La lucha antinarco muestra a un gobierno atado de manos

Acapulco despertó el 8 de enero con una estampa sangrienta. De ser el balneario predilecto en las décadas de los setenta y ochenta, en este primer fin de semana de 2011 mostró los rastros de la cruda violencia que azota a México desde hace cuatro años: 15 hombres de entre 25 y 30 años de edad aparecieron decapitados cerca de un centro comercial, según el informe policial. Junto a ellos reposaban mensajes firmados por el cartel de Sinaloa en los que lanzaban advertencias a s grupos rivales que compiten por el control del mercado de estupefacientes en la región. La matanza de los 15, consi derada una de las mayores, se suma a las estadísticas oficiales que calculan en más de 34.000 los muertos --de estos, 15.000 en 2010-a consecuencia de la lucha frontal contra el narcotráfico, que el presidente Felipe Calderón anunció el 11 de diciembre de 2006 con el despliegue de 5.000 soldados y policías federales en el estado de Michoacán, al oeste del país. El Gobierno ha mostrado la cara exitosa de su política. Asegura que 125 capos han sido capturados o asesinados, entre ellos Arturo Beltrán cartel de los Beltrán-Leyva; Ignacio Coronel cartel de Sinaloa o Édgar Valdez Villarreal, La Barbie Beltrán-Leyva. También se han incautado de 93.000 armas de fuego, casi 11 millardos de dólares en droga decomisada y 435 millones en dinero confiscado. Por primera vez en la histo ria se han realizado capturas sistemáticas de miembros de todas las organizaciones criminales, defendió Calderón en diciembre. Pero las cifras no incluyen el alto costo que la ciudadanía ha pagado por la inseguridad. No sólo las ciudades que colindan con la línea fronteriza estadounidense viven bajo el toque de queda que impone el miedo: la violencia se ha desplazado por casi toda la unión mexicana como una epidemia que luce imparable. El Gobierno piensa que el conflicto acabará sólo con el uso de la fuerza. Para un presupuesto tan grande en defensa, los resultados han sido exiguos. El problema de México es que no hay una labor de preven ción social, que implique atender la pobreza, el desempleo, sistemas de salud, servicios públicos y esparcimiento. Son cinco factores que el Gobierno federal no está atacando, teniendo en cuenta que 60 de los 112 millones de mexicanos se encuentran en el umbral de la pobreza. El Estado garantiza la igualdad de oportunidades, señala Martín Barrón, del Instituto Nacional de Ciencias Penales de México. El Índice de Estados Fracasa dos 2010 de la revista...

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