Decisión de Corte de Apelaciones 3 de Caracas, de 3 de Diciembre de 2007

Se AVOCA al conocimiento de la presente causa.

Se declara CON LUGAR, la solicitud de avocamiento interpuesto por los ciudadanos abogados J.L.L.R. y Hadiée R.V.C., defensores del ciudadano P.J.M.B. y el ciudadano I.B.C., en consecuencia se ordena la reposición del proceso al estado en que el Ministerio Público efectúe el acto de imputación formal.

De oficio se ordena reponer la causa al estado en que se efectúe el acto de imputación fiscal en relación al proceso seguido al ciudadano D.V.R..

Se declara sin lugar la solicitud de adhesión al avocamiento propuesto por la defensa del ciudadano H.A.L..

Se sustituyen la medida privativa judicial preventiva de libertad a los ciudadanos P.J.M.B., I.B.C. y D.V.R., por la medida de prohibición de salida del país a los ciudadanos antes señalados.

Se declara con lugar la radicación solicitada por los defensores del ciudadano P.J.M.B., en consecuencia se radica la presente causa en la ciudad de Barquisimeto del mismo Circuito Judicial Penal del Estado Lara y se ordena la remisión del expediente a la Presidencia del referido Circuito Judicial Penal, para que previa distribución conozca del proceso un Tribunal de Control, que le cumplimiento a lo aquí señalado.

Se exhorta al Ministerio Público a profundizar las investigaciones del caso para determinar los posibles autores o participes del hecho, con fiel cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 26, 49 (numeral 1) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 125, 130, y 131 del Código Orgánico Procesal Penal, relacionados con el debido proceso, el derecho a la defensa y el acto formal de imputación.

Se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al Fiscal General de la República…”

Este último fallo fue objeto de solicitud de revisión constitucional por parte de la Fiscal 7ª del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, declarada no ha lugar por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 16-11-2007, mediante Sentencia Nº 2158 en el Expediente Nº 07-1115, con Ponencia de la Magistrada LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, en la que se estableció:

… Solicitaron las actoras a esta Sala Constitucional el ejercicio de la facultad de revisión concedida por el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con respecto a la sentencia dictada el 18 de diciembre de 2006, por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la cual se “(…) AVOCÓ al conocimiento de la causa seguida al imputado R.J.S.S. y anuló la acusación presentada en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, REPONIENDO LA CAUSA a la fase de investigación (…)”.

Al respecto debe indicarse que esta Sala dejó sentado desde la sentencia dictada el 6 de febrero de 2001, (caso: “CORPOTURISMO”), que la facultad de revisión consagrada en el artículo 336, numeral 10 esiudem, puede ser ejercida por la Sala de manera discrecional, y no debe ser entendida como una nueva instancia, puesto que su procedencia está limitada a los casos de sentencias definitivamente firmes, esto es, decisiones amparadas por el principio de la doble instancia judicial.

Por otra parte, de acuerdo con lo señalado en ese mismo fallo, la Sala está facultada para desestimar la revisión sin motivación alguna, cuando considere que la decisión judicial que ha de revisarse, en nada contribuye a la uniformidad de la interpretación de normas y principios establecidos en el referido Texto Fundamental ni constituya una deliberada violación de sus preceptos.

Ahora bien, debe esta Sala advertir a las solicitantes que para que proceda la revisión de una sentencia, valga decir, para que esta Sala Constitucional haga uso de la facultad que le confieren los artículos 336 numeral 10 de la Carta Magna y el artículo 5, numerales 4 y 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, es menester no sólo el carácter definitivo de la sentencia, sino que, la misma incurra en alguno de los supuestos que esta Sala ha ido elaborando y desarrollando, sobre la base de los preceptos antes citados.

En efecto, esta Sala ha sostenido que dicha facultad puede sólo ser ejercida de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional. Asimismo, ha dejado reconocido que tales caracteres se imponen a los fines de salvaguardar la garantía de la cosa juzgada judicial, cuya inmutabilidad es característica de la sentencia judicial. De tal manera que, para que prospere una solicitud de este tipo es indispensable que el fallo cuya revisión se solicita haya realizado un errado control de la constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional; o bien haya incurrido en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución, o sencillamente, haya obviado por completo la interpretación de la norma constitucional o haya violado de manera grotesca los derechos constitucionales.

Ahora bien, visto el contenido del fallo estima la Sala que en el presente caso no se dan los supuestos antes aludidos, necesarios para que proceda la revisión solicitada, puesto que no considera que existan “errores grotescos” de interpretación de norma constitucional alguna ni se evidencia que con el mismo se desconozca algún criterio interpretativo de normas constitucionales, que haya sido sentado por esta Sala Constitucional, es decir, no puede señalarse que la Sala de Casación Penal incurrió en el presente caso en una interpretación contraria a algún criterio jurisprudencial previamente establecido por esta Sala Constitucional.

Si bien la sentencia cuya revisión se procura, a la cual la parte solicitante le atribuye violaciones al orden público constitucional y procesal, repuso la causa penal seguida al ciudadano R.J.S.S. a la fase de investigación, debe señalar la Sala que ello no puede considerarse –como erradamente aluden las solicitantes-, como un estímulo a la impunidad, porque a decir de las peticionantes, se “(…) le[s] quebrantó al Ministerio Público su facultad de ejercer la acción penal contra R.J.S.S., (…) cuando se obstaculizó un proceso que ya se encontraba en etapa de juicio (…)”, pues simplemente se está reponiendo un procedimiento, para que sea realizado con las debidas garantías procesales que le asisten al imputado, pero en ningún momento se está absolviendo o emitiendo algún pronunciamiento sobre la culpabilidad o no de éste, lo cual corresponderá decidirlo a los jueces de mérito respectivos, en la oportunidad prevista a tal efecto.

Aunado a lo cual cabe advertir, que se observó del caso de marras que la Sala de Casación Penal motivó y fundamentó la decisión en cuestión, realizando un análisis tanto del Código Orgánico Procesal Penal como de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual la llevó a tomar la decisión cuya revisión se solicita, y de la cual no se evidencia violación de principios jurídicos fundamentales ni de interpretaciones de normas constitucionales hechas por esta Sala del Tribunal Supremo de Justicia, sino que lo que se aprecia es la simple disconformidad de las quejosas con la sentencia sometida a revisión, que le fuera adversa, lo cual no es suficiente para que proceda el mecanismo extraordinario de la revisión constitucional.

