Sentencia nº 252 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 18 de Diciembre de 2007

En fecha 18 de julio de 1996, la ciudadana I.J. PIÑA REYES, asistida por el abogado N.E.M.V., interpuso ante el entonces Juzgado Tercero de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, demanda por obligación alimentaria, contra el ciudadano C.A.B.M., alegando lo siguiente:

De la unión concubinaria que sostuve con el ciudadano C.A.B.M., (…), de la cual procreamos dos (2) hijos de nombres P.A.B.M. y J.A.B.P., de nueve (9) y Quince (15) años de edad respectivamente, (…).Pero es el caso ciudadano Juez que desde hace ocho (8) meses el mencionado ciudadano, se ha negado a suministrarle a nuestros menores hijos, los alimentos necesarios para lograr su normal desarrollo físico y mental, razón por la cual es que ocurro antes (sic) su competente autoridad de acuerdo con el artículo 48, ordinal 2º y 3º de la Ley Titular (sic) del Menor para demandar como real y efectivamente lo hago al ciudadano C.A.B.M., antes identificado por PENSIÓN ALIMENTICIA, para nuestros menores hijos; quien prestaba sus servicios en las FUERZAS ARMADAS DE COOPERACIÓN

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En la misma fecha de interposición de la demanda se acordó remitir el expediente al Juzgado Primero de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, y en fecha 9 de agosto de 1996, las partes de la presente causa celebraron convenimiento ante el mencionado Juzgado, la cual fue aprobada y homologada mediante auto de fecha 21 de agosto de 1996.

En fecha 20 de noviembre de 2000, las partes presentaron escrito ante el Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio, Juez Unipersonal Nº 4, mediante el cual celebraron un nuevo convenimiento, que fue aprobado y homologado mediante auto de fecha 21 de noviembre de 2000.

En fecha 15 de diciembre de 2004, el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio, Juez Unipersonal Nº 4, dictó un auto mediante el cual ordenó abrir una articulación probatoria, conforme al artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, con respecto a si debía persistir o no la obligación alimentaria, siendo que los beneficiarios alcanzaron la mayoridad.

Estando en curso la fase probatoria abierta para determinar si se extendía la obligación alimentaria, el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio, Juez Unipersonal Nº 4, mediante sentencia de fecha 29 de junio de 2005, se declaró incompetente para seguir conociendo del presente procedimiento y declinó la competencia en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Dicha decisión se basó en los siguientes argumentos:

Tal como se evidencia del análisis de las actuaciones que integran este expediente, en especial de las partidas de Nacimientos (sic) de los ciudadanos P.A. y J.A.B.P., en las cuales se evidencia que los ciudadanos anteriormente mencionados alcanzaron la mayoridad, puesto que sus fechas de nacimientos fueron el 09 de Marzo de 1.981, y el 07 de Diciembre de 1.986, por ende tienen la libre administración de sus bienes, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Código Civil, lo cual reza lo siguiente:

(…)

Asimismo, este Tribunal actuando de conformidad con el artículo 383 literal “b” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente que expresa:

(…)

En consecuencia, y por cuanto la presente causa en relación con los ciudadano (sic) P.A. y J.A.B.P., se subsume dentro de los parámetros de las referidas Leyes, e igualmente quedando demostrado en las actas de nacimiento anteriormente mencionadas la mayoridad de los mismos, motivo por el cual este Tribunal se declara INCOMPETENTE, en razón de la materia, para seguir conociendo de la presente causa. (…)

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Por su parte, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante decisión de fecha 17 de noviembre de 2005, no aceptó la declinatoria de competencia, y en consecuencia, planteó el conflicto de competencia ante la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia. Su decisión se basó en la siguiente motivación:

Luego de analizar el motivo por el cual el Tribunal A quo se declara incompetente en razón de materia, este Tribunal Observa:

En consideración al Principio de la Perpetuatio Jurisdictionis, consagrado en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone que:

(…)

Visto el pronunciamiento del Tribunal A quo, y de conformidad con el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal solicita de oficio la Regulación de la Competencia, planteando un conflicto de competencia negativo (…)

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Mediante sentencia de fecha 26 de septiembre de 2006, la Sala de Casación Civil, se declaró incompetente para conocer del conflicto de competencia suscitado y ordenó la remisión del expediente a esta Sala Plena, para que conociera de la regulación de competencia.

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Debe esta Sala, en primer lugar, determinar su competencia para conocer y decidir sobre el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio, Juez Unipersonal Nº 4 y el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. En tal sentido, se observa:

El numeral 51 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, establece que:

Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República:

(…omissis…)

51. Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior y común a ellos en el orden jerárquico, remitiéndolo a la Sala que sea afín con la materia y naturaleza del asunto debatido

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Ahora bien, a los fines de determinar a cuál de las Salas de este Supremo Tribunal corresponde dirimir los conflictos de competencia suscitados entre tribunales que no tengan un superior común a ellos, esta Sala Plena ha señalado que debe atenderse al criterio de afinidad entre la materia debatida y las competencias de cada Sala, a menos que los tribunales en conflicto pertenezcan a distintas jurisdicciones, en cuyo caso la competencia corresponderá a esta Sala Plena. Así se estableció en la sentencia número 24, publicada en fecha 26 de octubre de 2004, caso D.M., en la cual se señaló:

Como puede observarse, en la norma transcrita todas las Salas de este máximo tribunal tienen atribuida competencia para decidir los conflictos de competencia de los tribunales, en el caso de que no exista otro tribunal superior y común a ellos. En este sentido, resulta competente esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para conocer de la presente causa, toda vez que justamente el conflicto planteado versa en torno a cual es la materia objeto del proceso, ya que se presenta un conflicto negativo de competencia, en este caso entre tribunales con competencia agraria y tribunales con competencia civil, que no han asumido el conocimiento de la presente causa en tanto que ambos se consideran incompetentes para decidirlo. Consecuencia de lo anterior, es que establecer cuál es la Sala afín con la materia significaría determinar el fondo del asunto debatido en esta instancia, que no es otro que determinar la competencia según la materia para conocer del presente caso.

Así las cosas, debe esta Sala asumir la competencia a fin de establecer cuál es el tribunal competente para conocer de la demanda, especialmente porque es la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia la más apropiada para resolver los conflictos de competencia entre tribunales de distintas ‘jurisdicciones’ sin un superior común, no sólo por tener atribuida esta Sala la competencia, ya que todas las Salas la tienen, sino especialmente en razón de su composición, ya que reúne a los magistrados de todos los ámbitos competenciales, lo que permite en esta instancia analizar de mejor manera y desde todos los puntos de vista, a qué tribunal debe corresponder conocer de una causa en la que haya duda sobre cuál juzgado deba conocerla en cuanto a la competencia por la materia. Así se declara

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Dicho criterio fue reiterado por esta Sala en la sentencia N° 1, publicada el 17 de enero de 2006, caso J.M.Z., en el cual se expuso:

…puede surgir sí una problemática para los supuestos en que los tribunales en conflicto pertenezcan a distintas jurisdicciones, y donde, prima facie no resulta posible determinar cuál es la naturaleza o carácter del asunto debatido.

En estos últimos casos, se sostenía que la competencia le correspondía a la Sala de Casación Civil, fundamentándose tal criterio en que la actuación de esa Sala se rige eminentemente por las normas del derecho procesal civil y la regulación de competencia es una institución propia de este derecho (vid. sentencia de la Sala Plena de este M.T. dictada en el Exp. 535 de fecha 7 de marzo de 2001).

No obstante lo anteriormente expuesto, posteriormente mediante sentencia N° 24 dictada por esta Sala Plena en fecha 22 de septiembre de 2004, publicada el 26 de octubre del mismo año, se abandonó tal criterio, al considerarse que era la propia Sala Plena de este M.T. la competente para dirimir el conflicto de competencia planteado entre tribunales con distintas jurisdicciones…

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En el caso de autos, se ha planteado un conflicto negativo de competencia por la materia entre tribunales que pertenecen a distintas jurisdicciones (protección del niño y del adolescente y civil), por lo cual, de conformidad con el criterio antes expuesto, esta Sala Plena se declara competente para conocer y decidir el conflicto negativo de competencia planteado. Así se decide.

Determinada la competencia de esta Sala Plena para conocer del presente conflicto negativo de competencia, se pasa a resolver cuál es el órgano competente para conocer y decidir la demanda que cursa en autos, y a tal efecto se observa:

La presente demanda consiste en una reclamación alimentaria ejercida en fecha 18 de julio de 1996, por la ciudadana I.J. PIÑA REYES, asistida por el abogado N.E.M.V., contra el ciudadano C.A.B.M..

Ahora bien, esta Sala observa en autos que mediante diligencia presentada en fecha 14 de diciembre de 2004 (cfr. folio 96), el ciudadano C.A.B.M. solicitó a la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia que no siguiera conociendo de la presente causa, en virtud que los ciudadanos P.A.B.P. y J.A.B.P., habían alcanzado la mayoría de edad.

Así las cosas la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante auto de fecha 15 de diciembre de 2004, consideró necesario abrir una articulación probatoria, a fin de que los beneficiarios y el reclamado aportaran las pruebas pertinentes para demostrar si debía persistir o no la obligación alimentaria. En este estado de la causa se suscitó el conflicto de competencia.

En tal sentido, la Sala Constitucional mediante Sentencia N° 1756 de fecha 23 de agosto de 2004, estableció como criterio vinculante para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y los restantes Tribunales de la República, que el trámite de los juicios sobre extensión de la obligación alimentaria que propongan mayores de edad menores de veinticinco años, de conformidad con el parágrafo primero, letra d), del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, corresponde a las Salas de Juicio de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente correspondiente. En tal sentido, se expuso en la sentencia aludida lo siguiente:

A los Tribunales especializados se les atribuyó su competencia a través de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en su artículo 177, el cual establece un catálogo de supuestos o situaciones jurídicas que son de su exclusiva competencia. El artículo en referencia dispone, entre una de las competencias que atribuye a las Salas de Juicio de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente, la siguiente: ‘El juez designado por el presidente de la Sala de Juicio, según su organización interna, conocerá en primer grado de las siguientes materias: Parágrafo Primero: Asuntos de familia: (...) d) obligación alimentaria;’

Esta atribución de competencia se refuerza en el artículo 384 eiusdem, que dispone de manera indubitable que: ‘Todo lo relativo a la obligación alimentaria debe ser decidido por vía judicial, siguiéndose para ello el procedimiento previsto en el Capítulo VI de este Título’.

Ahora bien, las consideraciones anteriores la Sala las formula por cuanto observó que las Salas de Juicio de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente y las C.S. interpretan de manera indistinta la competencia para el conocimiento de la extensión de la obligación alimentaria una vez que se cumple la mayoría de edad. Así, los tribunales de instancia señalan que los adolescentes que cumplan la mayoría de edad y no soliciten la autorización para la extensión de la pensión de alimentos el día antes de que cumpla los dieciocho años de edad, esta obligación se extingue, por cuanto se trata de un lapso preclusivo, de acuerdo con lo que preceptúa el artículo 383 de la Ley.

Dispone el artículo 383 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente lo siguiente:

‘Extinción. La obligación alimentaría se extingue:

(...)

b) por haber alcanzado la mayoridad el beneficiario de la misma, excepto que padezca deficiencias físicas o mentales que lo incapaciten para proveer su propio sustento, o cuando se encuentre cursando estudios que, por su naturaleza, le impidan realizar trabajos remunerados, caso en el cual la obligación puede extenderse hasta los veinticinco años de edad, previa aprobación judicial’.

Ahora bien, es evidente para esta Sala Constitucional que la materia de obligación alimentaria está sujeta al tribunal especializado y al procedimiento especial que señala expresamente la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en los artículos que se transcribieron, por ello, mal puede señalarse que las Salas de Juicio de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente pierden la competencia si no se realiza la solicitud de extensión de la obligación antes de que el adolescente cumpla los dieciocho (18) años de edad, pues dicha norma no señala tal lapso preclusivo para la solicitud de la extensión, simplemente establece que los jóvenes que cumplan la mayoría de edad pueden seguir beneficiándose de la pensión de alimento que le deben su padres, en el caso de que cursen estudios que, por su naturaleza, le impidan el ejercicio de un trabajo remunerado, pero deben pedir una aprobación judicial.

La interpretación del artículo 386, letra b), de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente no puede entenderse sobre la base de que la competencia corresponde a lo Tribunales de Civiles ordinarios, si no se solicita la extensión de la pensión de alimentos antes de que el beneficiario cumpla la mayoría de edad, porque esto causaría una gran incertidumbre e inseguridad jurídica, ya que los que soliciten la autorización judicial cuando son adolescentes permanecen en la jurisdicción especial y aquellos que no pidan dicha autorización, antes de la mayoría de edad, deberán demandar ante la jurisdicción civil ordinaria, lo cual ocasionaría que la competencia para el conocimiento del asunto en cuestión dependiera del pedimento o no de la autorización.

Por otra parte, esta Sala en sentencia n° 2623 del 11 de diciembre de 2001, señaló textualmente que todo lo referente a la obligación alimentaria debe dirimirse ante el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, en los siguientes términos:

(omissis)

Con esta interpretación, la Sala Constitucional no pretende la desnaturalización de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente ni mucho menos el desconocimiento de su objeto, puesto que lo que busca es la uniformación de un criterio para que los justiciables puedan tener certeza de cuál es el Tribunal al que tienen que acudir para la solicitud de la extensión de la obligación alimentaria para aquellos jóvenes que cumplen su mayoría de edad, pero que aún no están preparados para hacerle frente a la vida adulta, y, por ello, requieren de la asistencia moral y material de sus padres, para que los ayuden en su formación y capacitación, a tenor de lo que preceptúa el artículo 79 de la Constitución.

En conclusión, con fundamento en los artículos 177, letra d, 383, letra b, y 384 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y el artículo 49.3 y 49.4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales aplica en este fallo en función de la interpretación vinculante que preceptúa el artículo 335 in fine eiusdem, decide que el tribunal competente para el conocimiento de las causas por extensión de la obligación alimentaria son las Salas de Juicio de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente correspondiente, criterio que acatarán todos los tribunales de la República. Así se decide.

(omissis)

De esta manera, y con carácter vinculante, esta Sala determina que la competencia para el conocimiento de todas las demandas que se intenten con motivo de la extensión de obligación alimentaria, a que se refiere el artículo 383, letra b), de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, independientemente de que realice o no la solicitud antes de que se cumpla los dieciocho años de edad, son las Salas de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial correspondiente. Así se decide

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Sobre la base de las consideraciones anteriormente expuesta, esta Sala Plena concluye que la competencia para conocer de la extensión de la obligación alimentaria presentada en la presente causa, corresponde a los tribunales con competencia en materia de protección del niño y del adolescente, aun cuando los beneficiarios de la misma hayan alcanzado la mayoría de edad. Así se declara.

Adicionalmente, observa esta Sala que mediante diligencia presentada por el ciudadano P.A.B.P., en fecha 24 de enero de 2004, mediante la cual solicitó la extensión de la obligación alimentaria, señaló que se encuentra domiciliado actualmente en el Estado Lara (cfr. folio 102), razón por la cual, esta Sala Plena considera necesario reiterar el criterio sostenido, -entre otras- en la sentencia número 69 de fecha 25 de abril de 2007, en la cual se indicó, que el juez competente para conocer los casos previstos en el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente será el de la residencia del niño o adolescente, todo ello en resguardo del interés superior del niño, niña o adolescente, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 eiusdem.

En atención al criterio anteriormente expuesto, concluye esta Sala Plena que en virtud del cambio de residencia del ciudadano P.A.B.P., la presente causa debe ser conocida por los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, en la Sala de Juicio que resulte seleccionada de la distribución respectiva. Así se decide.

IV

DECISIÓN

Con base en los razonamientos antes expresados, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara: