Decisión nº 02 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 11 de Febrero de 2015

Que los tres (3) recursos interpuestos impugnan la resolución judicial dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal, en funciones de Control, publicado en fecha 11 de noviembre de 2014, cuya decisión debe centrarse en revisar la legalidad de la Orden de Aprehensión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal de este mismo Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, en fecha 19 de octubre de 2104, tal como lo ha dicho la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en forma reiterada.

Que el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal, en funciones de Control, publicado en fecha 11 de noviembre de 2014, además de declarar la legitimidad de la Orden de Aprehensión, modificó las precalificaciones jurídicas dadas por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal de este mismo Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, en su decisión de fecha 19 de octubre de 2104, y en base a las imputaciones de hecho realizadas por el Ministerio Público, en la audiencia de presentación, con excepción del delito de la precalificación del delito de Asociación para Delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. En tal sentido, la representación del Ministerio Público, en la audiencia de presentación, señaló:

…del resultado de la investigación se estableció que las ciudadanas D.A.B.V., Nacarid B.Q., A.M.V. y L.E.O.A., participaban de manera coordinada con los personas requirentes a fin de beneficiarlos con documentos de identidad expedidos de manera ilegal a ciudadanos extranjeros para poder transitar libremente por el Territorio Nacional con identidades fraudulentas, para hacerse pasar por ciudadanos comunes que hacen vida en nuestro país, apropiándose para ello de bienes del patrimonio público que como funcionarios públicos tenían bajo su custodia tomando en cuenta la labor que realizan, alejándose de su condición de funcionarios públicos y en desobediencia de lo valores constitucionales y legales propio de un funcionario que presta servicio para el estado venezolano, lo cual realizaba de manera continuada, tal y como puede apreciarse de las trazas que consigno en este acto.

En virtud de estos hechos el Ministerio Público pasa a precalificar en relación a las ciudadanas A.d.C.M. de Sánchez, D.A.B.d.V., L.E.O.A. y Nacarid del Valle B.Q. la imputación de los delitos de: 1.- CORRUPCIÓN PROPIA previsto y sancionado en el articulo 62 de la Ley contra la Corrupción por cuanto se hicieron valer de su condición de funcionarias públicas, utilizando material del Estado en razón de su labor y recibieron contraprestación o se hicieron lucrar aun a sabiendas que estaba vulnerando la supervisión de sus supervisores, la documentación aportadas era falsa a sabiendas que la documentación pertenecía a otro estado no podía ser tramitado por el SAIME estado Portuguesa; 2.- FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, previsto en el articulo 12 de la Ley Especial contra Delitos Informáticos, al haber incorporado documentos inexistentes los cuales fueron obtenidos de manera fraudulenta antes de incorporarse al Sistema: 3.- ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, por cuanto que las referidas ciudadanas se orquestaron con ciudadanos extranjeros para crear un documento falso y dicho delito supone una red de personas que se asocian con la finalidad de lucrarse utilizando para ello bienes del patrimonio público es decir se trata de criminalidad organizada tal como se indica en las trazas del trámite que constan en el expediente por cuanto ello se hizo no sólo en relación con la ciudadana E.L.L., sino también con los ciudadanos J.Q.C. y Q.D.J.L., lo que comprueban la participación y continuidad; 4.- EXPEDICIÓN DE DOCUMENTO FALSO previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, puesto que se hizo uso de Documentos cuyos datos son falsos y adulterados, delito que comporta una sanción de prisión de uno a tres años. Con relación al imputado J.L.Q.D. precalifica los hechos como: 1.- FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO EN GRADO DE COAUTOR previsto y sancionado en el artículo 12 de la Ley contra delitos informáticos; 2.- USO DE DOCUMENTO FALSO previsto y sancionado en los artículo 322 en relación al 319, del código Penal, puesto que el mismo está en conocimiento que el documento que portaba era falso e hizo uso de los mismos para obtener un documento de identidad de manera fraudulenta para lo cual se hizo acompañar de funcionarios del SAIME; 3.- CORRUPCIÓN PROPIA previsto y sancionado en el artículo 62 de la Ley contra la Corrupción, puesto que en el último aparte de dicha norma se castiga con la misma pena a la persona que diere o prometiere el dinero u otra utilidad, y éste ofertó una contraprestación a las funcionarias a los fines de obtener el documento de identidad venezolana; 4.- ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, dado que integra el grupo de personas que de manera organizada actúan a los fines de obtener el documento de identidad afectando el patrimonio del Estado Venezolano; solicito la aplicación del Procedimiento Ordinario de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal y les sea impuesta Medida Preventiva Judicial Privativa de libertad de conformidad con lo establecido en el artículo 236 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, ya que estamos en presencia del peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad por cuanto se de funcionarios que de regresar al sitio de trabajo puedan influir en sus otros compañeros para poner en peligro la actuación de la justicia…

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Por su parte, en el Dispositivo de la decisión recurrida se declaró:

1. (…) en relación a las ciudadanas A.d.C.M. de Sánchez, D.A.B.d.V., L.E.O.A. y Nacarid del Valle B.Q. precalifica de CORRUPCIÓN PROPIA 62 ley contra la corrupción (sic), precalifica FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO previsto en el artículo 12 de la Ley contra delitos informáticos (sic) precalifica el delito de asociación para Delinquir previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, SIN LUGAR la precalificación jurídica de USO DE DOCUMENTO FALSO previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación;

2. con relación al imputado J.L.Q.D. precalifica los hechos como CORRUPCION PROPIA 62 ley contra la corrupción (sic), Si (sic) lugar la precalificación jurídica de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO previsto en el artículo 12 de la Ley contra delitos informáticos (sic); Con lugar la precalificación del delito de Asociación para delinquir previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, SIN LUGAR la precalificación jurídica de USO DE DOCUMENTO FALSO previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación; y CON LUGAR el delito de Usurpación de Identidad o Nacionalidad previsto y sancionado en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Identificación; 2.) Se acuerda la prosecución de la investigación del Procedimiento Ordinario de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal.

