Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 27 de Octubre de 2010

En fecha Cuatro (04) de Febrero de 1.991 se dio inicio con la admisión de la demanda, del presente juicio de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, intentada por la ciudadana M.J.R.R., suficientemente identificada en autos, contra la Sociedad Mercantil PROPIETARIA DE INMUEBLES “DON SILVIO”, C.A., ampliamente identificada en actas.

En fecha Veintitrés (23) de Abril de 1.991, la parte demandada consignó escrito de contestación de la demanda.

Igualmente, en fecha Veintinueve (29) de Abril de 1.991, nuevamente la parte demandada consigna escrito de contestación de demanda, esta vez representada por el abogado en ejercicio J.R.V.R., anteriormente identificado.

Luego en fecha Dieciséis (16) de Mayo de 1.991, la parte actora consignó escrito de promoción de pruebas.

Así mismo, en fecha Treinta (30) de Mayo de 1.991, la parte demandada consignó su respectivo escrito de informes; y en esa misma fecha el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante auto ordena agregar las pruebas promovidas.

Posteriormente, en fecha Tres (03) de Junio de 1.991, la parte actora a través de su apoderado judicial A.G.P., inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 8.305, y de este domicilio, consignó escrito donde niega, rechaza y contradice en todas y cada una de sus partes el escrito de promoción de pruebas y los hechos narrados en el mismo por la parte demandada; y en el mismo escrito, hace formal oposición a la admisión de las pruebas promovidas por la parte demandada; e igualmente solicita al Juzgado a quo, que con fundamento en el Artículo 480 del Código de Procedimiento Civil, no admita las testimoniales de los ciudadanos L.A.G. y J.R.F., titulares de las Cédulas de Identidad Nros. 131.499 y 134.510 respectivamente.

En fecha Seis (06) de Junio de 1.991, el Juzgado a quo admitió las pruebas promovidas, reservándose pronunciarse sobre la oposición formulada por la parte actora, como punto previo en la sentencia definitiva.

En fecha Tres (03) de Noviembre de 2.004 se aboca al conocimiento de la presente causa el nuevo Juez Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Dr. A.V.S..

El Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha Once (11) de Octubre de 2.005, procede a sentenciar la presente causa, estableciendo en su parte dispositiva lo siguiente:

(…Omissis…)

CON LUGAR la presente demanda intentada por la ciudadana M.J.R.R., venezolana, mayor de edad, soltera, optometrista, titular de la Cédula de Identidad Nº 1.657.170, de este domicilio; en contra de la Sociedad Mercantil PROPIETARIA DE INMUEBLES DON SILVIO, C.A., antes PROPIETARIA DE INMUEBLES, C.A., inscrita en el Registro de Comercio que llevó el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día Dieciséis (16) de Agosto de 1.962, bajo el No. 86, Tomo 2º, Libro 52, Páginas 389 a la 392, de igual domicilio, inscripción que se encuentra agregada al expediente No. 4.894, que cursa archivado por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

SE CONDENA en costas a la parte demandada por haber sido totalmente vencida en la presente instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Luego, en fecha Dieciocho (18) de Octubre de 2.005 el apoderado judicial de la parte demandada, apela de la precitada decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

En fecha Veintisiete (27) de Octubre del 2.005, el Juzgado a quo oye la apelación en ambos efectos.

Posteriormente en fecha Seis (06) de Diciembre de 2.005 el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a cargo del Juez Dr. M.G.L., recibe el expediente.

En fecha Treinta (30) de Enero de 2.006 el apoderado judicial de la parte demandada consigna escrito de informes.

De igual forma, la parte actora consigna escrito de observaciones en fecha Diez (10) de Febrero de 2.006.

En fecha Nueve (09) de Junio de 2.006 el Dr. A.V.S., en su condición de Juez Temporal del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, se inhibe de conocer la presente causa, por haber sentenciado la misma en Primera Instancia.

Posteriormente en fecha Doce (12) de Junio de 2.006 recibe el expediente el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, dándole entrada en la misma fecha.

El Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia resuelve CON LUGAR la inhibición del Dr. A.V.S., en su condición de Juez Suplente del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha Veintiocho (28) de Julio de 2.006.

Así mismo, en fecha Catorce (14) de Agosto de 2.006 Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia; a cargo del Dr. E.E.V.A., procede a dictar sentencia en la presente causa, la cual en su parte dispositiva establece:

(… Omissis...)

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación propuesto por la sociedad mercantil PROPIETARIA DE INMUEBLES “DON SILVIO”, C.A., por intermedio de su apoderado judicial J.R.V., contra sentencia de fecha 11 de agosto de 2005, proferida por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

SEGUNDO: SE CONFIRMA la aludida decisión de fecha 11 de agosto de 2005, proferida por el precitado Juzgado de Primera Instancia, y se declara la adquisición de la propiedad del inmueble signado con la nomenclatura GH-35 y ubicado en la urbanización Irama, avenida 9, de la parroquia Coquivacoa del municipio Maracaibo del estado Zulia, a favor de la ciudadana M.J.R.R. por prescripción adquisitiva, todo ello de conformidad con los términos explanados en el presente fallo.

Se condena en costas a la parte demandada-recurrente por haberse confirmado en todas y cada una de sus partes la resolución apelada en la presente causa, todo ello de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha Tres (03) de Noviembre de 2.006, el apoderado judicial de la parte actora anuncia el Recurso de Casación contra la antes citada sentencia emitida por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha Catorce (14) de Agosto de 2.006.

