Sentencia nº 1826 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 9 de Octubre de 2007

I.1. El 26 de abril de 2007 la parte hoy accionante en amparo denunció, ante la Inspectoría del Trabajo en el Estado Aragua, al Instituto de Vialidad y Transporte del Estado Aragua (INVIALTA) de aplicar un “DESPIDO MASIVO”, razón por la cual solicitaron que se les reenganchara en sus puestos de trabajo.

En esa oportunidad, la Inspectoría del Trabajo en el Estado Aragua dejó constancia de que si faltara algún trabajador que no hubiese comparecido por causa de fuerza mayor podría incorporarse mediante solicitud a la Acta levantada al efecto y a la Resolución a que hubiere lugar de ser el caso. Asimismo, acordó ”el traslado de un funcionario del trabajo adscrito a la Unidad de Supervisión a los fines de la verificación de los despidos que progresivamente ha venido efectuando [el] INSTITUTO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO ARAGUA (INVIALTA)”. Igualmente, ordenó la notificación del representante legal del aludido ente para que compareciera ante ese despacho al segundo día hábil siguiente a su notificación para que diera contestación al interrogatorio previsto en el artículo 40 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.

I.2. El 27 de abril de 2007 la Inspectoría del Trabajo en el Estado Aragua comisionó “(…) a un funcionario de Supervisión del Trabajo y de la Seguridad social (sic), a los fines de que constate los despidos alegados por los trabajadores y en consecuencia proceda a la citación del Representante Legal de la empresa INSTITUTO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO ARAGUA (INVIALTA), a los fines de que comparezca por ante este Despacho de la Inspectoría del Trabajo, al segundo día hábil siguiente a su notificación, a fin de ser interrogado bajo juramento conforme a lo previsto en el artículo 40 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo”.

En esa misma oportunidad, se libró “cartel de notificación” a nombre del Instituto de Vialidad y Transporte del Estado Aragua (INVIALTA).

I.3. El 3 de mayo de 2007 el Instituto de Vialidad y Transporte del Estado Aragua (INVIALTA) acusó recibo del cartel de notificación librado.

I.4. El 7 de mayo de 2007 siendo la oportunidad fijada por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Aragua para que tuviera lugar el acto de contestación a la solicitud de calificación de despido masivo, se llevó a cabo la misma, dejándose constancia de la presencia del apoderado judicial del Instituto de Vialidad y Transporte del Estado Aragua (INVIALTA), de los ciudadanos C.C., Alexis cabrera, L.R., L.R., L.C., J.A., J.M., O.D., Zuglenis Peraza y A.G., actuando en nombre propio y también en representación de los demás ciudadanos que presentaron la solicitud, asistidos por los abogados D.P. y B.C., inscritos en el Inpreabogado bajo los números 94.086 y 74.028, en su orden; y de los ciudadanos Á.J.N.R., L.G., V.F. y M.U., actuando en nombre propio y asistidos por la abogada C.Á. inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 85.925.

En esa oportunidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, la Inspectoría del Trabajo en el Estado Aragua interrogó al Instituto sobre el número de trabajadores que ha integrado su nómina en los últimos seis (6) meses y el número de despidos que ha realizado en el mismo período. Por su parte, los solicitantes insistieron en la existencia de un despido masivo efectuado por el Instituto de Vialidad y Transporte del Estado Aragua (INVIALTA).

I.5. En esa ocasión la Inspectoría del Trabajo en el Estado Aragua abrió el procedimiento a pruebas, visto que el interrogatorio a que se refiere el artículo 40 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo resultó controvertido.

I.6. El 10 de mayo de 2007 la representación judicial de los solicitantes y el apoderado judicial del Instituto de Vialidad y Transporte del Estado Aragua (INVIALTA) presentaron escritos de promoción de pruebas.

I.7. El 14 de mayo de 2007 la Inspectoría del Trabajo en el Estado Aragua admitió, cuanto ha lugar en derecho salvo su apreciación en la definitiva, las pruebas promovidas por las partes por no ser manifiestamente ilegales e impertinentes. En esa misma ocasión fijó la oportunidad en la cual se evacuarían las pruebas de testigos.

I.8. En esa misma oportunidad, la representación judicial del Instituto de Vialidad y Transporte del Estado Aragua (INVIALTA) interpuso, ante el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, amparo constitucional contra: a) el Acta levantada del 26 de abril de 2007, mediante la cual se abrió el procedimiento de despido masivo contra su representada; b) el Acto del 7 de mayo de 2007 que abrió el procedimiento administrativo a pruebas; y c) el Acto de admisión de las pruebas del 14 de mayo de 2007.