   Por las razones anteriores, esta Corte de Apelaciones considera necesario, en primer lugar, analizar la norma legal correspondiente, que atribuye la competencia a los Tribunales de Control para decretar la aprehensión de los imputados; y, en segundo lugar, los alegatos de los recurrentes, en cuanto a la inmotivación de la decisión recurrida, al cambiar la precalificación de los delitos imputados por el Ministerio Público, en forma diferente a la precalificación dada por el Juzgado Primero de Control. Y así se declara.

   Conforme a lo anterior, se observa:

   El artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, en su encabezamiento, dispone que:

   Artículo 236. El Juez o Jueza de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado o imputada siempre que se acredite la existencia de:

1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita.

2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora, o partícipe en la comisión de un hecho punible.

3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.

   En tanto que, en su primer aparte, señala que:

   Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud fiscal, el Juez o Jueza de Control resolverá respecto al pedimento realizado. En caso de estimar que concurren los requisitos previstos en este artículo para la procedencia de la privación judicial preventiva de libertad, deberá expedir una orden de aprehensión del imputado o imputada contra quien se solicitó la medida. (Subrayado de la Corte)

   Por su parte, el segundo aparte, del artículo in commento, dispone que:

   Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su aprehensión, el imputado o imputada será conducido ante el Juez o Jueza, para la audiencia de presentación, con la presencia de las partes, y de la víctima si estuviere presente y resolverá sobre mantener la medida impuesta, o sustituirla por otra menos gravosa. (Subrayado de la Corte)

   De la interpretación de la normas citada, se colige que, la legitimación constitucional de la orden de aprehensión, establecida en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, estriba en la existencia de indicios racionales de la comisión de un hecho punible cuyo autor o partícipe es la persona objeto de llamamiento por el órgano jurisdiccional, previo requerimiento del Ministerio Público, como director de la fase de investigación del proceso penal; y como objetivo, el normal desarrollo del proceso en la búsqueda de la verdad.

   En este orden de ideas, la Sala Constitucional en su sentencia Nº 114 del 6 de febrero de 2001, dejó sentado lo siguiente:

   ... La Sala considera oportuno reiterar que aquellas medidas –en el caso que nos ocupa, la privación provisional de libertad de cualquier ciudadano- acordadas por los Jueces de Primera Instancia en lo Penal en función de Control de la investigación durante el curso de un proceso penal, en observancia de las normas adjetivas que lo contienen, del respeto a las prescripciones legales y de la previa determinación de cada una de las circunstancias que rodean el hecho o hechos sometidos a su consideración, están revestidas de plena legitimidad, por provenir de órganos jurisdiccionales debidamente facultados para ello. En consecuencia, en modo alguno constituyen infracciones de derechos o garantías constitucionales, puesto que ellas van en procura de un proceso sin dilaciones indebidas y de una pronta decisión judicial (una sentencia derivada de un juicio oral y público)...

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   Asimismo, la Sala constitucional en sentencia Nº 207 de fecha 3 de septiembre de 2009, con carácter vinculante, expresó:

   El Ministerio Público puede solicitar al Juez de Control una medida privativa de libertad contra la persona señalada como autora o participe del hecho punible sin haberle comunicado previa y formalmente el hecho por el cual se le investiga, es decir, sin haberla imputado, toda vez que tal formalidad deberá ser satisfecha en la audiencia de presentación regulada en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual deberá realizarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la práctica de la aprehensión (...)

   Igualmente, al analizar la orden de aprehensión emanada de un Juez de Control, con fundamento en lo establecido en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, la Sala Constitucional, ha dicho que esta:

   “es una medida estrictamente necesaria, de aplicación subsidiaria, provisional y proporcional a los fines que constitucionalmente la justifican y limitan. Se trata de una medida tendente a asegurar el proceso, ante la posibilidad del actor de sustraerse de la administración de justicia, esto es, que la “aprehensión” tiene una génesis cautelar preordenada básicamente a garantizar la presencia y sujeción del presunto imputado al ius puniendi del Estado, por lo que, en ningún caso, dicha aprehensión puede considerarse como arbitraria o ilegal sino desarrollada en el marco de la fase investigativa del proceso conforme a las formas y requisitos legalmente establecidos” (Vid. Sentencia Nº 1082 de fecha 25 de julio de 2012)

   Por las razones anteriores, se declaran improcedentes los vicios de ilegalidad por violación del debido proceso, alegados por los recurrentes. Y así se declara.

   En cuanto a la inmotivación de la decisión recurrida, denunciada por todos los recurrentes, su revisión se hará de forma global, tomando en consideración los alegatos de cada una de las defensas, en la forma siguiente:

   Las abogadas L.C.T.L. y NAIDI COROMOTO BRICEÑO DE ORELLANA, en su carácter de defensoras de la imputada ARACELYS DEL C.M.D.S., alegaron:

   1. Que, en la decisión recurrida, existe “una INCOHERENCIA en relación a la consumación de los supuesto delito que imputa el Ministerio Público, por cuanto los mismos no fueron acreditados ni cumplen con los supuestos establecidos por el legislador”; sin embargo, no describe en que consiste la incoherencia del Ministerio Público en la imputación de los hechos y la subsunción en las normas jurídicas. En consecuencia, se declara improcedente el presente alegato.

   2. Las recurrentes, alegan que:

   …la recurrida se observa la clara y marcada inmotivacion, por cuanto esta se limita hacer mención de un listado de actuaciones de los cuales seguidamente pasa a concluir que los mismos configuran elementos de convicción para dictar pronunciamientos establecidos en la dispositiva del auto, acordando así todos los petitorios del Ministerio Publico contra nuestra defendida, sin mencionar de que manera se sustancias los hechos objeto del proceso con la normativa jurídica aplicable en cuanto a la subsunción de hechos respecto al supuesto de hecho normativo, sin precisar cual fue el hecho atribuido por la representación fiscal a nuestra defendida al establecer la presunta comisión de los delitos de Corrupción Propia, Falsificación de Documento y Asociación Para Delinquir, pronunciándose de manera automática y sin fundamento alguno a los fines de dictar Medida Judicial Privativa de Libertad

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   Igualmente acotan, las recurrentes, que la recurrida:

   …no expreso ninguna fundamentación para sostener cada uno de los puntos contenidos en su auto, así como tampoco expreso cuales fueron los elementos de convicción incriminatorios de responsabilidad penal para sostener las precalificaciones jurídicas de CORRUPCIÓN PROPIA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, solamente señalo de manera anticipada e irresponsable que "necesariamente opero la contra prestación a cambio o bien la promesa de recibir alguna otra utilidad, asimismo señala que los documentos incautados dan cuenta de las acciones que ejercían relacionadas con la labor propia del organismo a que pertenecen (de modo continuo v permanente), señala que existía la concertación previa para luego cometer hechos considerados como delictivos". Se pregunta esta defensa ¿Sobre que elementos fàcticos se base la Juzgadora para hacer tamaña aseveración?, la juzgadora con tales afirmaciones violento (sic) con (sic) el artículo 8 del COPP, puesto que la juzgadora vulnero (sic) una garantía constitucional como es el principio de presunción de inocencia de mi defendida al hacer tamaña aseveración, así como el artículo 49.2 constitucional, donde se reconoce el derecho a la presunción de inocencia como protección judicial de los ciudadanos…

   Asimismo, las recurrentes alegan que la recurrida:

   …señala de manera genérica y sin motivación alguna el porque considero que existen elementos para configurar los tipos penales de CORRUPCIÓN PROPIA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, por cuanto en el presente caso la juzgadora ni siquiera menciona los elementos en que funda su decisión, a los fines de verificar cual de ellos fueron tomados para su posterior análisis, para así garantizar una debida motivación en cuanto a lo que respecta al primer requisito para la procedencia de las medidas cautelares dentro del proceso penal, que no es mas que la presunción del buen derecho y la vinculación del imputado con el mismo todo lo que se resume en las exigencias legales de los numerales 1 y 2 del articulo 236 de la ley adjetiva penal

   Los abogados J.D.G.D. y Endre A.C.D., en su carácter de defensores de la imputada NACARID DEL VALLE B.Q., alegan que:

   … no están llenos los extremos de ley, para decretar la medida de privativa de libertad a nuestra defendida, NACARID DEL VALLE B.Q., para lo cual y concretamente la decisión recurrida, se limita a transcribir la reproducción del acta de audiencia, insertando igualmente, una serie de actos de investigación sin analizar minuciosamente, el contenido de cada uno de los elementos de convicción que fueron aportados por el Ministerio Público, para así discriminar el contenido, valor y alcance, de los mismos; y establecer pormenorizadamente, los elementos que a su consideración, apunten a establecer la presunta participación de nuestra defendida, en los delitos de Corrupción Propia, previsto y sancionado en el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción; Falsificación de Documento, previsto y sancionado en el artículo 12 de la Ley Especial contra Delitos Informáticos; y Asociación para Delinquir, previstos y sancionados en los artículos 34 y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada…

   La abogada Grelimar del C.M.G., en su carácter de defensora del imputado, J.L.Q.D., alega que:

   … considera esta Defensa que se estaría el en franca violación a los presupuestos establecidos en el otrora artículo 236 COPP, en este sentido para que puedan imponerse medidas cautelares al imputado, es necesario que concurran los dos presupuestos o requisitos esenciales que la doctrina ha dado en llamar: "sus columnas de Atlas" del proceso penal, como lo son:

   1.- La existencia comprobada de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y que no se encuentre evidentemente prescrita, o lo que es lo mismo que el cuerpo del delito se halle plenamente comprobado.

   2- Fundados elementos de convicción (principios de prueba), que permitan suponer que el imputado ha participado de alguna manera en dicho delito.

   Son condiciones complementarias entre sí, y constituyen el fumus boni iurís, a estas hay que adminicularle, la probabilidad apreciable, que el imputado pueda escapar de la acción d ela justicia o entorpecer la investigación (periculum in mora). No basta con que el Juez diga, que se cumplen los extremos, debe obligatoriamente, realizar la operación Jurídica, que permita, en primer lugar, probar que existe delito, en que elementos se basa para subsumir la conducta de mi Representado (sic) en los Tipos (sic) penales graves en los que circunscribió su decisión, ciertamente Mi Representado (sic) cometió errores, pero los únicos delitos en los que se podría subsumir su actuación, son delitos, cuya pena, no exceden en su límite superior a diez años (…), pero en el presente caso, no existe peligro de fuga…

   La Corte para decidir, observa:

   La decisión recurrida cambió la precalificación jurídica dada, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal, en funciones de Control, a los hechos imputados y precalificados por el Ministerio Público en su solicitud, con excepción del delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, decretando Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, para los imputados recurrentes. En tal sentido, en la Dispositiva de la decisión recurrida, se lee:

   En relación a las ciudadanas A.d.C.M. de Sánchez, D.A.B.d.V., L.E.O.A. y Nacarid del Valle B.Q. precalifica de CORRUPCIÓN PROPIA previsto y sancionado en el artículo 62 de la Ley contra la Corrupción, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO previsto en el articulo 12 de la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Asociación para Delinquir previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, SIN LUGAR la precalificación jurídica de USO DE DOCUMENTO FALSO previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación. (Negrillas y subrayado de la Corte)

   Con relación al imputado J.L.Q.D. se declara admisible la imputación por el delito de CORRUPCIÓN PROPIA previsto y sancionado en el artículo 62 ultimo aparte de la Ley contra la Corrupción, Sin lugar la precalificación jurídica de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO previsto en el articulo 12 de la Ley contra delitos informáticos; Con lugar la precalificación del delito de Asociación para Delinquir previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, SIN LUGAR la precalificación jurídica de USO DE DOCUMENTO FALSO previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación; y CON LUGAR la imputación por la comisión de los delitos de USO DE DOCUMENTO FALSO previsto y sancionado en los artículo 322 en relación al 319, del Código Penal y Usurpación de identidad o Nacionalidad previsto y sancionado en el artículo 47 de la Ley Orgánica de identificación…” (Negrillas y subrayado de la Corte)

   Ante la situación planteada, esta Corte de Apelaciones considera, entonces, que debe analizarse si en el presente caso, la Jueza de Control Nº 2 de este Circuito Judicial Penal, dio cumplimiento a los requisitos concurrentes, señalados por el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto a la acreditación de la existencia de: “1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción no se encuentre evidentemente prescrita. 2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora, o participe de la comisión de un hecho punible. 3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación”, a los fines de dictar la medida de privación judicial preventiva de libertad.

   En ese sentido, la Sala de Casación Penal, ha señalado:

   …el juzgador estaba obligado a analizar cada uno de los tres requisitos anteriores, puesto que la libertad es un derecho constitucional cuya restricción debe estar justificada exhaustivamente, siendo contrario al ordenamiento jurídico omitir la exposición del procedimiento seguido por el órgano jurisdiccional para decretar la medida preventiva referida, lo que constituye, en síntesis, la motivación.

   Motivar y fundar una decisión es tan importante que la ausencia de este especial requisito gravita sobre el fallo para originar nulidad, y con ello proclamara su inexistencia procesal.

   Siendo necesario distinguir, que el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 230 del Código Orgánico Adjetivo Penal, impone al sentenciador ponderar (cuando se trata de una medida de coerción personal), todos los elementos y circunstancias inherentes al caso: la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión, y la sanción probable, resguardando los derechos del imputado, pero sin quebrantar los derechos de la víctima, propendiendo también a su protección, y garantizando la reparación del daño causado a la víctima.

   Todos estos elementos a.c.a. deben ser obligatoriamente estudiados, y permiten a esta Sala en una elucidación reflexiva, bajo el principio de autonomía judicial consagrado en el artículo 4 del Código Orgánico Procesal Penal, ejercer su función supervisora, velando por la integridad del proceso penal…

   (Sentencia N° 218 de fecha 18 de junio de 2013)

   Por lo tanto, la privación judicial preventiva de libertad no puede decretarse con la comprobación de una sola condición, sino que es necesario corroborar que las tres condiciones se han cumplido. En tal sentido, en el presente caso, se observa:

   El Ministerio Público, en la audiencia de presentación cambió la precalificación dada en la solicitud de la orden de aprehensión, con excepción del delito de Asociación para delinquir, en los siguientes términos:

   (…) En virtud de estos hechos el Ministerio Público pasa a precalificar en relación a las ciudadanas A.d.C.M. de Sánchez, D.A.B.d.V., L.E.O.A. y Nacarid del Valle B.Q. la imputación de los delitos de: 1.- CORRUPCIÓN PROPIA previsto y sancionado en el articulo 62 de la Ley contra la Corrupción por cuanto se hicieron valer de su condición de funcionarias públicas, utilizando material del Estado en razón de su labor y recibieron contraprestación o se hicieron lucrar aun a sabiendas que estaba vulnerando la supervisión de sus supervisores, la documentación aportadas era falsa a sabiendas que la documentación pertenecía a otro estado no podía ser tramitado por el SAIME estado Portuguesa; 2.- FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, previsto en el articulo 12 de la Ley Especial contra Delitos Informáticos, al haber incorporado documentos inexistentes los cuales fueron obtenidos de manera fraudulenta antes de incorporarse al Sistema: 3.- ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, por cuanto que las referidas ciudadanas se orquestaron con ciudadanos extranjeros para crear un documento falso y dicho delito supone una red de personas que se asocian con la finalidad de lucrarse utilizando para ello bienes del patrimonio público es decir se trata de criminalidad organizada tal como se indica en las trazas del trámite que constan en el expediente por cuanto ello se hizo no sólo en relación con la ciudadana E.L.L., sino también con los ciudadanos J.Q.C. y Q.D.J.L., lo que comprueban la participación y continuidad; 4.- EXPEDICIÓN DE DOCUMENTO FALSO previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, puesto que se hizo uso de Documentos cuyos datos son falsos y adulterados, delito que comporta una sanción de prisión de uno a tres años. Con relación al imputado J.L.Q.D. precalifica los hechos como: 1.- FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO EN GRADO DE COAUTOR previsto y sancionado en el artículo 12 de la Ley contra delitos informáticos; 2.- USO DE DOCUMENTO FALSO previsto y sancionado en los artículo 322 en relación al 319, del código Penal, puesto que el mismo está en conocimiento que el documento que portaba era falso e hizo uso de los mismos para obtener un documento de identidad de manera fraudulenta para lo cual se hizo acompañar de funcionarios del SAIME; 3.- CORRUPCIÓN PROPIA previsto y sancionado en el artículo 62 de la Ley contra la Corrupción, puesto que en el último aparte de dicha norma se castiga con la misma pena a la persona que diere o prometiere el dinero u otra utilidad, y éste ofertó una contraprestación a las funcionarias a los fines de obtener el documento de identidad venezolana; 4.- ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, dado que integra el grupo de personas que de manera organizada actúan a los fines de obtener el documento de identidad afectando el patrimonio del Estado Venezolano; solicito la aplicación del Procedimiento Ordinario de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal y les sea impuesta Medida Preventiva Judicial Privativa de libertad de conformidad con lo establecido en el artículo 236 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, ya que estamos en presencia del peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad por cuanto se de funcionarios que de regresar al sitio de trabajo puedan influir en sus otros compañeros para poner en peligro la actuación de la justicia, es todo

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   Por su parte, la recurrida al acoger la nueva precalificación dada por el Ministerio Público, a los hechos imputados, en primer lugar, expresó:

   Examinado por esta Instancia los alegatos de las partes en cuanto a que no procede la imputación por la comisión de los delitos que el Ministerio Público ha esgrimido en la audiencia oral, visto que el mismo imputa en base a los hechos una calificación jurídica distinta a aquella por la que inicialmente solicitó la orden de aprehensión sin que medien elementos de convicción que así lo sustenten, lo que a criterio de la parte Defensora, vulnera los principios del Debido Proceso, Legalidad y Tipicidad que sustentan la Teoría del Derecho Penal Adjetivo y Sustantivo, importa destacar en este sentido que en cuanto a la subsunciòn del elemento fàctico en el tipo penal constituye un acto de carácter jurisdiccional y es en todo caso al Juez al que le compete determinar los supuestos normativos aplicables a la acción típica y antijurídica, por lo que a criterio de quien aquí juzga no constituye vulneración alguna la imputación presentada por el Ministerio Público basado en un tipo penal distinto a aquel que fundamentó en los elementos de convicción, máxime cuando que la admisibilidad de la calificación jurídica es un acto propio del órgano jurisdiccional, no teniendo la misma ad inicio carácter definitivo, sino que es en la fase de juicio cuando propiamente se configuran de modo determinante y en la fase de investigación basta la minima actividad probatoria en cuanto a la presunción de la comisión de los ilícitos imputados por la parte fiscal en el acto de la audiencia oral y respecto de los cuales la Defensa Técnica de cada uno de las imputadas e imputados ha rechazado…

   Al respecto, debe recordarse que el artículo 333 del Código adjetivo penal, permite la modificación de la calificación jurídica en la fase del juicio oral, por lo que, la precalificación jurídica, en esta fase, puede perfectamente ser modificada por el ente acusador hasta el momento de ponerle fin a la fase de investigación, adecuando la conducta desarrollada por el imputado, en los tipos penales previamente calificados o en otro u otros previstos en la ley penal sustantiva, en caso de un acto conclusivo de acusación, pues, como antes se expuso, solo la investigación culminada podrá arrojar mayor claridad en relación a la subsunción de la conducta en el tipo penal específico previsto en la ley sustantiva penal, así como el Juez en las oportunidades legales señaladas en el Código Orgánico Procesal Penal, podrá controlar dicha precalificación.

   Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión N° 856, de fecha 07-06-2011, en relación a este punto, señaló lo siguiente:

   …En este sentido, debe destacarse que la calificación jurídica que acogió el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control, sobre los hechos que ocasionaron el inicio del proceso penal, no es definitiva. Dicha calificación jurídica, a juicio de esta Sala, corresponde al proceso de adecuación típica que hace el juez penal sobre los hechos que le son sometidos a su conocimiento y ello escapa, en principio, a la tutela del amparo constitucional, y puede ser desvirtuada dentro del proceso penal por la defensa técnica del accionante. De hecho, el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 305, además de permitir al imputado solicitar al Ministerio Público, en la fase preparatoria del proceso, que se realicen una serie de diligencias para desvirtuar su responsabilidad penal de los hechos que se investigan, prevé que en la fase del juicio oral y público el acusado puede evacuar, una vez que han sido admitidos en su debida oportunidad aquellos medios de prueba que considere que lo beneficien, para que el Juez penal, a la hora de dictar sentencia definitiva, considere si la calificación jurídica establecida en el escrito de la acusación realmente se corresponde con la verdad. En este sentido, el artículo 350 eiusdem, también consagra la posibilidad de que el Tribunal en la fase intermedia pueda establecer una nueva calificación jurídica, la cual deberá ser advertida al imputado a los fines de que prepare su defensa…

   Por su parte, la Sala de Casación Penal, en cuanto al cambio de calificación jurídica, por parte del Juez de control, ha señalado:

   ...esta Sala considera necesario aclarar que, ciertamente, el Juez de Control está facultado para cambiar la calificación jurídica atribuida a los hechos por el Ministerio Público, si de la narración expuesta por el encargado de la investigación en su escrito y de los medios de prueba ofrecidos, se observa que los mismos no se corresponden con un tipo penal sino que encuadran en otro, y así lo debe declarar motivadamente

   ( Sentencia Nº 479 de fecha 16/12/2013).

   En ese orden de ideas, este Tribunal Colegiado concluye respecto de la precalificación jurídica acordada en la fase incipiente, como lo es, la fase preparatoria – específicamente el acto de presentación de detenido-, que tanto la calificación jurídica acordada por el Ministerio Público, como la acordada por el Juez de Instancia, es una calificación jurídica provisional, la cual se perfeccionará en la presentación del acto conclusivo que le corresponda acordar a la Vindicta Pública, debiendo el Juez conocedor de la causa, en el acto de audiencia preliminar, determinar si se encuentra ajustada a derecho o no, a los fines de ser admitida, pues, es precisamente en la fase de investigación que circunstancias como las que alega la recurrente en su denuncia serán dilucidadas, es decir, luego que el Ministerio Público realice todas las actuaciones que considere pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, con el fin último de obtener la verdad a través de las vías jurídicas y la aplicación del derecho, por lo que, no encontrándose concluida la fase de investigación, la parte recurrente podrá exigir dentro de la investigación fiscal, las diligencias que estime conducentes para establecer lo que favorezca a su defendido, de conformidad con lo establecido en los artículos 127 y 287 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se declara.-