Luego, en fecha Treinta (30) de Mayo de 2.007 la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA, mediante sentencia dejó establecido:

(…Omissis…)

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la representación de la sociedad mercantil PROPIETARIA DE INMUEBLES DON SILVIO C.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 14 de agosto de 2006. En consecuencia se declara la nulidad del fallo recurrido y se ordena al Tribunal Superior que resulte competente, dicte una nueva sentencia corrigiendo el vicio referido.

Queda CASADA la sentencia impugnada.

Dada la naturaleza de la presente decisión no hay condenatoria en las costas del recurso.

En fecha Primero (01) de Agosto de 2.007 el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, recibe nuevamente el expediente y le da entrada.

De igual manera, en fecha Diez (10) de Abril de 2.008 Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a cargo de la Juez Provisoria, Dra. I.R.O. procede a sentenciar la presente causa, dejando establecido en el dispositivo del fallo:

(…Omissis…)

PRIMERO: CON LUGAR la Apelación interpuesta por el abogado en ejercicio J.R.V.R., plenamente identificada, en su cualidad de Apoderado Judicial de la parte demandada en este proceso.

SEGUNDO: SE REVOCA el fallo dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 11 de octubre de 2005 en la presente causa, y en consecuencia se declara SIN LUGAR el juicio declarativo de Prescripción Adquisitiva incoada en esta causa por la ciudadana M.J.R.R. en contra de la Sociedad Mercantil PROPIETARIA DE INMUEBLES DON SILVIO C.A.

TERCERO: Se condena en costas a la parte perdidosa de la presente acción en virtud de lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Así mismo en fecha Veintidós (22) de Mayo de 2.008 la parte actora anuncia recurso de casación.

Nuevamente en fecha Treinta (30) de Julio de 2.009 la Sala de Casación Civil, con ponencia del Magistrado LUIS ANTONIO ORTIZ HERNANDEZ, sentenció la presente causa dejando establecido lo siguiente:

(…Omissis…)

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado contra la sentencia de reenvío proferida en fecha 10 de abril de 2008, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, interpuesto por la abogado L.R.F., apoderado judicial de la ciudadana M.J.R.R., parte demandante en el presente juicio por Prescripción Adquisitiva. En consecuencia, se decreta LA NULIDAD del fallo recurrido. Y SE ORDENA al Tribunal Superior que resulte competente, dicte nueva sentencia de reenvío corrigiendo el vicio delatado en la presente decisión.

Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.

No ha lugar a la condenatoria en costas procesales del recurso, dada la naturaleza del dispositivo del presente fallo.

En fecha Treinta (30) de Septiembre de 2.009, el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, una vez recibido el expediente, emitió un auto donde se ordenó solicitar a la Rectoría de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, la designación de un Juez Accidental para decidir la presente causa, ya que los dos Juzgados Superiores (Primero y Segundo) en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, estaban imposibilitados de conocer de la presente causa, por cuanto ya habían sentenciado la misma, emitiendo en consecuencia opinión sobre el fondo del asunto.

En fecha Treinta (30) de Abril de 2.010, se aboca al conocimiento de la presente causa este Juzgado Superior Primero Accidental en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, constando en actas que en fecha Quince (15) de Junio de 2.010 se practicó la última de las notificaciones referidas al abocamiento de este Órgano Superior Accidental.

Cumplido los lapsos establecidos en los Artículos 10, 14, 514, y 522 del Código de Procedimiento Civil, y tramitadas todas y cada una de las actuaciones realizadas por las partes en la presente causa de PRESCRIPCION ADQUISITIVA, y estando dentro del lapso establecido en el Artículo 522 del Código de Procedimiento Civil, este Sentenciador de Alzada, pasa a resolver, en base a las siguientes consideraciones:

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III- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Antes de entrar a decidir sobre el fondo del asunto, esta Alzada considera necesario hacer algunas consideraciones referente a la competencia de éste Juzgado Superior Primero Accidental en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, derivada de la orden emanada por la Sentencia de fecha Treinta (30) de Julio de 2.009 emanada de la Sala de Casación Civil, con ponencia del Magistrado LUIS ANTONIO ORTIZ HERNANDEZ, de emitir nueva sentencia de reenvío corrigiendo el vicio delatado en la misma, todo de conformidad con los Artículos 522 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Artículo 46 de la Ley Orgánica de Poder Judicial.

1. PUNTO PREVIO ÚNICO. NOTORIEDAD JUDICIAL

   Consta en actas que en fecha Catorce (14) de Agosto de 2.006 Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia; a cargo del Dr. E.E.V.A., dictó sentencia en la presente causa, la cual riela de los folios Cuatrocientos cuatro (404) al Cuatrocientos veintiocho (428) ambos inclusive de la pieza No. 1 de este expediente; dicha sentencia fue CASADA, por decisión dictada en fecha Treinta (30) de Mayo de 2.007 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA, la cual ordena al Tribunal Superior que resulte competente, emitir nueva sentencia de reenvío corrigiendo el vicio referido; rielada a los folios Cuatrocientos noventa y cinco (495) al Quinientos ocho (508) ambos inclusive de la pieza Nº 1 del presente expediente.

   Igualmente consta en el presente expediente que,en fecha Diez (10) de Abril de 2.008 Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a cargo de la Juez Provisoria, Dra. I.R.O. dictó nueva sentencia en la presente causa, la cual riela de los folios Quinientos sesenta y ocho (568) al Quinientos ochenta y seis (586) ambos inclusive de la pieza Nº 1 del presente expediente; y dicha sentencia fue igualmente CASADA mediante decisión dictada en fecha Treinta (30) de Julio de 2.009 por la Sala de Casación Civil, con ponencia del Magistrado LUIS ANTONIO ORTIZ HERNANDEZ, y que riela a los folios Seiscientos setenta (670) al Setecientos sesenta y seis (766) ambos inclusive de la pieza Nº 1 del presente expediente.

   Así mismo, consta en las actas procesales que integran este expediente, auto motivado emanado del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de fecha Treinta (30) de Septiembre de 2.009, donde en aras de salvaguardar el derecho a una justicia expedita y sin dilaciones indebidas, y en vista que ambos Juzgados Superiores con competencia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia se encontraban imposibilitados para decidir la presente causa, por cuanto ambos habían sentenciado la misma, se ordenó oficiar a la Rectoría de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia a los fines de la designación de un Juez Accidental que emitiera nueva sentencia de reenvío, dicho auto que riela al folio Setecientos sesenta y ocho (768) de la pieza Nº 1 del presente expediente; consta igualmente que se remitió el oficio Nº TSP-CMTEZ-2009-0249, de fecha Treinta (30) de Septiembre de 2.009, dirigido a la Rectoría de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, solicitando lo indicado en el precitado auto, y dicho oficio riela al folio Setecientos sesenta y nueve (769) de la pieza Nº 1 de este expediente.

   En este orden de ideas, considera necesario esta Superioridad destacar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 26 dispone, que el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas ni reposiciones inútiles, y el artículo 257 expresa en su parte final que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales. (Negrillas de este Tribunal Superior Accidental).

   A los fines de ilustrar la decisión referente a este punto previo único, considera necesario este Juzgador de Alzada analizar el concepto de “Notoriedad Judicial” expresado por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional en decisión N° 150 del Veinticuatro (24) de marzo de 2.000, caso: “José G.D.M.", dejó establecido de la siguiente manera:

   La notoriedad judicial consiste en aquellos hechos conocidos por el juez en ejercicio de sus funciones, hechos que no pertenecen a su saber privado, ya que él no los adquiere como particular, sino como juez dentro de la esfera de sus funciones. Es por ello que, los jueces normalmente hacen citas de la doctrina contenida en la jurisprudencia, sin necesidad de traer a los autos copias (aún simples) de las sentencias, bastando para ello citar sus datos. Suele decirse que como esos aportes jurisprudenciales no responden a cuestiones fácticas, ellos no forman parte del mundo de la prueba, lo que es cierto, y por lo tanto no se hace necesario consignar en el mundo del expediente, copia del fallo invocado

   .

   Igualmente en Sentencia de esta Sala Constitucional de fecha Cinco (05) de Mayo de 2.005, caso: “Eduardo Alexis Pabuence”, se estableció que:

   …En consecuencia, del fallo precitado se observa que la notoriedad judicial no es un precedente aislado o una norma excepcional que permite su aplicación, sino que por el contrario, se transmuta en un deber del Juez de atender a los fallos judiciales emitidos en su Tribunal para así evitar posibles contradicciones en las decisiones de casos similares.

   No obstante lo anterior, se observa que la notoriedad judicial pareciera encontrarse circunscrita al conocimiento que pueda tener el Juzgador en su propio Tribunal, sin embargo se observa que lo mismo no es completamente una regla legal tasada, carente de excepción alguna, ya que mediante la consagración del artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo Juez debe atender a las sentencias vinculantes que sean emanadas de esta Sala.

   Asimismo, se observa que en aras de uniformar la jurisprudencia, si el mismo tiene conocimiento de una decisión emanada de un órgano jurisdiccional dentro de su ámbito de competencias, por medio de la página web del Tribunal Supremo de Justicia, el cual ha sido concebido como un medio auxiliar de divulgación de la actividad jurisdiccional de este Tribunal (Vid. Sentencia de esta Sala N° 982 del 6 de junio de 2001, caso: “José Vicente Arenas Cáceres”), o por cualquier otro mecanismo de divulgación (Vgr. Copias fotostáticas), éste –Juzgador- puede traer a colación el referido precedente al caso concreto, aun de oficio.” (Resaltado de la Sala Constitucional).

   Como puede observarse del criterio jurisprudencial invocado, en concordancia con la n.C. anteriormente citada y en vista de que las sentencias de los jueces superiores con competencia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, fueron CASADAS por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, y que se encuentran físicamente agregadas a las actas procesales, este Jurisdicente de Alzada evidencia que ambos Juzgados Superiores (Primero y Segundo) en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, se encuentran efectivamente incursos dentro de la causal establecida en el Numeral 15 del Artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, lo cual efectivamente les imposibilita sentenciar nuevamente la presente causa. Así se decide.-

   Ahora bien, sin el ánimo de quebrantar normas de orden público, y en aplicación de la n.c. antes citada y en atención a el principio de “Notoriedad Judicial” invocado up supra, considera este Sentenciador de Alzada, que constituiría una reposición inútil retrotraer el proceso nuevamente al estado de que se consignen al expediente las respectivas actas de inhibición de ambos jueces superiores, más aún cuando, las mismas partes han venido convalidando con su proceder, las actuaciones de ambos Juzgados Superiores con competencia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, e igualmente, tampoco se ordenó la corrección de dicha incidencia en el fallo emitido en fecha Treinta (30) de Julio de 2.009 por la Sala de Casación Civil, con ponencia del Magistrado LUIS ANTONIO ORTIZ HERNANDEZ, a cuyo mandamiento se atiene este Juzgado Superior Accidental, y en consecuencia procede a emitir nueva sentencia de reenvío. Así se establece.-

   II.- ANÁLISIS DE LA SENTENCIA APELADA. EXTENSION Y LÍMITES DE LA CONTROVERSIA.

   La decisión apelada referida a sentencia de fecha Once (11) de octubre de 2.005, mediante la cual, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta misma circunscripción judicial, declaró con lugar la demanda interpuesta, condenando en costas a la parte demandada fundamentando su decisión en los términos siguientes:

   (…Omissis…)

   Así pues, Observa este Sentenciador que si bien las pruebas enunciadas con anterioridad no pueden considerarse de manera individual cada una de ellas como una prueba conclusiva, este Juzgador al analizarlas de manera conjunta encuentra por un lado, que no existe indicios suficientes que demuestren que efectivamente y según lo argumentado por la parte demandada el Ciudadano I.S.M., habitaba conjuntamente con la accionante en el inmueble objeto del litigio, (…); por otro lado del análisis realizado a las pruebas consignadas en este proceso se desprende que la posesión ejercida por la demandante cumplió con las características necesarias para configurarla como una posesión legitima y además que según las fechas de los ya señalados medios probatorios la ha ejercido durante más de Veinte (20) años; tiempo necesario para concluir que efectivamente opero la Prescripción Adquisitiva.

   Por todo lo antes expuesto este Sentenciador en virtud de que del examen legal y doctrinal realizado se desglosa que en la presente causa se configuro la posesión legitima que da lugar a que opere la prescripción adquisitiva declara Con Lugar la presente causa de conformidad con lo establecido en los artículos 1.952, 1.953 y 1.977 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 772 ejusdem. Así se establece.

   (…Omissis…)

   Este Tribunal para decidir hace previas las siguientes consideraciones:

   Por efecto de la declaratoria CON LUGAR del recurso de casación interpuesto por la parte actora en el presente juicio, decisión dictada en fecha Treinta (30) de Julio de 2.009 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado LUIS ANTONIO ORTIZ HERNANDEZ, y que riela a los folios Seiscientos setenta (670) al Setecientos sesenta y seis (766) ambos inclusive de la pieza Nº.1 del presente expediente, mediante el cual se declaró la nulidad del fallo proferido en esta causa por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha Catorce (14) de agosto de 2.006, devolviéndose a esta Superioridad la plena jurisdicción sobre la relación controvertida, cuyo examen asume ahora en segundo grado este Jurisdicente, ateniéndose exclusivamente al efecto suspensivo y devolutivo de la apelación interpuesta exclusivamente por la parte demandada PROPIETARIA DE INMUEBLES DON SILVIO C.A., en contra de la sentencia dictada por el a quo en fecha Once (11) de Octubre de 2.005.

   En acatamiento al mandato deferido a esta Superioridad por el mencionado fallo de la Sala de Casación Civil, este Tribunal luego de abocarse al conocimiento de la causa, pasa a resolver la presente controversia para lo cual considera necesario realizar el análisis in extenso de la misma.

   ALEGATOS DE LA PARTE ACTORA

   En su libelo de demanda, la parte actora M.J.R.R., ampliamente identificada en actas, demandó a la Sociedad Mercantil PROPIETARIA DE INMUEBLES “DON SILVIO” C.A., también identificada en autos, para que convenga a ello o a ello sea constreñida por este Tribunal en la DECLARACIÓN DE PROPIEDAD CON PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, a su favor, sobre el inmueble situado en la Urbanización Irama, Avenida 9, Nº GH-35, jurisdicción de la Parroquia Coquivacoa de este Municipio, el cual se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas: NORTE: Veintiocho (28) metros y Parcela Nº 27; SUR: Veintiocho (28) metros y Parcela Nº 29; ESTE: Dieciocho (18) metros y su frente Avenida 9 (Avenida Irama); y OESTE: Dieciocho (18) metros y Parcela Nº 30 y parque infantil; y estimó la presente demanda en la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.300.000,00) y que en la actualidad y de conformidad con la Reconversión Monetaria, dicha suma queda transformada en la cantidad de MIL TRESCIENTOS BOLIVARES (Bs. 1.300,00). Alegó además, que desde el mes de Octubre de 1.960, viene poseyendo y ocupando con ánimo de ser dueña, en forma continua, no interrumpida, pacífica, pública y no equivoca, a la vista de todos, sin perturbación de ningún tipo y realizando las mejoras existentes con dinero de su propio peculio en inmueble antes identificado.

   Establece además la parte actora, que el inmueble antes identificado, lo tuvo en propiedad la Sociedad Mercantil PROPIETARIA DE INMUEBLES, C.A., hoy en día denominada PROPIETARIA DE INMUEBLES “DON SILVIO” C.A., suficientemente identificada en este expediente, según documento registrado en fecha Trece (13) de Mayo de 1.963, por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo del Estado Zulia, bajo el Nº 49, folios 89 al 91, Protocolo 1º, Tomo III.

   Argumentó que hasta la fecha Treinta y uno (31) de Enero de 1.991 (fecha de la introducción de la demanda), habían transcurrido Treinta (30) años y Tres (03) meses, poseyendo el inmueble.

   Igualmente la accionante alega, que en razón de todo lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 796 del Código Civil, en concordancia con el Artículo 690 del Código de Procedimiento Civil es por lo que demanda a la Sociedad Mercantil PROPIETARIA DE INMUEBLES “DON SILVIO” C.A., anteriormente identificada, para que convenga o en caso contrario sea constreñido a ello por el Juzgado a quo a la DECLARACION DE PROPIEDAD POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, a su favor, sobre el inmueble antes descrito.

   ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA

   La parte demandada en su escrito de contestación contradice los hechos alegados por la parte actora en su demanda, por ser totalmente falsos, inaplicable e improcedente el derecho invocado. Alega además que el justificativo acompañado por la parte actora notariado ante la Notaría Pública Segunda de Maracaibo, no fue declarado título suficiente por un tribunal competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, tampoco fue protocolizado en la oficina correspondiente.

   Por otra parte, establece también la parte demandada, que la ciudadana M.J.R.R., vivió en relación concubinaria con el ciudadano I.S.M., mayor de edad, casado, optometrista, titular de la cédula de identidad nº 109.419, de este domicilio, y que para la fecha del Dieciséis (16) de Agosto de 1.962, fecha de la constitución de la Sociedad Mercantil demandada en este expediente, anteriormente denominada PROPIETARIA DE INMUEBLES, C.A., dicho ciudadano era propietario de ciento cincuenta (150) acciones de las que constituía su capital social de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 300.000,00), y así mismo ejercía el cargo de Presidente de dicha sociedad mercantil, y por tal circunstancia era que la demandada admitió que éste ocuparía el inmueble objeto del presente litigio y suficientemente descrito, tal y como se evidencia del Acta de Asamblea de Accionistas de fecha Dieciocho (18) de Julio de 1.972, que fuera agregada al expediente que llevaba la sociedad mercantil demandada en el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con fecha Tres (03) de Agosto de 1.972.

   Igualmente alega la parte demandada, que siendo ella una persona jurídica, y que el ciudadano I.S.M., quién en ejercicio de las funciones establecidas en el Acta Constitutivo Estatutaria de la misma, no es permisible que en virtud de la posesión que este ejerció sobre el inmueble objeto del litigio, junto a la ciudadana M.J.R.R., y donde establecieron su hogar concubinario procreando dos (02) hijos, es que la parte actora venga a solicitar una prescripción que es inoperante ya que de conformidad con los Artículos 1.939 y 1.964 numeral 6º del Código Civil, no procede.

   Establece además la parte demandada, que la situación antes narrada, queda corroborada con la comunicación que le enviara el BANCO UNION S.A.C.A., en fecha Dos (02) de Abril de 1.991, en la cual le participa la cancelación de un préstamo con garantía hipotecaria de dos (02) inmuebles, uno de los cuales es el inmueble objeto del presente litigio, referido en el Acta de Asamblea General Extraordinaria, de fecha Dieciocho (18) de Julio de 1.972, por lo que la actora ocupó el inmueble desde 1.969, en virtud de la relación concubinaria que mantenía con el ciudadano I.S.M. ya identificado; y por consiguiente, las mejoras realizadas al inmueble desde el año 1.963, fecha de adquisición del inmueble por la parte demandada, fueron costeadas y realizadas por la parte demandada con dinero de su propio peculio.

   También arguye la parte demandada en su escrito de contestación, que adquirió vida jurídica en fecha Dieciséis (16) de Agosto de 1.962, lo que hace imposible que la parte actora haya ocupado el inmueble desde el año 1.960; y que la posesión ejercida por los ciudadanos M.J.R.R. e I.S.M., era una posesión precaria de conformidad con lo establecido en el Artículo 771 del Código Civil, ya que ellos siempre conocieron que la única propietaria del inmueble objeto de este juicio es la Sociedad Mercantil PROPIETARIA DE INMUEBLES DON SILVIO, C.A.

   La parte demandada rechaza la demanda y argumenta que la accionante no señaló en su escrito libelar las características de la prescripción adquisitiva invocada las cuales difieren en los Artículos 1.977 y 1.979 del Código Civil y por lo tanto tampoco podrán hacer la prueba pertinente en el curso del debate probatorio, por lo que el Juez deberá declarar sin lugar la demanda.

   Finalmente, la parte demandada establece que la parte actora invoca el Artículo 796 del Código Civil como fundamento de su pretensión, el cual no tienen nada que ver con la posesión ni con la prescripción adquisitiva, e impugna por falaces e ineficaces los documentos públicos y privados acompañados por la demandante junto con su escrito libelar, por cuanto ninguno de ellos emanan de la demanda, no hacen prueba alguna de ella, ni llegan a demostrar la procedencia de la presente acción.

3. INFORMES Y OBSERVACIONES

   Se observa de actas, que de conformidad con lo establecido en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil, y en la oportunidad legal establecida en dicha norma para la presentación de los informes por ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta circunscripción judicial, sólo la representación judicial de la demandada PROPIETARIA DE INMUEBLES “DON SILVIO”, C.A. presentó su escrito de informes, argumentando que el Juzgador de Primera Instancia no reconoció el ejercicio posesorio de la sociedad demandada, a través del ciudadano I.S.M., quien a su vez mantuvo una relación de convivencia con la demandante de autos, desmeritando tal relación, y atribuyéndole directamente la posesión legítima a dicha parte cuando por los referidos argumentos, la parte actora carecía del animus domini respecto del inmueble objeto de la demanda.

   Igualmente, establece que el a-quo incurrió en errores al valorar las pruebas promovidas y evacuadas, al atribuirle todo el mérito de demostración de los alegatos expuestos en la contestación a las pruebas de la parte demandada, y en sus conclusiones sin embargo, soslayó tal valoración y produjo un pronunciamiento bajo falsas suposiciones, deduciendo indicios en beneficio de la parte actora y en perjuicio de la parte demandada.

