Sentencia nº 0915 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 23 de Julio de 2014
| Fecha de Resolución | 23 de Julio de 2014 |
| Emisor | Sala de Casación Social |
| Ponente | Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez |
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN SOCIAL
Caracas, veintitrés (23) días de julio de 2014. Años: 204º y 155º
En el proceso de calificación de despido instaurado por el ciudadano J.H.G., representado judicialmente por el abogado J.R.C., contra el CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO J.M.S.D.E.Z., representado judicialmente por los abogados S.Z., O.D., Albery González, F.S. y Adabelyn Corona; el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia publicó sentencia en fecha 28 de octubre de 2013, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación intentado por la parte actora y sin lugar la demanda, confirmando la decisión proferida en fecha 25 de octubre de 2012 por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial.
Contra la sentencia de alzada, la representación judicial de la parte demandante interpuso recurso de control de la legalidad el 5 de noviembre de 2013, por lo cual el expediente fue remitido a esta Sala de Casación Social.
El 29 de abril de 2014, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En la oportunidad procesal para decidir sobre la admisibilidad del recurso ejercido, lo hace esta Sala en los términos siguientes:
ÚNICO
Con el propósito de resolver el asunto sometido a la consideración de esta Sala, se observa que se trata de la impugnación de la sentencia proferida por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 28 de octubre de 2013, la cual fue recurrida por el actor a través del recurso de control de la legalidad. Por lo tanto, resulta indispensable examinar si la decisión de alzada es impugnable a través del mencionado recurso de control de la legalidad, a fin de decidir sobre la admisibilidad del mismo.
En este orden de ideas, cabe destacar que en la causa bajo examen se ventila la demanda de calificación de despido interpuesta el 8 de marzo de 2010, por el ciudadano J.H.G., contra el C.d.P.P.d.M.J.M.S. del estado Zulia, la cual fue declarada sin lugar en ambas instancias.
Visto que la presente causa comenzó el 8 de marzo de 2010, se advierte que en el curso de la misma operó una sucesión de leyes adjetivas. En este sentido, la normativa sobre el juicio de estabilidad laboral contenida en los artículos 187 al 192 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que conforman el Capítulo I del Título VIII, relativo a la estabilidad en el trabajo, fueron derogadas por la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, publicada en Gaceta Oficial N° 6.076 Extraordinario del 7 de mayo de 2012 (ex disposición derogatoria primera).
Así las cosas, es preciso establecer cuál es la ley aplicable para examinar la posibilidad de recurrir de la decisión de alzada.
De la revisión de la normativa sobre el procedimiento de estabilidad laboral, se observa que el artículo 123 de la Ley Orgánica del Trabajo –derogado por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo– negaba el recurso de casación en el juicio de calificación de despido, de modo que la decisión del Tribunal Superior quedaba firme, y el asunto no tenía acceso a esta máxima sede jurisdiccional. Bajo este régimen legal, esta Sala acogió el criterio de la Sala de Casación Civil, al señalar que la intención del legislador fue dotar al procedimiento de calificación de despido “de ciertas características muy especiales que lo diferencian de un procedimiento ordinario e incluso del especial laboral; pero lo más relevante consiste en que, al limitar las impugnaciones contra las sentencias dictadas en este procedimiento, consagró el conocimiento por parte de las autoridades competentes en dos (2) únicas instancias” (Sentencia N° 12 del 9 de febrero de 2000, caso: J.A.A.R. contra Unidad Educativa Colegio Caurimare Uno).
La situación cambió al entrar en vigor la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que expresamente derogó los artículos 116 al 124 de la Ley Orgánica del Trabajo –ex artículo 194–. En este sentido, si bien el artículo 188 de la ley adjetiva laboral también negaba el recurso de casación en el procedimiento de estabilidad laboral, por vía jurisprudencial se aplicó en esos casos el recurso de control de la legalidad –ex artículo 178–, en el entendido de que el mismo permite a esta Sala de Casación Social conocer de los fallos de segunda instancia no recurribles en casación. Así, al contemplarse un nuevo medio recursivo, se interpretó que, negada la posibilidad de interponer un recurso, podía ejercerse el otro; en consecuencia, la materia de calificación de despido tuvo acceso a esta sede, con las ventajas que ello implica en el orden de la unificación de la jurisprudencia.
Como se observa, conteste con la normativa de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo la decisión de segunda instancia aún no causa cosa juzgada por ser susceptible de impugnación; pero tal situación varía al entrar en vigor la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, cuyo artículo 88 dispone:
El procedimiento aplicable en materia de estabilidad laboral será el previsto en esta Ley y en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. La sentencia emanada del Tribunal Superior del Trabajo competente es definitivamente firme e irrecurrible” (subrayado añadido).
Como se observa, la primera parte de la norma versa sobre el procedimiento aplicable, siendo necesario aclarar que la remisión que se hace al trámite regulado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo sólo puede referirse al procedimiento laboral ordinario, y no al especial de estabilidad laboral porque, como se señaló supra, estas disposiciones quedaron derogadas. Interesa destacar la segunda parte de la norma antes citada, toda vez que al disponer el legislador que la sentencia de alzada queda definitivamente firme y es irrecurrible, se entiende que de ella dimana la fuerza de la cosa juzgada.
De este modo, con el propósito de acentuar la celeridad procesal por encontrarse en discusión la reincorporación del trabajador a su puesto de trabajo, en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras se retoma el esquema anterior –esto es, el existente bajo el régimen de la Ley Orgánica del Trabajo–, al disponer la irrecurribilidad de la decisión de alzada, lo cual excluye tanto el recurso de casación como el de control de la legalidad.
Entonces, con la finalidad de a.c.d.l.L. antes mencionadas resulta aplicable en el caso bajo, a fin de examinar si el fallo de alzada es susceptible de impugnación y a través de qué medio recursivo, se observa que el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el principio de irretroactividad de la ley, según el cual las leyes procedimentales se aplican desde el momento en que entran en vigor, aun en los procesos que se hallen en curso. Asimismo, el artículo 9 del Código de Procedimiento Civil, aplicable analógicamente al proceso laboral, primeramente reproduce la previsión constitucional antes referida –“La ley procesal se aplicará desde que entre en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso (…)”–, y a continuación agrega: “(…) pero en este caso [cuando el proceso estuviere en trámite], los actos y hechos ya cumplidos y sus efectos procesales no verificados todavía, se regularán por la ley anterior”, de donde se desprende una ultraactividad o eficacia residual de ésta.
En el caso sub iudice, se observa que la sentencia recurrida es posterior a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, del 7 de mayo de 2012, toda vez que fue dictada por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 28 de octubre de 2013, siendo impugnada el 5 de noviembre de ese mismo año, mediante el recurso de control de la legalidad.
Así las cosas, se concluye que la posibilidad de recurrir del fallo de alzada, debe a.c.c.l. normativa que, sobre el procedimiento de estabilidad laboral, contempla la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, por encontrarse en vigor para la fecha en que fue emitida la decisión impugnada y en que fue ejercido el recurso en su contra, sin que se verifique un supuesto de aplicación ultraactiva de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En consecuencia, visto que el artículo 88 de la citada Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras establece que la sentencia emanada del Juzgado Superior del Trabajo en el juicio de calificación de despido, es definitivamente firme e irrecurrible, de modo que la misma causa cosa juzgada, esta Sala declara inadmisible el recurso de control de la legalidad ejercido por la parte actora. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad intentado por la parte actora, contra la sentencia de fecha 28 de octubre de 2013, dictada por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
No hay expresa condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial supra identificada. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen, antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
El Presidente de la Sala y Ponente,
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L.E.F.G.
La Vicepresidenta, Magistrado,
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CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA O.J. SISCO RICCIARDI
Magistrada, Magistrada,
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S.C.A. PALACIOS C.E.G. CABRERA
El Secretario,
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M.E. PAREDES
C.L. Nº AA60-S-2014-000467
Nota: publicada en su fecha a
El Secretario,