Así las cosas, no es posible sobre la base del presunto perjuicio que le pueda ocasionar a los derechos o intereses de las solicitantes como representantes del Ministerio Público, censurar una sentencia que se encuentra ajustada a derecho y no se encuentra incursa en alguna de los supuestos que harían procedente la potestad revisora de esta Sala. Asimismo esta Sala una vez analizado el fallo objeto de revisión, encuentra que el mismo es producto de la apreciación soberana realizada por el juzgador sobre el asunto sometido a su conocimiento, razón por la cual no puede considerarse que la referida sentencia vulnera de manera grosera y directa alguna disposición consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o desconoce algún criterio de interpretación constitucional fijado por esta Sala, motivo por el cual, se desestima la revisión solicitada y se declara no ha lugar. Así se decide.

Sin embargo, evidencia esta Sala que la sentencia de la Sala de Casación Penal, indicó que “(…) las circunstancias en las cuales se produjo su detención, a pesar de que el Juez de Control la decretara como flagrante, no encuadran en los supuestos previstos en dicho artículo, sino que su aprehensión ha debido ceñirse según las pautas del procedimiento ordinario”. Al respecto debe indicarse, que a pesar de lo argüido por dicha Sala efectivamente el procedimiento que se llevó a cabo fue el ordinario, ya que la aplicación de este procedimiento fue solicitado por la representación fiscal y así fue acordado por el juez respectivo. No obstante, dicho error no afecta lo ajustado a derecho de la decisión y su dispositivo, pues dicha Sala arguyó otros motivos jurídicos y de hecho que justificaron su decisión de avocarse y decidir en los términos ya expresados.

De tal manera que, esta Sala Constitucional aun cuando posee la facultad de revisión extraordinaria que le otorga directamente el Texto Fundamental, en el presente caso, decide no hacer uso de tal potestad, toda vez que tal como se apuntó, no contribuye de forma alguna a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, por lo que, en consecuencia; declara no ha lugar la presente solicitud de revisión, y así se decide…

… Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara NO HA LUGAR la solicitud de revisión efectuada por las abogadas M.P.S. y KERINA G.B., actuando en su carácter de “(…) FISCAL PRIMERO DEL MINISTERIO PÚBLICO ANTE LAS SALAS DE CASACIÓN Y CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (sic)” y FISCAL SÉPTIMA DEL MINISTERIO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA PLENA, de la sentencia del 18 de diciembre de 2006, emanada de la Sala de Casación Penal del tribunal Supremo de Justicia, a través de la cual se “(…) AVOCÓ al conocimiento de la causa seguida al imputado R.J.S.S. y anuló la acusación presentada en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, REPONIENDO LA CAUSA a la fase de investigación…”.

Después de leídas y analizadas las transcripciones que anteceden, sólo queda por añadir, a manera de conclusión, que aún tratándose de delitos calificados como graves (contra el patrimonio público y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, ambos imprescriptibles y los últimos de lesa humanidad), La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado en casos similares al presente, decretando la libertad de los justiciables, por una sencilla razón, al reponerse el procedimiento para que se lleve adelante con las debidas garantías procesales que asisten al imputado, no se le absuelve ni condena, porque ello corresponde hacerlo al juez de mérito.

La eficacia del avocamiento debió interpretarla la juez agraviante, vista la inactividad tanto de ella (inobservancia del artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal) como del Ministerio Público para imputar, no permitiendo se mantuviera privado de libertad a R.J.S.F., sin que los fiscales del proceso formalmente dijeran por qué debía estar preso.

Se le propinó entonces indefensión al agraviado con la decisión emanada de la Juez SHELLYS Y. BRAVO el 17-8-2007, en virtud que con el pronunciamiento jurisdiccional se causó mengua material, que no formal, de su derecho de alegar o probar y de ejercer el contradictorio en situación de igualdad frente al Ministerio Público, ya que estando en prisión y sin ser imputado, imposible era que el avocamiento decretado en su favor, cumpliera su cometido.

También se ha configurado en este asunto una dilación indebida del proceso en perjuicio de R.J.S.F., por cuanto su desarrollo no se ajustó ni a las pautas que fueron fijadas en el avocamiento ni a las disposiciones constitucionales y legales que rigen la materia.

Ahora, párrafos arriba se asomaba la imagen de la presunción de inocencia, que como garantía innata del proceso penal se resume en una idea muy sencilla, como la es que toda persona a quien se le señale como partícipe en la comisión de un delito, es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Inaceptable es para un Sistema de Justicia que se precie de ser democrático, se tenga a una persona presa porque una juez a quien se encargó, después de un avocamiento, de controlar el cumplimiento de una reposición tendiente a garantizar sus derechos constitucionales, no lo haga con la rústica máncharra de que se le había ordenado mantenerlo en esa situación.

Por último, aunque no como tema de menos importancia, impretermitible es para La Sala dedicar espacio a la actuación asumida en este asunto por los Fiscales G.G.V. y M.E.M.G., quienes no se dignaron, después de la reposición ordenada vía avocamiento por La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, a imputar formalmente a R.J.S.F..

Varias cuestiones hay que precisar sobre el asunto.

Dispuesto en el avocamiento que se ordenaba la reposición de la causa al estado de realizarse el correspondiente acto de imputación formal, dos opciones, aunque suene tonto, tenían los fiscales: imputar o no imputar. Las situaciones que podían derivar de esto, sí, nada tontas son. Véase.

Si no contaban con los elementos de convicción para imputar, como partes de buena fe se le imponía comparecer ante el juez de control y solicitar la libertad del agraviante. Si por el contrario estaban en sus manos, ninguna excusa tenían para no haber actuado de inmediato en tal sentido y con ello requerir del juez de control un pronunciamiento motivado para justificar una posible medida de privación judicial de libertad en su contra, en los términos dispuestos por el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

Los Fiscales G.G.V. y M.E.M.G. no hacen ni una ni otra cosa. Es entonces aquí el momento preciso para destacar parte del contenido de un escrito que consignaran ante esta Sala el 3-10-2007 (folios 134 al 136 del presente expediente), que de seguidas a su transcripción se analizará. Expresaron: “… respecto a la Reposición de la Causa al estado de realizar el correspondiente ACTO DE IMPUTACIÓN FORMAL del ciudadano R.S.F., esta Representación Fiscal ha acordado, en esta misma fecha, librar la correspondiente notificación al mencionado investigado quien actualmente se encuentra recluido en la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) a objeto que éste proceda realizar (sic) la designación el Abogado de su confianza que le asista durante la verificación del acto en comento (sic)… reservándonos expresamente a ejercer todas las acciones o recursos que resulten pertinentes ante el Tribunal Supremo de Justicia toda vez los criterios esbozados por la misma, no son en modo alguno compartidos por la Vindicta Pública…” (negrillas y subrayado de La Sala).

Pero es que si La Sala de Casación Penal había decretado la nulidad de las actuaciones y de acuerdo con los artículos 190, 191 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenada la reposición del proceso al estado en que los Representantes del Ministerio Público realizaran el acto de imputación formal, estaba muy claro que habían desaparecido de la esfera jurídica todas las diligencias practicadas durante la fase de investigación, en las cuales después sustentaron la acusación contra R.J.S.F., también anulada, por lo que con muy poco o nada contaban para imputarlo, por eso fue que manifestaron que se reservaban: “… ejercer todas las acciones o recursos que resulten pertinentes ante el Tribunal Supremo de Justicia toda vez los criterios esbozados por la misma, no son en modo alguno compartidos por la Vindicta Pública…”.

No es ilógico entonces pensar que ante esa carencia de elementos de convicción, los Fiscales G.G.V. y M.E.M.G. vieran cuesta arriba llevar a cabo la imputación formal de R.J.S.F., pero lo que sí nada de lógica ni de justicia tiene, es que aspiraran obtener los mismos producto de una nueva investigación con el agraviado en prisión, es decir, no tenían forma de satisfacer el acto, pero en vez de cumplir con los deberes a los que están obligados de conformidad con los numerales 1, 2, 3 y 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (de inmediato se transcribirán), siguieron ciegos ante una situación de una persona detenida sin que ellos le atribuyeran un hecho punible concreto, con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que presuntamente lo cometió.

Ley Orgánica del Ministerio Público consagra:

… Deberes y atribuciones

Artículo 31. Son deberes y atribuciones comunes de los fiscales o las fiscales del Ministerio Público:

1. Garantizar en los procesos judiciales y administrativos, en todas sus fases, el respeto de los derechos y garantías constitucionales, actuando de oficio o a instancia de parte. Lo anterior no menoscaba el ejercicio de los derechos y acciones que corresponden a los particulares.

2. Garantizar, en cuanto le compete, el juicio previo y el debido proceso, la recta aplicación de la ley, la celeridad y buena marcha de la administración de justicia.

3. Proteger el interés público, actuar con objetividad, teniendo en cuenta la situación del imputado o imputada y de la víctima, y prestar atención a todas las circunstancias pertinentes del caso…

6. Velar por el exacto cumplimiento de los lapsos, plazos y términos legales y, en caso de inobservancia por parte de los jueces o juezas, hacer la correspondiente denuncia ante los organismos competentes...

.

Después, el 21-11-2007 vuelven los Fiscales G.G.V. y M.E.M.G. a presentar otro escrito ante La Sala, exponiendo:

… Es el caso, ciudadanos Magistrados, que en fecha 03 de Octubre de 2.007, este Despacho Fiscal libró oficio distinguido con el número FMP-51NN-0643-07, dirigido al General Bgda (EJ) H.R.S., Director General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP); mediante el cual fuere remitido boleta de notificación a nombre del ciudadano R.J.S. FERNÁNDEZ… quien se encuentra recluído (sic)en el mencionado organismo policial bajo medida de privación judicial preventiva de libertad que le fuere decretada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas el día 21-10-06, cuya ratificación fue acordada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia número 503 del 09-08-07 con ponencia de la Magistrado Deyanira Nieves Bastidas; todo ello con la finalidad que el mismo designara de inmediato, un profesional del derecho que le asistiera durante la realización del acto de imputación formal de los hechos por los cuales el Ministerio Público le sigue investigación, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 125 numerales 1 y 5, 130 y 131 todos del Código Orgánico Procesal Penal; notificación ésta que fue debidamente tramitada el día 09-10-07 por funcionarios adscritos al órgano auxiliar en comento, tal como así consta en acta policial levantada a al (sic) efecto, cuya copia fotostática se anexa.

Así mismo, y por cuanto no hubo respuesta alguna por parte del ciudadano R.J.S.F. en cuanto a la designación del abogado defensor, se acordó la ratificación del aludido requerimiento mediante oficio número FMP-51NN-0767-07, dirigido igualmente al Director General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), el cual fue remitido el día 2 de noviembre de 2.007 el resultado de la (sic) esta diligencia fue enviado a este despacho fiscal mediante oficio número… 19-11-07; haciendo constar la negativa de dicho ciudadano de recibir o firmar la boleta de notificación por presentar error en la data de su emisión.

Finalmente y habida cuenta la indebida dilación en cuanto al cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal como requisito indispensable para la consecución de las finalidades propuestas mediante el acto de imputación formal previstos por el Ministerio Público; es por que (sic) en fecha 19 de noviembre de 2.007, esta Representación Fiscal, como parte de buena fé (sic) se constituyó en la sede de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención… no obstante lo anterior, fueron evidenciadas in situ, una serie de circunstancias irregulares que nos permiten inferir en modo categórico una ostensible violación al principio contenido en el artículo 122 del Código Orgánico Procesal Penal… Por tal motivo, se levantó el acta respectiva, dentro de la cual (sic) se hacen constar todos los pormenores observados durante la referida visita…

(folios 166 y 167 del presente expediente).

En el acta mencionada, se asentó: “… Una vez dentro de las instalaciones… se requirió entrevista con el Jefe de la Coordinación de Investigaciones… siendo referida ante el Sub-Comisario Henry Díaz… a quien se le informó debidamente el motivo de la visita… no obstante lo anterior el funcionario… manifestó no encontrarse dispuesto a brindar el apoyo solicitado por la vindicta pública aduciendo que “La Fiscalía como parte acusatoria no se encontraba facultada para entrevistarse con acusado alguno sin que estuviera presente su abogado defensor”…” (folio 168 del presente expediente).