   Posteriormente, la demandante M.J.R.R., asistida por el abogado L.L., inscrito en el Inpreabogado N° 83.284, presentó escrito de observaciones, y que la parte denomina “INFORMES”, y mediante el cual efectúa un resumen de las actuaciones procesales, invoca el mérito favorable de los instrumentos consignados junto al libelo de la demanda, y ratificando los fundamentos de hecho de su pretensión, relativos a la existencia de su posesión legítima conforme a los requisitos exigidos por el Código Civil, sobre el inmueble objeto del litigio.

4. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS ACOMPAÑADOS POR LA PARTE DEMANDANTE

   Junto al escrito libelar se consignaron las siguientes documentales:

   En copias fotostáticas certificadas, documento de constitución de hipoteca y de venta a la antes denominada PROPIETARIA DE INMUEBLES, C.A., del inmueble objeto de la demanda, protocolizado en la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del antes Distrito Maracaibo del Estado Zulia, en fecha Trece (13) de octubre de 1.989, bajo el N° 49, tomo 3°, protocolo 1°. Dicha documental al no haber sido impugnada o tachada por la contraparte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, se deben tener como fidedignas mereciéndole fe en todo su contenido y valor probatorio a esta Superioridad. Así se valora.-

   Actas de asambleas extraordinaria de accionistas de la Sociedad Mercantil PROPIETARIA DE INMUEBLES “DON SILVIO”, S.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha Veintiuno (21) de noviembre de 1.994 bajo el N° 55, tomo 60-A, la una, y la otra, agregada al expediente N° 4.894 de la misma Oficina de Registro, con fecha Catorce (14) de junio de 1.966; dichas copias constituyen documentos públicos, por tanto, al no haber sido impugnadas, ni tachadas por la contraparte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, se deben tener como fidedignas mereciéndole fe en todo su contenido y valor probatorio a esta Superioridad. Así se valora.-

   Pasaporte Original expedido por la Oficina de Identificación y Extranjería, de la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, en fecha Veintiséis (26) de septiembre de 1.961; Registro de propiedad de vehículo automotor de la demandante, emitido por la Dirección General de Transporte y T.T. del antes denominado Ministerio de Transporte y Comunicaciones. A tal probanza estima este Sentenciador de Alzada, que el mismo constituye documento original expedido por un organismo público administrativo, en consecuencia para desvirtuar su valor probatorio la contraparte ha debido ejercer la tacha de falsedad dado el carácter del mismo y de conformidad con lo estatuido por el artículo 1.380 del Código Civil, actuación que no se evidencia de actas, sin embargo, tomando como base los alegatos de la parte actora, el mismo fue promovido con la finalidad de dejar constancia que la dirección de su residencia coincidía con la ubicación del inmueble sub litis, por lo que se le otorga valor probatorio en aplicación de lo dispuesto en el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil. Así se valora.-

   Dos (02) letras de cambio libradas por la parte actora a la orden de la entidad financiera BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, C.A. Sobre postal dirigido a dicha parte desde la ciudad de Miami, F.d.E.U.d.N., con fecha Treinta (30) de julio de 1.965; y aviso de crédito de fecha Doce (12) de noviembre de 1.976, suscrito por el BANCO NACIONAL DE DESCUENTO, C.A. Dichas documentales fueron promovidas con la misma intención de dejar constancia de la dirección del inmueble, sin embargo, al tratarse de documentos privados que fueron impugnados por la contraparte sin la correspondiente ratificación por la parte demandante, pierden todo su valor probatorio, en consecuencia este Sentenciador los desecha tomando de conformidad con lo dispuesto por el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil. Así se valora.-

   Justificativo de testigos evacuado por ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en fecha Veintiocho (28) de febrero de 1.989; para dicho medio probatorio este Juzgador se reserva su apreciación para la oportunidad del análisis de las pruebas testimoniales. Así se decide.-

   Posteriormente, dentro del lapso probatorio, la demandante además de promover los instrumentos consignados junto a al demanda, valorados con anterioridad, promovió también:

   Factura de servicios municipales y energía eléctrica emitida por C.A. ENERGÍA ELÉCTRICA DE VENEZUELA (ENELVEN), a nombre de la demandante, y en el que se verifica la dirección y nomenclatura del inmueble de donde dimanan tales servicios, respecto a la cual considera este Sentenciador que constituye documento emitido en formatos uniformes y estándar para todos los usuarios, los cuales deben ser facilitados por las empresas emisoras, siendo imposible la ratificación de dichos instrumentos mediante prueba testimonial debido a la naturaleza de los mismos y de la cantidad masiva en que éstos son emitidos, por lo tanto, en atención al principio de libertad probatoria enmarcado en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, este Juzgado Superior valora dicha documental como meros indicios, en atención a lo dispuesto por el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil. Así se valora.-

   Documento de construcción de mejoras y bienhechurías autenticado por ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en fecha Veintiséis (26) de abril de 1.989, bajo el N° 86, tomo 30. Al respecto se evidencia que como instrumento emanado de tercero ajeno al proceso, no fue ratificado mediante la prueba testimonial, por lo que se desecha en consonancia con lo previsto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.-