   En cuanto a la imputación de los delitos de Asociación para Delinquir y Corrupción Propia, a los ciudadanos A.d.C.M. de Sánchez, Nacarid del Valle B.Q. y J.L.Q.D., la recurrida, señaló:

   (…) este Tribunal en primer término expone respecto de los hechos (descritos y expuestos en el acápite anterior) que conforman el presente proceso estima que para la imputación del delito de: 1.- ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, indicado por la representación fiscal bajo el argumento que: “por cuanto que las referidas ciudadanas se orquestaron con ciudadanos extranjeros para crear un documento falso y dicho delito supone una red de personas que se asocian con la finalidad de lucrarse utilizando para ello bienes del patrimonio público, es decir se trata de criminalidad organizada tal como se indica en las trazas del trámite que constan en el expediente por cuanto ello se hizo no sólo en relación con la ciudadana E.L.L., sino también con los ciudadanos J.Q.C. y Q.D.J.L., lo que comprueban la participación y continuidad”; señalamiento que de la misma manera solicita se considere en relación al imputado J.L.Q.D. aduciendo que: “dado que integra el grupo de personas que de manera organizada actúan a los fines de obtener el documento de identidad afectando el patrimonio del Estado Venezolano”; dicha entidad delictiva es propia de la naturaleza en las actividades que como en el presente caso se ejecutan particularmente para los trámites que conllevan la obtención de la documentación de identidad para la permanencia en el país de ciudadanos extranjeros, que supone de modo fundado en la acción que se indica fue ejecutada por parte las imputadas específicamente las ciudadanas A.d.C.M. de Sánchez, y Nacarid del Valle B.Q., quienes por su condición de funcionarias públicas con antigüedad en el organismo conocían de la situación particular del caso tal y como lo han manifestado en sus correspondientes declaraciones al indicar que dicho trámite había sido objetado por la funcionaria adscrita al C.N.E. y no obstante ello se procedió a realizar el procedimiento de la captación de datos tanto en el caso de la ciudadana E.L.L., como del coimputado J.L.Q.D., así se aprecia igualmente de las trazas que el Ministerio Público aportó, requiere dicha actuación del conocimiento de dichos expedientes por parte de dichas funcionarias por una parte y por la otra nótese como de la visita domiciliaria que se practica en los domicilios de dichas imputadas fueron localizadas evidencias que describen cómo ésta tenían en su poder una serie de documentos que dan cuenta de las acciones que ejercían relacionadas con la labor propia del organismo al que pertenecen (de modo continuo y permanente), es de presumir en consecuencia que existía la concertación previa para luego cometer hechos considerados como delictivos, lo que hace presumir la comunicación con los usuarios a quienes favorecían con dicho actuar, verbigracia como con el coimputado de autos, respecto del cual la Defensa ha aducido que el mismo no tiene ningún tipo de relación con las imputadas y no es residente de esta localidad, argumentos que en modo alguno desvirtúan la participación en el delito en cuestión habida cuenta que el modus operandi en este tipo de delito por su naturaleza son llevados en forma clandestina, sin embargo nótese además que de las comunicaciones que vía texto se evidencia de la experticia al teléfono celular que le fuere incautado a la coimputada Nacarid del Valle B.Q. hacen presumir que ésta se dedicaba a “gestionar” como funcionaria del ente gubernamental asuntos propios del Organismo de modo particular, con la consecuente participación en el delito en cuestión, conducta que a su vez conlleva a la incursión en el supuesto de hecho del tipo penal que en segundo término señala el titular de la acción penal denominado CORRUPCIÓN PROPIA previsto y sancionado en el articulo 62 de la Ley contra la Corrupción imputado por el Ministerio Público aduciendo que “por cuanto se hicieron valer de su condición de funcionarias públicas, utilizando material del Estado en razón de su labor y recibieron contraprestación o se hicieron lucrar aun a sabiendas que estaba vulnerando la supervisión de sus supervisores, la documentación aportadas era falsa a sabiendas que la documentación pertenecía a otro estado no podía ser tramitado por el SAIME estado Portuguesa”; valga puntualizar en cuanto a este segundo tipo penal respecto del cual se ha rechazado por parte de la Defensa Técnica de las imputadas y del imputado que no puede configurarse si no está comprobado el recibo por parte de las funcionarias en cuestión de la contraprestación a cambio o más propiamente del recibo de dinero o de la promesa a recibirlo u otra utilidad, elemento objetivo del tipo de carácter concurrente para configurar el tipo penal, extremo éste que deberá demostrar el Ministerio Público y que a saber por esta Instancia dicho supuesto en esta fase primigenia de la investigación se basa en una manera presunción hominis cuya demostración es obligación del Ministerio Público aportar al proceso sin perjuicio para la parte que se investiga de contradecir tal imputación, por lo que no le es dable a este Tribunal de considerar improcedente dicha calificación jurídica, ya que se trata de la fase de investigación en la que como se estableció basta con la mínima actividad probatoria. En tal sentido, se determina que la actuación de las funcionarias no corresponde a un error, sino que necesariamente operó la contraprestación a cambio o bien la promesa de recibir alguna otra utilidad, extremo que indiscutiblemente la parte fiscal está en la obligación de demostrar (…)

   De la anterior transcripción, se colige que la recurrida, en cuanto al delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, imputado al ciudadano J.L.Q.D., no señaló ningún elemento de convicción que indicara su participación o autoría en tal delito. Señalando, en cuanto al delito de Corrupción Propia, imputado a J.L.Q.D., que:

   …la conducta en cuestión devino en el curso del iter criminis a la incursión el delito de CORRUPCIÓN PROPIA previsto y sancionado en el artículo 62 de la Ley contra la Corrupción, puesto que en el último aparte de dicha norma se castiga con la misma pena a la persona que diere o prometiere el dinero u otra utilidad a las funcionarias a los fines de obtener el documento de identidad venezolana; supuesto del tipo penal que como antes se señaló compete al Ministerio Público su comprobación en la fase de investigación

