Sentencia nº 581 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2007

Fecha de Resolución23 de Octubre de 2007
EmisorSala de Casación Penal
PonenteHéctor Manuel Coronado Flores
ProcedimientoRecurso de Casación

Ponencia del Magistrado Dr H.M.C.F..

La Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, integrada por los jueces, Rubén Darío Gutiérrez Rojas, Angel Zerpa Aponte (Ponente) y J.G.R.T., en fecha 07 de junio de 2006, DECLARÓ SIN LUGAR las apelaciones interpuestas por el abogado B.T. en su condición de Fiscal Auxiliar Octavo del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, y por la ciudadana M. delP.P. deB. (víctima querellante), venezolana y titular de la cédula de identidad Nro. 11.225.496, contra la decisión dictada por el Juzgado Décimo Noveno de Control del mencionado Circuito Judicial Penal que DECLARÓ CON LUGAR la excepción alegada por la defensa prevista en el numeral 4 literal "c" del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, y por ende, DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida en contra de los ciudadanos J.C.R.R. y J.M.D.R., venezolanos y titulares de la cédula de identidad Nros. 4.272.788 y 5.967.071 respectivamente, por la presunta comisión del delito de FRAUDE, previsto en el artículo 465 del Código Penal, ordinal 1º, en relación con el artículo 84, ordinal 2º, eiusdem.

El 14 de julio de 2006, y en tiempo hábil, el abogado C.J.L.C., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 79.374, en su condición de apoderado judicial de la ciudadana M. delP.P. deB. (víctima querellante) , interpuso recurso de casación.

Remitidos los autos a este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en fecha 2 de octubre de 2006 le correspondió la ponencia a la Magistrada Doctora B.R.M. deL.. En fecha 29 de junio de 2007, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se reasignó la ponencia al Magistrado H.M.C.F., quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Cumplidos como han sido los demás trámites procedimentales, esta Sala pasa a decidir en los siguientes términos:

DE LOS HECHOS

El Representante del Ministerio Público presentó acusación contra los ciudadanos J.C.R.R. y J.M. deR. por los siguientes hechos:

…En fecha 14 de marzo de 2003, se recibió por ante la oficialía de Guardia de la División Nacional Contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, denuncia por parte de la ciudadana M.D.P.P.D.B., quien manifestó que en razón de la ocupación de su esposo, P.L.B. surgió una sociedad entre este y el ciudadano J.C.R., lo que derivo que entre la ciudadana J.M. deR., esposa de J.C.R. y su persona se constituyera una Sociedad Mercantil de nombre INVERSIONES 22155 C.A, en la cual poseían cada una el cincuenta por ciento de las acciones, dicha empresa adquirió durante su gestión bienes inmuebles, los cuales consistían en un local comercial distinguido con las letras AC-03 que forma parte del Centro Empresarial Torre Humbolt; un lote de terreno denominado San José, ubicado en jurisdicción del Municipio Río Chico, Distrito Páez del Estado Miranda; un (1) inmueble constituido por sesenta y siete parcelas; un (1) inmueble constituido por seis lotes de terreno que forman arte de la parcela D; un (1) inmueble constituido por un lote de terreno denominado Tartagal Norte o Fundo Tartagal; un (1) inmueble constituido por un lote de terreno denominado Tartagal Sur; un (1) inmueble constituido por un lote de terreno denominado La Salineta; un (1) inmueble constituido por un lote de terreno identificado con la letra A; un (1) inmueble constituido por un lote de terreno identificado con la letra C, todos ubicados en el Municipio Río Chico, Distrito Páez del Estado Miranda. Toda esta relación de amigos y socios fue deteriorándose por diferencias marcadas en cuanto a la manera de llevar los asuntos económicos de las empresas formadas con los cónyuges de ambas socias. Hasta que el año 2003 la ciudadana M.D.P.P.D.B., tuvo conocimiento que uno de los inmuebles pertenecientes a la empresa específicamente el constituido por un local comercial distinguido con las letras y números AC-03, que forma parte del Centro Empresarial Torre Humbolt, y que fungía como oficina de la empresa Inversiones 22155 C.A, había sido vendida no una sino dos veces, la primera en fecha 12-12-2000, a la Compañía Anónima Software Asociates S.S y la segunda en fecha 08-02-2001, a la entidad Mercantil denominada Consorcio VR33 C.A, ambas ventas fueron hechas sin participarle a la ciudadana M.D.P.P.D.B., como socia y dueña del cincuenta por ciento de las acciones. Aunado a esto la supra mencionada ciudadana pudo constatar que en la Oficina Subalterna del Primer Circuito del Registro Público del Municipio Baruta del Estado Miranda, se encontraban registradas las dos ventas antes mencionadas y que en el registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda donde se encuentra el expediente número 464371, perteneciente a la empresa Inversiones 22155 C.A, se encontraban anexas dos actas correspondientes a asambleas realizadas presuntamente en la sede de la empresa Inversiones 22155 C.A, sin que la ciudadana M.D.P.P.D.B. fuese notificada en ningún momento, donde en una de ellas realizada en fecha 18 de agosto de 2000, se aprobó lo siguiente: el cambio de valor nominal de las acciones de un mil (1.000,00) bolívares a un (1,00) bolívar, se aprobó el aumento del capital social de la compañía en un millón trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres (1.333.333,00) bolívares mediante la emisión de un millón trescientas treinta y tres mil trescientas treinta y tres (1.333.333), acciones con un valor nominal de un bolívar (1,00) cada una de ellas, cabe destacar que dicho aumento se realizó sin haber pagado íntegramente el capital suscrito al momento de constituir la empresa, siendo este un requisito indispensable para legalmente aumentar el capital social de cualquier empresa, sumado a esto se violó la cláusula novena del acta constitutiva y estatutos sociales de la empresa, la cual reza entre otras cosas: ‘…para deliberar debe ser representada en ella, por lo menos el setenta por ciento (70%) del capital social…para que las decisiones tomadas tengan validez, debe ser aprobadas por un número de votos que representen el cincuenta y cinco por ciento (55%). De igual forma se encontraba anexa acta de fecha 11 de septiembre de 2000, en la cual en la asamblea de esa misma fecha excluía como Administradora de la Empresa Inversiones 22155 C.A, la ciudadana M.D.P.P.D.B., y son designados como DIRECTORES GERENTES los ciudadanos J.M.D.R. y MANUEL LEIRO MARTINEZ, portadores de la cédulas de identidad número V-5.967.071 y V-10.818.232 respectivamente, siendo este último ilícitamente convertido en socio mediante asamblea de fecha 18 de agosto de 2000…

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RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACUSADORA

Con fundamento en los artículos 459 y 462 el impugnante planteo las siguientes denuncias:

PRIMERA DENUNCIA:

Denuncia el recurrente la inmotivación de la recurrida por falta de aplicación de lo dispuesto en los artículos 173 y 364, numerales 3º y 4 del Código Orgánico Procesal Penal, "... sosloyando la garantía de Tutela Judicial Efectiva establecida en el artículo 26 de la Constitución ...".

Para fundamentar su alegato aduce que la Corte de Apelaciones no hizo "...ninguna mención, apreciación, valoración y ni siquiera enunciación..." sobre el motivo de impugnación alegado en el recurso de apelación, relativo a la declaratoria de desistimiento de la querella de la víctima por parte del Juez de Control por incomparecencia de ésta...Que la recurrida incurrió en el evidente vicio de falta de motivación por "incongruencia negativa", infringiendo de esta manera el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal.

Señala también que de haberse cumplido con el deber de resolver el fondo de la denuncia planteada y apreciado las pruebas presentadas, “...el fallo a dictar sólo podría concluir que tanto la víctima como sus apoderados ... estaban amparados por causa justa de la que se refiere el artículo 297, numeral 3º del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que sólo podía concluir la decisión de alzada que el desistimiento declarado por el tribunal de instancia devenía de la infracción de lo dispuesto por el indicado artículo 297...”.

SEGUNDA DENUNCIA:

Aduce la inmotivación de la recurrida por la falta de aplicación de los artículos 173 y 364 del Código Orgánico Procesal Penal, "... soslayando la garantía de Tutela Judicial Efectiva establecida por el artículo 26 de la Constitución de la República...".

Infiere que el fallo recurrido "...acalló de manera absoluta la denuncia contenida en el capítulo primero del recurso de apelación ... " referida al "...error in procedendo al omitirse notificación a los apoderados de la víctima-querellante...".

TERCERA DENUNCIA:

Alega la inmotivación de la recurrida por falta de aplicación de los artículos 173 y 364 del Código Orgánico Procesal Penal, e infracción del derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 26 constitucional.

Señala que la recurrida también obvió "...todo pronunciamiento y resolución con relación a la denuncia de inmotivación que contra el decreto de sobreseimiento apelado incluyó esta representación en el escrito contentivo del recurso de apelación...".

Allí se denuncia que el decreto de sobreseimiento apelado omitió de manera absoluta "... el análisis de los Estatutos Sociales de la sociedad mercantil INVERSIONES 22.155,C.A., único del cual se desprenden los parámetros del mandato mercantil que se imputa abusado ... por los imputados... . La denuncia de marras indica también el porque, de haberse analizado tales Estatutos, la decisión debía de ser irremediablemente distinta al sobreseimiento dictado, en atención a que de ellos dimana el abuso de las cualidades administrativas que bajo simulación, permitieron a la acusada J.M.D.R. convocar e instalar Asambleas pese a carecer por si sola..., de tales atribuciones...”.

CUARTA DENUNCIA:

Infracción por falta de aplicación del artículo 178 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 26 Constitucional por violación a la tutela judicial efectiva.

Luego de explicar el contenido del citado artículo 178, expresa que “esta representación apeló del decreto de sobreseimiento emanado de la Instancia, alegando que aquél fallo infringió los artículos 29 y 30 del Código Orgánico Procesal Penal, en consiguiente desconocimiento de la cosa juzgada a que se refiere el artículo 178, ejusdem, toda vez que decretó el sobreseimiento mediante la declaratoria con lugar de la misma excepción que fue desestimada, en dos oportunidades..., durante la fase preparatoria del proceso...como consta, en primer lugar, de la decisión firme y pasada en autoridad de cosa juzgada que fuera dictada por el Juzgado Tercero en funciones de Control (Circuito del Área Metropolitana de Caracas), en fecha 19 de agosto de 2003, misma que desestimó la excepción interpuesta por J.M.D.R., conforme al artículo 28, numeral 4º, literal c (COPP)... . ...Pero además, en este particular caso, la cosa juzgada advino por otra decisión también pasada en autoridad de cosa juzgada..., que fue dictada por la misma Corte de Apelaciones (Área Metropolitana de Caracas), en su Sala (9º), en fecha 26 de agosto de 2004, cuando respecto a la excepción opuesta por el imputado D.W.P., bajo exacto fundamento y mismos alegatos (art. 28, num.4º, lit. c / COPP)...”.

QUINTA DENUNCIA:

Señala la infracción por errónea interpretación del aparte in fine de los artículos 29 y 30 del Código Orgánico Procesal Penal que atenta contra el debido proceso garantizado en el artículo 49 Constitucional.

Aduce el impugnante que el fallo recurrido al resolver una de las denuncias planteadas en la apelación, relativa a la interposición de las excepciones "...impone un condicionamiento no establecido en la Ley y contrario a la orden que dichos artículos dimanan...". En este sentido, luego de referirse al contenido de los artículos 29 y 30 del Código Orgánico Procesal Penal, infiere que "...la recurrida sostiene que, para su aplicación y validez, se requiere que 'todos los imputados' hubieren opuesto excepciones en la fase preparatoria, y en especial, que la hubiere opuesto aquél a quien se pretende aplicar dichos dispositivos en el sentido de prohibirle interponer en fase intermedia la misma excepción rechazada en la fase preparatoria...tal condicionamiento carece de asidero jurídico posible...

Concluye manifestando que la recurrida yerra en su interpretación "...al sostener que la prohibición opera sólo contra aquellos imputados que no hubieren promovido la excepción en la fase preparatoria, pues el objetivo de aquella prohibición consiste en evitar un debate meramente vacío ... sobre el cual existe decisión ... firme...".

SEPTIMA DENUNCIA: (la Sala advierte la existencia de un error material en cuanto a la enumeración de la denuncias interpuestas pues, la presente denuncia ha debido ser identificada como SEXTA DENUNCIA y así, sucesivamente).

Inmotivación por contradicción en la motivación del fallo, por infracción de los artículos 173 y 364, numeral 4º, del Código Orgánico Procesal Penal, por falta de aplicación.

Sostiene que la recurrida “...incurre en manifiesta contradicción, pues sostiene que la cosa juzgada incidental producida al desestimarse en fase preparatoria la excepción a que se refiere el artículo 28, numeral 4º, literal “c” (COPP), no puede oponerse contra el imputado J.C.R., por cuanto éste no opuso tal excepción en aquella fase, pero contradictoriamente en la dispositiva del fallo, extiende los efectos del sobreseimiento a toda la causa, beneficiando a la imputada J.M.D.R., quien sí opuso la excepción en fase preparatoria...de lo cual se desprende que...la prohibición no opera contra J.C.R., pero si opera respecto a J.M.D.R....”.

OCTAVA DENUNCIA:

Inmotivación de la sentencia por infracción de los artículos 173 y 364, numeral 4º, del Código Orgánico Procesal Penal, por falta de aplicación, por violación al derecho a ser oído establecido en el artículo 49 Constitucional.

Alega que el fallo recurrido no resolvió la denuncia de apelación relativa al "...vicio de procedimiento ... porque no hubo citación de la víctima sino una simulación de dicho trámite... ".

Transcribe parte de la recurrida y del recurso de apelación, y aduce que la recurrida no se pronunció, ni analizó sobre el "...alegato de ilegalidad opuesto contra la nota secretarial de fecha 20 de febrero de 2006, al realizarse sin existir un presupuesto de 'urgencia' que para la notificación verbal exige el artículo 184 del Código Orgánico Procesal Penal...", sobre la alegada "...insuficiencia fedataria de la nota secretarial por carecer de la precisión de tiempo (hora) en que dicha notificación verbal supuestamente se produjo...", ni sobre"...la acreditada falsedad de dicha nota secretarial que se desprende con la inexistencia de su asiento en el Libro Diario, ni sobre la inexistencia absoluta de firmas o suscripciones de la víctima sobre ella ni sobre la boletas de citación ...".

NOVENA DENUNCIA:

Aduce la infracción de ley por indebida aplicación del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, por violación al derecho a la defensa y de revisión de la doble instancia consagrados en el artículo 49, numeral 1º Constitucional.

Señala al respecto que “...La determinación de la recurrida con la cual pretende resolver la primera denuncia contra el decreto de sobreseimiento, se basa en la indebida aplicación de lo dispuesto por el artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, al suponer que la omisión de recusar a la secretaria del Juzgado 19 en Funciones de Control, desprende una suerte de validación o aceptación de la actuación fedataria contenida en la nota secretarial de fecha 20 de febrero de 2006..., misma que fue tildada como falsa e invalida por el recurso de apelación...

...haber recusado o no a la Secretaria no obstaculiza, mitiga ni absuelve a la Alzada de analizar los argumentos impugnatorios de la apelación...”.

DÉCIMA DENUNCIA:

Inmotivación de la recurrida por silencio de prueba, por falta de aplicación de los artículos 173 y 364, numeral 4º, del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 49, numeral 1º constitucional.

Para fundamentar la presente denuncia el recurrente señala que en el recurso de apelación se impugnó el decreto de sobreseimiento por basarse en una actuación secretarial falsa, "...según la cual la Secretaria ...asevera que ... la víctima y querellante ...fue verbalmente citada al acto de audiencia preliminar...", y que para ello se promovieron como pruebas documentales las copias debidamente certificadas por la misma secretaria de los asientos del Libro Diario del Juzgado de Control...

Que la recurrida "...en ningún sentido analizó ni valoró la referida prueba, y simplemente omitió toda revisión...".

UNDÉCIMA DENUNCIA:

Inmotivación de la recurrida por silencio de prueba por falta de aplicación de los artículos 173 y 364, numeral 4º, del Código Orgánico Procesal Penal, porque atenta contra el derecho a la defensa establecido en el artículo 49, numeral 1, Constitucional.

Para fundamentar el vicio señalado alega el impugnante que la recurrida, al resolver la primera denuncia del recurso de apelación, sostiene "...que comprobó con los testimonios depuestos durante la audiencia, que la víctima querellante se negó a ser participada de la convocatoria a la Audiencia Preliminar que dio lugar al decreto de sobreseimiento...", cuando a criterio de los recurrentes, "...lo evidente es que omitió analizar las pruebas que evidencian que los referidos testigos (funcionarios de Alguacilazgo) mienten abiertamente...".

Asimismo señalan que "...para demostrar que las anotaciones inscritas al reverso de la boleta de notificación dirigida a la víctima fueron falsamente inscritas tanto por el abogado O.E. como por el Alguacil B.P., esta representación promovió ... pruebas con la apelación..."; pruebas que a criterio de los impugnantes "...para nada analizó ni valoró... " la sentencia de la segunda instancia, incurriendo en tal sentido en el vicio de inmotivación por silencio de prueba.

DUODÉCIMA DENUNCIA:

Alegan la inmotivación del fallo impugnado, por basarse en un hecho no constitutivo de prueba alguna, que infringe, por falta de aplicación, lo establecido en los artículos 173 y 364, numeral 4º, del Código Orgánico Procesal Penal.

Sostienen que la recurrida en su motivación esboza “...consideraciones generales relativas a la tipicidad legal del delito de fraude; también a lo que denomina su “consustanciación” con el delito de estafa y a una suerte de análisis sobre lo que considera son los elementos del tipo...También refiere...sobre las exigencias del principio de tipicidad o reserva que exige la ley penal y sobre la cesión de acciones de sociedades mercantiles y sus anotaciones en el Libro de Accionistas. Luego, sin precisar la conexión entre aquello y esto, menciona el archivo fiscal dictado contra algunos co-imputados del proceso a los que se querelló como cooperadores del Fraude, del que la recurrida desprende lo que califica como una ausencia de convicción del Ministerio Público, que presupone legitimado al sobreseimiento recurrido...”.

...En la forma apreciada, es claro que la recurrida no podía basar la confirmatoria del sobreseimiento apelado que se dictara a favor de los acusados J.C.R. y J.M.D.R....por el hecho de decretarse anterior archivo fiscal a favor de personas distintas...aduciendo... que los hechos no revisten carácter penal, pues el archivo sólo expresa que no existen suficientes elementos de convicción para acusar a dichos ciudadanos (cómplices), lo que es igual a suponer, que su responsabilidad penal no se encuentra aún comprobada...”.

DÉCIMOTERCERA DENUNCIA:

Infracción de ley por la indebida aplicación de lo dispuesto en el artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal.

Manifiesta el impugnante que “La solución de la recurrida según la que el archivo fiscal dictado en favor MANUEL LEIRO MARTÍNEZ, JESÚS ANZOAR FAILDE, D.W.P., M.S. HERRERA GARCÍA, R.P. VISNAPUU Y G.R.R.B., presupone una “...crasa y esencial contradicción que lo único que pudo conducir es a la recurrida”, porque -en torno a su decir- de allí se evidencia una “inconsistencia en la pretensión de sanción” por parte del Ministerio Público que, finalmente, le lleva a concluir que los hechos imputados no revisten carácter penal...

Entonces cuando la recurrida supone como efecto del archivo fiscal un elemento para concluir que la causa debe ser sobreseída, incurre en el cuantioso error de otorgar al artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal un efecto radicalmente contrario a su naturaleza provisional y a su explícita ratificación sobre la tipicidad y punibilidad del hecho objeto de la investigación, y así vacía de sentido, utilidad y contenido, la institución del referido archivo...

En especial porque la recurrida emplea una figura procesal de carácter provisional (archivo fiscal) para fundamentar el dictado de una decisión de carácter absoluto que genera cosa juzgada (el sobreseimiento), para ponerle fin a un proceso que el mismo archivo decretado (y la acusación) anuncian no puede aún terminar...”.

La Sala, para decidir, observa:

PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, SÉPTIMA, OCTAVA, DÉCIMA, UNDÉCIMA y DUODÉCIMA DENUNCIA:

El planteamiento expuesto en las presentes denuncias, si bien atañe a la motivación del fallo recurrido desde un aspecto formal, el mismo contiene argumentos que debieron ser planteados durante la fase preliminar del proceso. Además que no denota el impugnante la relevancia de los vicios indicados que conlleven a la nulidad del fallo recurrido. Por consiguiente, la presente denuncia debe ser desestimada, por manifiestamente infundada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 465 eiusdem.

CUARTA y QUINTA DENUNCIA:

El planteamiento expuesto en las presentes denuncias relativo a la interposición por parte de la defensa de la excepción contenida en el artículo 28, numeral 4, literal “c”, no puede ser revisado por la Corte de Apelaciones, pues la misma es una incidencia que debe ser tratada durante la fase preparatoria del proceso y, solo en el caso de ser rechazada, podrá ser planteada nuevamente en la fase intermedia siempre que se fundamente en otros motivos. En consecuencia, la presente denuncia debe ser desestimada, por manifiestamente infundada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 465 eiusdem.

NOVENA DENUNCIA:

El impugnante señala en su denuncia la infracción del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, por indebida aplicación, relativo a las causales de inhibición y recusación de funcionarios del Poder Judicial. De lo cual se infiere que no es una norma de procedimiento que pueda ser infringida por las C. deA.. Por consiguiente, la presente denuncia debe ser desestimada, por manifiestamente infundada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 465 eiusdem.

DÉCIMO TERCERA DENUNCIA:

La denuncia luce confusa en su planteamiento, además de que la norma denunciada (artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal,) es relativo al archivo fiscal que puede ser decretado como acto conclusivo por el Ministerio Público. De lo cual se evidencia que no es una norma de procedimiento que pueda ser infringida por las C. deA.. En razón de lo expuesto, la presente denuncia debe ser desestimada, por manifiestamente infundada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 465 eiusdem.

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia y por autoridad de la ley, DESESTIMA, por manifiestamente infundado, el recurso de casación propuesto por el abogado C.J.L.C., en su condición de apoderado judicial de la ciudadana M. delP.P. deB. (víctima querellante).

Publíquese, regístrese y bájese el expediente.

Dada firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2007. Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

La Magistrada Presidenta,

D.N.B.

El Magistrado Vicepresidente, La Magistrada,

E.A.A. B.R.M. deL.

El Magistrado, La Magistrada,

H.M.C. Flores M.M.M.

Ponente

La Secretaria,

G.H.G.

HMCF/mj

Exp. N° 2006-0406

Los Magistrados Doctores E.R.A.A. y B.R.M. deL., no firmaron por motivo justificado.

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