   Dos (2) actas de nacimiento de los ciudadanos A.S. y S.J.S.R., signadas con los Nos. 772 y 773, respectivamente, de fechas Veintinueve (29) de abril de 1.991, certificadas por la Jefatura Civil de la Parroquia C.d.A.d. antes Distrito Maracaibo del Estado Zulia; Certificado de nacimiento de niño sin constancia de su nombre, sellado por la POLICLÍNICA MARACAIBO, C.A.; y Certificado de bautizo de la ciudadana A.S.S.R.. Ante tales probanzas observa este Juzgador de Alzada que el objeto de la controversia, es la prescripción adquisitiva respecto de la propiedad del inmueble sub examine, forzosamente infiere que las documentales antes descritas, son impertinentes por no guardar congruencia entre el thema decidendum y los hechos controvertidos, por lo que en criterio de esta Superioridad se desestiman y desechan, y por consiguiente no se les otorga valor probatorio alguno. Así se decide.-

   Por último, promovió prueba testimonial respecto de los ciudadanos N.M.D.A., E.D.C.G.D.V., A.M.T., C.U.D.G. y R.E.O.d.U., plenamente identificados en actas. Con relación a las ciudadanas N.M.D.A. y E.D.C.G.D.V., comparecieron al acto de evacuación de las testimoniales con el fin de ratificar el justificativo de testigos promovido por la parte actora, y que consta del siguiente interrogatorio:

   (…Omissis…)

   PRIMERO: Dirán los Testigos, si me conocen suficientemente de vista, trato y comunicación desde hace más de treinta años.

   SEGUNDO: Dirán Los Testigos, si saben y les consta que desde el mes de Octubre del año de mil novecientos sesenta vengo poseyendo y ocupando en forma contínua (sic), no interrumpida, pacífica, pública y no equívoca, un inmueble situado en la Urbanización Irama, Avenida 9 N° GH-35, jurisdicción del Municipio Coquivacoa, el cual se encuentra alinderado de la siguiente manera: NORTE: 28 Mts y Parcela N° 27; SUR: 28 Mts y Parcela N° 29; ESTE: 18 Mts y su frente Avenida Irama (Avenida 9); OESTE; 18 Mts y Parcela N° 30 y Parque Infantil.

   TERCERO: Dirán los Testigos si saben y les consta, que durante ese tiempo que tengo ocupando y poseyendo el referido inmueble, en ningún momento he celebrado contrato de arrendamiento, ni verbal ni escrito; así como tampoco se me ha requerido la desocupación del referido inmueble.

   CUARTO: Dirán los Testigos si saben y les consta, que todas las mejoras y bienhechurías que se han realizado sobre el identificado inmueble han sido ejecutadas por mi orden y cuenta y pagadas con dinero de mi patrimonio

   .

   (…Omissis…)

   Es importante señalar que este Órgano Jurisdiccional debe apreciar las testimoniales con todas las pruebas aportadas por las partes; concatenándolas entre sí con las demás pruebas, de conformidad a lo establecido en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, que dispone: “Para la apreciación de la prueba de testigos, el Juez examinará si las deposiciones de éstos concuerdan entre si y con las demás pruebas, y estimará cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias, desechando en la sentencia la declaración del testigo inhábil, o del que apareciere no haber dicho la verdad, ya por las contradicciones en que hubiere incurrido, o ya por otro motivo, aunque no hubiese sido tachado, expresándose el fundamento de tal determinación”.-

   Al respecto el jurista Ricardo Henríquez La Roche, en su Obra “Código de Procedimiento Civil”, Tomo III, manifiesta: “…la apreciación de la prueba de testigos deberá hacerse según las reglas de la sana crítica, de lo que se sigue que el testimonio único pueda consistir plena prueba, siempre que después del cuidadoso análisis que impone la valoración de este medio probatorio, el Juez se encuentre convencido de que los hechos ocurrieron en la forma como los ha narrado el declarante. En este sentido, el juez estimará cuidadosamente los motivos o razones que tuvo el testigo para declarar y la confianza que le m.e.t. por su profesión, edad, vida y costumbres”.

   Ahora bien, de las respuestas formuladas por las testigos bajo examen, evidencia este operador de justicia en primer lugar, que la ciudadana E.D.C.G.D.V. quedó conteste sobre los hechos planteados en el interrogatorio del justificativo de testigos, no incurrió en contradicciones ni causales que pudiesen inhabilitarla como testigo, la misma manifestó conocer a la ciudadana M.J.R.R. desde hace Treinta (30) años por ser vecina, aclarando en razón de las repreguntas formuladas por la parte demandada que su relación no era de amistad íntima, además estableció que la ciudadana M.J.R.R. efectivamente ha habitado el inmueble sub litis desde el año 1.960 cuando se mudó a este con su mamá R.D.R., y que nunca se ha mudado ni ha sido perturbada por persona alguna reclamándole derechos sobre el inmueble, e inclusive con la realización de ciertas mejoras, refiriendo que le constaba éste hecho en virtud de que para el año 1.984, la demandante le solicitó permiso para levantar un “bahareque” en el lugar donde lindaban, su casa y la de dicha parte. Igualmente, manifestó conocer al ciudadano I.S., pero que éste no convivió en esa casa. En consecuencia, éstos hechos afirmados por la actora quedan comprobados con ésta testimonial. Así se valora.-

   En cuanto a la apreciación de la testigo N.M.D.A., se observa por una parte que la misma manifestó ser vecina y “muy amiga” de la demandante de autos, y por otra parte que su testimonio es referencial al expresar cómo le constan los hechos posesorios de la demandante de autos, al afirmar que nunca ha visto la presencia de un tribunal o alguna persona que la pertubara y que si así hubiera sucedido “ella se lo habría comentado”. En consecuencia, este jurisdicente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil no le otorga valor probatorio alguno a la presente testimonial. Así se decide.-

   En síntesis, visto que el justificativo de testigos evacuado por la parte actora en fecha Veintiocho (28) de febrero de 1.989, por ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, promovido como prueba documental, sólo fue eficazmente ratificado por uno solo de los dos testigos interrogados con base a tal justificativo, este Sentenciador deberá valorarlo parcialmente, sólo respecto a la testimonial de la ciudadana E.D.C.G.D.V., en aplicación de la disposición contenida en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Así se valora.-

   Ahora bien, corresponde analizar la prueba testimonial de los ciudadanos:

   A.M.T., de la verificación de sus deposiciones se concluye que el mismo quedó conteste sobre el hecho de conocer a la ciudadana M.J.R.R. desde hace más de treinta (30 años), por relaciones de estudios, que la demandante ha habitado siempre el mismo inmueble ya que las visitas que le ha hecho, siempre han sido en la misma dirección, por lo menos en los últimos Veinte (20) años, que no tiene conocimiento que se haya mudado, tampoco que haya sido perturbada o le hayan solicitado el desalojo del inmueble, así mismo, atestigua que le constan las mejoras realizadas al referido inmueble, e igualmente manifiesta conocer al ciudadano I.S., pero que no le consta que haya convivido con la demandante o que haya vivido en esa casa. De la testimonial bajo examen se observa que no hay incongruencias, y se le otorga el valor probatorio establecido en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil. Así se valora.-

   R.E.O.d.U., igualmente de sus deposiciones se concluye que la misma quedó conteste en conocer a la ciudadana M.J.R.R. desde treinta (30) años aproximadamente, por relaciones comerciales, además le consta que habita el mismo inmueble objeto del litigio con su mamá y sus hijos, que nunca se ha mudado, ni ha sido perturbada, molestada o desocupada por un tribunal, y que la demandante ha realizado mejoras sobre el inmueble objeto del litigio, observando la construcción de un “techo de platabanda, cerca, un cuarto y piso de granito”, inclusive una vez presenció el pago que la demandante hiciera a los trabajadores conforme se desprende de las repreguntas formuladas por la contraparte. Igualmente manifestó que le constaba que el ciudadano I.S. no vivía con la demandante porque siempre que iba a visitarla, producto de sus relaciones comerciales consistentes en venta de mercancía y confección de determinados productos, dos o tres veces al mes y por las tardes regularmente, nunca lo encontraba en el inmueble in comento. En consecuencia, éste Juzgador le otorga a la presente testimonial, el valor probatorio de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil. Así se valora.-

   En cuanto a la prueba testimonial de la ciudadana C.U.D.G., se evidencia de actas que inicialmente al exponer ante el Tribunal comisionado para su evacuación, dicha ciudadana manifestó tener interés de declarar a favor de la demandante promovente, y posteriormente, en el ciclo de preguntas expuso no tener interés, en consecuencia esto demuestra una evidente contradicción, debiendo esta Superioridad desechar la presente testimonial por no tener valor probatorio alguno, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.-

   En base a las consideraciones anteriores, es forzoso para este Tribunal de Alzada valorar parcialmente la presente prueba testimonial promovida por la parte actora, sólo con relación a los ciudadanos E.D.C.G.D.V., y A.M.T.R.E.O.d.U., desechándose el resto de los testigos. Así se decide.-

5. ANALISIS DE LOS MEDIOS PROBATORIOS APORTADOS POR LA PARTE DEMANDADA

   De conformidad con lo estipulado en el Artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, considera este sentenciador necesario el análisis y valoración de los documentos consignados por la parte demandada junto con su escrito de contestación de la demanda:

   1) Documento constitutivo de la Sociedad Mercantil PROPIETARIA DE INMUEBLES, C.A., inscrita en el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Zulia, en fecha Catorce (14) de agosto de 1.962, anotado bajo el Nº 86, Libro 52, Tomo 2.

   2) Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil PROPIETARIA DE INMUEBLES DON SILVIO, C.A., de fecha Veintinueve (29) de Noviembre de 1.962.

   3) Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil PROPIETARIA DE INMUEBLES DON SILVIO, C.A., de fecha Dieciocho (18) de Julio de 1.972.

   Del análisis de estos medios probatorios se puede observar que se tratan de documentos públicos, que al no ser impugnados, ni tachados por la contraparte adquieren todo el valor probatorio de conformidad con el Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Así se valora.-

   Igualmente, dentro de la oportunidad para la promoción de pruebas en la presente causa, la parte demandada promovió las siguientes pruebas:

   El mérito favorable que se desprende de las actas procesales.

   Este juzgador considera necesario señalar que la solicitud de apreciación del mérito favorable de los autos, usada corrientemente por los profesionales del derecho en sus escritos de promoción de pruebas, no es un medio de prueba, es decir, no debe ser empleado como un mecanismo para traer a las actas hechos que la parte pretende probar, sino una solicitud que el juez está en el deber de aplicar de oficio siempre, sin necesidad de alegación de parte, siendo una pretensión de la parte en base a su misma necesidad de resultar favorecida en la valoración de los elementos probatorios existentes en el proceso con base al principio de la comunidad de la prueba, razón por la cual al no ser promovido un medio susceptible de valoración, este Tribunal no tiene elemento alguno que valorar. Así se decide.-

   Prueba documental constituida por las actas de nacimiento de los ciudadanos S.J. y A.S.S.R., las cuales fueron valoradas con anterioridad por lo que este Juzgador se abstiene de valorarlas nuevamente. Así se decide.-

   Prueba de informes respecto de la entidad bancaria BANCO UNIÓN, S.A.C.A, a objeto de que informe sobre los siguientes aspectos: