Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo): Año 2003
| Autor | Mary Ramos Fernández y Marianella Villegas Salazar |
| Páginas | 105-559 |
Información Jurisprudencial
Jurisprudencia Administrativa y Constitucional
(Tribunal Supremo de Justicia y Corte Primera
de lo Contencioso-Administrativo):
Año 2003
Selección, recopilación y notas
por Mary Ramos Fernández
Abogado
Secretaria de Redacción de la Revista
Marianella Villegas Salazar
Abogado Asistente
SUMARIO
I. EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL Y FUNCIONAL DEL ESTADO
1. El Ordenamiento Jurídico. A. Constitución. a. Interpretación del ordenamiento jurídico confor-
me a la Constitución. b. Régimen Transitorio Municipal. B. La Ley. a. Jerarquía. b. Efecto deroga-
torio. 2. Principios Fundamentales del Estado y del Sistema Político. A. La soberanía popular
(acepción del vocablo pueblo). B. Desconocimiento de cualquier régimen, legislación o autoridad
que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.
3. Responsabilidad Patrimonial del Estado.
II. DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
1. Jerarquía constitucional de los tratados sobre derechos humanos. 2. Principios Constituciona-
les: Seguridad Jurídica. 3. Garantías Constitucionales. A. Tutela Judicial Efectiva. B. El derecho
de acceso a la justicia: Protección de los intereses colectivos y difusos. 4. Derechos Individuales.
A. Derecho a la igualdad y no discriminación. B. Derecho de petición y oportuna respuesta. C. De-
recho a la libre expresión del pensamiento. D. Derecho a la protección del honor. 5. Derechos So-
ciales. A. Derechos laborales. a. Protección del Estado. b. Derecho a la Sindicalización: Democra-
cia Sindical. B. Derechos de Protección: Protección integral del niño y del adolescente. 6. Dere-
chos Políticos. A. Derechos de los venezolanos por nacimiento y por naturalización. B. Derecho a
la participación Política. a. Referendos. a’. Referendo Consultivo. b’. Referendo revocatorio.
III. EL ORDENAMIENTO ORGÁNICO DEL ESTADO
1. El Poder Nacional. A. Competencias. a. Legislación en materia de loterías, hipódromos y
apuestas en general. b. Legislación en materia de previsión y seguridad social. c. Régimen de las
telecomunicaciones: Fijación de tarifas. d. Régimen de las aduanas. B. El Poder Judicial. a. Princi-
pios de la Administración de Justicia: La gratuidad de la justicia. b. Tribunal Supremo de Justicia:
Facultad de Avocamiento. a’. Procedencia. b’. Improcedencia. c. Actuaciones judiciales: Actos de
mero trámite o sustanciación. C. El Poder Electoral. a. Atribuciones: Registro Civil y Electoral. b.
Independencia y autonomía. 2. El Poder Estadal. A. Competencias. a. Timbre Fiscal. b. Organiza-
ción de los poderes públicos estadales. B. Consejos Legislativos. a. Régimen transitorio. b. Miem-
bros (inmunidad parlamentaria). 3. El Poder Municipal. A. Alcalde. a. Primera autoridad civil. b.
Pérdida de investidura.
REVISTA DE DERECHO PÚBLICO N° 93-94/95-96 / 2003
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IV. EL ORDENAMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO
1. Derecho a la libertad económica: Límites. 2. Régimen presupuestario: Límites del poder legis-
lativo en materia presupuestaria. 3. Régimen Cambiario. 4. Propiedad Industrial: Oposición al
registro de una marca. 5. Propiedad y Expropiación. A. Expropiación. a. Régimen. b. Avalúo.
Elementos obligatorios: Valor Fiscal. c. Justa Indemnización. a’. Concepto. Distinción del valor
real y la justa indemnización. b’. Ocupación previa. Cálculo de los Intereses. d. Desistimiento.
V. EL ORDENAMIENTO TRIBUTARIO DEL ESTADO
1. Impuestos Municipales: Impuesto sobre las Actividades Económicas
VI. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
1. El Procedimiento Administrativo: Principio de continuidad administrativa. 2. Reglamentos: Po-
testad Reglamentaria. 3. Contratos Administrativos. 4. Recursos Administrativos. Admisibilidad:
Falta de Pronunciamiento.
VII. LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
1. Competencia. A. Órganos. a. Corte Primera de lo Contencioso-administrativo. b. Juzgados Su-
periores de lo Contencioso Administrativo. 2. El Contencioso-Administrativo de anulación. A. Ob-
jeto. a. Actos recurribles: Actos administrativos “cuasi judiciales”. B. Suspensión de efectos del
acto administrativo. a. Procedencia. b. Improcedencia. c. Oposición. C. Sentencia. a. Aclaratoria.
a’. Solicitud: Lapso procesal. b’. Alcance. b. Recurso de hecho. c. Recurso de Casación: Inadmisi-
bilidad. D. Extinción de la acción por pérdida del interés procesal. 3. El Contencioso Administrati-
vo de Anulación y Amparo. A. Competencia. Órganos: Corte Primera de lo Contencioso-
Administrativo. B. Procedencia del amparo cautelar. 4. El Contencioso Administrativo de las De-
mandas contra los Entes Públicos. A. Competencia: Empresas del Estado. B. Admisibilidad: Pro-
cedimiento administrativo previo. C. Sentencia: Ejecución. 5. El Contencioso Administrativo Es-
pecial. A. El Contencioso Administrativo Electoral. a. Competencia. a’. Segunda Instancia. b.
Admisibilidad. a’. Apelación del auto de admisión. b’. Lapso de caducidad.
VIII. LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL
1. Acción de Inconstitucionalidad. A. Potestad de la Sala Constitucional para interpretar en for ma
vinculante la Constitución. B. Competencia de la Sala Constitucional para conocer de la nulidad
de ordenanzas. C. Objeto: Leyes derogadas. D. Inaplicación de una norma como medida cautelar.
E. Inadmisibilidad. 2. Control difuso de la constitucionalidad. 3. Control de la inconstitucionali-
dad de la omisión del Legislador y de los otros órganos del Poder Público. 4. Resolución de Con-
troversias Constitucionales entre Órganos del Poder Público: Competencia de la Sala Constitu-
cional. 5. Recurso de Interpretación Constitucional. 6. Recurso de Revisión de sentencias en ma-
teria constitucional. 7. Acción de Amparo Constitucional. A. Objeto: Amparo sobrevenido. B.
Admisibilidad: Amenaza de lesión. C. Inadmisibilidad.
IX. FUNCIONARIOS PÚBLICOS
1. Terminación de la relación de empleo público. Renuncia: Aceptación.
JURISPRUDENCIA
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I. EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL Y FUNCIONAL DEL ESTADO
1. El Ordenamiento Jurídico
A. Constitución
a. Interpretación del ordenamiento jurídico conforme a la Constitución
TSJ-SC (23) 22-1-2003
Magistrado Ponente: José Manuel Delgado Ocando
Caso: Interpretación del artículo 71 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
La protección de la Constitución y la jurisdicción constitucional
que la garantiza exigen que la interpretación de todo el ordenamien-
to jurídico ha de hacerse conforme a la Constitución.
La interpretación constitucional posibilita el giro del proceso hermenéutico alrededor de
las normas y principios básicos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezue-
la ha previsto. Ello significa que la protección de la Constitución y la jurisdicción constitu-
cional que la garantiza exigen que la interpretación de todo el ordenamiento jurídico ha de
hacerse conforme a la Constitución. Tal conformidad requiere del cumplimiento de varias
condiciones, unas formales, como la técnica fundamental (división del poder, reserva legal,
no retroactividad de las leyes, generalidad y permanencia de las normas, soberanía del orden
jurídico, etc.) (Ripert, Les Forces créatrices du droit, Paris, LGDJ, 1955, pp. 307 y ss.); y
otras axiológicas (Estado social de derecho y de justicia, pluralismo político y preeminencia
de los derechos fundamentales, soberanía y autodeterminación nacional), pues el carácter
dominante de la Constitución en el proceso interpretativo no puede servir de pretexto para
vulnerar los principios axiológicos en que descansa el Estado constitucional venezolano.
Interpretar el ordenamiento jurídico conforme a la Constitución significa, por tanto, salva-
guardar a la Constitución misma de toda desviación de principios y de todo apartamiento del
proyecto político que ella encarna por voluntad del pueblo.
Por ello, un sistema de principios, supuestamente absoluto y suprahistórico, no puede
colocarse por encima de la Constitución, ni que su interpretación llegue a contrariar la teoría
política propia que la sustenta. Desde esta perspectiva es nugatoria cualquier teoría que postu-
le derechos o fines absolutos y, aunque no se excluyen las antinomias intraconstitucionales
entre normas y entre éstas y los principios jurídicos (normas constitucionales inconstituciona-
les), la interpretación o integración debe hacerse según la tradición de cultura viva cuyos
sentido y alcance dependan del análisis concreto e histórico de los valores compartidos por el
pueblo venezolano. Parte de la protección y garantía de la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela radica, pues, en una perspectiva política in fieri, reacia a la vinculación
ideológica con teorías que puedan limitar, so pretexto de valideces universales, la soberanía y
la autodeterminación nacional, como lo exige el artículo 1° eiusdem.
Son diversos los métodos o sistemas de interpretación que pueden ser utilizados en el
caso de la norma constitucional, a saber, auténtica, judicial, literal, lógica, sistemática, res-
trictiva, extensiva, analógica, histórica, política, evolutiva y teleológica o finalista.
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