Con relación a este punto quedó asentado en el acta documentadora de la audiencia constitucional celebrada el 29-11-2007:

… Le informo que el Ministerio Publico ha tratado de imputar al ciudadano pero no ha sido posible porque el imputado no ha querido firmar ni recibir notificación alguna, para realizar el acto… ¿Diga Ud., que es lo ha sucedido en la DISIP en cuanto a las notificaciones para efectuar el acto de la imputación? Ya que el Ministerio Publico ha informado a esta Sala de las diligencias para tratar de efectuar el acto. Toma en este momento la palabra el ciudadano R.S. y responde el mismo la pregunta de la manera siguiente: Dos (2) solicitudes me han llegado a la DISIP. La primera notificación me informaba que debo nombrar abogado defensor de mi confianza, esa la firme y tengo entendido fue remitida a la Fiscalia. La segunda es de fecha 26 de abril del 2007, y como hace referencia a una fecha que no me cuadra y desconozco la fecha y la devolví sin firmar. Fue por eso. El Dr. J.C.G. procede a efectuar preguntas al Dr. O.V.. De la manera siguiente: ¿Diga Dr. Villamizar que información ha tenido en cuanto al tema de las notificaciones para efectuar el acto de la imputación del ciudadano R.J.S.? Contesto: Tengo entendido que no ha sido posible y el Ministerio Publico se traslado al sitio. Según lo dicho por el Fiscal que lleva el caso, este se traslado a la DISIP y se percato de que el abogado G.E.L. ha tenido acceso a la sede de la DISIP y no ha puesto a derecho a su representado, contribuyendo a las dilaciones del proceso…

(folios 181 al 186 del presente expediente).

Acreditada quedó la justificación que tuvo R.J.S.F. para negarse a firmar el acuse de la primera gestión intentada por Los Representantes del Ministerio Público, más en cuanto a la que fue realizada ante la DISIP, torpe fue el proceder por realizarse en circunstancias de apremio y coacción, no obstante esto, hay un hecho muy significativo: sólo intentaron imputarlo casi dos meses después de resuelto el avocamiento.

Así las cosas, se debe concluir que la postura de la agraviante no fue reflejo de una reflexión seria sobre su rol en el proceso penal seguido contra R.J.S.F., por cuanto era en ella en quien descansaba la responsabilidad de cumplir los fines del avocamiento para que el mismo no se viera frustrado por una incorrecta actuación del Ministerio Público. Debió brindar la Juez SHELLYS Y. BRAVO seguridad a la verificación de su resultado, más al esquivar la voluntad de La Sala de Casación Penal y las normas constitucionales y legales que garantizaban sus derechos fundamentales, lo hizo inocuo.

No entendió la juez de control que debía responder de la eficacia del avocamiento, porque los pronunciamientos dictados lo fueron en razón de un mecanismo excepcional para restablecer un orden que ese mismo órgano no supo respetar, por lo que incurrió en inobservancia del artículo 104 del Código Orgánico Procesal Penal, con consecuente violación del debido proceso, ya que no veló por su regularidad, el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe, sin dejar de mencionar la dilación que ha propiciado, no querida en este tipo de incidencia, al punto que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia con carácter vinculante del 5-4-2004, Expediente Nº 04-0418, con Ponencia del Magistrado JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO, ha precisado: “… La Sala apunta que, al no existir término para decidir, la paralización de las causas sobre las que se pide el avocamiento puede resultar desmedida, atentándose contra la celeridad procesal. Por ello, la Sala pasa a establecer el lapso de treinta días hábiles -contados a partir del recibo del o de los expedientes pedidos- para que la Sala de este Tribunal Supremo, que en el trámite de una solicitud de avocamiento haya acordado la remisión de los expedientes, dicte la resolución respecto a la procedencia o no de la solicitud formulada. Igualmente, para evitar las dilaciones indebidas en la resolución de las causas cuyos expedientes hayan sido solicitados para su estudio por las Salas, esta Sala Constitucional autoriza a los jueces que los conocen, remitir copia certificada de los expedientes a fin que, probado ante dichos jueces y en autos la preclusión del lapso para que las Salas decidan sin que ocurra sentencia sobre el avocamiento, procedan a sentenciar las causas paralizadas, previa citación de las partes. Y así se declara…”.

Conculcados en consecuencia en perjuicio de R.J.S.F. sus derechos fundamentales a la libertad, a la defensa, a la presunción de inocencia, a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, y a la tutela judicial efectiva, es por lo que asume este Tribunal Constitucional la veracidad de los argumentos en que fundó su pretensión, de lo que deriva el deber de dictarse una sentencia justa, restitutoria, que ponga fin a la detención que ha devenido en ilegítima contra su persona por motivo no imputable a él y que impida se le mantenga indefinidamente recluido en cárcel sin que se le haya imputado hecho punible alguno y mucho menos satisfecho los requisitos establecidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por los razonamientos antes expuesto son por los que esta Sala Accidental considera que lo procedente y ajustado a Derecho en el presente caso, es declarar con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta el 11-9-2007 por el Abg. G.E.L.M., en su carácter de Defensor de R.J.S.F., contra la Juez 11ª de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, Abg. SHELLYS BRAVO. Se hace cesar la privación de libertad del agraviado, pero en aplicación del principio de proporcionalidad, para asegurar los f.d.p., se decretan en su perjuicio las siguientes medidas: presentación periódica cada ocho (8) días continuos ante el juez de la causa, prohibición de salida de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas y por ende del país. Debe quedar claramente establecido que el contenido de la presente decisión bajo ningún concepto tendrá incidencia en la actuación del Ministerio Público relativa al acto de imputación formal contra el ciudadano R.J.S.F., así como en los consecutivos del mismo, por lo que el agraviado deberá comparecer ante la Fiscalía a los fines de satisfacer la actuación en referencia y de igual forma presentarse de inmediato a obtener su libertad con restricciones, ante la Juez 11º de Control para someterse al régimen de presentaciones que fue acordado. ASI SE DECIDE.

V

DISPOSITIVA

En virtud de los razonamientos antes expuestos, esta Sala Accidental 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA POR AUTORIDAD DE LA LEY, pasa a emitir los siguientes pronunciamientos:

Declara con lugar la pretensión formulada mediante la acción de amparo constitucional interpuesta el 11-9-2007 por el Abg. G.E.L.M., en su carácter de Defensor de R.J.S.F., contra la Juez 11ª de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, Abg. SHELLYS Y. BRAVO, relativa a que se decretara la libertad de su patrocinado.

Se hace cesar la privación de l.d.R.J.S.F., pero en aplicación del principio de proporcionalidad, para asegurar los f.d.p., se decretan en su perjuicio las siguientes medidas: presentación periódica cada ocho (8) días continuos ante el juez de la causa, prohibición de salida de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas y por ende del país.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente principal a la Juez 11ª de Primera Instancia en funciones de Control.

