Leyes facilitan intervención estatal en el sector vivienda
Luego de que el Gobierno tomó medidas contra 33 conjuntos residenciales privados en construcción Âexpropió 6, ocupó 8 y multó 19Â el domingo pasado, la Asamblea Nacional anunció que acelerará la discusión de proyectos pendientes como la ley de preventa y la reforma de la Ley de Arrendamientos para atender el problema de la vivienda.
Pero los cambios propuestos hasta ahora en ambos instrumentos legales distan de ser un estímulo para la reactivación del sector, han advertido empresarios y especialistas. Por el contrario, pueden agudizar la caída experimentada desde 2008 al reafirmar las posibilidades del Ejecutivo de intervenir desarrollos en construcción e inmuebles en alquiler.
El proyecto de Ley de Preven ta Âaprobado por el Parlamento en primera discusión en enero de 2010 y actualmente en manos de la Comisión de Administración y Servicios, que espera devolverlo a la plenaria la semana próxima refuerza la facultad del Gobierno para ocupar las obras residenciales cuya edificación esté paralizada.
Los organismos competen tes, en caso de interrupción de la obra contratada en preventa por incapacidad gerencial, técnica o financiera del productor de vivienda, podrán declarar intervenida la obra y ocupar su administración, desarrollo y culminación, para preservar los intereses de los compradores y del ente financista, establece el artículo 20.
La acción oficial podrá ser requerida al Ministerio de Vivienda y Hábitat por los compradores que consideren que la constructora incumplió sus obligaciones.
Podrán denunciar todo lo que tenga que ver con la violación de la presente ley, pudiendo, de considerarlo necesario, solicitar la intervención de las construcciones y obras, estipula el artículo 19.
Luis Alfonso Herrera, profe sor de Derecho Administrativo de la UCV, considera que el poder de intervención que otorga la ley de preventa es muy amplio: El Estado podrá disponer tanto de los bienes en construcción como de las maqui narias que se usan para tal fin, sin trámite de expropiación ni otra figura legítima de adquisición de la propiedad.
A su juicio, la normativa aten ta contra el derecho al debido proceso y a la defensa, pues no ordena una investigación previa para determinar las causas del retraso en la construcción.
Creo que se le puede hacer la misma crítica que a la reforma de la Ley de Contrataciones, dijo.
Agregó que la legislación co loca toda la responsabilidad en el sector privado, cuando los permisos y buena parte de los materiales que...
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