Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescente de Barinas, de 14 de Junio de 2013

Se declara SIN LUGAR la oposición formulada por el abogado en ejercicio J.E.R.A., en su carácter de co-apoderado judicial de la empresa mercantil Concentrados Zamora, C.A., contra la medida preventiva de secuestro decretada en fecha 09 de agosto de 2011, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial, y practicada en fecha 11/08/2011, por el Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas de esta Circunscripción Judicial.

Como consecuencia de la anterior, SE CONFIRMA la medida de secuestro decretada en el presente juicio, en fecha 09 de agosto de 2011, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial, y practicada el 11 de aquél mes y año, por el Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas de esta Circunscripción Judicial.

Se condena a la co-demandada sociedad de comercio Concentrados Zamora, C.A., al pago de las costas de la esta incidencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

No se ordena notificar a las partes y/o a sus apoderados judiciales de esta decisión, por dictarse dentro del lapso señalado en el artículo 603 eiusdem.

Publíquese y Regístrese.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. En Barinas, a los veintiséis (26) días del mes de febrero del año dos mil trece (2013). Años 202º de la Independencia y 154º de la Federación…”

DE LOS MEDIOS PROBATORIOS:

DE LA PARTE ACTORA:

 Ratificó y reprodujo los escritos presentados en fecha 29 de septiembre de 2011 y 05 de octubre de 2011.

De la revisión de los predichos escritos, se observa que los mismos fueron presentados por la misma parte actora, evidenciándose que ambos documentos contienen los alegatos y argumentos esgrimidos por uno de sus coapoderados judiciales: Abg. N.A.L.S., relacionados con la relación contractual existente, su duración y actividades legales ejercidas en torno a dicho contrato, en virtud de ello, debe dejarse establecido que tales escritos no constituyen en sí mismos medios de pruebas que puedan ser valorados como tal, ya que tales alegatos deben ser demostrados en la causa principal.

 Ratificó y reprodujo los anexos consignados con los escritos antes indicados:

1. Copia simple de comunicación dirigida al Sr. C.A., Alimentos Zamora, por la ciudadana: R.G.d.R.; mediante el cual manifestó su voluntad como propietaria del inmueble de ofrecerlo en venta, por ser el arrendatario acreedor de la preferencia ofertiva.

2. Copia simple de acta constitutiva de la sociedad Mercantil Alimentos Zamora, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, en fecha 28/01/2004, bajo el N° 06, Tomo 1-A de los libros respectivos.

Se constata que los documentos antes promovidos, se refieren o se encuentran intimante vinculados con los hechos alegados y controvertidos en el juicio principal, por lo que a los fines de evitar emitir pronunciamiento extemporáneo sobre el mérito en la presente causa, este Tribunal se abstiene de examinarlas y valorarlas.

 Original de factura por Servicio de Electricidad, Nº SERIE06C1000000005651874 expedida por la empresa CORPOELEC, de fecha 07/07/2012, a nombre de Concentrados Zamora, C.A., NIC 2774972 por el monto que allí se indica.

Se observa que el documento antes promovido versa sobre la prestación del servicio público de electricidad prestado por la Corpoelec a Concentrados Zamora, C.A., documental al cual se le otorga valor probatorio de “tarja”, de conformidad con el artículo 1.383 del Código Civil, para dar por demostrado los hechos que contiene.

 Consignó consulta obtenida a través de la página web del Tribunal Supremo de Justicia, (http://www.tsj.gov.ve), Región Barinas, Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas, de fecha 20 de septiembre de 2004, con motivo del amparo constitucional interpuesto por la ciudadana: M.G. contra Concentrados Zamora, Compañía Anónima, en la siguiente dirección electrónica: http://barinas.tsj.gov.ve/decisiones/2004/septiembre/826-20-com.N%C2%B01318-04-ht

 Consignó consulta obtenida a través de la página web del Tribunal Supremo de Justicia, (http://www.tsj.gov.ve), Región Barinas, Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, de fecha 31 de marzo de 2004, con motivo del amparo constitucional interpuesto por la ciudadana M.G. contra Concentrados Zamora, en la siguiente dirección electrónica: http://barinas.tsj.gov.ve/decisiones/2004/marzo/800-31-4765-04-162.html.

 Consignó consulta obtenida a través de la página web del Tribunal Supremo de Justicia, (http://www.tsj.gov.ve), Región Barinas, Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas, de fecha 18 de enero de 2005, con motivo del amparo constitucional interpuesto por F.J.C. contra Concentrados Zamora, en la siguiente dirección electrónica: http://barinas.tsj.gov.ve/decisiones/2005/enero/826-18-com.N%C2%B01374-04-html

A los documentos antes descritos, se les otorga valor informativo por haber sido obtenidos a través del portal web del Tribunal Supremo de Justicia, evidenciándose que en tales actuaciones se encuentra involucrada la sociedad mercantil Concentrados Zamora, C.A., en los términos que ahí han quedado patentizados.

DE LA PARTE OPOSITORA:

 Ratificó la oposición de la ejecución de la medida de secuestro que fuera objeto su representada.

Se observa que la oposición efectuada en este juicio, y aquí promovida no es en modo alguno un medio probatorio susceptible de valoración, en virtud que los argumentos invocados en la misma, deben en todo caso ser demostrados en la presente incidencia, todo de conformidad con la ley.

 Ratificó la impugnación de las documentales presentadas por los representantes de la demandante, afirmando ser inocuas y nada aportar a la controversia.

En cuanto a esta promoción, es importante resaltar que la “impugnación” que invoca la opositora es en todo caso una actividad procesal que lleva implícita una defensa por una de las partes involucradas en el litigio, en este caso, es una defensa esgrimida por la sociedad mercantil Concentrados Zamora, C.A., pero en modo alguno es un medio de prueba, en virtud de lo cual se desecha.

 Invocó el principio de la comunidad de la prueba que sea favorable a sus peticiones y que se puedan desprender de los documentos y otros indicios probatorios del presente expediente y que favorezcan a su representada.

La comunidad de la prueba, es un principio que rige en nuestro sistema procesal en relación a los medios probatorios, por lo que puede afirmarse que no constituye un medio de prueba y que en todo caso no requiere ser alegado por las partes en atención a que es una obligación para el juez o jueza que conozca un proceso analizar y valorar todos los medios probatorios que hayan sido promovidos y evacuados por las partes.

En relación a la promoción del mérito favorable o lo que favorezca a su representada, se observa que al haber sido promovida en forma genérica, sin señalar a qué actas se refiere y qué pretende demostrar con ellas, resulta total y absolutamente improcedente tal promoción.

Por otro lado, cabe acotar que las juezas y jueces de la República estamos obligados a revisar, analizar todas las actas que conforman el expediente, y también estamos obligados a analizar y valorar todos los medios probatorios que hayan sido promovidos y evacuados en el juicio y/o en la incidencia que se haya presentado.

• Copia simple de contrato de arrendamiento suscrito en fecha 01 de septiembre de 1990, por sus representados y el ciudadano D.R..

En cuanto a esta promoción, cabe acotar que el abogado promovente omitió indicar el folio en el cual cursa tal instrumento en este cuaderno, debiendo resaltarse que el indicado documento no fue aportado y/o consignado con el escrito de pruebas, y motivado a la inexistencia del mismo en el presente expediente hace imposible su análisis o valoración.

PREVIO:

DE LA OPOSICIÓN ANTICIPADA

Preliminarmente debe este Tribunal pronunciarse acerca del escrito presentado en fecha 20 de septiembre de 2011, por el Abg. J.E.R.A., actuando en su condición de co-apoderado judicial de la sociedad mercantil Concentrados Zamora, C.A., en el que de manera extemporánea por anticipada se opuso a la medida de secuestro sobre el inmueble objeto de la controversia, decretada en fecha 9 de agosto de 2011, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas y practicada por el Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas de esta Circunscripción Judicial en fecha 11 de agosto del año 2011.

Respecto a las actuaciones procesales anticipadas producidas dentro de un juicio, nuestro más Alto Juzgado ha sostenido el criterio que las mismas deben tenerse como válidas, porque en todo caso tal extemporaneidad (actividad anticipada) lo que denota es que la parte que la efectúa es diligente en su actuar.

Ha dicho el Tribunal Supremo que la contestación anticipada a la demanda, o la oposición a la intimación en los juicios monitorios debe ser tenidos como tempestivos y válidos.

El criterio antes vertido, consta en sentencia Nº 00135, de fecha 24 de febrero del año 2006, caso: R Buroz contra D.A. Sanabria, Magistrado Ponente: Dr. A.R.J.. Exp. Nº AA20-C-2005-000008, en la que sostuvo:

…Si bien es cierto que hasta la presente fecha la Sala ha sostenido que los actos procesales deben celebrarse “dentro de una coordenada temporal específica”, de conformidad con los principios de preclusión y tempestividad de los actos y, por tanto, se han reputado como extemporáneos por anticipados los recursos o medios de impugnación ejercidos antes de que se inicie el lapso para interponerlos de acuerdo con la ley, no es menos cierto que, al igual que para el recurso de apelación, el efecto preclusivo del lapso previsto en la ley bien para dar contestación a la demanda, no viene dado por la anticipación de la actuación, sino por el agotamiento del lapso propiamente dicho.

Por tanto, en relación a lo anteriormente expuesto y a la doctrina establecida por la Sala Constitucional, se debe concluir que siendo el interés el que impulsa a las partes a realizar los distintos actos del proceso para que éste se desarrolle y evolucione hasta llegar al pronunciamiento del órgano jurisdiccional que resuelve el asunto controvertido entre ellas, garantizando así el derecho a la tutela judicial efectiva, forzosamente la Sala debe abandonar el criterio sostenido en la sentencia N° RC-00317 de fecha 27 de abril de 2004, caso: O.R.d.L.R.M. contra L.M.F.d.G., Exp. N° 03-400, y en aquellas que se opongan a lo establecido en este fallo, debiendo considerarse válida la contestación de demanda presentada antes de que se inicie el lapso previsto en la ley para dicho acto procesal…

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También la misma Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 00136, proferida el 15 de marzo de 2007, caso: J. Méndez contra G.M. Hernández, dejó establecido que la contestación de la demanda realizada el mismo día en que se dé por citada el último de los co-demandados, debe tenerse como tempestiva.

El mismo criterio emana de las sentencias citadas por el Juzgado a quo de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada en fecha 20 de julio de 2007, en el expediente N° 2006-000906, y en sentencia dictada por la misma Sala en el expediente N° 2009-000072, de fecha 08 de octubre de 2009, con ponencia de la Magistrada Isbelia P.V..

En conclusión, los actos extemporáneos por anticipados como la contestación de la demanda, o la oposición deben tenerse como tempestivos y válidos, todo en consonancia con el derecho de la defensa y a la tutela judicial efectiva, en virtud de lo antes expresado, se declara tempestiva y válida la oposición a la medida de secuestro, interpuesta por el representante judicial de la sociedad de comercio Concentrados Zamora, C.A, Abg. J.E.R.A. en fecha 20 de septiembre del año 2011. Y ASÍ SE DECIDE.

PREVIO:

DE LA FALTA DE CUALIDAD.

Se observa que el representante judicial de la sociedad mercantil Concentrados Zamora, C.A., en su escrito de oposición presentado en fecha 20 de septiembre de 2011, entre otros alegatos invocó la falta de cualidad e interés de la parte actora ciudadana: M.D.S.L.S., para intentar el juicio de cumplimiento de contrato de prórroga legal, por los motivos y razones que ahí adujo; de conformidad con el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil; respecto de tal alegato debe resaltar este Tribunal que el mismo constituye una defensa de fondo que debe ser resuelta como punto previo en el fallo que se dicte en el juicio principal; por lo que en modo alguno es viable o legal hacerlo en esta oportunidad, y en virtud de ello, se omite todo pronunciamiento referido a tal defensa. Y ASÍ SE DECIDE.

Para decidir este Tribunal observa:

La incidencia bajo estudio, se encuentra referida a la oposición interpuesta por la sociedad mercantil: Concentrados Zamora, C.A., contra la medida de secuestro decretada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en fecha 9 de agosto de 2011, y practicada por el Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas de esta Circunscripción Judicial, el 11 de agosto de ese mismo año.

El artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, establece:

Dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida preventiva, si la parte contra quien obre estuviere ya citada, o dentro del tercer día siguiente a su citación, la parte contra quien obre la medida podrá oponerse a ella, exponiendo las razones o fundamentos que tuviere que alegar.

Haya habido o no oposición, se entenderá abierta una articulación de ocho días, para que los interesados promuevan y hagan evacuar las pruebas que convengan a sus derechos…

La oposición prevista en el artículo ut supra transcrito, prevé el derecho que tiene la parte contra quien obra la medida de contradecir los motivos que llevaron al juez a decretarla; y siendo la medida decretada el objeto de la oposición, el contenido de la misma (de la oposición) debe ir dirigido a desvirtuar los motivos y razones que indujeron al juez a decretarla, esto es: la presunción de buen derecho y el peligro de infructuosidad de la ejecución de la sentencia, pudiendo además invocar la existencia de otros motivos en los que se alegue el reconcomiendo de otros derechos, en este caso, del opositor.

El autor Ricardo Henríquez La Roche, al comentar el artículo 602 de la ley adjetiva, señala: “La oposición de parte que prevé el artículo 602 tiene una clara diferencia en el contenido con la oposición del tercero (546). Versará siempre sobre el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la medida, sobre la insuficiencia de la prueba, sobre la ilegalidad de la ejecución, impugnación del avalúo, pero nunca sobre la propiedad. Porque si el sujeto contra quien obra la medida dice no ser propietario de la cosa embargada (o del inmueble sobre el cual versa la prohibición de enajenar y gravar o cualquier otra medida asegurativa de derechos creditoris innominada), no tendrá cualidad ni interés procesal, y, según el artículo 16, tampoco la legitimidad para hacer oposición…” (Código de Procedimiento Civil. Tomo IV. Editorial Torino. Caracas. 1997. Pág. 535)

El Doctor P.P.L., maestro procesalista opinaba que si quien se opone a la medida es la misma parte contra quien obra, la protección de los derechos que ella hace valer a través de la “oposición” se logra con la simple suspensión o revocación de la medida decretada y cumplida, es decir, que las cosas se restituyan al statu quo anterior, por lo que puede afirmarse que esta especie de “oposición” tiene una finalidad exclusivamente procesal; distinto a lo que ocurre cuando quien formula la oposición a la medida es un “tercero”, pues en este caso su oposición tiene presupuestos y finalidades jurídicas distintas que hace valer en un juicio la parte contra quien obra la medida; el tercero hace valer la “posesión” misma sobre la cosa objeto de la medida. (Lecciones Elementales de Derecho Procesal Civil. Tomos III y IV. Universidad de los Andes. Mérida-Venezuela. 1980)

Ahora bien, si revisamos la normativa procesal que rige lo atinente a la medida de secuestro, vale decir, el ordinal 2º del artículo 588 del Código Civil y el artículo 585 eiusdem, que establece que las medidas preventivas establecidas en ese Titulo las decretará el Juez, solo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia, en el caso de marras tenemos que la medida de secuestro aquí decretada se hizo en estricta aplicación del artículo 39 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, que dispone:

la prórroga legal opera de pleno derecho y vencida la misma, el arrendador podrá exigir del arrendatario el cumplimiento de su obligación de entrega del inmueble arrendado. En este caso, el Juez a solicitud del arrendador, decretará el secuestro de la cosa arrendada y ordenará el depósito de la misma en la persona del propietario del inmueble, quedando afectada la cosa para responder al arrendatario, si hubiere lugar a ello.

Fíjense que estamos ante la aplicación de una norma especialísima en materia arrendaticia; y dicha norma establece que al vencer la prórroga legal, el arrendador tiene el derecho de exigir al arrendatario la entrega del inmueble, y el Juez previa solicitud de aquel decretará el secuestro y ordenará el depósito en manos del propietario del inmueble, lo que también devela la aplicación del principio dispositivo establecido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil.

En el caso bajo estudio, se observa de la sentencia dictada en fecha 9 de agosto de 2011, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial, que la medida de secuestro dictada en este procedimiento fue fundamentada en el artículo 39 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, y contra ella formuló oposición la sociedad mercantil Concentrados Zamora, C.A.; y atendiendo a la naturaleza de la pretensión que fue deducida en el juicio principal, la cual es cumplimiento de contrato por vencimiento de prórroga legal, es por lo que en cabal cumplimiento del contenido de la norma especial in comento, resulta forzoso declarar sin lugar la oposición interpuesta por la sociedad mercantil Concentrados Zamora, C.A, como consecuencia de ello, se confirma la medida de secuestro dictada en este procedimiento. Y ASÍ SE DECIDE.

En cuanto al argumento esgrimido ante esta Alzada, por la co-apoderada judicial de la parte opositora, en relación a que en la sentencia interlocutoria de fecha 9 de agosto de 2011; proferida por el entonces juzgado de la causa, Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en la afirma que se lee: “ de la sociedad mercantil “Alimentos Zamora, C.A., representada por los ciudadanos: C.O.A., M.d.V.C. de Acevedo…”, y que por ello existen inconsistencias en atención a que el inmueble fue dado en arrendamiento a la sociedad mercantil Concentrados Zamora, C.A. y a los ciudadanos: M.d.V.C. de Acevedo, c.O.A. y C.E.S., afirmando que no se corresponde la persona jurídica contratante con la empresa sobre la cual recae la medida de secuestro; y que por ello mal puede ejecutarse legalmente esta medida de secuestro, aduciendo además que el secuestro practicado es nulo; respecto de estos alegatos debe señalar esta Superioridad que la identidad o no de las personas jurídicas vinculadas con la relación contractual de arrendamiento es un asunto que debe ser a.y.d.e.l. causa principal, y por ello no se hace pronunciamiento respecto de los mismos en esta oportunidad.

En cuanto a lo también alegado respecto a la no notificación de su representada respecto a la no renovación del contrato de arrendamiento que tiene por objeto el inmueble sobre el cual recayó la medida de secuestro, así como los alegatos sobre el no reconocimiento como presunta nueva propietaria a la actora de autos, es decir, la ciudadana: M.D.S.L.S., por las razones que adujo, valen las mismas consideraciones antes vertidas, en relación a que tales argumentos serán motivo de examen en la causa principal, lo que impide algún pronunciamiento en esta oportunidad, en la que sólo se está dilucidando la oposición a la medida por parte de la empresa Concentrados Zamora, C.A.

En relación a todas las consideraciones que hizo la abogada M.B.G., en cuanto al principio de la comunidad de la prueba y la solicitud de apreciación de apreciación del mérito favorable de autos, invocando además el principio de exhaustividad de las sentencias; y que por ello no está conforme con la valoración que la Jueza a quo hizo del “mérito favorable” que ella promovió, debe dejarse establecido que esta Alzada comparte el criterio de la jueza a quo en cuanto a que el “mérito favorable” no es un medio de prueba y que efectivamente todos los medios probatorios que consten en autos deben necesariamente ser a.y.v.p. el juez o la jueza que se encuentre conociendo de la causa. Promover el mérito favorable de los autos sin señalar a qué acta se refiere y qué pretende demostrar con ella resulta total y absolutamente improcedente en nuestro sistema probatorio; en virtud de lo expresado se desecha la denuncia respecto a la valoración del “mérito favorable” realizado por el tribunal de la causa.

Respecto a los alegatos invocados por la co-apoderada judicial en relación al contenido del artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, aduciendo que dicho artículo prevé lo relativo a los contratos de arrendamientos que hayan sido celebrados a tiempo determinado, y que como se puede evidenciar a lo largo de toda la actividad procesal realizada en este juicio, este no es el caso, toda vez que la relación arrendaticia entre sus representados y el ciudadano D.R., se verificó por un lapso de veinte (20) años, y que a sus representados se les vulneraron sus derechos en relación a la preferencia arrendaticia al momento de vender el inmueble objeto de la medida; se reitera que tales defensas serán objeto de análisis y decisión en el juicio principal en el que se originó la presente incidencia, por lo que mal pueden ser invocados en esta incidencia, y decididos en este fallo.

Por las razones de hecho y de derecho expuestas, el recurso de apelación debe ser declarado sin lugar, la oposición debe ser declarada sin lugar y la recurrida debe ser confirmada en los términos expresados. Y ASÍ SE DECIDE.

D I S P O S I T I V A

Por los motivos de hecho y de derecho antes expresados, este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta sentencia en los términos siguientes:

Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada en ejercicio ciudadana: M.B.G., venezolana, mayor de edad, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 85.479, con el carácter de co-apoderada judicial de la parte demandada y opositora de autos, Sociedad Mercantil Concentrados Zamora C.A., inscrita ante los libros de comercio llevados, por la secretaria del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito, del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, quedando anotado bajo el N° 29, folios 96 al 100 vto., Tomo I adicional 1 del Libro de Registro de Comercio de fecha 7 de agosto de 1.990, representada por los ciudadanos: C.O.A., M.d.V.C. de Acevedo y C.E.S., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad personal números V- 4.256.595, V- 8.135.582 y V- 7.318.038, respectivamente de este domicilio, contra la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en fecha 26 de febrero de 2013, en el juicio de cumplimiento de contrato por vencimiento de la prorroga legal, que cursa ante ese Juzgado en el expediente Nº 11-9544-CO, de la nomenclatura del mismo.

Se declara SIN LUGAR LA OPOSICIÓN a la medida preventiva de secuestro formulada por sociedad Concentrados Zamora, C.A.

Se CONFIRMA la medida de secuestro decretada en el presente juicio, en fecha 09 de agosto de 2011, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas y practicada el 11 de agosto de 2011 por el Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas de esta Circunscripción Judicial.

Se CONFIRMA la sentencia apelada.

Se CONDENA en las costas del recurso a la parte apelante.

Por cuanto la presente decisión fue dictada dentro del lapso legal, no se ordena la notificación del presente fallo.

Publíquese, regístrese y devuélvase en su oportunidad legal. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. En Barinas, a los catorce (14) días del mes de junio del año dos mil trece. Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

La Jueza Suplente Especial,

R.E.Q.A.

La Secretaria,

Abg. A.N.G.

En esta misma, se registró y publicó la anterior sentencia. Conste.

La Scria,

Expediente N° 13-3553-C.B.

REQA/ANG/sofíasl.-