EL JUEZ PRESIDENTE,

R.D.G.R.

EL JUEZ (PONENTE),

J.C.G.G.

EL JUEZ (Voto Concurrente),

J.O.I.

LA SECRETARIA,

ABG. EDDMYSALHA G.C.

En esta misma fecha se publicó la anterior decisión siendo las dos y cincuenta y cinco (2:55) de la tarde.

LA SECRETARIA,

ABG. EDDMYSALHA G.C.

RDGR/JCGG/JOI/EGC/crd

Causa N° 2821-07

VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ JESÚS OLLARVES IRAZABAL

El Juez JESÚS OLLARVES IRAZABAL considera necesario expresar su voto concurrente, en relación con la decisión que antecede, teniendo en cuenta la particular gravedad de los hechos acreditados en este caso, específicamente, en lo relativo a la naturaleza de la acción de amparo constitucional por violación de los derechos y garantías constitucionales del ciudadano R.J.S.F., cuyo fundamento principal es la falta de imputación formal de dicho ciudadano, derivado de actos y omisiones emanados del Juez Décimo Primero en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

En tal sentido, me veo en la obligación de dejar constancia de mis reflexiones sobre lo analizado en la acción de amparo constitucional, como fundamento de mi punto de vista al respecto.

El presente asunto trata de una acción de amparo constitucional derivado de la falta de Control y omisiones por parte de la Jueza Décimo Primero en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de modo específico, se hace referencia a la violación de los derecho a la tutela judicial efectiva, l.p., debido proceso, a la defensa, y a obtener oportuna y adecuada respuesta consagrados en los artículos 26, 44, 49, y 51de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

1. La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en fecha nueve (9) de agosto del año 2007 señaló textualmente en el presente asunto:

   … los representantes del Ministerio Público infringieron los principios referidos a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho de la defensa del ciudadano R.J.S.F., al no realizar el acto de imputación formal en la fase de investigación establecido en el artículo 130 del Código Orgánico Procesal Penal, tal como lo ha reiterado esta Sala en las decisiones: N° 348 del 25 de julio de 2006, N° 106 del 27 de marzo de 2007 y N° 335 del 21 de julio de 2007, entre otras. Es por ello, que se exhorta a los representantes del Ministerio Público a cumplir con las disposiciones constitucionales y legales para así evitar violaciones como las verificadas en esta causa, y que con reiteración se repiten.

   Tal declaratoria, a juicio de la Sala Penal, acarrea la nulidad de las actuaciones y de acuerdo con lo establecido en los artículos 190, 191 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal, se ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCESO AL ESTADO QUE LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, REALICEN EL ACTO DE IMPUTACIÓN FORMAL con el debido cumplimiento de los derechos y garantías previstos en los artículos 125, 130 y 131 del Código Orgánico Procesal Penal. Así mismo, ORDENA MANTENER LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE L.D. al ciudadano R.J.S.F., por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 21 de octubre de 2006, en virtud de la gravedad de los hechos que motivaron esta investigación.

2. De modo general, debe recordarse que en el constitucionalismo patrio y en el marco del actual sistema procesal penal venezolano, es de obligatorio cumplimiento por parte de los jueces de control la depuración del procedimiento. Esto implica el ejercicio del control por parte del juez sobre la actividad desplegada por el representante del Ministerio Público, es decir la realización de un análisis de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la actividad fiscal como titular de la acción penal, fungiendo la actividad del juez de control “controlador de la investigación” como un filtro, a los fines de evitar la interposición de acciones penales infundadas y arbitrarias.

   Tal actividad controladora a ser ejercida por parte del Juez de Control no es potestativa, por el contrario es una obligación constitucional y es obvio que el incumplimiento de dicha función controladora debe entenderse como injuria constitucional. Como corolario de tal afirmación basta con analizar el contenido vinculante de la Sentencia Nº 1303 del 20 de junio de 2005, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ocasión del caso Andrés Eloy Dielingen Lozada, que señala textualmente sobre el control de la actividad fiscal, lo siguiente:

   (…) Es el caso que el mencionado control comprende un aspecto formal y otro material o sustancial, es decir, existe un control formal y un control material de la acusación. En el primero, el Juez verifica que se hayan cumplido los requisitos formales para la admisibilidad de la acusación –los cuales tienden a lograr que la decisión judicial a dictar sea precisa–, a saber, identificación del o de los imputados, así como también que se haya delimitado y calificado el hecho punible imputado.

   El segundo, implica el examen de los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta el Ministerio Público para presentar la acusación, en otras palabras, si dicho pedimento fiscal tiene basamentos serios que permitan vislumbrar un pronóstico de condena respecto del imputado, es decir, una alta probabilidad de que en la fase de juicio se dicte una sentencia condenatoria; y en el caso de no evidenciarse este pronóstico de condena, el Juez de Control no deberá dictar el auto de apertura a juicio, evitando de este modo lo que en doctrina se denomina la “pena del banquillo(…)”.

3. En el desarrollo de la audiencia constitucional celebrada en la Sala de audiencias de la Sala Tres Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área metropolitana de Caracas, en fecha 28-11-07 después de ser escuchadas las partes, quien aquí concurre a los fines de verificar la justiciabilidad de los Derechos y garantías Constitucionales del ciudadano R.J.S.F., el cumplimiento del contenido de la sentencia emanada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en fecha nueve (9) de agosto del año 2007; y la actuación de buena f.d.M.P., se le preguntó al representante de la vindicta pública lo siguiente: ¿Diga usted qué actuación ha efectuado la fiscalía que usted regenta en el proceso del ciudadano R.J.S.?. Respondiendo dicho funcionario Fiscal que: “ninguna diligencia sólo fui comisionado para celebrar la presente audiencia”.

   Frente a tal circunstancia, debo señalar que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece lo siguiente:

   El Ministerio Público es único e indivisible y ejercerá sus funciones a través de los órganos establecidos por la ley. Los fiscales señalados en esta ley lo representan íntegramente.

   Así pues, conforme al contenido de la anterior disposición normativa el Ministerio Público es único e indivisible. Dicho ente está representado por el Fiscal General de la República y todos los Fiscales del Ministerio Público, lo hacen bajo la autoridad y representación de dicho alto funcionario, como corolario de esta disposición debe observarse las previsiones contenidas en la sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 2598, del 11 de diciembre de 2001, caso: J.F.M.F.).

   Señala dicha decisión textualmente lo siguiente:

   “El artículo 284 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:

   El Ministerio Público estará bajo la dirección y responsabilidad del Fiscal o Fiscala General de la República, quien ejercerá sus atribuciones directamente con el auxilio de los funcionarios o funcionarios que determine la ley....omissis...

   Por su parte, la Ley Orgánica del Ministerio Público prevé lo siguiente:

   Artículo 1:

   El Ministerio Público velará por la exacta observancia de la Constitución y de las leyes, y estará a cargo y bajo la dirección del Fiscal General de la República, quien ejercerá sus atribuciones directamente o por órgano de los demás funcionarios auxiliares que se determinan en esta Ley.

   La autoridad del Fiscal General de la República se extiende a todos los funcionarios del Ministerio Público, sea cual fuere la jurisdicción a que pertenezcan. ...omissis.

   Artículo 3:

   El Ministerio Público es único e indivisible y ejercerá sus funciones a través de los órganos establecidos por la ley. Los fiscales señalados en esta ley lo representan íntegramente.

   Artículo 5:

   El Fiscal General de la República, mediante circular de carácter general, podrá establecer criterios para informar el ejercicio de la acción penal o de la renuncia al enjuiciamiento.

   Artículo 6:

   En el ejercicio de sus funciones los fiscales del Ministerio Público no podrán ser obligados por el Fiscal Superior a requerir o dictaminar en contra de su interpretación respecto de un asunto concreto, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. En tal caso, el Fiscal Superior deberá solicitar opinión al Fiscal General de la República, cuya decisión será vinculante. En supuestos de urgencia, el Fiscal Superior solicitará a otro fiscal que se encargue del asunto, o lo hará personalmente, sin perjuicio de consultar posteriormente su decisión.

   Artículo 13:

   El Ministerio Público estará integrado por el Fiscal General de la República, los fiscales del Ministerio Público y los demás que señale la Ley.

   Los fiscales, conforme lo señalare el Fiscal General de la República, podrán ejercer las funciones de fiscales de proceso, de ejecución de la sentencia, de los derechos y garantías constitucionales, de procuradores de menores, de familia, de las jurisdicciones especiales y de auxiliares.

   Artículo 16:

   El Fiscal General de la República es el máximo representante del Ministerio Público.

   De las anteriores disposiciones normativas, se constata que el Ministerio Público es único e indivisible, En efecto, el Ministerio Público está representado por el Fiscal General de la República y todos los Fiscales del Ministerio Público que actúen en los procesos penales, lo hacen bajo la autoridad y representación de dicho alto funcionario.

   Pero no obstante ello, estos funcionarios que auxilian al máximo representante del Ministerio Público y que actúan bajo su autoridad, igualmente tienen conferidas atribuciones legales.”

   Llama poderosamente la atención el contenido del acta de fecha 19-11-07, suscrito por la representante del Ministerio Público, y la cual riela a los folios 168 y 169 de la presente incidencia, en la cual se evidencia que el Ministerio Público no hizo todo lo materialmente posible para cumplir con su obligación de imputar formalmente al ciudadano R.J.S.F., alegando como obstáculo para lograr dicha imputación que el referido ciudadano no tenia abogado defensor. En efecto, en dicha acta alegó textualmente que: “me fue permitido el acceso hasta el área de los calabozos a fin de sostener entrevista con el ciudadano investigado, el cual se negó rotundamente a la entrevista por cuanto su abogado defensor apenas se había retirado”. Tal alegación, en nuestra humilde opinión resulta laxa, pues es inconcebible que el Ministerio Público como titular de la acción penal, y en consecuencia detentador de los recursos, medios, órganos, y formas que posee como órgano concentrador del ius puniendi del Estado, no pueda o le sea muy difícil o complejo imputar formalmente a un ciudadano que se encuentre “detenido”.

   De acuerdo a la identificación de la actuación descrita ut-supra, se evidencia una falta de impulso por parte de la vindicta pública, lo cual no sólo puede propender a la impunidad, sino también a contribuir a que se generen violaciones constitucionales que pueden comprometer la responsabilidad del Estado, lo cual a toda costa se debe evitar. Tampoco puedo dejar de referirme a la deficiente contestación en la acción de amparo constitucional la cual es carente de argumentación jurídica. Tal inacción va en contra del principio básico de justicia expresado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que no respeta el principio de presunción inocencia, que se traduce a su vez en el derecho de toda persona a se juzgado previa y oportunamente.

   De manera que la función del Fiscal del Ministerio Público, actuante no debe sujetarse únicamente a “celebrar una audiencia constitucional” sino a actuar con estricta sujeción a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados internacionales y las leyes, y en el caso de marras a cumplir con el contenido de la decisión emanada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en fecha nueve (9) de agosto del año 2007 en la que se señaló textualmente que se exhortó “a los representantes del Ministerio Público a cumplir con las disposiciones constitucionales y legales para así evitar violaciones como las verificadas en esta causa, y que con reiteración se repiten…”

   Con justa razón G.L. al tratar el tema de del principio de jerárquico de unidad e indivisibilidad (impersonalidad) del Ministerio Público ha señalado que: “Naturalmente, las actividades ejercitadas por el oficio del ministerio público, aun por medio de varios funcionarios, deben reconducirse a la unitaria expresión del oficio. El principio de unidad e indivisibilidad del ministerio público, nacido en Francia, que podría incluso definirse como impersonalidad del ministerio público, sólo tiene valor en este sentido, a saber, dentro del ámbito del oficio. Sirve para significar que `todos los magistrados que forman parte del mismo oficio del ministerio público, tienen todos y cada uno de ellos, su unidad personificada por el jefe del oficio, igual competencia para tratar el asunto penal encomendado a cada uno por el jefe del oficio´

   y que, por consiguiente, en la `acción individual se da siempre la acción impersonal del oficio´”. (Cfr. LEONE, Giovanni. Tratado de Derecho Procesal Penal. Ediciones Jurídicas Europa- América. Buenos Aires. 1963. Pág.426.)

   Así mismo, no debemos ignorar que el Ministeriop Público debe actuar de buena fe, como lo ha señalado la Sala de Casación Penal, en Sentencia Nº 962 de fecha 12/07/2000 al señalar textualmente que:

   Al crearse la institución del Ministerio Público como órgano de buena fe, lo que se quiere es la existencia de dos órganos de control en relación a la legalidad de la prueba y a la realización del debido proceso. El fiscal que busca de cualquier manera una sentencia condenatoria no es el fiscal que se describe en el Código Orgánico Procesal Penal, pues está en la obligación, al igual que el juez, de hacer que se respeten las garantías procesales, evitando de esta manera cualquier acción que las violenten. (Subrayado nuestro).

4. El tema que subyace en el presente caso es el hecho ineluctable que la Jueza Décimo Primero en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, no controló, ni garantizó los derechos del ciudadano R.J.S.F., derivado de la falta de imputación formal por parte del representante del Ministerio Público, con el debido cumplimiento de los derechos y garantías previstos en los artículos 125, 130 y 131 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 26, 44, 49 y 51 de la Carta Magna.

   Es de Perogrullo reafirmar que la imputación formal por parte del representante del Ministerio Público es troncal en la justiciabilidad de los derechos de una persona sometida a un proceso penal, así como la forma en que deben pronunciarse los jueces de la República. Es decir, debiendo observar rigurosamente el contenido material de los artículos 26 y 51 de la Constitución de la Republica que establecen que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de justicia para hacer valer sus derechos e intereses y obtener de ello oportuna y adecuada respuesta. Asimismo, el artículo 177 del Código Orgánico Procesal Penal establece los plazos que tiene el Juez para decidir respecto de las peticiones que sean hechas por las partes.

   Debe recordarse que al margen de la consagración constitucional de estos derechos, existen diversos tratados e instrumentos internacionales de alcance universal o regional americano, ratificados por la República que consagran expresamente el derecho a libertad y las garantías indispensables para asegurar el goce y disfrute de la misma, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos leyes de la República Bolivariana de Venezuela, el primero ratificado por el Estado venezolano el 10 de mayo de 1978 y el segundo el 23 de junio de 1977.

   En efecto, el artículo 9.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, establece:

   2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella

   .

   El artículo 14.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, establece:

   14.3.a Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

   a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;

   El Artículo 8.2.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que:

   2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

   b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

   De lo anterior se deduce que el requisito de imputar formalmente a una persona de un hecho delictivo, no es una concesión del Estado a los particulares que se les endilga la comisión de un hecho punible. Por el contrario es un verdadero derecho y como salvaguardia tiene dos objetivos fundamentales: por un lado, facilitar que se le permita impugnar la legalidad de la detención (objetivo principal de la salvaguardia establecida en el artículo 9.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.2.b de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por otra parte, permitirle a esa persona acusada de una infracción penal y en espera de juicio, esté o no bajo custodia, comenzar a preparar su defensa (objetivo principal de las salvaguardias del artículo 14.3.a del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

   Cabe señalarse al respecto que el Comité de Derechos Humanos al considerar el alcance y contenido material del artículo 14.3.a del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha explicado que la información debe notificarse tan pronto como una autoridad competente formule la acusación. En opinión de dicho órgano de supervisión y control, este derecho debe surgir cuando, en el curso de una investigación, un tribunal o una autoridad del ministerio público decida adoptar medidas procesales contra una persona sospechosa de haber cometido un delito o la designe públicamente como tal.

   En este mismo sentido ha señalado la Sala de Casación Penal en Sentencia Nº 1449 fecha 08/11/2000 que:

   La imputación de hechos es una figura que se distingue de la formulación de cargos porque en aquélla el fiscal del Ministerio Público le atribuye al imputado la comisión de un hecho determinado e indica las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ese hecho ocurrió; mientras que la formulación de cargos es la adecuación de ese hecho al tipo descrito en la ley como punible.

   El contenido de la Carta Fundamental y los compromisos internacionales asumidos por Venezuela en materia de derechos humanos obligan a los órganos del Estado, incluido este Tribunal colegiado, a adoptar todas las medidas indispensables para garantizar el derecho a la libertad, el debido proceso y a la tutela judicial efectiva, e impedir que cristalicen violaciones constitucionales y la inobservancia de estándares universalmente aceptados en materia de derechos humanos, como los verificados en el presente asunto.

   Los hechos acreditados en este caso no pueden entenderse bajo la perspectiva simplista de que el Juez Décimo Primero en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, no pudo, ignoró, o se le pasó por alto constatar y verificar el ineludible cumplimiento por parte del Ministerio Público de los principios, derechos y garantías procesales, establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal y demás leyes, durante el desarrollo de la investigación; es decir, indudablemente este funcionario judicial debió comprobar, “por lo menos”, el cumplimiento por parte del Ministerio Público del “acto de imputación formal o instructiva de cargos, así como la adecuada y debida respuesta al planteamiento de la defensa” tal como lo señaló la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en su dictum de fecha nueve (9) de agosto del año 2007, parcialmente citada ut-supra.

   En razón de lo antes señalado cabe preguntarse: ¿es adecuado, legal, razonable, justo o práctico que en el presente asunto subsistan por parte del poder público vicios trascendentes como la violación al debido proceso, derivado de la falta de información de manera clara y precisa de los hechos atribuidos, con todas las circunstancias de modo, tiempo, y lugar?. Evidentemente al analizar la naturaleza de dichos violaciones y sus efectos nos percatamos que tales desaguisados no soportan el menos análisis jurídico ni racional.

   V.-Dada la naturaleza del presente asunto, y una vez analizado el contenido de los derechos y garantías constitucionales violados, si bien es cierto que comparto la argumentación relativa a la declaratoria de libertad bajo presentación y la prohibición de la salida del país, no es menos cierto que al estar en presencia de una total y carente actividad de imputación la cual no fue controlada por el Juez Décimo Primero en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, considero que lo apropiado era la declaratoria de libertad sin restricciones, del ciudadano R.J.S.F., ya que al estar debidamente acreditada la nulidad de un acto, éste conlleva a los actos consecutivos que del mismo emanaren o dependieren, tal como lo señala el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal. No debemos ignorar que al estar en presencia de la omisión de la imputación en el presente caso, y al mediar una declaratoria de nulidad absoluta en lo que respecta a la intervención del imputado durante el proceso, tal como lo señaló la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en decisión de fecha nueve (9) de agosto del año 2007, cuyo contenido fue desconocido tanto por el Juez Décimo Primero en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y por la representación fiscal.