   En cuanto al delito de Falsificación de Documentos, imputado a las ciudadanas A.d.C.M. de Sánchez y Nacarid del Valle B.Q., la recurrida, determinó:

   “ 3.- En cuanto al delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, previsto en el artículo 12 de la Ley Especial contra Delitos Informáticos, atribuido a las funcionarias A.d.C.M. de Sánchez (…) y Nacarid del Valle B.Q., al haber incorporado documentos inexistentes los cuales fueron obtenidos de manera fraudulenta antes de incorporarse al Sistema, el Tribunal estima que dicha imputación obra en contra de éstas, puesto que en su condición de funcionarias necesariamente ésta en sus obligaciones el examen de la data que le es suministrada mediante los expedientes presentados por los usuarios y todas tenían acceso al sistema mediante el uso de claves personales, incluso de carácter intransferible, condición que por los sistemas de seguridad y como puede apreciarse de los mecanismos propios de la Institución, dada la trascendencia de la función que cumple el Servicio del Estado en resguardo de los datos relativos a la identidad de los ciudadanos nacionales lo que a criterio de esta Instancia es un asunto de Seguridad de Estado inherente a la Nación y vinculado a valores trascendentales como la nacionalidad y protección de la identidad de los habitantes del País, así evaluado por este Juzgado por lo que no se trata de actos insignificantes que deban atenderse del modo como fue explicado por las imputadas, por ello evaluado que se describen claramente en los elementos de convicción que han sido relacionados precedentemente cómo éstas ingresan al Sistema elementos que permiten luego conceder nacionalidad venezolana a extranjeros sin el cumplimiento de la tramitación exigida por la Ley, lo que les hace incurrir en la conducta antijurídica que se contempla en dicha norma y por ende incursas en responsabilidad penal.(Subrayado de la Corte)

   En cuanto al delito de Expedición de Documento falso, imputado a las ciudadanas A.d.C.M. de Sánchez y Nacarid del Valle B.Q., la recurrida, determinó:

   “4.- En lo que respecta al delito de EXPEDICIÓN DE DOCUMENTO FALSO previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, atribuido por el Ministerio Público aduciendo que “se hizo uso de Documentos cuyos datos son falsos y adulterados, delito que comporta una sanción de prisión de uno a tres años”, atendiendo al sujeto determinado al que hace referencia la norma no es atribuible a las imputadas el uso de Documento alguno falso, sino que como antes se indicó la conducta desarrollada por éstas estuvo determinada bajo los supuestos a que se refiere la Especial contra Delitos Informáticos, entendido que el sujeto a que se refiere la norma prevista se trata de una finalidad personal y propia lo que no es la condición que ostentan las imputadas cuyos uso no estuvo determinado en forma directa sino el haber ingresado basado en su condición de funcionarias públicas los datos correspondientes para la emisión del documento de identidad no obstante haber sido objetados por la representación del C.N.E.”.

   En cuanto a la imputación al ciudadano J.L.Q.D., de los delitos de Uso de Documento Falso, previsto en el Código Penal y no en la Ley Orgánica de Identificación, como lo solicitó la defensa recurrente, así como la imputación por el delito de Usurpación de identidad o Nacionalidad, la recurrida expresó:

   “Respecto de la imputación fiscal presentada contra el ciudadano J.L.Q.D. en la comisión del delito de: USO DE DOCUMENTO FALSO previsto y sancionado en los artículo 322 en relación al 319, del Código Penal, aduciendo que “el mismo está en conocimiento que el documento que portaba era falso e hizo uso de los mismos para obtener un documento de identidad de manera fraudulenta para lo cual se hizo acompañar de funcionarios del SAIME”; contradicho por la parte Defensora (…) Esta Instancia estima que la norma aplicable conforme a la conducta evidenciada por el imputado al consignar Copia del acta de nacimiento N° 746 inserta en el libro de registro civil de 1992, presuntamente expedida por el registrador Principal del Estado Aragua, en fecha 19 de Junio de 2013; Copia certificada del acta de nacimiento N° 746 de fecha 02/06/1992, que esta inserta en el libro de actas de 1992, expedida por el Registro Civil de Villa de Cura estado Aragua; Constancia de nacimiento de fecha 16/091982, emanada del Hospital Dr. J.R.R., del Municipio Zamora, Villa de Cura estado Aragua: Copia de pasaporte N° CC14253987, a nombre de la presunta madre ciudadana Duran Vaca Marleny, determinándose en la investigación que se trataba de documentos falsos, tal y como se constató en el acta de la entrevista formulada por la ciudadana I.P., en su condición de Coordinadora Regional del CNE, de igual forma se constato al falsedad de la documentación presentada por el ciudadano Q.D.J.L., ante la Institución, a través de la comunicación s/n, de fecha 22 de Julio de 2014, emanada del Registro Civil del Municipio Z.V.C. estado Aragua, a través del cual remiten copia certificada del acta de nacimiento signada con el numero 746 Tomo II, folio 848 del año 1992, la cual anexa y se corresponde con un ciudadano de nombre MAIKER ALEXANDER; es decir que la Copia certificada del acta de nacimiento N° 746 de fecha 02/06/1992, que esta inserta en el libro de actas de 1992, expedida por el Registro Civil de Villa de Cura estado Aragua consignada por el ciudadano Q.D.J.L., es falsa; De igual forma se verifico, que la constancia de nacimiento consignada por este ciudadano, presuntamente expedida por Hospital Dr. J.R.R., del Municipio Zamora, Villa de Cura estado Aragua, en fecha 16/09/1982, es falsa; lo cual se determina con el resultado de la comunicación s/n de fecha 22 de julio de 2014, suscrita por la Directora del Hospital Dr. J.R. ubicado en Villa de Cura estado Aragua, mediante el cual informa que el registro de parto correspondiente a al ciudadana M.D.V., pasaporte N° CC1425398, de fecha 16 de septiembre de 1982 no aparece registrado en ese centro Hospitalario y la constancia de nacimiento no pertenece a ese Hospital, ni al departamento de Registros médico y estadísticas de salud, debido a que en años anteriores estas constancia se realizaban en forma manuscrita, de tales elementos de convicción se determina que es procedente la imputación por la comisión de este delito ya que éste se aprovechó de estos actos falsos para incurrir así mismo en la obtención del documento de identidad para usurpar la nacionalidad distinta a la que verdaderamente tiene, por ello también es procedente la imputación por el delito de Usurpación de identidad o Nacionalidad previsto y sancionado en el artículo 47 de la Ley Orgánica de identificación; puesto que ha de entenderse que la nacionalidad es un atributo de la identidad de las personas y existe la presunción fundada en haber formado parte en los procedimientos en los que se incurrió en la falsedad de actos que tienen que ver con la fe pública, es decir que la Ley especial sanciona el uso en tanto que la Ley Ordinaria contempla supuestos que van más allá` del simple uso por tanto es aplicable dichas disposiciones previstas en la Ley General como en efecto así lo considera esta Instancia. (Subrayado de la Corte)

   De las anteriores transcripciones se evidencia que la Jueza a quo señaló que se derivan elementos de convicción, que vinculan a los imputados de autos, A.d.C.M. de Sánchez, Nacarid del Valle B.Q. en la presunta comisión de los delitos que le fueran atribuidos por el Ministerio Público en el acto de presentación de detenidos, lo cual además constató este Tribunal de Alzada. No obstante, se advierte que, se obtendrá mayor certeza en relación a la comisión del hecho punible que se le atribuye, con los actos de investigación que realice el Ministerio Público, a los fines de esclarecer los hechos y ejercer la pretensión punitiva o no a través del dictamen del correspondiente acto conclusivo. Por tanto, se evidencia de las actas que, los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, son suficientes para la etapa inicial de la investigación. En relación al imputado J.L.Q.D., como ya se dijo, no existen elementos de convicción para estimar que es autor o partícipe en la comisión del delito de ASOCIACIÒN PARA DELINQUIR. Y así se declara.

   Así las cosas, en mérito de las razones de hecho y de derecho que han quedado establecidas en el presente fallo, esta Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, determina que lo procedente en derecho es declarar SIN LUGAR los recursos de apelación interpuesto por los abogados L.C.T.L. y Naidi Coromoto Briceño de Orellana, en su carácter de defensoras de la imputada ARACELYS DEL C.M.D.S.; por los abogados J.D.G.D. y ENDRE A.C.D., en su carácter de defensores de la imputada NACARID DEL VALLE B.Q.; y DECLARAR PARCIALMENTE, el recurso de apelación interpuesto por la abogada GRELIMAR DEL C.M.G., en su carácter de Defensora del imputado J.L.Q.D., en contra de la decisión de fecha 27 de octubre de 2014, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal, en funciones de Control, con sede en Guanare, cuyo texto íntegro fue publicado en fecha 11 de noviembre de 2014, mediante el cual modificó la precalificación de los hechos imputados y ratificó las Medidas de Privación Judicial Preventiva de Libertad, dictadas por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal, en funciones de Control, con sede en Guanare, en fecha 19 de octubre de 2014. Y así se decide.

   DISPOSITIVA

   Por las razones que anteceden, esta Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: declara SIN LUGAR los recursos de apelación interpuesto por las abogadas L.C.T.L. y Naidi Coromoto Briceño de Orellana, en su carácter de defensoras de la imputada ARACELYS DEL C.M.D.S.; y por los abogados J.D.G.D. Y Endre A.C.D., en su carácter de defensores de la imputada NACARID DEL VALLE B.Q.. SEGUNDO: Declara PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por la abogada Grelimar del C.M.G., en su carácter de Defensora del imputado J.L.Q.D.. TERCERO: Se ratifica las medidas de privación judicial preventiva de libertad, dictadas en contra de las ciudadanas ARACELYS DEL C.M.D.S. y NACARID DEL VALLE B.Q., por la presunta comisión de los delitos de: Corrupción Propia, previsto y sancionado en el artículo 62 de la Ley contra la Corrupción; Falsificación de Documentos, previsto y sancionado en el artículo 12 de la Ley contra Delitos Informáticos; y, Asociación para Delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del terrorismo. CUARTO: Se ratifica la medida de privación judicial preventiva de libertad, dictada en contra del ciudadano J.L.Q.D., por la presunta comisión de los delitos de: Corrupción Propia, previsto y sancionado en el artículo 62 de la Ley contra la Corrupción; Uso de Documento Falso, previsto y sancionado en el artículo 322, en relación con el artículo 319, eiusdem; y Usurpación de Identidad, previsto y sancionado en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Identificación. QUINTO: Se Revoca la medida de privación judicial preventiva de libertad, dictada en contra del ciudadano J.L.Q.D., por la presunta comisión del delito de: Asociación para Delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo.

   Publíquese, regístrese, déjese copia y remítase inmediatamente las presentes actuaciones al Tribunal de procedencia. Líbrese lo conducente.

   Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Audiencias de la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en Guanare, a los once (11) días del mes de febrero del año dos mil quince (2015). Años: 204° de la independencia y 155° de la federación.-

   El Juez de Apelación de la Sala Accidental (Presidenta),

   S.R.G.S.

   La Jueza de Apelación, El Juez de Apelación,

   Z.G.D.U.J.A.R.

   (PONENTE)

   El Secretario,

   R.C.

   Seguidamente se cumplió lo ordenado en autos. Conste.-

   El Secretario.-

   Exp. Nº 6262-14