Decisión de Juzgado Superior del Trabajo de Lara, de 13 de Agosto de 2004
| Fecha de Resolución | 13 de Agosto de 2004 |
| Emisor | Juzgado Superior del Trabajo |
| Ponente | Alejandro David Yabrudy Fernández |
| Procedimiento | Calificación De Despido |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, 13 de agosto de 2004
194º y 145º
ASUNTO: KP02-R-2004-000783
PARTES EN EL JUICIO:
DEMANDANTE: F.I.Y.G., venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 12.594.277 y de este domicilio.
APODERADOS JUDICIALES DEL DEMANDANTE: J.M.L. y E.M., abogados en ejercicio, inscritos en el IPSA bajo los Nº 72.129 y 47.956.
DEMANDADO: BAR RESTAURANTE EL FAROL.
ABOGADO ASISTENTE DE LA DEMANDADA: A.M.O., abogada en ejercicio, inscrita en el I.P.S.A. bajo el Nº 68.168, de este domicilio.
MOTIVO: CALIFICACIÓN DE DESPIDO.
SENTENCIA: DEFINITIVA. ASUNTO Nº KP02-R-2004-000783
I
BREVE RESEÑA DE LOS HECHOS
Se inicia la presente causa por solicitud de calificación de despido interpuesta por el ciudadano F.I.Y.G., venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 12.594.277, en contra de BAR RESTAURANTE EL FAROL.
En fecha 19 de junio de 2.001, el Juzgado del Municipio Jiménez de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, profirió sentencia declarando CON LUGAR la solicitud de calificación de despido, ordenando en consecuencia reenganchar al trabajador a sus labores habituales y condenando a la demandada al pago de los salarios caídos, es así como en fecha 26 de junio de 2.001, el ciudadano C.E.O.R., asistido por el abogado J.L.D. ejerció recurso de apelación (f. 41), el cual fue oído en ambos efectos por auto de fecha 19 de julio de 2.001 (f.44) y remitida la causa extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo del Estado Lara, posteriormente es remitida la causa a esta Superioridad con fundamento en el articulo 198 de la Ley Orgánica del Trabajo, mediante auto de fecha 25 de junio de 2.004, quien lo recibió el día 9 de julio de 2.004 y llegada la oportunidad procesal para la audiencia de apelación, en fecha 12 de agosto de 2.004, se declaró homologado el acuerdo convenido por las partes con fuerza de cosa juzgada.
II
DE LA CONCILIACIÓN
Llegada la oportunidad de exponer los fundamentos de la homologación, esta Superioridad lo hace en los términos que a continuación se expresan:
La conciliación constituye uno de los medios de autocomposición procesal mediante el cual las partes, haciendo mutuas concesiones, pueden poner fin a la controversia existente en cualquier etapa del proceso, al respecto señala nuestro texto constitucional su artículo 258.
La Ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos
En efecto, la consagración constitucional de los medios alternativos de resolución de conflictos obedece a la necesidad latente en nuestro sistema de justicia, de solventar las controversias intersubjetivas a través de vías más expeditas y económicas, cuya implementación, dentro o fuera del proceso, abre otras puertas al justiciable para lograr la satisfacción y tutela de sus derechos e intereses y permite el descongestionamiento de los tribunales ordinarios.
La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 6 consagra la facultad del juez para la aplicación de medios alternativos de resolución de conflictos en los términos siguientes:
´´El Juez es el rector del proceso y debe impulsarlo personalmente, a petición de parte o de oficio, hasta su conclusión. A este efecto, será tenida en cuenta también, a lo largo del proceso, la posibilidad de promover la utilización de medios alternativos de solución de conflictos, tales como la conciliación la mediación y arbitraje. Los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar el debate y la evacuación de las pruebas, de las cuales obtienen su convencimiento…..´´
Ahora bien, en materia laboral, la conciliación se logra como resultado de la mediación, considerando que ésta última es labor principal del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, lo que ha llevado a la doctrina a sostener que la mediación funge dentro del proceso laboral como una “transacción asistida”, pues corresponde al juez indicar concretamente los puntos de coincidencia de las partes y conducirlos a proponer formas de arreglo que resulten ventajosas y seguras para ambas, sin adelantar opinión sobre el fondo del juicio y sin comprometer su autonomía e imparcialidad.