   La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en lña antes aludida decisión señaló textualmente que:

   Tal declaratoria, a juicio de la Sala Penal, acarrea la nulidad de las actuaciones y de acuerdo con lo establecido en los artículos 190, 191 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal, se ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCESO AL ESTADO QUE LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, REALICEN EL ACTO DE IMPUTACIÓN FORMAL con el debido cumplimiento de los derechos y garantías previstos en los artículos 125, 130 y 131 del Código Orgánico Procesal Penal.

   Es por ello que estimo que en el caso de marras al tratarse de un acto substancial y esencial como es la -imputación formal de una persona- es obvio que los efectos de la nulidad se hacen sentir a través de las restantes actuaciones. Esto implica que si ese acto esencial está afectado de invalidez, sin lugar a dudas, los actos cumplidos posteriormente deben sufrir la misma suerte, circunstancia que debió ser garantizada por el Juez Décimo Primero en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a través de una decisión adoptada en Derecho.

   Está anómica actividad desplegada por la referida Jueza viola el Derecho a la tutela judicial efectiva, que impone la obligación a los órganos encargados de la administración de justicia, cumplir con los requisitos establecidos en la Carta Magna, y en el Código Orgánico Procesal Penal a través de un pronunciamiento judicial que implique la elaboración de una decisión, cuyo contenido cumpla con todos los requisitos de forma y de fondo, es decir, esta funcionaria judicial tenía la obligación de emitir una decisión conforme a derecho, que determinara el contenido y la extensión del derecho deducido, circunstancia esta que no consta en los recaudos que conforman la presente incidencia por lo que debe deducirse que no ocurrió en el caso de marras, ya que la jueza agraviante ni compareció a la audiencia constitucional, y tampoco informó dicha circunstancia.

   En este sentido, la Sala Constitucional de nuestro más alto tribunal ha señalado en sentencia Nro. 708 del 10/05/2001 que:

   "El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura.".

   La inobservancia de estas previsiones indudablemente indica que existe una restricción ilegitima de la libertad, una falta de control en la investigación y la falta de justiciabilidad de el derecho de toda persona a ser oída en cualquier clase de proceso (artículo 49 numeral 3 del Texto Fundamental), y presunción de inocencia (artículo 49 numeral 2 de la Carta Magna y 8 del Código Orgánico Procesal Penal), todos estas garantías consideradas como componentes del debido proceso previsto en el artículo 49, así como el derecho a recibir oportuna y adecuada respuesta previsto en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

   Es por ello que debe considerarse que al estar en presencia de graves omisiones en perjuicio del contenido esencial de los derechos y las garantías constitucionales del ciudadano R.J.S.F., es lógico que si no hay proceso por haberse anulado hasta que el representante del Ministerio Público presente o formule una nueva imputación fiscal, se le restrinja el derecho a la libertad, a una persona que no ha sido imputada, más allá de lo que prescribe la Carta Fundamental, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y el derecho adjetivo.

   Por lo que comparto la parte motiva y dispositiva de la presente decisión, sin embargo reitero las consideraciones que anteceden en cuanto a las obligaciones que subsisten a cargo del Estado, específicamente del Ministerio Público y los jueces controladores de la investigación, ya que constituyen omisiones gravísimas que atentan contra derechos fundamentales de las personas sometidas a un proceso penal, la falta de investigación penal, la falta de información al imputado de los hechos que se investigan, en los términos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de los Tratados Internacionales y demás instrumentos de Derechos Humanos suscritos y ratificados por la República.

   En mi modesta opinión es absolutamente deleznable los vicios observados en la presente causa, a saber: la flagrante violación y falta de control sobre el derecho al debido proceso, a ser informado de manera clara y precisa de los hechos atribuidos, con todas las circunstancias de modo, tiempo, y lugar.

   No se debe ignorar que el derecho a ser imputado formalmente surge cuando, en el curso de una investigación, un tribunal o una autoridad del ministerio público decida adoptar medidas procesales contra una persona sospechosa de haber cometido un delito o la designe públicamente, y como tal implica lo siguiente: a) la información inmediata de los motivos de la detención y de los derechos del imputado. b) la información sin demora de los cargos que se le imputan. Esta información es fundamental para que pueda impugnar la legalidad de su detención y, si está acusado de algún cargo, comenzar a preparar su defensa.

   En conclusión, los jueces de Control y el Ministerio Público deben considerar que el tema de la imputación formal y la garantía de los derechos de los imputados es imprescindible, pues forma parte de los fundamentos del Derecho Penal y su contextualización en el marco de los principios ideológicos sobre los que se funda esta disciplina en una sociedad. El Derecho Penal Venezolano está circunscrito por los principios democráticos y republicanos de gobierno, basados, a su vez, en los clásicos preceptos de libertad e igualdad que impregnan los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos que, por disposición expresa del mismo constituyente, integran el Derecho de la Constitución. Es por ello que debe evitarse en el contexto de un proceso, detenciones arbitrarias como la verificada en el presente asunto, en la que se constató una privación de la libertad a una persona, sin imputación formal y de forma indefinida [un (1) año y dos (2) meses sin imputación], pues como lo señaló el representante del Ministerio Público , no se ha hecho nada por garantizar los derechos del referido ciudadano R.J.S.F., y que su presencia en la audiencia constitucional era sólo para presenciar dicho acto ( véase acta de la audiencia constitucional).

   No debo dejar de resaltar que resulta igualmente cuestionable las intromisiones y presiones indebidas que todo juzgador debe hacer cesar con razonamientos jurídicos, y rechazar enérgicamente, independientemente de su origen y fundamento, reivindicando de esta manera las sabias palabras del Maestro P.C. al afirmar que: “Las intrigas de pasillo, las intromisiones, las recomendaciones, producen en algunos jueces el resultado diametralmente opuesto al que espera el que a ellas recurre, quien de ese modo, por haberse hecho recomendar incautamente, se ve atrapado en las redes de su propia malicia…” (Cfr, CALAMANDREI, Piero. Elogio de los Jueces escrito por un abogado. Ediciones Jurídicas Europa- América. Buenos Aires. 2003. Pág.300.).

   Dejo así expresadas las razones de mi voto concurrente.

   Fecha Ut Supra

   EL JUEZ PRESIDENTE

   DR. R.D.G.R.

   EL JUEZ (CONCURRENTE)

   DR. J.O.I.

   EL JUEZ (PONENTE)

   DR. J.C.G.G.

   La Secretaria.

   Abg. Eddmysalha G.C.

   Causa Nº 2821-07

   JOI/nmrk