I.9. El 21 de mayo de 2007, el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central: a) admitió la acción de amparo interpuesta; b) fijó la oportunidad en que tendría lugar la audiencia constitucional; y c) acordó medida cautelar innominada y, en consecuencia, repuso “el Procedimiento Administrativo de Despido Masivo, cursante por ante ese Organismo, en el Expediente N° 043-07-01-01, al estado en que emita pronunciamiento precisando cuanto (sic) y cuales (sic) son los solicitantes del referido procedimiento administrativo, concediéndole un lapso prudencial al Instituto de Vialidad y Transporte del Estado Aragua (INVIALTA), que le permita contestar la solicitud en cuestión, contados a partir de que conste su notificación, del pronunciamiento respectivo (…)”.

I.10. El 30 de mayo de 2007, siendo la oportunidad fijada para que tuviera lugar la audiencia oral a que se refiere el artículo 26 de la Ley Orgánica de A. sobreD. y Garantías Constitucionales, se llevó a cabo la misma, dejándose constancia de la presencia de la parte accionante, del Inspector del Trabajo en el Estado Aragua, de los terceros interesados y de la representación del Ministerio Público. En esa misma ocasión, una vez oídos los alegatos de las partes, la réplica y la contra réplica, así como la opinión de la representación fiscal, el Juzgado Superior declaró con lugar el amparo, lo cual anunció de forma oral.

I.11. El 6 de junio de 2007 el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central publicó el texto íntegro del fallo cuyo dispositivo anunció el 30 de mayo de 2007.

I.12. El 8 de junio de 2007 los ciudadanos J.A.M.D., J.A.M.S. y otros, asistidos por el abogado D.A.P.E., interpusieron, ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acción de amparo constitucional contra la sentencia que dictó, el 6 de junio de 2007, el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central. Dicho amparo quedó signado con el número 07-0824.

I.13. El 11 de junio de 2007 la representación judicial de los terceros interesados (hoy accionantes en el amparo signado con el N° 07-0824) interpusieron recurso de apelación contra la sentencia del 6 de junio de 2007 por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central.

I.14. El 14 de junio de 2007 el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central oyó la apelación interpuesta en un solo efecto. En consecuencia, ordenó remitir copia certificada del expediente a las Cortes de lo Contencioso Administrativo.

I.15. El 20 de junio de 2007 la Unidad de Recepción y Distribución de las C.P. y Segunda de lo Contencioso Administrativo recibió las actuaciones correspondientes a la apelación interpuesta, asignándole el alfanumérico AP42-O-2007-000133.

I.16. El 22 de junio de 2007 se recibió el expediente AP42-O-2007-000133 en la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y se designó ponente.

I.17. El 14 de agosto de 2007 la Sala, mediante decisión N° 1760, avocó la causa signada con el alfanumérico AP42-O-2007-000133, contentiva del recurso de apelación interpuesto por la parte accionante en el presente amparo contra la decisión dictada, el 6 de junio de 2007, por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, que declaró con lugar el amparo instaurado por los apoderados judiciales del Instituto de Vialidad y Transporte del Estado Aragua (INVIALTA) contra algunas actuaciones de la Inspectoría del Trabajo en el Estado Aragua.

I.18. El 17 de septiembre de 2007, los solicitantes consignaron mediante diligencia el listado de trabajadores objeto del despido masivo.

II

DEL FUNDAMENTO DEL AMPARO INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO ARAGUA (INVIALTA) CONTRA LAS ACTUACIONES DE LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO ARAGUA (EXP. AP42-O-2007-000133 DE LA NOMENCLATURA DE LA

CORTE SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO)

Señaló la representación del Instituto de Vialidad y Transporte del Estado Aragua, lo siguiente:

II.1. Que “el amparo es el único medio judicial capaz de enervar y restituir la injuria constitucional de la cual está siendo objeto [su] representada, toda vez que a través del recurso de nulidad no se puede englobar todas las lesiones de las cuales está siendo objeto [su] representada”.

II.2. Que “los hechos lesivos de los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso de [su] representada son actos administrativos de trámite y no definitivos lo cual dificulta su impugnación en nulidad”. Que “a pesar de que los actos objeto de este medio de tutela constitucional son de trámite calificados, el amparo es la única vía judicial para el restablecimiento de la situación jurídica infringida en razón de la velocidad con la cual se van sucediendo los hechos y que cada vez más incide, de manera negativa, sobre los derechos constitucionales de [su] representada”. En su criterio, “no hay duda que el amparo, por su propia estructura procedimental, es mucho más rápido que la sustanciación del procedimiento del recurso de nulidad”.

II.4. Que ante la solicitud de nulidad de despidos masivos presentada en contra de su representado, el 7 de mayo de 2007 éste contestó la solicitud a todo evento, alegando como punto previo el estado de indefensión del cual era objeto. Que en ese mismo acto se presentaron nuevos supuestos trabajadores alegando hechos nuevos, tales como la utilización de “artificios” por parte del supuesto patrono para eludir la existencia de una relación laboral.

II.5. Que el 26 de abril de 2007 la Inspectoría del Trabajo en el Estado Aragua dejó constancia de que si faltare algún trabajador que no hubiese comparecido ese día por causa de fuerza mayor podían incorporarse mediante solicitud, declaratoria la cual, a su entender, constituye una violación grosera del derecho a la igualdad, toda vez que la autoridad administrativa actúa como autoridad decisoria y como tal debe tener un comportamiento imparcial sin favorecer a los solicitantes.

II.6. Que el 7 de mayo de 2007 la Inspectoría del Trabajo en el Estado Aragua abrió a pruebas el procedimiento sin haber dado oportuna respuesta a su representado, y estando pendiente el informe de la Jefe de la Unidad de Supervisión y Seguridad Social, encargada de verificar el despido.

II.7. Que su representado promovió pruebas a todo evento y solicitó nuevamente a la Inspectoría del Trabajo en el Estado Aragua que se pronunciara sobre la violación al derecho a la defensa, toda vez que era imprescindible conocer con total precisión quiénes son las personas que se dicen trabajadores y en qué situación se encontrarían frente a su representado. Que como su representado desconocía esos hechos no existía duda de que se le estaba lesionando su derecho a la defensa.

II.8. Que el 10 de mayo de 2007, su representado insistió en el la violación del derecho a la defensa. Que, posteriormente, no tuvo acceso al expediente sino después de dos días de haber sido admitidas las pruebas y estando en curso el lapso para la evacuación, sin haber podido constatar las pruebas promovidas por la parte solicitante.

II.9. Que la Inspectoría del Trabajo en el Estado Aragua le lesionó su derecho a la defensa por cuanto “al momento de leer el acta levantada (…), nos percatamos que la misma contenía repetición de 174 nombres de los solicitantes, así como un orden ilógico de sus números de cédula, repitiéndose varias veces un mismo número, luego verificamos las firmas que son el soporte del acta, encontrando lo siguiente: 1) Personas que están dentro del texto del acta que no están sus respectivas firmas, 2) Personas que están firmando que no aparecen en el texto del acta y 3) Personas que se repiten en las firmas que soportan el acta”. Situación que, en su criterio, demuestra “la absoluta indeterminación de las personas que solicitan el supuesto reenganche por parte de INVIALTA y que ha dado origen al procedimiento administrativo”.

II.10. Que, “[a]dicionalmente, partiendo de que no se conoce con certeza quiénes son las personas que pretenden derechos por parte de [su] representada, también resulta que tampoco se establecieron en la reclamación de orden laboral las condiciones básicas y elementales en que habrían prestado sus servicios, tales como: fecha de ingreso, salario, beneficios, fecha del presunto despido. Sin duda esa serie de omisiones gravísimas ha causado una lesión al derecho a la defensa de [su] representada, pues se vio obligada a contestar una solicitud repleta de vicios, ambigüedades, contradicciones e indeterminaciones”.

II.11. Que, “EL INSPECTOR JEFE DEL TRABAJO EN EL ESTADO ARAGUA (E), para la buena marcha del procedimiento debió ordenar corregir la solicitud inicial con la indicación de quiénes son los reclamantes y cuáles son los argumentos que sustentan sus pretensiones. No obstante, el procedimiento continuó y el INSPECTOR JEFE DEL TRABAJO EN EL ESTADO ARAGUA (E), en lugar de ordenarlo, de manera parcializada y violando las garantías debidas de [su] representada ha permitido se sigan cometiendo irregularidades”.

II.12. Que acaeció otro hecho que evidencia la violación de los derechos a la defensa y al debido procedimiento de su representada, esto es, cuando se presentaron nuevos supuestos trabajadores alegando hechos nuevos como lo es la supuesta disimulación de la relación laboral. Que, frente a tal argumento, su representada se opuso y la funcionaria instructora señaló que elevaría la solicitud al Inspector Jefe del Trabajo para que éste se pronunciara en cuaderno separado; sin embargo hasta la fecha tal pronunciamiento no se ha efectuado. Que con tal alegato la parte solicitante cambió totalmente la pretensión original, por cuanto ya no se trata de determinar un supuesto despido masivo, fácilmente sustanciable mediante el procedimiento breve, sino que ahora se discute la naturaleza del contrato que vincularía no a las personas naturales sino a las personas jurídicas con su representada, supuesto en el cual la Inspectoría del Trabajo en el Estado Aragua sería incompetente para “decidir sobre la naturaleza e interpretación de los contratos que vinculaba a las microempresas con [su] representada”.

II.13. Que “otro aspecto fundamental es el tiempo tan breve que [su] representada contó para promover pruebas, más aún en el caso narrado donde las ambigüedades y desordenes aparecen a lo largo del reclamo”. Que, “con apenas tres (3) días contó [su] representada para desvirtuar la supuesta relación laboral de más de 300 personas, que nunca han estado en nómina, de quienes no se tiene ni el número de cédula, en la mayoría de los casos, teniendo como única referencia para la búsqueda es que la mayoría pertenecen como socios a una Microempresa, de las cuales existen registradas en el Instituto desde su creación hasta ahora 7.000 aproximadamente”.

II.14. Con base en lo expuesto solicitó como restablecimiento de la situación jurídica infringida que se ordene a la Inspectoría del Trabajo en el Estado Aragua “reponga la reclamación al estado de que se corrija la solicitud de ‘despido masivo’ con la indicación de quiénes son los reclamantes y sobre qué hechos fundamentan sus reclamos y exigencias laborales, de forma tal que mi representada pueda ejercer de forma eficaz su derecho constitucional a la defensa y al debido procedimiento”.

III

DE LA SENTENCIA ACCIONADA Y RECURRIDA

El Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central declaró con lugar el amparo interpuesto por el Instituto de Vialidad y Transporte del Estado Aragua, con base en los siguientes argumentos:

Habiendo quedado planteada la controversia de la forma supra indicada, pasa este Tribunal Superior a decidir sobre el fondo de la controversia en los siguientes términos:

Tal como se señaló en la audiencia Oral y Publica, esta Acción de Amparo debe declararse Con Lugar, por cuanto de las actas procesales se desprende en primer lugar, la trasgresión del derecho de petición previsto en el Artículo 51 de la Carta Magna al ente recurrente, por el Órgano Administrativo recurrido por cuanto del acto de la contestación y que riela a los folios 51 al 75, específicamente al folio 56 donde el ente recurrente señala por ante la Inspectoría como punto previo, que se le ha violentado el derecho a la defensa al no precisarse de forma correcta y adecuada el numero de personas que introdujeron la solicitud de despido masivo y que el recurrente los cataloga como accionistas y no como trabajadores, así como de diligencias que rielan a los folios 39 y 40 donde el recurrente ratifica que se pronuncie sobre el punto previo alegado en la contestación, sobre la indeterminación de los solicitantes del despido masivo. Sin que se haya constatado por quien decide pronunciamiento del órgano administrativo sobre lo peticionado por el ente recurrente, sino por el contrario, por auto que riela al folio 76, la Inspectoría acordó abrir a pruebas en el procedimiento administrativo, actuaciones estas que fueron traídas en el presente proceso en la oportunidad de presentar la acción de amparo. Asimismo se encuentra demostrado palmariamente la vulneración del derecho a la defensa del accionante en amparo, consagradas en el Artículo 49 Ordinal 3° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto de la revisión de las actas que rielan a los folios 18 al 32, las cuales también fueron acompañadas con la acción de amparo, se observa la indeterminación del número y la identificación imprecisa de los solicitantes de la pretensión de despidos masivos, lo que causó indefensión al accionante por cuanto efectivamente se observa incongruencia entre el numero de solicitantes en el acta con el número de firmas, pues el numero de solicitantes son 389 y el numero de firmas son 320, igualmente la cantidad de números de cédulas son 334; asimismo se observa repetición de algunos solicitantes, tal como por ejemplo: M.P., que figura 2 veces en el acta, entre otros; también se observa repetición de números de cedulas, como por ejemplo: 7.283.803; inconsistencia o incongruencia que a juicio de quien decide, le vulneró el derecho a la defensa al hoy accionante, al no permitírsele dar contestación con precisión a cada uno de los solicitantes de la solicitud tantas veces mencionada, razón por la cual, tal como se dijo supra, redeclara (sic) Con Lugar la Acción de Amparo, confirmándose la medida provisionalísima o tutela anticipada acordada en fecha 21 de Mayo de 2007, facultado quien decide en garantías de la tutela judicial efectiva consagrados en el Artículo 26 del dispositivo constitucional y desarrollada por la Sentencia N°. 258 de fecha 23 de Marzo de 2004, por la

Sala Política Administrativa. Y así se decide

.

IV

DEL FUNDAMENTO DEL AMPARO Y DE LA APELACIÓN INTERPUESTA POR LOS CIUDADANOS J.A.M.D., J.A.M.S. Y OTROS CONTRA LA DECISIÓN DICTADA, EL 6 DE JUNIO DE 2007, POR EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL (BIENES) Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CENTRAL

(EXP. 07-0824 DE LA NOMENCLATURA DE ESTA SALA)

Señalaron los aludidos ciudadanos como fundamento del amparo, lo siguiente:

IV.1 Que: “la sentencia de amparo dictada por el tribunal agraviante al estar colmada de un notorio y relevante ingrediente de parcialidad viola el derecho a la igualdad entre las partes (patrono y trabajadores), por cuanto no le estaba dado al Tribunal agraviante reponer el procedimiento de despido masivo al estado en que el Inspector del Trabajo en el Estado Aragua aperture dicho procedimiento administrativo, concediéndole un lapso prudencial al Instituto de Vialidad y Transporte del Estado Aragua (INVIALTA) que le permita contestar la solicitud”.

IV.2. Que: “al ordenarse al Inspector del Trabajo en el Estado Aragua que le conceda un lapso prudencial a INVIALTA para que conteste la solicitud de despido masivo, se viola el derecho a la igualdad tutelado en el artículo 21 numeral 1 constitucional, toda vez que ambas partes tienen derecho a igualdad de condiciones dentro del proceso administrativo en este caso de despido masivo”.

IV.3. Que “[n]o le está dada la potestad al Tribunal agraviante de obligar mediante su decisión al Inspector del Trabajo en el Estado Aragua a conceder un lapso prudencial al patrono (INVIALTA) para que conteste la solicitud de despido masivo, por cuanto los lapsos no pueden establecerse en modo alguno prudencialmente, es decir a discreción del Inspector del Trabajo como pretende el tribunal agraviante, por cuanto el artículo 63 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo establece el lapso de dos días hábiles para contestar dicha solicitud, que en definitiva conforme a Derecho fue el lapso concedido a INVIALTA para contestar la solicitud de despido masivo que en efecto contestó”. Que “[t]al pretensión del Tribunal agraviante evidentemente se traduce en una franca situación de desigualdad entre las partes, pues se pretende conceder al patrono un lapso distinto al establecido en la ley”.

IV.4. Que “la decisión de amparo de la cual recurrimos es una decisión que ordena una reposición a la que no había lugar, que privilegiaba creando desigualdad a el patrono, de allí que no es imparcial ni equitativa, pues se nos anula todo el procedimiento administrativo que ambas partes veníamos tramitando”.

IV.5. Que en dicho procedimiento el accionante fue notificado del inicio del mismo oportunamente; se le concedió el lapso de dos días hábiles previsto en el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo para contestar solicitudes de despido masivo; se llevó acabo la contestación de la parte accionada en el procedimiento de despido masivo por parte de su representación judicial, en la cual tuvieron oportunidad de ejercer su derecho a la defensa y el derecho a ser oído; tuvieron acceso al expediente en todo momento, promovieron y evacuaron sus pruebas; asimismo, ejercieron el derecho al control y contradicción de las pruebas promovidas y evacuadas. Que, en suma, estuvieron presentes e intervinieron en todos y cada uno de los actos legalmente convocados por el Inspector Jefe del Trabajo en el Estado Aragua.

IV.6. Que el Tribunal agraviante “invadió un ámbito de esfera de competencias que no le es propio, toda vez que el accionante en amparo disponía de un medio recursivo idóneo para recurrir de los actos administrativos en contra de los cuales erróneamente intentó acción de amparo constitucional, dicho medio recursivo no es más que la apelación (sic) que debió intentar el accionante para ante el Ministro del ramo, quien es el superior jerárquico de todos los Inspectores del Trabajo”.

IV.7. Que “[s]e viola el artículo 138 constitucional, pues el Tribunal agraviante se subroga, allana y abona en un terreno propio de la Administración Pública, ya que no le estaba dado a través de una decisión de amparo reponer un procedimiento administrativo que a todas luces estaba sometido a la incertidumbre legal que pudiera resultar del recurso que debió ser interpuesto de forma ordinaria como medio recursivo de impugnación en contra del acto administrativo del cual se pretendiera recurrir. En consecuencia existe usurpación de funciones por parte del Tribunal agraviante respecto a las funciones que la ley atribuye a la Administración Pública para resolver los recursos que contra los actos administrativos dictados por sus autoridades se interpongan”.

IV.8. Que “se interpuso una acción de amparo no de forma conjunta con recurso contencioso administrativo funcionarial (sic) de nulidad que es la forma que establece la ley Orgánica de A.S.D. y garantías Constitucionales en su artículo 5, para intentar acciones de amparo contra los actos administrativos cuando se crea como en definitiva lo piensa el accionante que no exista un medio eficaz para restablecer la situación jurídica infringida y paradójicamente se desprende de la solicitud de amparo constitucional que el mismo se intentó contra actos administrativos dictados por el Inspector del Trabajo en el estado Aragua, es decir, el accionante intento una acción de amparo no acorde con la que debe intentarse contra los actos administrativos dictados por la Administración Pública”.

En el escrito de apelación que consignaron en el expediente AP42-O-2007-000133, además de esgrimir los mismos alegatos que presentaron en el amparo interpuesto ante esta Sala, señalaron adicionalmente lo siguiente:

IV.9. Que el Tribunal a quo obvió “que la acción de amparo constitucional interpuesta resultaba INADMISIBLE, al amparo del artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica Sobre A. deD. y garantías Constitucionales, pues como ciertamente lo afirmó la accionante en amparo en su solicitud (…) la acción de amparo conforme al criterio reiterado por esta Sala Constitucional a todas luces resultaba inadmisible”.

IV.10. Que la Sala ha establecido reiteradamente en su jurisprudencia la necesidad de agotar los medios ordinarios de impugnación antes de acudir a la utilización del amparo. Que la acción era inadmisible porque “el accionante no agotó, según consta de su misma solicitud, el medio recursivo de impugnación de los actos administrativos dictados por el Inspector Jefe del Trabajo en el estado Aragua, medio recursivo que se encontraba a su disposición, conforme a nuestro ordenamiento jurídico y del cual no hizo uso, pues consideró que el recurso de amparo era un mecanismo más rápido que el recurso de nulidad para la pretensión del accionante”.

V

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Conforme con la sentencia N° 1760/2007 la Sala avocó el expediente AP42-O-2007-000133, de la nomenclatura de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, que contiene la apelación interpuesta por los hoy accionantes en amparo contra la decisión dictada, el 6 de junio de 2007, por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central. A tal efecto, indicó, lo siguiente:

Los argumentos expuestos por la parte accionante evidencian una posible afectación a la tutela judicial efectiva que la ha conminado a dirigirse a este M.T. solicitando una respuesta oportuna al conflicto suscitado en autos, a pesar de que apeló de la decisión que hoy se cuestiona mediante amparo, situación que, en virtud de tratarse de un importante número de trabajadores (más de 250) que impugnan en vía administrativa y mediante el procedimiento de calificación de despido masivo los despidos efectuados por el Instituto de Vialidad y Transporte del Estado Aragua (INVIALTA), amenaza con afectar la paz social del Estado Aragua, concepto respecto del cual la Sala ha sostenido, en su sentencia N° 708/2001, lo siguiente:

‘…el artículo 26 de la Constitución vigente, consagra de manera expresa el derecho a la tutela judicial efectiva, conocido también como la garantía jurisdiccional, el cual encuentra su razón de ser en que la justicia es, y debe ser, tal como lo consagran los artículos 2 y 3 eiusdem, uno de los valores fundamentales presente en todos los aspectos de la vida social, por lo cual debe impregnar todo el ordenamiento jurídico y constituir uno de los objetivos de la actividad del Estado, en garantía de la paz social. Es así como el Estado asume la administración de justicia, esto es, la solución de los conflictos que puedan surgir entre los administrados o con la Administración misma, para lo que se compromete a organizarse de tal manera que los mínimos imperativos de la justicia sean garantizados y que el acceso a los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, en cumplimiento de su objeto, sea expedito para los administrados’.

Visto además que no consta en actas procesales que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo se haya pronunciado en torno al recurso de apelación recibido por esa Corte el 22 de junio de 2007, pese a que se encuentra vencido el lapso a que hace referencia el artículo 35 de la Ley Orgánica de A. sobreD. y Garantías Constitucionales.

La Sala, en razón de las consideraciones anteriores avoca de oficio el expediente signado con el alfanumérico AP42-O-2007-000133 nomenclatura de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, y ordena a dicha Corte remitir el expediente en el término de un (1) día siguiente a su notificación. Así se decide

.

Por tanto, verificado el avocamiento, ello amerita entonces de esta Sala un pronunciamiento expreso para cada acción, es decir, para el amparo interpuesto ante esta Sala, y para el recurso de apelación interpuesto ante la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo contra la decisión del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, que declaró con lugar el amparo interpuesto por el Instituto de Vialidad y Transporte del Estado Aragua, lo cual hará la Sala en los términos siguientes:

V.1 DEL AMPARO INTERPUESTO POR LOS CIUDADANOS J.A.M.D., J.A.M.S. Y OTROS CONTRA LA DECISIÓN DICTADA, EL 6 DE JUNIO DE 2007, POR EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL (BIENES) Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CENTRAL (EXP. 07-0824 DE LA NOMENCLATURA DE ESTA SALA)

Aun cuando la decisión que se señala como lesiva ha sido dictada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, lo que exigiría que esta Sala se declarase incompetente para conocer del presente asunto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de A. sobreD. y Garantías Constitucionales, lo cierto es que el fin último de los accionantes es que esta Sala conozca del caso ante la ausencia de un pronunciamiento definitivo por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, de allí que, no obstante que el órgano jurisdiccional señalado como agraviante hace incompetente a esta Sala, el planteamiento específico formulado que origina la interposición de la presente acción autoriza a la Sala a invocar el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y realizar, por razones de celeridad y economía procesal, el siguiente pronunciamiento:

Como se indicó, se pretende de este órgano judicial el conocimiento, en única instancia, de una acción de amparo constitucional propuesta contra una actuación proveniente el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, de modo que la presente demanda constituye lo que tanto la doctrina como la jurisprudencia ha denominado “amparo contra amparo”, con el particular aditamento de que en la causa que ha dado origen a la interposición del amparo que hoy ocupa a la Sala, los solicitantes ejercieron el correspondiente recurso de apelación, tal como se desprende de las actas procesales y del inciso I.13 del capítulo I de esta sentencia.

Al respecto, cabe acotar que las decisiones producidas en un primer grado de conocimiento en los juicios de amparo constitucional son revisables por el órgano superior jerárquico de aquél que ha emitido el fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de A. sobreD. y Garantías Constitucionales. Ciertamente, no desconoce la Sala que es posible que juicios de amparo que han cumplido con los dos grados de jurisdicción sean revisados nuevamente por esta Sala Constitucional bajo circunstancias específicas, tal como lo dejó establecido esta misma Sala en sentencia N° 1 del 20 de enero de 2000 (caso E.M.M.); pero el conocimiento de la causa por parte de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, una vez interpuesta la apelación, garantiza a la parte accionante el conocimiento absoluto y debido del juicio de amparo incoado inicialmente, razón por la cual, presentar un nuevo amparo sin haber agotado las vías procesales ordinarias o, como sucedió en autos, una vez interpuesto, conduce a una duplicidad de procesos que van en detrimento de la economía procesal y de la seguridad jurídica, por lo cual en tales supuestos lo pertinente es declarar inadmisible la acción de amparo con base en lo dispuesto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de A. sobreD. y Garantías Constitucionales.

Al ser ello así, no obstante la incompetencia de esta Sala para conocer de la presente acción de amparo constitucional, ante la inadmisibilidad manifiesta de una acción de “amparo contra amparo” propuesta sin haber agotado el recurso de apelación correspondiente, o interponiéndola de forma coetánea con el recurso de apelación, carece de sentido declinar la competencia en este caso y remitir los autos al Tribunal competente, toda vez que la señalada circunstancia hace inoficioso declinar la competencia para dar un pronunciamiento de inadmisibilidad que es manifiesto, pues razones de economía y celeridad procesal se imponen, así como la misma naturaleza de ordenación del proceso obliga a evitar que sobre un mismo objeto surjan sentencias que pudieran ser contradictorias.

En fin, como quiera que la decisión impugnada fue objeto de apelación para ante la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo debe necesariamente declararse inadmisible la acción de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de A. sobreD. y Garantías Constitucionales. Así se decide.

V.2 DEL AMPARO INTERPUESTO POR EL INSTITUTO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO ARAGUA CONTRA ACTUACIONES DE LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO ARAGUA (EXP. AP42-O-2007-000133DE LA NOMENCLATURA DE LA CORTE SEGUNDA DE LA CORTE SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO)

Alegó la parte accionante que “el amparo es el único medio judicial capaz de enervar y restituir la injuria constitucional de la cual está siendo objeto [su] representada, toda vez que a través del recurso de nulidad no se puede englobar todas las lesiones de las cuales está siendo objeto [su] representada. Así, esgrimió que “los hechos lesivos de los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso de [su] representada son actos administrativos de trámite y no definitivos lo cual dificulta su impugnación en nulidad”; no obstante, “a pesar de que los actos objeto de este medio de tutela constitucional son de trámite calificados, el amparo es la única vía judicial para el restablecimiento de la situación jurídica infringida en razón de la velocidad con la cual se van sucediendo los hechos y que cada vez más incide, de manera negativa, sobre los derechos constitucionales de [su] representada”. En su criterio, “no hay duda [de] que el amparo, por su propia estructura procedimental, es mucho más rápido que la sustanciación del procedimiento del recurso de nulidad”.

Ahora bien, al respecto cabe precisar lo siguiente:

El artículo 5 de la Ley Orgánica de A. sobreD. y Garantías Constitucionales expresa que: “[l]a acción de amparo procede contra todo acto administrativo, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucionales, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional”.

Congruente con el carácter de tutor de derechos y garantías constitucionales que el Texto Fundamental confiere a los órganos jurisdiccionales, es menester afirmar que, tal y como lo prevé la norma trascrita, sólo es dada la utilización autónoma de la vía del amparo constitucional para restituir las lesiones atribuidas a actos, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones de la Administración, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz para restituir la situación jurídica infringida.

Respecto a los medios procesales para enervar las lesiones constitucionales producidas por la actividad de la Administración, es menester precisar que los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 259 Constitucional, son competentes para “anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa” (vid. sentencia nº 1315/2002). De este modo, la Constitución garantiza a los administrados, funcionarios públicos o sujetos bajo relaciones especiales, un plus de garantías que no deja dudas respecto a la potestad que tienen los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa para resguardar los derechos constitucionales que resulten lesionados por actos, hechos, actuaciones, omisiones o abstenciones de la Administración.

Así pues, la Constitución se introduce en el ordenamiento jurídico como una norma aplicable a través de un sistema de garantías, entre las cuales figura la justicia constitucional. Dentro de las funciones de la jurisdicción constitucional tenemos la tutela de los derechos y garantías constitucionales a través de la acción de amparo constitucional; sin embargo, el amparo no es el único instrumento previsto en el ordenamiento jurídico destinado a tutelar los derechos y garantías constitucionales de los administrados frente a las actuaciones de la Administración, ya que los recursos contencioso-administrativos resultan también medios idóneos para resguardar los derechos constitucionales que resulten lesionados por actos, hechos, actuaciones, omisiones o abstenciones de la Administración.

Ahora bien, en el presente caso la acción de amparo fue incoada contra actos preparatorios de la Inspectoría del Trabajo en el Estado Aragua, con ocasión al procedimiento de calificación de despido masivo iniciado por diversos ciudadanos, actos mediante los cuales se ordenó el inicio de un procedimiento administrativo, se abrió el procedimiento a pruebas y se admitieron también las pruebas promovidas por ambas partes. Es decir, que los actos administrativos impugnados son actos de trámite, por cuanto no resuelven el mérito principal del asunto, no pone fin al procedimiento, ni impiden la continuación del mismo.

En este sentido, se advierte que, con respecto a la impugnación por vía del amparo constitucional de los denominados actos de trámite en el procedimiento administrativo, sin esperar la producción del acto final o impedir su producción, esta Sala, en sentencia nº 29/2003, señaló lo siguiente:

...ha sido pacífica y reiterada la jurisprudencia de este M.T. en negar la impugnación por vía de amparo constitucional de actos de trámite, lo que obviamente se extiende y aplica con más rigurosidad al caso de la impugnación de actos de trámite en el procedimiento administrativo, puesto que este tipo de actos son preparatorios del acto final y por ende no constituyen la decisión definitiva, así como puede en caso de existir algún vicio en el procedimiento ser subsanado o convalidado con la impugnación del acto final, dados los principios de concentración procesal y de autotutela de la Administración.

La doctrina administrativista ha entendido a la impugnación autónoma de actos de trámite como una excepción a la regla de la impugnación concentrada de los vicios procedimentales a la hora de recurrir el acto final.

En efecto, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos reconoce la posibilidad de impugnar los actos de trámite autónomamente, es decir, sin esperar la producción del acto final cuando dispone:

‘Artículo 85: Los interesados podrán interponer los recursos a que se refiere este Capítulo contra todo acto administrativo que ponga fin a un procedimiento, imposibilite su continuación, cause indefensión o lo prejuzgue como definitivo, cuando dicho acto lesione sus derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos’ (Subrayado de esta Sala).

En definitiva la importancia para determinar cuando la negativa de admitir la impugnación autónoma de un acto de trámite afecta el derecho a la defensa, radica que en la posterior y eventual impugnación del acto final no podría satisfacerse la pretensión del administrado.

De allí que para entender el presente punto debe partirse de la premisa sobre la cual, las vías idóneas para impugnar los actos de trámite dictados en el procedimiento administrativo son, bien los respectivos recursos administrativos o el contencioso administrativo contra el acto final o bien impugnando autónomamente el acto de trámite por alguno de los supuestos enmarcados en el artículo 85 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, es decir, indefensión, prejuzgamiento o imposibilidad de continuar el procedimiento, pero no mediante el ejercicio de la acción de amparo constitucional, pues ello conllevaría a su declaratoria de inadmisibilidad conforme lo dispone el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de A. sobreD. y Garantías Constitucionales

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De acuerdo con la doctrina establecida por la Sala, la cual se reitera en el presente fallo, los actos de trámite producidos en el marco de un procedimiento administrativo no son susceptibles de impugnación por la vía del amparo constitucional, ya que éstos pueden ser atacados mediante el ejercicio del respectivo recurso administrativo, según lo previsto por el artículo 85 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en los casos en que se produzca indefensión, prejuzgamiento o imposibilidad de continuar el procedimiento; o mediante el recurso contencioso-administrativo pertinente contra el acto administrativo definitivo.

Por otra parte, es menester señalar que con respecto a la causal de inadmisibilidad prevista por el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de A. sobreD. y Garantías Constitucionales, es doctrina reiterada de la Sala (vid. sentencia nº 2369/2001, entre otras) que “...para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente”.

Ello así, en caso de presunta injuria constitucional producida por un acto de trámite, el administrado dispone de medios idóneos para restituir la situación jurídica infringida, por lo que de incoarse acción de amparo constitucional contra este tipo de actos la misma resultaría inadmisible conforme lo dispone el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de A. sobreD. y Garantías Constitucionales, en concordancia con lo previsto por el artículo 5 eiusdem. Por tanto, esta Sala, haciendo uso de la potestad de avocar de oficio una causa, prevista en el artículo 5 cardinal 48 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, declara con lugar la apelación interpuesta por los ciudadanos C.R.R.O., M. delV.R.M. y otros. En consecuencia, revoca la decisión dictada el 6 de junio de 2007 por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central; y declara inadmisible la acción de amparo interpuesta por el Instituto de Vialidad y Transporte del Estado Aragua (INVIALTA) contra el Inspector del Trabajo en el Estado Aragua, en aplicación del artículo 6.5 de la Ley Orgánica de A. sobreD. y Garantías Constitucionales, en concordancia con el artículo 5 eiusdem. Así se decide.

Como corolario de la declaratoria anterior se deja sin efecto la medida cautelar otorgada, así como también la orden de reposición del procedimiento administrativo de calificación de despido masivo iniciado ante la mencionada Inspectoría, ordenándose a la Inspectoría del Trabajo resuelva con los recaudos en autos elaborar el informe al que alude el artículo 42 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se decide.

VI

DECISIÓN

Con fundamento en los señalamientos que anteceden, esta Sala Constitucional declara: