Decisión nº KP02-N-2010-000527 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 1 de Marzo de 2012

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL

Exp. Nº KP02-N-2010-000527

En fecha 28 de septiembre de 2010, se presentó en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos No Penal de Barquisimeto, escrito contentivo de recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada A.F.T., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 104.175, actuando como apoderada judicial del ciudadano J.D.G., titular de la cédula de identidad Nº 5.131.561; contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA.

En fecha 04 de octubre de 2010, se recibió en este Juzgado el mencionado escrito, y en fecha 05 de octubre del mismo año, se admitió a sustanciación, dejando a salvo su apreciación en la definitiva, ordenando las citaciones y notificaciones de Ley; todo lo cual fue librado en fecha 11 de noviembre de 2010.

Seguidamente, en fecha 26 de mayo de 2011, este Juzgado por medio de auto, dejó constancia del vencimiento del lapso fijado para dar contestación al presente recurso, sin consignación de escrito alguno, pautando al cuarto (4º) día de despacho siguiente, la oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar.

En fecha 02 de junio de 2011, siendo la oportunidad fijada para ello, se realizó la audiencia preliminar del asunto con la presencia de ambas partes. En la misma, se solicitó la apertura a pruebas, lo cual fue acordado por este Juzgado.

Así, en fecha 08 de junio de 2011, se recibió escrito de promoción de pruebas de la parte querellante.

El día 29 de junio de 2011, este Juzgado dictó el auto de admisión de los medios promovidos.

En fecha 19 de julio de 2011, se fijó al quinto (5º) día de despacho siguiente la oportunidad para la celebración de la audiencia definitiva del asunto.

De forma que, en fecha 26 de julio de 2011, siendo la oportunidad fijada para ello, se realizó la audiencia definitiva con la presencia de ambas partes. Asimismo, este Juzgado difirió el dictado del dispositivo del fallo por un lapso de cinco (05) días de despacho, vencido el cual se publicaría el correspondiente fallo in extenso.

Por auto de fecha 02 de agosto de 2011, en uso de las facultades previstas en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con lo previsto en el artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, este Tribunal dictó un auto, solicitándole al ciudadano Síndico Procurador los antecedentes administrativos del querellante de autos.

En fecha 19 de diciembre de 2011, la Jueza Temporal S.F.C., se abocó al conocimiento de la causa y acordó dejar transcurrir tres (03) días de despacho para que las partes ejercieran su derecho a la recusación.

El día 06 de febrero de 2012, la Jueza M.Q.B., se abocó nuevamente al conocimiento del asunto.

En efecto, en la misma fecha, 06 de febrero de 2012, este Juzgado declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

En fecha 22 de febrero de 2012, se difirió la publicación del fallo in extenso.

Finalmente, revisadas las actas procesales y llegada la oportunidad de dictar sentencia definitiva, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir previa las consideraciones siguientes:

I

DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL

Mediante escrito recibido en fecha 28 de septiembre de 2010, la parte querellante, ya identificada, interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial con base a los siguientes alegatos:

Que su representado en fecha 04 de marzo de 1980, ingresó a laborar en la Comandancia General de Policía del Estado Portuguesa, en el cargo de Agente, hasta llegar a la jerarquía de Cabo Primero.

Que la precitada relación se mantuvo hasta el día 31 de diciembre de 2009, fecha en la cual la Gobernación del Estado Portuguesa, decidió unilateralmente pensionarlo por incapacidad.

Que en fecha 06 de julio de 2010, la Gobernación “(…) paga lo que según ellos le corresponde por sus prestaciones sociales (…) cuyo monto a todas luces es manifiestamente incongruente por cuanto no le fueron cancelados los derechos adquiridos en su totalidad, pues al hacerlo lo hace en forma incompleta desconociendo la II Convención Colectiva en su totalidad y los dispositivos de la Ley Orgánica del Trabajo”.

Agrega que “(…) la Gobernación (…) al momento de cancelar los pasivos laborales ha desconocido los derechos legalmente adquiridos por la II Convención Colectiva cláusulas Nº 15, 25, 39 y 59, suscrito entre la Gobernación del Estado Portuguesa y sus empleados Públicos”.

Señala que “(…) que se requiere hacer valer sus derechos para lograr la cancelación de los demás conceptos derivados de la culminación de la relación de trabajo por Pensión (…)”.

Fundamenta su recurso en los artículos 89 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en los artículos 3 y 666 de la Ley Orgánica del Trabajo, y en las cláusulas 10, 15, 39 y 59 de la II Convención Colectiva Vigente.

Solicita que la Gobernación querellada “(…) proceda a cancelarle a [su] representado la diferencia de sus prestaciones sociales devenidas de la aplicación de la II Convención Colectiva firmada entre la Patronal y el Sindicato (…) así como los pagos completos por la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 y 1997; ambas inclusive; originados por la relación laboral que mantuvo con la misma durante 29 años y 9 meses de servicio ininterrumpidos, o en su defecto sea condenada al pago de las siguientes cantidades”, de modo que a tal efecto anexa cuadro de cálculos.

Igualmente peticiona “La cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON 60/100 (Bs. 59.550,60), por concepto de todos y cada uno de los montos que conforman la diferencia de sus Prestaciones Sociales”, así como los intereses de mora sobre la diferencia reclamada.

Por último, solicita se declare con lugar el presente recurso.

II

DE LA COMPETENCIA

Cabe resaltar que el régimen jurídico de la función pública en Venezuela se encuentra contenido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.482, de fecha 11 de julio de 2002. Esta Ley, además de regular el régimen de administración de personal y determinar los derechos y deberes de los funcionarios públicos, consagra en su Título VIII todo un proceso dirigido a controlar en vía jurídica el acto, actuación, hecho u omisión de la Administración Pública en ejercicio de la función pública y otorgó la competencia a los órganos que integran la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las acciones a través de las cuales los funcionarios pueden hacer valer sus derechos frente a la Administración Pública.

En efecto, la disposición transitoria primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública, consagra que:

Mientras se dicte la ley que regule la jurisdicción contencioso administrativa, son competentes en primera instancia para conocer de las controversias a que se refiere el artículo 93 de esta Ley, los jueces o juezas superiores con competencia en lo contencioso administrativo en el lugar donde hubieren ocurrido los hechos, donde se hubiere dictado el acto administrativo, o donde funciones el órgano o ente de la Administración Pública que dio lugar a la controversia.

Ahora bien, mediante Gaceta Oficial Nº 39.447 de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en fecha 16 de junio de 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, concebida como un cuerpo normativo destinado a regular la organización, funcionamiento y competencia de los Tribunales que integran dicha Jurisdicción; por lo que en principio será a partir de las disposiciones de esta Ley, específicamente en su Título III; que se establecerá a qué Órgano Jurisdiccional corresponderá el conocimiento de determinado asunto.

Así, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se observa que en el caso de los Juzgados Superiores -artículo 25 numeral 6-, determinó entre sus competencias “(…) demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública (…)”.

No obstante lo anterior, no se puede obviar el principio de especialidad que reviste a ciertas leyes, lo que conlleva a que una determinada ley se aplique con preferencia a otra respecto a una especial materia, principio éste recogido en la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando en su artículo 1 –ámbito de aplicación- hace alusión a “salvo lo previsto en leyes especiales” ; por lo que siendo la función pública una materia especial al encontrar su regulación en la Ley del Estatuto de la Función Pública, es que debe dársele aplicación preferente a dicha ley.

En este sentido, es menester resaltar que la competencia a que se refiere la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública, es la relativa al grado en que conocerán los Juzgados Superiores con competencia en lo contencioso administrativo, al señalar que “(…) son competentes en primera instancia para conocer de las controversias a que se refiere el artículo 93 de esta Ley (…)”, aspecto que no fue modificado por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y que se ratifica con lo dispuesto en su artículo 25 numeral 6.

Por lo tanto, se entiende lato sensu que las controversias a que se refiere el artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, las siguen conociendo en primera instancia los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, por ser el grado de jurisdicción lo que se encontraba regulado de manera transitoria, máxime que el conocimiento de aquellas acciones distintas a la prevista en el numeral 6 del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no fue atribuida a otro Órgano Jurisdiccional, por lo que en el presente caso debe atenderse a la especial regulación e intención del legislador plasmada en la Ley del Estatuto de la Función Pública, esto es, la competencia de los Jueces Superiores Contenciosos Administrativos del lugar donde hubieren ocurrido los hechos, donde se hubiere dictado el acto administrativo, o donde funcione el órgano o ente de la Administración Pública que dio lugar a la controversia, todo lo cual en modo alguno no contraviene las disposiciones de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En efecto, al constatarse de autos que el ciudadano querellante, mantuvo una relación de empleo público para la Gobernación del Estado Portuguesa, cuya culminación dio origen a la interposición del presente recurso contencioso administrativo funcionarial, -tal y como fuera apreciado precedentemente-, se estima que se encuentran configurados los supuestos para que este Tribunal entre a conocer y decidir la presente causa.

En consecuencia, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental se declara competente para conocer y decidir el presente asunto, y así se decide.

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Siendo el momento oportuno para emitir el pronunciamiento de fondo en el presente recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada A.F.T., actuando como apoderada judicial del ciudadano J.D.G., ambos ya identificados; contra la Gobernación del Estado Portuguesa, pasa esta Sentenciadora a decidir bajo los siguientes términos.

Verificadas las actuaciones judiciales, se evidencia que la representación del Ente querellado no dio contestación a la querella dentro del lapso legalmente establecido.

En este sentido el artículo 102 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece que:

Si la parte accionada no diere contestación a la querella dentro del plazo previsto, la misma se entenderá contradicha en todas sus partes en caso de que la parte accionada gozase de este privilegio

.

De conformidad con la Ley del Estatuto de la Función Pública, la falta de contestación debe entenderse como la contradicción por parte del organismo recurrido a la querella funcionarial incoada en todas y cada una de sus partes. En razón de ello, para el análisis sucesivo a realizar, esta Sentenciadora ha de tener como contrariado en todas sus partes, el recurso ejercido. Y así se establece.

Una vez realizado el análisis exhaustivo de las actas procesales, esta Juzgadora para decidir observa que el querellante señala que ingresó a laborar para la Comandancia del Estado Portuguesa, el 04 de marzo de 1980 y egresó el 31 de diciembre de 2009. Siendo que entabla el presente recurso para solicitar que sea condenado el referido ente a satisfacer “(…) la diferencia de sus prestaciones sociales devenidas de la aplicación de la II Convención Colectiva firmada entre la Patronal y el Sindicato (…) así como los pagos completos por la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 y 1997; ambas inclusive; originados por la relación laboral que mantuvo con la misma durante 29 años y 9 meses de servicio ininterrumpidos, o en su defecto sea condenada al pago de las siguientes cantidades” presentando al efecto el siguiente cuadro:

Salario Base 30,05

Salario Normal 31,48

Salario Integral 45,47

ASIGNACIONES DÍAS SALARIO TOTAL A.D.

Antigüedad según artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo 510 2.671,55 1.637,10 -1.034,45

Prestación de antigüedad según artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo 801,83 21.588,30 20.219,14 -2.733,16

Antigüedad doble según cláusula Nº 12 del Convenio Colectivo 24.259,85 0 -24.259,85

Compensación por transferencia – art. 666 de la Ley Orgánica del Trabajo 390 0,53 205,40 1.101,90 896,50

Fideicomiso de prestaciones sociales art. 666 y 668 de la L.O.T. al 31/01/2009 69.792,86 54.227,76 -15.565,10

Fideicomiso de prestaciones sociales art. 108 de la L.O.T. al 31/01/2009 46.909,39 36.795,86 -10.113,53

Prestación de antigüedad - art. 108 L.O.T. parágrafo primero inciso "c" 30 45,47 1.364,00

Diferencia pago de bonificación de fin de año “según detalle adjunto” 6.698,20 0 -6.698,20

Bono vacacional 30 31,48 944,31 901,50 -42,81

TOTAL ASIGNACIONES 174.433,86 114.883,26 59.550,60

MENOS DEDUCCIONES

Adelanto de prestaciones art. 666 y 668 L.O.T.” según detalle adjunto” 2.739,00

Adelanto de prestaciones art. 108 L.O.T. “según detalle adjunto” 20.219,14

Adelanto de fideicomiso art. 666 y 668 L.O.T. “según detalle adjunto” 54.227,76

Adelanto de fideicomiso art.108 L.O.T. “según detalle adjunto” 36.795,86

Adelanto varios “según detalle adjunto” 901,50

TOTAL DEDUCCIONES 114.883,26

DIFERENCIA DE CÁLCULO DE PRESTACIONES 59.550,60

Ahora bien, por tratarse el asunto de una reclamación referida al cobro de prestaciones sociales y demás beneficios laborales, considera esta Juzgadora oportuno hacer alusión a lo siguiente:

Uno de lo derechos comunes que son relativos a todos los funcionarios públicos sometidos al régimen de la Ley del Estatuto de la Función Pública, cualquiera sea su condición, es el pago de sus prestaciones sociales al momento de retirarse o ser destituidos de sus cargos, en razón de ello, la Ley que rige la materia funcionarial ha establecido un puente normativo de acceso equiparativo hacia la legislación laboral que permite esa “laboralización del derecho funcionarial”, pues se han traído protecciones típicas de ese régimen laboral ordinario aplicables ahora por extensión a la labor pública.

Tal sería el caso de las aplicaciones extensivas contempladas en los artículos 28, 29 y 32 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, los cuales expresamente consagran que los funcionarios públicos gozarán de los mismos beneficios contemplados en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica del Trabajo y en su reglamento, en los aspectos atinentes a la prestación de antigüedad, la protección integral a la maternidad, el derecho a sindicalizarse, a la convención colectiva y a la huelga.

A este respecto, resulta conveniente aclarar que el pago de las prestaciones sociales se debe hacer, porque la Constitución de 1999 en su artículo 92, las asume como un derecho social para recompensar en este caso su antigüedad en el servicio y como un auxilio de cesantía de la relación de empleo público, garantías reconocidas por anticipado por la Ley del Estatuto de la Función Pública, que remite a la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 26, por ser un derecho social; que además las preveía en cuanto a su fundamento, primero que el propio texto constitucional; pero como lo señaló el autor De Pedro, esa remisión era únicamente referencial, “...pues para su pago o cancelación se debían utilizar principios y técnicas derivados de la condición estatutaria que vincula al funcionario con la Administración Pública...” (De P.F., Antonio. 1.997. Régimen Funcionarial de la Ley de Carrera Administrativa. Valencia-Caracas: Vadell Hermanos Editores. Página 130).

En consecuencia, el pago de prestaciones sociales es un derecho irrenunciable del cual gozan los trabajadores por la prestación de sus servicios a un patrono, en este caso a la Administración Pública constituyendo dicho pago un conjunto de beneficios adquiridos por el trabajador o funcionario que no es de naturaleza indemnizatoria como los sueldos dejados de percibir, sino un derecho que le corresponde al empleado al cesar la prestación de servicio, por lo que es importante resaltar que las prestaciones sociales constituyen deudas de exigibilidad inmediata al culminar la relación de empleo, y que forma parte de un sistema integral de justicia social que se encuentra sujeto a la n.C. prevista en el artículo 92 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, debiendo ser tal derecho garantizado por los operadores de justicia tal como lo ordena el artículo 19 eiusdem.

Sin embargo se observa que, la parte querellante acude ante este Órgano Jurisdiccional a los fines de que el Ente querellado cancele “(…) la diferencia de sus prestaciones sociales devenidas de la aplicación de la II Convención Colectiva firmada entre la Patronal y el Sindicato (…) así como los pagos completos por la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 y 1997; ambas inclusive; originados por la relación laboral que mantuvo con la misma durante 29 años y 9 meses de servicio ininterrumpidos, o en su defecto sea condenada al pago de las siguientes cantidades”, de modo que a tal efecto anexa cuadro de cálculo.

De manera que, se advierte que para la procedencia de una diferencia de prestaciones sociales en materia contencioso administrativo funcionarial, es necesario que la parte accionante acredite al Órgano Jurisdiccional el pago de las mismas; y que, dentro del lapso previsto para ello, interponga su recurso en el que se comprueben las razones fácticas que en aplicación de las normas jurídicas constituyan la diferencia que solicita ser cancelada por el ente público al cual prestó sus servicios. Dicha consideración se encuentra afín con el hecho que ocasiona o motiva la interposición de la querella (Vid. Sentencia Nº 1643 de fecha 03 de octubre de 2006 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).

Así pues, por una parte se encuentra la Administración Pública que realizó el pago de las prestaciones sociales (parte querellada) y por la otra el solicitante de la diferencia de prestaciones sociales (parte querellante); este último activa la jurisdicción solicitando le cancelen su diferencia de prestaciones sociales fundamentado en algún argumento que debió ser considerado o tomado en cuenta en el cálculo y no se realizó o no se incluyó. Por ello, sin lugar a dudas corresponde al accionante fundamentar la diferencia peticionada, conforme a la legislación aplicable; siendo que en especial adquiere relevancia lo dispuesto en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil -aplicable a este procedimiento de manera supletoria conforme a lo previsto en el artículo 111 de la Ley del Estatuto de la Función Pública- según el cual: “las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho (…)”.

Por consiguiente, no sería procedente un recurso contencioso administrativo funcionarial por diferencia de prestaciones sociales en el que no se evidencie que exista la disconformidad alegada entre el monto recibido y lo que se debió recibir.

Por lo tanto, se hace oportuno traer a colación lo expuesto por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en fecha 22 de junio de 2011, mediante Sentencia Nº 2011-0741, bajo los siguientes términos:

“Ahora bien, a los fines de efectuar la consulta del primero de los conceptos acordados por el Juzgado A quo en su decisión, vale decir, la diferencia en el pago de las prestaciones sociales e intereses moratorios, fundamentando su sentencia en la inexistencia de expediente administrativo alguno del cual se evidencie la veracidad de los alegatos expuestos por la parte recurrente en su escrito de contestación de la demanda por cuanto, correspondía a la administración la carga de probar el pago de la diferencia pretendida.

Al respecto, aprecia esta Alzada que, al tratarse de la revisión de actuaciones administrativas, generalmente es la Administración la que tiene en su poder la documentación relativa al caso que se juzga. En materia contencioso administrativa se ha admitido la carga efectiva de probar a quienes tienen en sus manos los medios probatorios, aún cuando tenga efecto contra ella misma, así la regla ‘actori incumbi probatio’ dentro del contencioso administrativo tiene límites en su aplicación, ya que la ausencia de la documentación administrativa la soporta quien pudo procurarla, normalmente la Administración.

En ese sentido, considera esta Corte pertinente citar en la sentencia Nº 00692 dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 21 de mayo de 2002, expediente 0929, con Ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, caso: Aserca Airlines Vs Ministerio de Infraestructura, la cual establece lo siguiente:

…lo cierto es que en la práctica judicial todo tribunal contencioso administrativo, (…), solicita los antecedentes administrativos del caso, conformado por el expediente administrativo que se conformó a tal efecto, ya que este constituye un elemento de importancia cardinal para la resolución de la controversia y una carga procesal para la Administración acreditarlo en juicio, como ya lo ha dispuesto esta Sala con anterioridad, cuando se estableció que: ‘sólo a éste le corresponde la carga de incorporar al proceso los antecedentes administrativos; su no remisión constituye una grave omisión que pudiera obrar en contra de la Administración y crear una presunción favorable a la pretensión de la parte accionante’….

.

Es indiscutible, por tanto, que la Administración tiene la carga de presentar el expediente administrativo en la oportunidad legal correspondiente; por lo que, tal y como se evidencia de las actas que conforman el expediente judicial que la Administración no consignó el expediente administrativo, reitera esta Corte que, el incumplimiento de esta obligación obra en contra de ésta al tener que decidirse el asunto con los elementos que consten en autos.

Ahora bien, resulta necesario para esta Corte dejar constancia de que, si bien es cierto, el órgano querellado debió consignar el expediente administrativo al momento en que le fue solicitado por el Juzgado A quo y que conforme a lo establecido por la jurisprudencia anteriormente transcrita dicho expediente pudiera crear una presunción favorable a la pretensión del accionante, no es menos cierto que el querellante en sus solicitudes debió exponer de manera clara y comprobable los alegatos en los cuales sustenta su petitorio.

En ese sentido, observa este Órgano Jurisdiccional que el querellante en su escrito libelar desarrolló los conceptos que reclama de manera genérica, a través de operaciones aritméticas sin soportes de los cuales se evidencie que le corresponde al ciudadano J.J.R., el pago de las diferencias sobre prestaciones sociales que considera le son adeudadas.

…Omissis…

En este sentido, considera esta Corte que, al no evidenciarse de las actas del expediente el pago erróneo efectuado por la Administración con ocasión a la cancelación de las prestaciones sociales del recurrente, incurrió el Juzgado A quo en un error al ordenar de manera genérica el pago por la diferencia de prestaciones sociales solicitadas por el querellante, toda vez que tal como se evidencia en los folios nueve y diez (9 y 10) del expediente judicial, la parte recurrida pagó los conceptos solicitados, razón por la cual estima esta Corte que el Juez A quo, en cuanto a la diferencia en el pago de las prestaciones sociales acordadas, se emitió una decisión no ajustada a derecho. Así se decide.

...Omissis….”. (Subrayado de este Juzgado)

Ante tales circunstancias corresponde a este Juzgado revisar si lo expuesto por el querellante de autos, es suficiente para considerar como cumplida la carga que posee para demostrar la efectiva existencia de un diferencial a su favor.

En este sentido, se constata que el accionante de autos para justificar el diferencial reclamado, además de anexar cuadro de cálculo, precisa que “(…) la Gobernación (…) al momento de cancelar los pasivos laborales ha desconocido los derechos legalmente adquiridos por la II Convención Colectiva cláusulas Nº 15, 25, 39 y 59, suscrito entre la Gobernación del Estado Portuguesa y sus empleados Públicos” (Subrayado de este Tribunal).

De allí que, verificando el contenido de las referidas cláusulas se obtiene lo siguiente:

Cláusula Nº 15:

Aguinaldos o Bonificación de Fin de Año

El Ejecutivo Regional conviene durante la vigencia de esta convención, en otorgar a los trabajadores del ejecutivo regional amparados por esta Convención Colectiva, una bonificación de fin de año de ciento veinte (120) días para los años 2005-2006 para los trabajadores administrativos dependientes del ejecutivo regional. Este beneficio será extensivo a los jubilados y pensionados

.

Cláusula N° 25:

Beneficios Socioeconómicos Para Los Funcionarios Trabajadores Jubilados Y Pensionados

Cada vez que en la administración pública, se decreten modificaciones en las escalas de sueldos, se procederá a reajustar los montos de las pensiones y jubilaciones aplicando el porcentaje correspondiente al sueldo del cargo que desempeñaba o su equivalente en el supuesto que haya sufrido cambios en la denominación. Igualmente se le concederá a los jubilados y pensionados, en los mismos términos que se acuerden a los funcionarios (a) activos: la bonificación de fin de año, la póliza de hospitalización, cirugía, maternidad, accidente y vida, póliza de gastos mortuorios, ayuda por defunción y cooperativas, acordadas en la presente convención colectiva. Los beneficios obtenidos a través de esta convención colectiva se harán extensivos a los pensionados del Ejecutivo Regional de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley del Estatuto sobre el régimen de pensiones y jubilaciones de los funcionarios o empleados de la administración pública

.

Cláusula Nº 39:

Cancelación de Prestaciones Sociales

El Ejecutivo Regional conviene en cancelar a todos los trabajadores que egresen de la Gobernación, por cualquier causa, la totalidad de las prestaciones sociales dobles y pasivos laborales (…)

.

Cláusula N° 59:

Permanencia de Beneficios

Queda expresamente convenido entre las partes, que los beneficios económicos, sociales, culturales, educativos, académicos, sindicales, gremiales e institucionales, así como conquistas de cualquier otra índole que vengan percibiendo los trabajadores públicos, obtenidos por acuerdos, laudos arbitrales, convenciones colectivas o por cualquier otra fuente de derecho, no modificados, se mantendrán en vigencia, en cuanto no los desmejore el presente convenio

.

En mérito de ello, advierte esta Sentenciadora que no basta alegar de forma aislada las referidas cláusulas, sino que -se reitera- es carga del querellante crear la convicción de que en efecto, la parte querellada efectuó de forma errónea el pago al querellante de autos.

Ahora bien, de la lectura del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, no desprende esta Sentenciadora bajo qué argumento la parte querellante peticiona la diferencia esgrimida, es decir, a pesar de anexar al mismo un cuadro de cálculo donde precisa un “Total”, un “Adelanto”, y una “Diferencia” por diversos conceptos, no especificó en qué error -a su decir- incurrió la Administración al no considerar un determinado elemento o porcentaje para su cálculo.

En efecto, se evidencia que el cuadro de cálculo traído a los autos contempla los siguientes conceptos:

a.- Antigüedad según artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo,

b.- Prestación de antigüedad según artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo,

c.- Antigüedad doble según cláusula Nº 12 del Convenio Colectivo,

d.- Compensación por transferencia – art. 666 de la Ley Orgánica del Trabajo,

e.- Fideicomiso de prestaciones sociales art. 666 y 668 de la L.O.T. al 31/01/2009,

f.- Fideicomiso de prestaciones sociales art. 108 de la L.O.T. al 31/01/2009,

g.- Prestación de Antigüedad- art. 108 de la L.O.T. al 31/01/2009, parágrafo primero inciso “c”,

h.- Diferencia pago de bonificación de fin de año “según detalle adjunto”,

i.- Bono vacacional.

Ahora bien, se evidencia que en cuanto a los conceptos señalados en los literales anteriores como “a”, “b”, “d”, “e” y “f”; el querellante hace referencia a haber recibido un adelanto por los mismos, peticionando por ello un “diferencial”.

Por lo que procede este Órgano Jurisdiccional a verificar si existen razones fácticas que en aplicación de las normas jurídicas constituyan la diferencia que solicita sea cancelada por el ente público al cual prestó sus servicios el querellante de autos.

Así, se evidencia que la parte querellante anexo a su escrito libelar consignó lo siguiente:

.- Constancia de trabajo suscrita por el Jefe de la División de Recursos Humanos de la Policía del Estado Portuguesa, en fecha 10 de mayo de 2010, de la cual se desprende que el querellante de autos, ciudadano G.J.D., prestó sus servicios en esa institución desde el 04 de marzo de 1980, hasta el 31 de diciembre de 2009, fecha en la cual le fue otorgada su pensión, reflejando igualmente el sueldo recibido durante el referido lapso.

.- Decreto Nº 227-M, de fecha 31 de octubre de 2009, mediante el cual se le otorga el beneficio de pensión por incapacidad, al querellante de autos.

.- Copia simple de “Solicitud de Ejecución Presupuestaria”, del cual se desprende el “Cobro Autorizado” de fecha 06 de julio de 2010”, a favor del ciudadano G.J.D., por concepto de: “Antigüedad, fideicomiso y (sic) (literal A, y literal B), el cual le corresponde por prestar servicios como: cabo primero (…)”. De la misma se constata firma legible y número de cédula del querellante de autos.

.- Copia simple de la II Convención Colectiva de los Empleados del Ejecutivo Regional del Estado Portuguesa; lo cual no constituye elemento de prueba para la resolución del asunto conforme al principio iura novit curia.

Por su parte, anexo al escrito de promoción de pruebas, la parte querellante consignó lo siguiente:

.- Copia simple de “Solicitud de Ejecución Presupuestaria”, del cual se desprende el “Cobro Autorizado” de fecha 06 de julio de 2010”, a favor del ciudadano G.J.D., por concepto de: “Antigüedad, fideicomiso y (sic) (literal A, y literal B), el cual le corresponde por prestar servicios como: cabo primero (…)”. Indicada supra. (Folio 97)

.- Copia Simple de “Cálculo de Vacaciones”, suscrita por el Director de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Portuguesa. (Folio 98). Documento este a ser revisado en el presente fallo cuando se efectúe el análisis del concepto peticionado como “Bono Vacacional”.

.- Cuadro de cálculo promovido con el objeto de “Demostrar que los pagos realizados a [su] mandante no fueron cancelados de acuerdo a los dispositivos del contrato colectivo en primer lugar y en segundo lugar con lo preceptuado en los artículos 108 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1.997, en concordancia con los artículos 666, 667 y 668 ejusdem; evidenciándose de dichos cálculos el quantum reclamado en esta querella”. Ahora bien, con respecto a esta documental, debe advertir esta Sentenciadora, que al ser cuadros de cálculos efectuados por la parte actora, por tanto carentes de sello y firma del ente querellado, no resultan suficientes para demostrar “que los pagos realizados a [su] mandante no fueron cancelados de acuerdo a los dispositivos (…)”, pues de los mismos no puede evidenciarse que la Administración haya incurrido en error al efectuar su cálculo, pues de ello no trata el referido documento, en otras palabras, no fue la Gobernación del Estado Portuguesa el ente que efectuó las operaciones aritméticas reflejadas en el mismo. (Folio 100 y ss.)

.- Copia Simple de recibo de pago de “Período No. 012, del 01/12/2009 al 31/12/2009”, a favor del ciudadano G.J.D., con encabezado alusivo a “Portuguesa Socialista”, carente de sello y firma; Traído a los autos con el objeto de demostrar el salario recibido por el querellante de autos. No obstante, el salario recibido por el querellante durante el tiempo en que se desarrolló la relación funcionarial, no se evidencia como controvertido en el asunto. (Folio 125)

.- Certificación de ingresos del ciudadano G.J.D., suscrita por el Comisario Jefe de la División de Recursos Humanos de la Policía del Estado Portuguesa, en fecha 27 de mayo de 2010; promovido con el objeto de demostrar la cualidad de trabajador y la fecha de ingreso a la Gobernación, hechos no controvertidos en el asunto. (Folio 126)

Del desglose efectuado, debe precisar este Tribunal que no logra extraer el error en que -conforme a lo solicitado por el accionante- incurrió el ente querellado al proceder a cancelarle mediante “Solicitud de Ejecución Presupuestaria”, de fecha 06 de julio de 2010”, a favor del ciudadano G.J.D., por concepto de: “Antigüedad, fideicomiso y (sic) (literal A, y literal B), el cual le corresponde por prestar servicios como: cabo primero (…)”, por la cantidad de Ciento Catorce Mil Ochocientos Ochenta y Tres Bolívares con Veintiséis Céntimos (Bs. 114.883,26). Siendo que se debe advertir que no consta en autos el cálculo efectuado por la Administración sobre cada uno de los conceptos cancelados.

Respecto al concepto indicado “g”, referido en el cuadro de cálculo anexo, se tiene que aun cuando en el mismo se señala la “Prestación de antigüedad – art. 108 de la L.O.T. al 31/01/2009”, en el extraído esquema no precisa “diferencia” adeudada por el mismo. Por lo que entiende esta Sentenciadora que a través del presente recurso nada reclama en torno a el mismo.

Ahora bien, con respecto a los marcados “h” e “i”, “Diferencia pago de bonificación de fin de año” y “Bono vacacional”, respectivamente, debe precisar esta Sentenciadora que el querellante de autos no precisó bajo qué período o períodos los solicita, simplemente se limitó a peticionarlos de manera genérica e indeterminada.

Aunado a ello se evidencia que como documental en la oportunidad para promover pruebas, la parte querellante consignó en los autos, copia simple de “Cálculo de Vacaciones”, correspondiente al lapso desde el 04 de marzo al 31 de diciembre de 2009, del ciudadano J.D.G., suscrito por el Director de Recursos Humanos del Ente querellado indicando en el cuerpo del mismo que lo que por un tiempo de nueve (09) meses de servicio, le correspondía por “Bono Vacacional C.C.V.”. Evidenciando que el objeto del mismo es “Demostrar el pago (parcial) de las vacaciones ya que se le pagaban (30) días de vacaciones solamente y a a (sic) salario normal; siendo que le debió cancelar y a salario integral en el año 2005 la cantidad de (47) días de vacaciones de conformidad con lo establecido en la cláusula 10 de la II Convención Colectiva de los trabajadores de la Gobernación (…)”.

No obstante, de la revisión del referido documento extrae este Tribunal que el mismo no representa un recibo de pago, sino simplemente un “Cálculo” efectuado, sin que de él pueda extraerse con convicción que en efecto, fue la referida cantidad la cancelada al querellante de autos; siendo que mas allá de ello debe esta Sentenciadora advertir que tampoco hay certeza de que sea el período que el documento refleja, el reclamado por el querellante en el presente asunto, pues del escrito libelar no puede desprenderse tal precisión.

Por último, en cuanto al concepto contenido en el cuadro bajo “Antigüedad doble según cláusula Nº 12 del Convenio Colectivo”, referida supra como “c”, se evidencia que la norma de la Convención Colectiva aludida, hace referencia a la “Prima por hogar”, derecho este que no guarda relación alguna con lo peticionado en el asunto.

Sin embargo, visto el fundamento aludido y en uso del principio iura novit curia, se entiende que el querellante se refiere a la cláusula 39 del Contrato Colectivo suscrito; en razón de lo cual, este Juzgado debe señalar el contenido de la misma, correspondiéndose con lo siguiente:

El Ejecutivo Regional conviene en cancelar a todos los trabajadores que egresen de la Gobernación, por cualquier causa, la totalidad de las prestaciones sociales dobles y pasivos laborales (…)

. (Subrayado de este Juzgado)

Analizando la concepción del referido beneficio, se considera oportuno traer a colación lo expuesto por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Sentencia de fecha 30 de junio de 2009, expediente Nº AP42-N-2006-000439, de la siguiente forma:

De las diferencias surgidas por concepto de salario integral en el cálculo de las prestaciones sociales

…Omissis…

Se observa de la clausula ut supra citada que la Casa de Estudio recurrida reconoce el derecho de los miembros del personal docente y de investigación de percibir el pago de intereses sobre las prestaciones sociales, así como a los efectos de los cálculos de las prestaciones sociales se consideran los sueldos actualizados de conformidad con la escala vigente para el momento de efectuar la cancelación de las prestaciones sociales y que además conviene en recalcular tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde la fecha de aprobación de la jubilación y la fecha efectiva de la liquidación.

En este punto, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo considera oportuno traer a colación lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual es del tenor siguiente:

(…omissis…).

Ahora bien de la norma ut supra citada se divisa el derecho que tiene todo trabajador a percibir el pago de prestaciones sociales y al pago de intereses en caso de mora, sin embargo, el recurrente en su escrito libelar solicita el recálculo y subsiguiente cancelación de los intereses moratorios por retardo en el pago de sus prestaciones sociales, señalando que debía aplicarse a los efectos de su liquidación lo previsto en la Cláusula Nº 68 del IV Acta Convenio APUNELLEZ-UNELLEZ, Contrato o Convención Colectiva de Trabajo suscrito entre la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, representado por el ciudadano C.Q.R. actuando en representación del C.D. de la referida casa de Estudio, y la Asociación de Profesores de la misma Universidad, instrumento cuya copia simple cursa a los folios 23 al 53 del expediente judicial; fundamentándose para ello en que dicha norma resultaba más favorable.

Sobre el particular, esta Corte tiene a bien formular las siguientes consideraciones:

El presupuesto de gastos contempla los créditos presupuestarios, estableciendo para ello limitaciones de orden cuantitativo, cualitativo y temporal para los organismos de la Administración, los cuales vienen a conformar principios básicos de la ejecución presupuestaria. …Omissis…

En efecto, el presupuesto constituye una limitación a la discrecionalidad de la Administración en cuanto a la realización del gasto público. Esto es, cuanto mayor es la concreción con que se determina el uso de los fondos, menor es la discrecionalidad de los organismos en la elección de los gastos (cita de dictamen Nº DGSJ-1-172 del 13 de noviembre de 1985, contenido en: “Dictámenes” de la Dirección General de los Servicio Jurídicos de la Contraloría General de la República, tomo VIII, 1985, pp. 171).

De forma tal, que todo lo relativo al gasto público requiere de una disciplina presupuestaria extrema, con el fin último de lograr la estabilidad y eficiencia económica necesaria para lograr una adecuada organización para controlar la ejecución de las políticas públicas, donde igualmente se encontrarían insertos casos como el de marras, donde se están comprometiendo dineros del Estado, lo cual podría ocasionalmente afectar el principio de la legalidad presupuestaria.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el “Capítulo II: Del régimen fiscal y monetario, Sección primera: del régimen presupuestario”, específicamente en los artículos 311 y 312, establece lo siguiente:

…Omissis…

Contrariar las previsiones anteriores conduciría indefectiblemente a variaciones perjudiciales a lo largo del ejercicio fiscal, las cuales se pueden dar, entre otras causas, como consecuencia de un relajamiento de las normas relacionadas para regular el presupuesto de la Nación, luego de elaboradas y puestas en aplicación. Esto es, tales desorientaciones del endeudamiento público pueden ser corregidas a tiempo a través de una legislación, que sólo ha de corresponder a la Asamblea Nacional y que deberá tender a la elaboración de un presupuesto que no sea susceptible de relajarse al momento de su posterior ejecución, “fomentando la transparencia, el análisis y la austeridad, frente a la ineficiencia, despilfarro y a menudo corrupción […]” (Vid. ARIÑO ORTIZ, Gaspar: Principios de Derecho Público Económico, Editorial Comares, segunda edición, Granada-España, 2001. Pp. 295).

Ahora bien, siendo el caso que la traspolación de la figura de la negociación colectiva viene directamente como influencia del derecho laboral a la función pública, derecho éste que normalmente regula la empresa privada, es de suyo considerar, con base en lo anteriormente expuesto, que esa autoregulación de las condiciones de empleo por el acuerdo de las partes, en virtud de la libertad contractual de la cual gozan en el ámbito privado, en la esfera de la Administración Pública no deviene tal autonomía de forma absoluta.

Dentro de este contexto, al ser obvias las diferencias entre la Administración Pública y la empresa privada, y al estar regida ésta por el mencionado principio de legalidad presupuestaria y por el de la racionalidad del gasto público, no habría por qué considerarse que los órganos del Estado deban extender, a través de convenciones colectivas, derechos económicos de sus funcionarios, que excedan los niveles normales de endeudamiento del Estado.

…Omisiss…

Todo lo anterior quiere indicar, que el punto de la negociación colectiva cuando del sector público se trata, es un tanto más limitada en su autonomía, contenido, alcance y extensión que el reconocido a los trabajadores que laboran en el sector privado, dadas las particularidades anotadas, las cuales se contraen en definitiva, a poner de manifiesto que la Administración Pública, a diferencia de los entes privados y particulares, no administra los recursos públicos en clave de autonomía y libre disposición, sino como agente cuya actuación sobre el patrimonio ha de estar predeterminado esencialmente en la Ley.

…Omissis…

Dentro de esos límites en la negociación colectiva en el sector público, encontramos, se reitera, principios como el de legalidad y el principio de cobertura presupuestaria (…)

Por lo tanto, toda Ley de Presupuestos, al ser verdaderas leyes, quedarían sujetos a éstas los pactos y acuerdos en virtud del principio de jerarquía normativa, que impone la primacía de la norma de origen legal respecto de la norma de origen convencional principalmente en materia de derecho público. Ergo, existe una clara justificación al limitar la autonomía negociadora, por el papel que juegan los presupuestos como instrumento básico de protección del interés general del Estado y como principio directo de la política general que justifica las posibles limitaciones a la autonomía negocial colectiva en el empleo público, (…)

Tomando en consideración las premisas anteriores, se observa que la aplicación de la cláusula en referencia desajustaría los niveles de endeudamiento prudente de la Administración pues si bien en el caso de marras el recurrente fue jubilado en el año 2002 con un sueldo determinado no puede éste pretender el cálculo y posterior cancelación de sus prestaciones sociales en base a un sueldo que nunca tuvo, siendo el caso, además, que la cancelación de un retardo en el pago de las mismas (además del pago de los intereses moratorios que ya prevé la Carta Magna), constituiría una doble sanción para la Administración, resultando esta doble modalidad de pago, sin duda alguna, una flagrante violación al principio de racionalidad del gasto público.

Así, este Órgano Jurisdiccional debe señalar que la cancelación del beneficio estipulado en la mencionada Convención Colectiva pudiera estar generando un daño patrimonial a la República lo que a su vez pudiera estar en el supuesto de responsabilidad administrativa previsto en el artículo 91 numeral 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (…)

…Omissis…

De lo anterior, se deduce que la Administración pública debe resguardar el patrimonio del colectivo, pues al exceder de las disposiciones presupuestarias sin observancia de las previsiones legales sobre crédito público, efectuando gastos o contrayendo deudas o compromisos de cualquier naturaleza contra la República, le generaría un gravísimo daño al erario público.

…Omissis…

Por lo tanto, de permitir esta Corte la aplicación de la aludida Cláusula, se constituiría sin lugar a dudas, una violación flagrante al principio de racionalidad del gasto público, precedentemente analizado, asimismo se podría producir una flagrante violación a la integridad del erario público, comprometiéndose dañosamente los recursos financieros del Estado. En consecuencia, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo considera NULO el contenido de lo dispuesto en la Cláusula Nº 68 del “IV ACTA CONVENIO APUNELLEZ-UNELLEZ”. Así se decide”. (Subrayado y Negrillas de este Juzgado)

En sintonía con lo expuesto, por tratarse el caso referido de un asunto análogo al de autos, donde por convención colectiva se pautaban unos beneficios sumamente distantes de los previstos en la Ley y en la Constitución sobre prestaciones sociales, este Juzgado precisa que de permitirse la aplicación de cláusulas como las que aquí se analizan a nivel de la Administración Pública, se estaría consintiendo el exceso flagrante respecto a los límites que deben tener las negociaciones colectivas; puesto que con ello se está comprometiendo económicamente el erario público, en virtud de lo cual se iría en detrimento del propio texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por lo tanto, es evidente que la materia presupuestaria de la Nación no puede resultar afectada por la libertad contractual de las partes de manera inconsciente, ya que ello conduciría indefectiblemente a una violación al principio de racionalidad del gasto público.

Continuando con el orden de ideas trazado, se tiene que la voluntad contractual o autonomía de la voluntad de las partes contratantes, al menos en materia de negociación colectiva donde esté involucrado el erario público, no puede comprometer de manera perjudicial el presupuesto de la nación a futuro, ya que de esa forma se vulneraría el orden público, transgrediéndose además la autonomía presupuestaria que ostenta el Poder Legislativo, en cabeza de la Asamblea Nacional, quien es la única que podría comprometer el patrimonio del Estado, en búsqueda del interés público y en resguardo del sistema de control interno del sector.

Por lo precedentemente a.e.J.n. estima procedente ordenar judicialmente el pago reclamado bajo el concepto de “Antigüedad doble” conforme a lo previsto en la cláusula Nº 39 de la Convención Colectiva suscrita; en mérito de lo cual niega el referido pago doble reclamado. Así se decide.

Por lo demás, continuando con la línea argumentativa expuesta, se verifica que si bien en el presente asunto se solicitó la diferencia de prestaciones sociales y demás beneficios, también es cierto que no se presentó a este Tribunal prueba fehaciente o circunstancia alguna de la cual se pueda extraer la convicción inequívoca de la existencia de alguna diferencia salarial que deba ser cancelada a favor del querellante; en tal sentido y para fundamentar dichas solicitudes el querellante aparte de su libelo -en el cual no indicó de donde se extraen las cantidades peticionadas- se limitó a indicar de forma esquemática la cantidad solicitada, sin evidenciarse que se trate de un verdadero cálculo que haga entrever a este Tribunal que realmente exista una diferencia a su favor.

De manera que, de los conceptos que pueden extraerse del cuadro de cálculo efectuado por la parte accionante, se evidencian iguales conceptos a los cancelados y referidos con anterioridad, así como conceptos peticionados de forma genérica -salvo la “antigüedad doble”, pedimento este ya negado en el presente fallo- siendo que -se reitera- no se presentó argumento alguno dirigido a demostrar sobre qué elemento en particular se basa para considerar que la Administración Pública erró al proceder a cancelarle la referida cantidad.

Por último, esta Sentenciadora estima útil transcribir la norma que exige la precisión de las pretensiones pecuniarias en el escrito contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial, cual es el artículo 95 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, cuyo tenor expresa:

Las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la presente Ley se iniciarán a través del recurso contencioso administrativo funcionarial, el cual consiste en una querella escrita en la que el interesado o interesada deberá indicar en forma breve, inteligible y precisa:

...Omissis…

3. Las pretensiones pecuniarias, si fuere el caso, las cuales deberán especificarse con la mayor claridad y alcance

.

Tal norma establece como carga del querellante la precisión y detalle de las pretensiones pecuniarias reclamadas en sede judicial, ello con la finalidad de evitar un pronunciamiento indeterminado sobre las cantidades que, en caso de una sentencia favorable, son adeudadas al funcionario público. Tal deber del juez de determinar los efectos de su sentencia y el alcance de la indemnización que corresponde al funcionario afectado por la actuación ilegal -e incluso inconstitucional- de la Administración Pública, constituye uno de los requisitos de la sentencia, exigido por el ordinal 6° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.

Partiendo de la anterior premisa, para que el Juez en su sentencia definitiva pueda fijar cuáles son los montos adeudados y su fuente -legal o contractual- el reclamante deberá, por imperativo legal, describir en el escrito de la querella todos aquellos beneficios legales y contractuales derivados de su relación de empleo público, así como el monto percibido por cada uno de ellos para brindar al Juez elementos que permitan restituir con la mayor certeza posible la situación que se denuncia como lesionada.

A modo de reiterar lo enfáticamente expuesto, con relación a la Carga de la Prueba, se observa que la doctrina ha señalado que “…corresponde a la parte que afirma el hecho, esto es, aquella que tiene interés en obtener la consecuencia jurídica que asigna la norma general y abstracta a ese hecho, demostrar al Juez la realización concreta del mismo y provocar en él la convicción de la verdad del hecho; y a la parte que tiene interés en obtener el rechazo de la pretensión, demostrar los hechos extintivos o modificativos de la misma” (RENGEL-ROMBERG, Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo IV. Editorial Organizaciones Gráficas Capriles. Caracas, 2003. pp. 399 y 400)

En virtud de lo anterior, siendo que el querellante alegó una diferencia de prestaciones sociales, es éste quien tenía la carga de probar que la Administración incurrió en un error al calcular el pago correspondiente a los conceptos peticionados. Así se decide.

En consecuencia y vista la insuficiencia de elementos de hecho y de pruebas, para demostrar que el Ente recurrido le adeude al reclamante la cantidad solicitada por concepto de diferencia sobre prestaciones sociales y demás conceptos laborales; al no existir certeza de la acreencia de pago del diferencial, es forzoso negar el pago de la misma. Así se decide.

En mérito de las consideraciones expuestas, resulta forzoso para este Tribunal declarar sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada A.F.T., actuando como apoderada del ciudadano J.D.G., ambos ya identificados; contra la Gobernación del Estado Portuguesa. Así se decide.

IV

DECISIÓN

Por las razones precedentes, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, actuando en Sede Contencioso Administrativa, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara:

PRIMERO

COMPETENTE para conocer y decidir el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada A.F.T., actuando como apoderada del ciudadano J.D.G., ambos ya identificados; contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA.

SEGUNDO

SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Notifíquese al ciudadano Procurador del Estado Portuguesa de conformidad con el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República por reenvío expreso del artículo 36 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público. Para la práctica de la misma, se comisiona al Juzgado del Municipio Guanare del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, otorgándole al notificado, dos (02) días continuos para la ida y dos (02) días continuos para la vuelta, como término de distancia, de conformidad con el artículo 205 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, al primer (1º) día del mes de marzo del año dos mil doce (2012). Años: 201º de la Independencia y 153º de la Federación.

La Jueza,

M.Q.B.

La Secretaria,

S.F.C.

Publicada en su fecha a las 02:00 p.m.

D2.- La Secretaria,