Sin embargo, la mediación no es una función exclusiva y excluyente del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, por el contrario, todos los jueces laborales deben actuar en procura de ello y así lo ha sostenido el ilustre procesalista Henríquez La Roche en los términos siguientes, al señalar:
En nuestro proceso laboral la mediación la realiza el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución…En ningún caso el juez-mediador puede adelantar opinión sobre lo principal del pleito ni comprometer su autonomía judicial, respecto al contenido de su decisión. Este riesgo no existe en la audiencia preliminar, pues es el juez mediador no tiene potestad decisoria alguna, correspondiéndole al juez de juicio la resolución de la causa. Sin embargo, nada obsta para que éste último o el juez superior o la misma Sala de Casación procure un avenimiento mediando entre las partes, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 257 del Código de Procedimiento Civil: >
(Henríquez La Roche, R. “El nuevo proceso laboral”. p. 358 )
En cualquier instancia y grado del proceso antes de la sentencia debe procurarse una conciliación entre las partes, no excluyéndose a esta superioridad, una vez que las partes convengan de mutuo acuerdo en una transacción; es deber del juez verificar la capacidad de las partes para disponer del proceso.
Establecido lo anterior, esta Superioridad debe en primer término verificar la capacidad de las partes que desean celebrar la transacción con el fin de ponerle fin a la controversia, en aras de dar cumplimiento a la sentencia proferida por la Sala Constitucional en fecha 21 de Enero de 2000, con ponencia del Magistrado José M Delgado Ocando:
…En primer término, debe esta Sala precisar que la homologación de una transacción es el acto por el cual el juez imparte su aprobación al contrato bilateral por el que las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan –en el caso de autos- un litigio pendiente; es decir, los efectos procesales de la transacción no se producen sino a partir de la referida homologación, por lo que sólo desde ese momento puede hacerse referencia a la fuerza de cosa juzgada que tiene entre las partes. La gravedad de ello, por tanto, obliga a la verificación de la capacidad de las partes para disponer del proceso, y, muy especialmente, de los abogados que como apoderados las representen, por parte de la autoridad, jurisdiccional a la cual competa impartir tal aprobación.
Este criterio fue ratificado por esta Superioridad recientemente, en fallo de fecha 04 de marzo de 2004, en acción de amparo constitucional intentada por Frío Box, C.A. y Criotek, C.A. en contra del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo en Régimen Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en donde se adujo lo siguiente:
Ambos autos emitidos por los jueces Colmenares y Suárez Gavidia en el mismo orden, como se aprecia, no plantean motivación alguna de la cual se constate como efectuado el necesario análisis tendente a la verificación que debió preceder a la homologación, particularmente por lo que respecta a la capacidad para disponer por parte del representante judicial del demandado, lo que evidencia un ejercicio arbitrario de la función jurisdiccional, violatorio del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la vigente Carta Magna. Así se declara
.
Sobre la base de lo anterior, debe esta Alzada pronunciarse con respecto a la capacidad de las partes para transar, a cuyo efectos debe proceder al examen de las actas procesales, en cuanto los apoderados judiciales de la parte actora J.M.L. y E.M. abogados en ejercicio, inscritos en el IPSA bajo los Nº 72.129 y 47.956, no hay duda de su capacidad, por cuanto consta en autos poder que le fuera conferido a los mencionados abogados, inserto al folio 10 del expediente, donde se les otorga facultad para desistir, transigir o convenir. Así se declara.
Con respecto a la abogada asistente de la parte accionada, no existe duda de su capacidad, por cuanto la misma se encontraba asistiendo al ciudadano W.R. Agüero Mendoza, parte demandada en la presente causa.
Por consiguiente, ante la conformidad de las partes y respetando los términos fijados en la autocomposición procesal supra descrita, esta Superioridad imparte su aprobación y en consecuencia, declara homologado el acuerdo de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 1713 del Código Civil Venezolano, impartiéndole el valor de cosa juzgada
Establecida la capacidad de las partes para transar, durante el desarrollo de la audiencia esta Superioridad instó a una conciliación entre las partes, lo que trajo como resultado que las partes de mutuo acuerdo convinieron en: La parte actora, no obstante estar en presencia de un juicio de estabilidad laboral, conviene en darle fin a la relación de trabajo a cambio de recibir de manos del patrono sustituto una cantidad de dinero que satisfaga los derechos laborales derivados de la relación de trabajo, verbi gratia prestaciones sociales, por lo que la parte accionada recurrente ofrece por concepto de antigüedad, vacaciones causadas en la relación de trabajo, utilidades anuales, fideicomisos sobre la antigüedad, vacaciones fraccionadas y honorarios de abogados, la cantidad de TRES MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 3.000.000,00), para ser pagados el día 20 de Agosto de 2004, lo cual es aceptado en plena conformidad por los apoderados judiciales del trabajador reclamante y en consecuencia manifiestan, que con el recibo de la precitada cantidad de dinero dan fin al procedimiento de estabilidad laboral, así como también se evita un eventual y futuro reclamo por concepto de prestaciones sociales, quedando satisfechos los derechos derivados de la relación de trabajo.
Así mismo, solicitan ambas partes se declare la terminación del presente juicio, se homologue el acuerdo y se le imparta carácter de cosa juzgada, razón por la cual, ante la conformidad de las partes y respetando los términos fijados en la autocomposición procesal supra descrita, esta Superioridad imparte su aprobación y en consecuencia, declara extinguido el proceso de estabilidad laboral y homologado el acuerdo de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 1713 del Código Civil Venezolano, impartiéndole el valor de cosa juzgada
III
D E C I S I O N
En virtud de las consideraciones expuestas previamente, este JUZGADO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO LARA, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: EXTINGUIDO el proceso de estabilidad laboral y HOMOLOGADA la transacción celebrada entre el ciudadano W.R. Agüero Mendoza, asistido por la abogada A.M.O. y los Abogados J.M.L. y E.M. en su condición de apoderados judiciales de la parte actora. Las partes de mutuo acuerdo convinieron en: La parte actora, no obstante estar en presencia de un juicio de estabilidad laboral, conviene en darle fin a la relación de trabajo a cambio de recibir de manos del patrono sustituto una cantidad de dinero que satisfaga los derechos laborales derivados de la relación de trabajo, verbi gratia prestaciones sociales, por lo que la parte accionada recurrente ofrece por concepto de antigüedad, vacaciones causadas en la relación de trabajo, utilidades anuales, fideicomisos sobre la antigüedad, vacaciones fraccionadas y honorarios de abogados, la cantidad de TRES MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 3.000.000,00), para ser pagados el día 20 de Agosto de 2004, lo cual es aceptado en plena conformidad por los apoderados judiciales del trabajador reclamante y en consecuencia manifiestan que con el recibo de la precitada cantidad de dinero dan fin al procedimiento de estabilidad laboral, así como también se evita un eventual y futuro reclamo por concepto de prestaciones sociales, quedando satisfechos los derechos derivados de la relación de trabajo, así mismo, solicitan ambas partes se declare la terminación del presente juicio, se homologue el acuerdo y se le imparta carácter de cosa juzgada.
En consecuencia, le imparte el valor de COSA JUZGADA y ordena la inmediata devolución del expediente a su Tribunal de origen.
Expídase copia certificada de la presente sentencia para ser agregada al Libro respectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y bájese oportunamente el expediente al Tribunal de la causa.
Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto, a los trece días (13) del mes de julio del año dos mil cuatro.
Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.
El Juez Titular, La Secretaria,
Dr. A.Y.F.A.. Rosalux Galíndez
En igual fecha y siendo las 12:10 p.m. se publicó y se expidió copia certificada conforme a lo ordenado en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
La Secretaria,
Abog. Rosalux Galíndez
