se le respetaran y garantizaran los derechos constitucionales al debido proceso y al derecho a la defensa y la vía jurisdiccional, para recurrir del acto definitivo que emita el Instituto Nacional de Tierras, donde los recurrentes si considera afectados los derechos e intereses legítimos y personales, por lo cual no existe el vicio de usurpación de funciones alegado por la parte recurrente, debido a que el pronunciamiento emitido simplemente es un acto constitutivo del procedimiento de primer grado sustanciado, que le permite llegar a la decisión definitiva del acto. Por todos los razonamientos anteriormente, es por lo que solicito: Primero: Solicito declare sin lugar el presente recurso de nulidad interpuesto contra el acto administrativo dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras, en sesión Nº 187-08, punto de cuenta Nº 015, de fecha 10 de julio de 2.008, mediante el cual acordó declaratoria de tierras ociosas o incultas, inicio del procedimiento de rescate y acuerdo de medida cautelar de aseguramiento, sobre un lote de terreno denominado “Hato San P.L.I.”, ubicado en el sector Vásquez, Parroquia Guardatinajas, Municipio Miranda del estado Guárico, constante de una superficie de Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Hectáreas con Cinco Mil Setecientos Diez y Ocho metros cuadrados (1.447 has con 5718 m2), con todos los pronunciamientos de ley, en definitiva. Segundo: Solicitó que el presente escrito sea admitido, sustanciado y decidido conforme a derecho y en consecuencia declarado el mismo Con Lugar en la sentencia definitiva que ponga fin al procedimiento. … (omissis)…”

   -VIII-

   CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

   A los fines de afianzar en derecho sus alegaciones, la recurrente consignó a las actas procesales que conforman el presente expediente, lo siguiente:

1. - Copia certificada del documento de propiedad (compra-venta) del Fundo denominado “Los Increíbles-San Pancracio”, debidamente registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Miranda del estado Guárico, en fecha 21 de mayo de 2.003, quedando anotado bajo el Nº 50, folio 352 al 367, Protocolo Primero, Tomo Sexto, Segundo Trimestre del año 2.003, marcado con la letra “B”.

2. - Copias simples de los documentos que conforman la cadena titulativa del fundo denominado “Los Increíbles-San Pancracio”.

3. - Certificado del Registro Nacional de Productores Asociaciones, Empresas de Servicios y Organizaciones Asociativas Económicas de Productores Agrícolas, emitida a favor del ciudadano H.A.C.A., de fecha 06 de junio de 2.006, marcado con la letra “D”.

4. - Copia simple del Certificado Nacional de Vacunación Nº 947.149, de fecha 11 de julio de 2.009, correspondiente al lote de ganado que se encuentra en el fundo “Los Increíbles-San Pancracio”.

5. - Copias simples de las Constancias de Registro de Hierros Nros. 419 y 7.706, que identifican el ganado que se encuentra dentro del fundo “Los Increíbles-San Pancracio”.

   En cuanto a las pruebas documentales supra reseñadas, vale decir, las signadas con los números 1, 2, 3, 4 y 5, quien decide observa que las mismas se encuentran fundamentalmente constituidas, por la copia certificada del documento de propiedad (compra-venta) del fundo denominado “Los Increíbles-San Pancracio”, debidamente registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Miranda del estado Guárico, en fecha 21 de mayo de 2.003, quedando anotado bajo el Nº 50, folio 352 al 367, Protocolo Primero, Tomo Sexto, Segundo Trimestre del año 2.003; las copias simples de los documentos que conforman la cadena titulativa del fundo denominado “Los Increíbles-San Pancracio”; el certificado del Registro Nacional de Productores Asociaciones, Empresas de Servicios y Organizaciones Asociativas Económicas de Productores Agrícolas, emitida a favor del ciudadano H.A.C.A., de fecha 06 de junio de 2.006; la copia simple del certificado nacional de vacunación Nº 947.149, de fecha 11 de julio de 2.009, correspondiente al lote de ganado que se encuentra en el fundo “Los Increíbles-San Pancracio” y las copias simples de las constancias de registro de hierros Nros. 419 y 7.706, que identifican el ganado que se encuentra dentro del fundo “Los Increíbles-San Pancracio”.

   En tal sentido quien decide observa que tal legajo probatorio versa fundamentalmente, sobre el tracto sucesivo o cadena titulativa aportada por la recurrente en vía administrativa y por ante este sentenciador, ello a los fines de demostrar el presunto origen privado del lote sub litis; así como de la existencia del lote de ganado existente en dicho predio. En ese orden de ideas quien decide las aprecia, pero únicamente a los fines de dejar expresa constancia de su existencia, así como de su incorporación al acervo probatorio común a las partes, pues las mismas al versar, en principio, sobre copias simples referentes al tracto sucesivo o cadena titulativa aportada por la recurrente en vía administrativa, fundamentalmente dirigidas a demostrar el presunto origen privado del predio sobre el cual recayeron los efectos del acto administrativo, resultan ser necesariamente oponibles, en cuanto al desarrollo del valor probatorio perseguido por su promovente, dentro del procedimiento de rescate especial agrario ordenado aperturar en el acto de declaratoria de tierras ociosas o incultas cuya nulidad nos ocupa, acto de rescate este, el cual, tal y como se desprende de la más somera de las lecturas que se haga de la parte dispositiva del acto administrativo recurrido, aún no se ha generado en derecho.

   En consecuencia, y en torno a lo precedentemente expuesto, este sentenciador aprecia tales probanzas, pero únicamente a los fines de dejar expresa constancia de su existencia, así como de su incorporación al acervo probatorio común a las partes, ello en virtud de considerar, que las mismas deben ser opuestas por la recurrente promovente, dentro del marco del procedimiento administrativo de rescate especial agrario, ordenado apertura en el marco del procedimiento de declaratoria de tierras ociosas o incultas que nos ocupa. Y así se decide.

6. - Notificación del acto administrativo dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras, en sesión Nº 187-08, punto de cuenta Nº 015, de fecha 10 de julio de 2.008, marcado con la letra “C”.

   En cuanto a la prueba documental antes reseñada, quien decide observa, que la misma versa, fundamentalmente sobre la notificación del acto administrativo aquí impugnado en nulidad, vale decir, el acto administrativo dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras, en sesión Nº 187-08, punto de cuenta Nº 015, de fecha 10 de julio de 2.008, marcado con la letra “C”.

   En tal sentido y en función a su posterior valoración probatoria, la misma es observada por este sentenciador en función de determinar su existencia efectiva, así como de su incorporación al acervo probatorio común al presente proceso, desprendiéndose de tal probanza, la existencia indiscutible de dicho acto notificatorio, del cual deriva el conocimiento que la recurrente tenía de la existencia y naturaleza del proceso y posterior acto administrativo hoy recurrido en nulidad, todo, en el marco de la sustanciación del expediente administrativo llevado al efecto por la hoy recurrida Instituto Nacional de Tierras.

   En consecuencia la alzada la aprecia en su totalidad, otorgándole todo su valor probatorio notificatorio. Y así se establece.

7. - promueve la inspección judicial acordada por el Juzgado Superior Primero Agrario, en la audiencia oral de fecha 24 de septiembre de 2.009 y realizada en los predios del Hato “Los Increíbles-San Pancracio”, en fecha 29 de octubre de 2.009.

   En cuanto a la Inspección judicial supra reseñada, vale decir, aquella signada con el Nº 07 de la numeración especial de este capítulo, quien decide observa, que la misma fue originalmente acordada por este Juzgado Superior Primero Agrario, en la audiencia oral de fecha 24 de septiembre de 2.009 y practicada en los predios del Hato “Los Increíbles-San Pancracio”, en fecha 29 de octubre de 2.009.

   En tal sentido quien decide observa, que en el acta levantada en tal probanza, vale decir, en la inspección judicial en comento se dejó expresa constancia, entre otras situaciones de interés procesal, de lo siguiente, a saber:

   …(omissis)…Seguidamente constituido como se encuentra éste Juzgado Superior Primero Agrario en traslado, previo asesoramiento del práctico designado al efecto deja constancia, en cuanto al particular Primero, lo siguiente: El Tribunal observó la existencia de infraestructura para la producción, delimitadas por cercas eléctricas de reciente y vieja data, para potreros que contienen pasto estrella, pasto guinea, pasto brachiaria y pasto natural, en cinco (05) potreros grandes, en otros de vegetación natural arbórea y arbustiva con pasto natural, en ellas se observaron lagunas cuyos nombres son: 1.- Corrales, 2.- Leones, 3.-El molino, 4.- la laguna de la casa y 5.- Los arrendajos. Después de eso, durante el recorrido se realizó un conteo de bovinos de carne y leche de diferentes razas, sexos y edades, el cual arrojó un total de 685 animales y de la misma manera de las especies equinas se contabilizó 32 animales en la distancia. Hacia la parte del lindero Noreste se apreciaron dos (02) potreros con vegetación natural no intervenida la cual tiene pasto natural. De la misma manera hacia la parte central, y en acceso por el lindero norte, se accede a la casa Estilo colonial, que tiene un uso para las actividades agro-turísticas de manera estacional vacacional, que comprende caballerías, piscina ornamental y alojamiento masivo en sala de habitación. En cuanto al Segundo particular, el tribunal deja constancia, que no observó la existencia de personas grupos de personas dentro de los lotes de terreno objeto de la inspección, salvo las recurrentes en nulidad y algunos trabajadores asalariados de las mismas, lo que por ende determina, la no existencia de actividad agroproductiva realizada por personas distintas a sus presuntos dueños. En cuanto al particular Tercero, este juzgado inquiere al experto designado, a los fines que informe al mismo, cual es el o los hierros quemadores identificados que poseen los semovientes observados. Acto seguido se le concede el derecho de palabra al ciudadano apoderado judicial de la recurrente, quien expuso: “Vista la inspección realizada por este juzgado Superior Agrario, se evidencia la existencia de animales Bovinos, en las diferentes razas establecidas por el experto, en un número de 685 animales, además de 32 equinos. También se evidenció la siembra de pasto, según las especificaciones del Experto, estando dentro de lo establecido por la Ley la cantidad de animales por el número de hectáreas con que cuenta la finca “San Pancracio”, plenamente identificadas en autos, así como sus linderos. Igualmente se evidencia que existe una parte destinada a la actividad turística. En consecuencia, solicito a éste d.T. ratificar la medida de protección de la cual goza la finca “San Pancracio”, a los fines de evitar cualquier intento tanto del ente público. En este todo se le concede el derecho de palabra al representante judicial de la recurrida, quien seguidamente expuso: “Considera ésta representación judicial que en la presente inspección no se evidencia peligro inminente fundamentado, debido a que no se observó grupos campesinos o personas perturbando la posesión de las ciudadanas hoy Recurrentes. Tampoco se comprueba la ejecución inmediata del acto administrativo emitido por el Instituto Nacional de Tierras, dado que éste ha cumplido con no ejecutar sus actos sobre el lote en cuestión por la medida de protección al cultivo y a la producción que fue sentenciado por éste Tribunal, esperando las resultas y culminación del proceso judicial para ejecutar. Así mismo estima esta representación, que el dispositivo del acto administrativo del inicio del rescate, es un acto de mero trámite y no debería ser susceptible de suspensión. Así mismo alegamos que no puede coexistir la medida de protección, con la medida de suspensión de efectos del acto administrativo, tal y como lo dispone la jurisprudencia. Y es por ello que solicitamos sea declarada inadmisible la presente solicitud de suspensión de efectos del acto y la ratificación de la inadmisibilidad de la medida de protección. Es todo”. Se deja constancia que para la práctica de la presente Inspección Judicial se utilizó una cámara de video grabadora, marca: Sony, modelo Digital 8, Nº 05-2366 y un G.P.S, Marca “Garmin”, Modelo Garmin 12, Serial Nº 3677968, No habiendo más que agregar, el tribunal declara finalizado el acto, siendo las 12:45 p.m., ordenando de seguidas el regreso a su sede natural. Terminó, se leyó y conformes firman.

   En tal sentido quien decide, visto el contenido del acta parcialmente trascrita ut supra, considera que tal probanza, conjuntamente considerada con el resto de las pruebas aportadas por la recurrente en el presente recurso, resulta demostrativa de los hechos y situaciones en ella reseñados, muy especialmente la existencia efectiva de un lote de ganado bovino de carne y leche de diferentes razas, sexos y edades, el cual se contabilizó en un total de 685 animales, así como la existencia de un rebaño equino de aproximadamente 32 animales en la distancia, todo, mediante la obtención de datos por este sentenciador mediante observación directa, lo cual refuerza con creces, la satisfacción del principio de alteridad que informa al régimen legal del diligenciamiento de la prueba judicial.

   En consecuencia quien decide aprecia en su totalidad tal probanza, otorgándole todo su valor probatorio. Y así se establece.

   Pruebas de la parte recurrida

   1.- Promovieron, reproducen y hace valer en todas y cada unas de las partes el contenido del expediente administrativo signado con el Nº 0812086583-DTO, contentivo del procedimiento administrativo agrario de declaratoria de tierras ociosas e incultas, inicio de procedimiento de rescate de tierras ociosas y medida cautelar de aseguramiento, sobre el fundo denominado “Hato “Los Increíbles-San Pancracio. En tal sentido quien decide, observa que tal expediente administrativo, resulta a juicio de quien aquí decide, demostrativo de los hechos y situaciones en el reseñados, muy especialmente, demostrativo de la existencia indiscutible del procedimiento administrativo que dio origen al acto hoy impugnado en nulidad, así como de la intervención efectiva de la recurrente en la mayoría de las fases de dicho procedimiento administrativo; el conocimiento que esta tenía de la naturaleza del mismo, así como de la defensa de los derechos que consideró conculcados por la administración, todo, en el marco de la sustanciación del expediente administrativo en cuestión.

   En consecuencia tal probanza es apreciada en su totalidad por este sentenciador, en virtud de considerar la misma como demostrativa de la veracidad de los hechos y situaciones antes explanados, todos, acaecidos en vía administrativa bajo la sustanciación de la hoy recurrida Instituto Nacional de Tierras. Y así se decide.

   Así pues, a.e.s.t. las probanzas presentadas por las partes en el presente recurso, así como sus correspondientes impugnaciones, quien decide pasa de seguidas a pronunciarse sobre el mérito de la causa elevada al conocimiento de este sentenciador, y en tal sentido observa, en cuanto a los primeros vicios denunciados, vale decir, los referidos a las presuntas lesiones de rango constitucional, referidas según los dichos de la recurrente, a la inobservancia por parte de la hoy recurrida al momento de dictar el acto administrativo en comento, al principio de legalidad y el derecho a la defensa que toda providencia administrativa debe satisfacer.

   Así pues entiende este sentenciador, que tales presunciones alegatorias son fundamentadas por la recurrente en el hecho presunto, referido a que el ente agrario que dictó el acto, solo puede dictar medidas cautelares de aseguramiento, iniciado el procedimiento de rescate y nunca en el marco de un procedimiento de tierras ociosas o incultas como el que nos ocupa, pues según sus dichos, ello vulnera y fractura el principio de legalidad que todo acto emanado de la administración debe proponer. Asimismo prosigue la actora indicando, que se evidencia de las actas procesales administrativas, que el acto recurrido dicta una “medida de aseguramiento” propia de un procedimiento de rescate de tierras, distinto al procedimiento que fuera notificado, vale decir, del procedimiento de tierras ociosas e incultas, violentado así el comentado “principio de legalidad”, pues el ente agrario (INTI), insta a un procedimiento de tierras ociosas e incultas, pero dicta medida y acuerda cautelas, propias de otro procedimiento administrativo (rescate), el cual ni siquiera se encuentra aperturado.

   Finalmente indica la recurrente, que el Instituto Nacional de Tierras desestimando enunciados normativos establecidos en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, (Articulo 85 L.T.D.A), dicta medida propias de un procedimiento “sin inicio” y “sin notificación”, vulnerando no solo la legalidad del acto in comento, sino que además, embiste contra el derecho a la defensa, en tanto y en cuanto, el administrado hoy recurrente en nulidad, no conoce de cual procedimiento deberá defenderse, si de un procedimiento de tierras ociosas o un procedimiento de rescate.

   En tal sentido quien suscribe para decidir observa, lo estipulado en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Administración Pública, el cual establece entre otras consideraciones de interés, lo siguiente, a saber:

   Artículo 12.- La actividad de la Administración Pública se desarrollará con base en los principios de economía, celeridad, simplicidad administrativa, eficacia, objetividad, imparcialidad, honestidad, transparencia, buena fe y confianza. Asimismo, se efectuará dentro de parámetros de racionalidad técnica y jurídica. (omissis)…

   .

   (Subrayado de este tribunal).

   Ahora bien del artículo parcialmente trascrito se desprende, que la actividad de la Administración Pública se desarrollará, entre otros, en base a los principios de eficacia y certidumbre, los cuales per se, complementan el bien jurídico tutelado en la garantía constitucional referida a la tutela judicial efectiva, ello con el objeto de hacer posible la eficaz protección en derecho de la situación fáctica planteada en el caso concreto.

   En tal sentido y como complemento de lo antes expuesto, quien suscribe observa lo estipulado en el artículo 1 de la Ley de Tierras y desarrollo Agrario, el cual dispone lo siguiente, a saber:

   Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable; entendido éste como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo, asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones.

   En tal sentido determina quien juzga, que expuesta la fundamentación normativa reseñada en precedencia, debe destacarse, en primer lugar, que el acto administrativo aquí recurrido, vale decir, aquel que declara la ociosidad del predio denominado “Hato San P.L.I.”, ubicado en el sector Vásquez, Parroquia Guardatinajas, Municipio Miranda del estado Guárico, es, al igual que todos los actos administrativos de declaratoria de tierras ociosas o incultas, un acto administrativo de carácter eminentemente preparatorio, pues es efectivamente esa declaratoria de ociosidad del predio, el punto que dará origen a la tramitación de una serie de procedimientos y actuaciones administrativas complementarias, que aseguraran al Estado Nacional, la transformación de esos lotes que se encuentran en estado de ociosidad, en unidades de agroproductivas del tipo bio-sustentables, o lo que es igual, será esa declaratoria de ociosidad, el elemento concausal que generará la tramitación de futuros procedimientos administrativos autónomos, muy especialmente aquellos dirigidos a la reactivación agroproductiva de dichos predios, ya sea, mediante la obtención del rescate o expropiación de terrenos con vocación agroproductiva en estado de ociosidad, o mediante el dictamen de aquellos procedimientos dirigidos a la consolidación de situaciones de transición agroproductiva, como los referidos a la obtención de los correspondientes certificados de finca mejorable o productiva, siendo el caso, que para ello el ente administrativo especial agrario, en este caso, el Instituto Nacional de Tierras, a tenor de lo dispuesto en los principios rectores de la actividad administrativa supra reseñados, debe contar con la factibilidad practica de hacer posible dichas transformaciones, vale decir, de hacer posible la transformación de esos lotes que se encuentran en estado de ociosidad, en unidades de agroproductivas del tipo bio-sustentables, todo en la consecución de fin último, el cual no es otro que garantizar la denominada soberanía agroalimentaria, entendida esta, como una verdadera cuestión de seguridad de Estado.

   Así pues, observa quien decide que el acto administrativo cuya nulidad nos ocupa, en su decisión dispuso, lo siguiente: