Decisión nº 356 de Juzgado Superior Septimo Agrario de Trujillo, de 2 de Julio de 2010

La confesión de las codemandadas: explana el Apoderado Judicial de la parte demandante (folios 916 y 917), que en la página ocho (08) de la contestación de la demanda las codemandadas, admitieron expresamente como cierto que los demandantes son copropietarios del lote de terreno objeto de esta demanda de acción reivindicatoria. Que en la página 9 de dicha contestación quedó comprobado que las codemandadas si reconocen a los demandantes, como los propietarios del lote de terreno objeto de esta demanda, diciendo que es cierto lo alegado en el escrito libelar. Que las demandadas alegan y no prueban, que el lote de terreno de los demandantes no tiene 36 hectáreas y después reconocen que todo el terreno tiene casi 35 hectáreas aproximadamente. Que en la página 9 de la prenombrada contestación reconocen que tiene 36 hectáreas, de las cuales forman parte las 6 hectáreas cuya reivindicación piden, la otra parte presuntamente de ese terreno se lo vendió M.Á.M. a las demandadas, y que dicen que ese es el terreno que según los demandantes contiene las 6 hectáreas que a ellos les faltan. Que cuando contestan la demanda no niegan que el 15 de septiembre de 2000, a las 10 de la mañana, (10:00 a.m.), cuatro (4) obreros estaban corriendo la cerca de las demandadas, hacia el lindero norte de ellas, lindero sur de los demandantes, que con esa prueba queda demostrado que las demandadas se encuentran en posesión de las 6 hectáreas de tierras que les quitaron y pretenden reivindicar.

Con relación a tal promoción el Tribunal observa que ciertamente la parte demandada acepta que son copropietarios del terreno con la ciudadana A.R.G., quien fue concubina del vendedor del referido lote de terreno a reivindicar, igualmente que se encuentran en la misma ubicación que expresan los demandantes en el escrito libelar, tambien agregan que la cabida de la totalidad del terreno, que incluso dividió en varios lotes el referido M.Á.M., cuyo documento de partición es de fecha 18 de febrero de 1988, anotado bajo en número 31, Tomo 2, Protocolo 1°, Primer Trimestre de los libros respectivos del Registro Subalterno del Municipio R.R. y otros del estado Trujillo, por lo que no confiesan, por el contrario alegan que los demandantes no sean propietarios de ese lote de terreno, sino comuneros.

Tambien es necesario observar, que en dicho escrito de contestación, agregan que son copropietarias del lote de terreno que les pretenden reivindicar y que incluso han tenido conflictos por los linderos, que fueron dilucidados por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, según consta de sentencia ejecutoriada de fecha 21 de julio de 2003, quedando firme el deslinde, especificando los linderos definitivos dejados en dicho fallo, de esta manera trajeron a los autos, nuevos hechos contradictorios para ser verificados en el debate probatorio, borrando la posibilidad de una admisión del hecho alegado de el ingreso al terreno el 15 de septiembre de 2000. Así mismo agregan las demandadas, que el terreno fue adquirido por el mismo propietario que le vendió el terreno que pretenden reivindicar, que la adquisición fue el 19 de mayo de 1998, anotado bajo el número 44, tomo 3, que aunado a ello no existe identidad de la cosa a reivindicar, es decir, el objeto de la causa, es mas, citan dichas demandadas a través de sus apoderados judiciales, al procesalista R.O.O. en su obra titulada “Teoría General de la Acción Procesal en la Tutela de los Intereses Jurídicos”, expresando que el petitum debe ser individualizado, que no especificaron los linderos generales y los linderos particulares del terreno a reivindicar.

Por lo antes descrito, de la lectura de la totalidad del escrito de contestación de la demanda y no tomando frases tanto del escrito de contestación como de la promoción de pruebas de la parte demandante que descontextualizan y pueden generar falsos supuestos como así lo hizo el a quo, se concluye que de la contestación de la demanda no se perciben elementos concluyentes, que puedan considerarse admisión de los hechos o confesión de la parte demandada, en consecuencia no existe confesión. Así se establece.

Documentales que fueron acompañadas al libelo de demanda:

Copia certificada del documento de compraventa de las 36 hectáreas, sobre la cual versa la demanda, instrumento debidamente protocolizado en el Registro Inmobiliario del Municipio R.R.d.e.T., anotado bajo el número 3, Protocolo Primero, Tomo 3, Trimestre 4° de fecha 5 de diciembre de 1991, el cual acompañó marcado “A”, siendo valorado como un documento público en cuanto a su contenido y firma, todo de conformidad con el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 1.357, 1.359 y 1.360 del Código Civil, mas no como prueba concluyente de propiedad del lote en conflicto.

Documento de compraventa de derechos y acciones sobre un lote de terreno ubicado en “La abejita”, Protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio R.R.d.E.T., anotado bajo el número 44, Protocolo Primero, Tomo 1°, Trimestre 4° de fecha 23 de diciembre de 1958, el cual acompañó marcado con la letra “B”, venta a M.Á.M., el cual fue el que le dio origen a la venta hecha a los demandantes de autos, siendo valorado como un documento público en cuanto a su contenido y firma, todo de conformidad con el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 1.357, 1.359 y 1.360 del Código Civil, mas no como prueba concluyente de propiedad del lote en conflicto.

Documento de compraventa de derechos y acciones, en copia fotostática simple, mediante el cual Eólida M.L.d.V. le vendió a M.Á.M., derechos y acciones sobre un lote de terreno ubicado en “La abejita”, Protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio R.R.d.E.T., anotado bajo el número 33, Protocolo 1°, Trimestre 3° de fecha 12 de agosto de 1968, el cual acompañó marcado con la letra “C”, venta a M.Á.M., el cual fue el que le dio origen a la venta hecha a los demandantes de autos, siendo valorado como un documento público en cuanto a su contenido y firma por no haber sido impugnada, todo de conformidad con el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 1.357, 1.359 y 1.360 del Código Civil, mas no como prueba concluyente de propiedad del lote en conflicto.

Copia certificada de documento de compraventa de derechos y acciones que vende P.M.L. al difunto M.Á.M. sobre un lote de terreno ubicado en “La abejita”, Protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio R.R.d.E.T., anotado bajo el número 45, Protocolo 1°, Tomo 1, Trimestre 3° de fecha 16 de agosto de 1968, el cual acompañó marcado con la letra “D” el cual fue el que le dio origen a la venta hecha a los demandantes de autos, siendo valorado como un documento público en cuanto a su contenido y firma, todo de conformidad con el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 1.357, 1.359 y 1.360 del Código Civil, mas no como prueba concluyente de propiedad del lote en conflicto.

Copia Certificada de documento de partición amistosa, entre los ciudadanos M.Á.M. e H.d.J.L. ”, Protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio R.R.d.E.T., anotado bajo el número 31, Protocolo 1°, Tomo 2, Trimestre 1°, de fecha 18 de febrero de 1988, el cual acompañó marcado con la letra “E” el cual fue el que le dio origen a la venta hecha a los demandantes de autos, siendo valorado como un documento público en cuanto a su contenido y firma, todo de conformidad con el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 1.357, 1.359 y 1.360 del Código Civil, mas no como prueba concluyente de propiedad del lote en conflicto.

Promovió identificado TERCERO la testimonial de los ciudadanos R.R.T.S., W.J.M.V., V.A.T.M.V., V.A.T.M., Y.J.M. y H.A.S.G., titulares de las cédulas de identidad números 9.006.053, 13.522.831, 9.314.678, 4.801.567 y 11.133.845 respectivamente, siendo evacuada dicha prueba en su oportunidad legal, en lo que respecta a los ciudadanos R.R.T.S. y Y.J.M.. Con relación al primer testigo que declaró, no merece credibilidad sus dichos, en virtud que se confunde en cuanto a las respuestas dadas a las preguntas en relación a las repreguntas, da como colindante a las demandadas de autos, aunado a ello dice que conoce muy bien los linderos, que pasa una tubería negra y cuando responde a la QUINTA REPREGUNTA expresa que dicha tubería pasa por el sector CUBA y que son tierras de J.L., en donde ambas partes reconocen que dicha tubería pasa por los terrenos que pretenden reivindicar, igualmente reconoció que los terrenos en conflicto ubicados entre la casa y trapiche de las demandadas y el terreno que los demandantes no lo están reivindicando. Por no dar suficiente certeza en sus dichos y caer en contradicciones se desecha dicho testigo, todo de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil. Igualmente ocurre con los dichos dados por el ciudadano Y.J.M., el cual no dio razón fundada a sus respuestas, que solo se hizo lacónico al responder “si” tanto a las preguntas y en cuanto a las repreguntas, dijo reconocer que existe una cerca divisoria de vieja data entre el lote que pretenden reivindicar y el lote posesión de las demandadas, que divide la parte norte de los terrenos de los demandantes, siendo la respuesta de la SÉPTIMA REPREGUNTA, razones suficientes para desechar esta prueba a tenor de lo dispuesto en el 508 del Código de Procedimiento Civil.

Promovió identificado CUARTO, la experticia, para que deje constancia de las medidas del bien a reivindicar, de quién es la posesión actual, los linderos generales que se encuentran en los documentos originales de la casa de habitación y trapiche de las codemandadas, sus medidas y los linderos que tenían cuando fueron adquiridas, igualmente comparar los linderos respectivos con los documentos de las codemandadas y de los codemandantes, dejando expresa constancia de los linderos generales de las tierras que se especifican en los linderos que constan en el documento de adquisición de los litis consortes activos, así mismo de que las 6 hectáreas están contiguas a las tierras en donde se encuentra el trapiche y la casa de las demandadas y determinar si las tierras de los demandantes tienen 36 hectáreas. El a quo admitió oportunamente este medio probatorio, fue nombrado y erróneamente le fue establecido 3 días más un día como término de distancia y a cualquier hora de despacho, para que procediera a aceptar o excusarse y en caso de aceptación sea juramentado, violando el artículo 451 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, aplicado aquí supletoriamente, ya que debe establecer en la boleta el día y la hora de ese acto, por cuanto debe existir certeza para que las partes tengan el control de la prueba y estén presentes en el acto ( artículo 466 eiusdem), para el caso de aceptar sea juramentado y de esta manera puedan recusarlo si consideran que tienen causales para hacerlo y no como lo hizo el juez de la causa, en auto de fecha 10 de marzo de 2008, que corre al folio 953 de actas, que luego de paralizarse la causa y notificadas las partes, una vez que aceptó tal nombramiento, notificado el ciudadano J.Q., como experto, prestó el juramento de Ley no estableciendo a requerimiento del a quo el día y hora en que comenzaría las labores de campo a los fines de la contradicción y control de la prueba, aunque fue establecido un lapso para presentar las resultas de la experticia conforme al artículo 460 del mismo Código de Procedimiento Civil..

Así las cosas, observa esta Alzada que el experto consignó su informe con el correspondiente plano topográfico cursante del folio 1.005 al folio 1014, el mismo estuvo presente en la audiencia probatoria, siendo interrogado por ambas partes y el experto expuso que sólo había practicado la experticia en el lote de terreno que pretenden reivindicar los demandantes y no sobre la totalidad del inmueble que alegan ser propietarios los demandantes, en virtud de que el abogado A.R. le había hecho una solicitud que no se hiciera una medición completa “…del área actual de la finca ya que sería muy costoso…”, dicha respuesta fue dada a la SEGUNDA REPREGUNTA, imprescindible para la determinación de la identidad del bien a reivindicar con el que se expresa en el escrito libelar y en el título suficiente. Razones bastantes para desechar dicha prueba, no solo por violar formas procesales del debido proceso, sino de fondo, ya que dicha experticia no cumplió con lo ordenado por el tribunal de la causa.

Con respecto a la Inspección judicial no fue admitida la misma, al igual que las posiciones juradas, quedando firme por no haber ejercido recurso alguno. Así se declara.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA: En esta Instancia el Apoderado Judicial de la parte demandada promovió las siguientes pruebas:

La existencia de la Perención de la Instancia: promovió como prueba determinante, el cómputo legal que pidió sea realizado por este juzgado en base a las actas del expediente de los días transcurridos desde el 26 de octubre de 2004, fecha en que fue admitida la demanda, que se computen los 30 días continuos que hace referencia el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, acompañando al escrito de promoción de pruebas copia de decisión dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, extraída de la página Web del M.T. de la República.

Observando las actas del expediente por este Tribunal, se constata que la parte demandante si hizo las gestiones relativas a la interrupción del lapso necesario para que prospere la perención breve de la instancia. Aunado a ello el artículo 193 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, una perención especial cuando la parte no haya realizado ningún acto de impulso procesal durante seis (06) meses computados desde la última actuación; por lo que se desecha dicho pedimento.

Valor y mérito de la copia certificada del documento de compraventa de un lote de terreno adquirido por las demandadas de autos, sobre la cual versa la contestación de la demanda, con su correspondiente nota marginal estampada de deslinde judicial que establecen linderos, y se refiere a sentencia debidamente registrada en fecha 23 de noviembre de 2004, anotado bajo el número 2, tomo 10 de los libros respectivos, instrumento debidamente protocolizado en el Registro Inmobiliario del Municipio R.R.d.e.T., anotado bajo el número 44, Protocolo Primero, Tomo 3, de fecha 19 de mayo de 1998, el cual acompañó marcado “A”, siendo valorado como un documento público en cuanto a su contenido y firma, todo de conformidad con el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 1.357, 1.359 y 1.360 del Código Civil, mas no como prueba concluyente de propiedad del lote en conflicto.

Valor y mérito de la copia certificada del levantamiento topográfico correspondiente al inmueble registrado e identificado en el documento a.e.e.p. SEGUNDO, agregado al cuaderno de comprobantes bajo el número 166, de fecha 11 de febrero de 2005 de la Oficina Subalterna de Registro del Municipio R.r.d.e.T.. Con respecto a esta prueba la valora como un indicio previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil.

Valor y mérito de la sentencia definitivamente firme de deslinde judicial del predio que esta por dilucidar la reivindicación de inmueble, de fecha 21 de junio de 2003. en donde especifica que tanto demandante como demandado coinciden por el lindero sur los demandantes y por el lindero norte la parte demandada, emanada del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario. Siendo valorado como un documento público en cuanto a su contenido y firma, todo de conformidad con el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 1.357, 1.359 y 1.360 del Código Civil, mas no como prueba concluyente de propiedad del lote en conflicto y la misma no fue tachada.

Nota marginal de deslinde judicial en copia certificada de documento de los demandantes que acompañaron al libelo como documento fundamental de la acción, debidamente protocolizado en el Registro Inmobiliario del Municipio R.R.d.e.T., anotado bajo el número 3, Protocolo Primero, Tomo 3, Trimestre 4° de fecha 5 de diciembre de 1991. Siendo valorado como un documento público en cuanto a su contenido y firma, todo de conformidad con el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 1.357, 1.359 y 1.360 del Código Civil, por cuanto la misma no fue tachada o impugnada tiene pleno valor probatorio en cuanto a los linderos que se especifican en dicha nota marginal. Más no como prueba concluyente de propiedad del lote en conflicto y la misma no fue tachada o impugnada.

Copias certificadas en dos folios útiles del documento de los demandantes por medio del cual aducen la propiedad, que contiene la nota marginal del deslinde judicial, protocolizado en el Registro Subalterno del Municipio R.R.d.e.T. de fecha 23 de noviembre de 2004, anotada bajo el número 2, tomo 10 y el documento esta anotado bajo el número 3, Protocolo Primero, Tomo 3, Trimestre 4° de fecha 5 de diciembre de 1991. Demostrando así que la parte demandante tenía pleno conocimiento de la existencia del documento que aducen tener propiedad las demandadas y que la parte demandante pretende reivindicar. Siendo valorado como un documento público en cuanto a su contenido y firma, todo de conformidad con el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 1.357, 1.359 y 1.360 del Código Civil, por cuanto la misma no fue tachada, tiene pleno valor probatorio en cuanto a los linderos que se especifican en dicha nota marginal. Más no como prueba concluyente de propiedad del lote en conflicto, la misma no fue tachada.

Igualmente promovió las siguientes documentales en copia fotostática simple: A.- Documento de venta al ciudadano A.R.T., Protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Municipio R.R.d.e.T., anotado bajo el número 24, Trimestre 3° de los libros respectivos, por haber sido impugnadas de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil carecen de todo valor probatorio.-B.- Documento de venta al ciudadano R.Á.A., Protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Municipio R.R.d.e.T., anotado bajo el número 22, Trimestre 4° de los libros respectivos, por haber sido impugnadas de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil carecen de todo valor probatorio.-C.- Documento de venta al ciudadano J.C.G., Protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Municipio R.R.d.e.T., anotado bajo el número 43, Trimestre 4° de los libros respectivos, por haber sido impugnadas de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil carecen de todo valor probatorio.-D.- Documento de venta a la ciudadana D.A.G.d.M. , Protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Municipio R.R.d.e.T., anotado bajo el número 66, Tomo 2, Trimestre 4° de los libros respectivos, por haber sido impugnadas de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil carecen de todo valor probatorio.- E.- Documento de venta al ciudadano Á.M.R., Protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Municipio R.R.d.e.T., anotado bajo el número 3, Trimestre 4° de los libros respectivos, por haber sido impugnadas de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, carecen de todo valor probatorio.- F.- Documento de venta a la ciudadana B.R.R.d.H. , Protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Municipio R.R.d.e.T., anotado bajo el número 12, Trimestre 1° de los libros respectivos, por haber sido impugnadas de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, carecen de todo valor probatorio.- G.- Documento de venta al ciudadano I.V.G., Protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Municipio R.R.d.e.T., anotado bajo el número 23, Trimestre 4° de los libros respectivos, por haber sido impugnadas de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, carecen de todo valor probatorio.-

Dentro de este particular SÉPTIMO promovió en copias fotostáticas simples H.- Documento de venta al ciudadano R.Á.A., Protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Municipio R.R.d.e.T., anotado bajo el número 22, Trimestre 1° de los libros respectivos, por haber sido impugnadas de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, carecen de todo valor probatorio.-I.-Documento de venta a la ciudadana M.G.V. de Ramírez, Protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Municipio R.R.d.e.T., anotado bajo el número 25, Trimestre 4° de los libros respectivos, por haber sido impugnadas de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, carecen de todo valor probatorio.-J.- Documento de venta en copia certificada, a las ciudadana M.C.M.R., A.C.M.R.d.V., Yuleida T.M.R. y N.J.M.R., Protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Municipio R.R.d.e.T., anotado bajo el número 44, Trimestre 2° de los libros respectivos, el mismo ya fue valorado con su respectiva nota marginal como documento público.-K.- Documento de registro de mejoras, relativo a construcción de vivienda familiar, Protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Municipio R.R.d.e.T., Trimestre 2°, Protocolo 1° de los libros respectivos, si bien es cierto que es un documento público, el mismo no aporta elementos de convicción y es inconducente a tales fines.-L.- Documento de declaratoria de estructura tipo trapiche y otras bienhechurías, Protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Municipio R.R.d.e.T., Trimestre 1°, Tomo 2°, Protocolo 1° de los libros respectivos, si bien es cierto que es un documento público, el mismo no aporta elementos de convicción y es inconducente a tales fines.-LL.- Documento de venta de una casa de habitación familiar, hecha por M.Á.M. a las demandadas Protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Municipio R.R.d.e.T., Trimestre 1°, Protocolo 1°, Tomo 7, número 3 si bien es cierto que es un documento público, el mismo no aporta elementos de convicción y es inconducente a tales fines.-

Igualmente acompañó copia simple de sentencias extraídas de la página Web del Tribunal Supremo de Justicia, relativas a la perención de la instancia y a la acción reivindicatoria de la Sala de Casación Civil y Sala Político Administrativa del mas alto Tribunal de la República, cursantes del folio 1096 al folio1135, el Tribunal no les da valor probatorio alguno por no traer elementos de convicción a este juzgador.

En virtud de que la parte demandante hizo mención en la audiencia de pruebas al instrumento cursante del folio 579 al folio 620, correspondiente a documento de partición de los bienes dejados por el causante M.A.M., suscrito por A.R.G., M.A.M.R., N.J.M.R., A.M.R. , A.N.M.R., J.R. MATOS RIVERA, EURO MATOS RIVERA, H.J. MATOS RIVERA YULEIDA MATOS RIVERA, M.C.M.R., C.J.M.R., A.M.R., M.D.J.M.L., R.A.M.L. y A.R.R., debidamente protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio R.R., anotado bajo el número 45, Protocolo I, Tomo 3, de fecha 5 de agosto de 2004, que fue acompañado con la contestación de la demanda, si bien es cierto que es un documento público, en cuanto a su contenido y firma, todo de conformidad con el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 1357, 1359 y 1360 del Código Civil, el mismo no aporta elementos de convicción y es inconducente a los fines de demostrar los hechos nuevos alegados en la contestación de la demanda por la parte demandada, tampoco aporta elemento alguno para demostrar la pretensión de la parte demandante. Así se declara.

Pruebas traídas de oficio por esta Alzada: Dentro de la oportunidad legal que establecen fallos de la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, antes de la audiencia probatoria, haciendo uso del artículo 202 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, agotada la vía conciliatoria a través de una audiencia convocada por iniciativa de la Alzada, ordenó practicar inspección judicial y experticia, en la totalidad del lote de terreno que alega la parte demandante ser el propietario, igualmente en el lote que pretenden reivindicar, posesión de la parte demandada.

A los fines de materializar la inspección judicial, este tribunal acordó practicarla el día y hora, en que el experto iniciara los trabajos de campo de la referida experticia a los fines de la economía procesal, para ahorrar tiempo a las partes; mas no como lo interpretó la Apoderada Judicial de la parte demandada en la audiencia de pruebas, quien expuso, que la experticia para tener validez y ser legal, se requiere que el juez se traslade con el experto para dejar constancia de la práctica de la experticia, alegato totalmente erróneo, ya que en virtud que ambos medios probatorios tienen objeto y tratamiento legal, distinto, ninguno depende del otro. Pasando de seguidas a analizar las referidas pruebas:

Inspección Judicial practicada de oficio: Esta prueba fue practicada los días 23 y 30 de abril de 2010, en presencia de las partes y acompañado de una práctica que hizo las veces de fotógrafa, haciéndose un recorrido por la totalidad del predio que la parte demandante dice ser propietario, incluyendo el lote que pretende reivindicar, en posesión de la parte demandada, dejando constancia de la existencia de un lote de terreno con cerca de alambre de púa y estantillos de madera con divisiones o potreros con pastos de la variedad estrella con ganado vacuno de distintos tamaños y sexos, dos caballos y colinda por un lado con un terreno con instalaciones y maquinarias aptas para la molienda de caña para elaborar panela, conocido como trapiche y casas ocupadas por las demandadas de autos y por la parte contraria o inferior colinda con terreno ocupado por los demandantes de autos y ambos terrenos tienen acceso por la vía carretera rústica que incluso cubre parte de la tubería metálica del acueducto Valera-Betijoque con salida al Trapiche que da a la vía carretera; en el lote que no esta en conflicto y que alegan los demandantes tener posesión del mismo, tiene cerca de alambre de púa con estantillos de madera con divisiones y potreros con vaquera con vegetación natural y en estado de abandono, en donde se constató que la cerca divisoria entre ambos lotes de terreno se encuentra en buen estado, existiendo algunos árboles que sirven de estantillos con el alambre dentro de los troncos de algunos de ellos; la existencia de la tubería del acueducto Valera-Betijoque contiguo a la cerca divisoria entre el terreno en posesión de las demandadas y el lote posesión de los demandantes, el cual tiene dos tomas conocidos como cachimbos, uno con vista hacia el terreno posesión de las demandadas y el otro con vista al terreno posesión de los demandantes, igualmente para acceder al lote de terreno que no esta en discusión y en posesión de los demandantes se hizo por la vía de acceso o carretera de tierra que va desde el trapiche y demás construcciones de las demandadas hasta el terreno ocupado por los demandantes. Esta prueba se practicó de conformidad con el artículo 202 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en armonía con el artículo 472 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; valorándose de conformidad con el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil.

Experticia: De oficio esta Alzada ordenó la practica de esta prueba y para ello solicitó la colaboración del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Unidad Estadal Trujillo, de una terna de profesionales del área agropecuaria, siendo nombrado el Ingeniero A.A.H., aceptando su nombramiento, juramentado el mismo, especificando el día y hora en que comenzaría los trabajos de campo de dicha probanza, aunado a ello aceptó el lapso en que presentaría el informe y en virtud de su no presentación dentro de dicho lapso, solicitó quince (15) días adicionales, presentando el mismo dentro de la oportunidad legal, tal como consta en nota secretarial de fecha 07 de junio de 2010, todo de conformidad con los artículos 451, 458, 459, 460, 461 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, igualmente a los fines del control y contradicción de la prueba de acuerdo con los apartes 1°, 2° y 3° del artículo 199 y 202 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, estuvo presente en la audiencia oral de pruebas que fue avalado el informe por ambas partes. Del mismo se obtiene que la cabida del lote de terreno en litigio son siete hectáreas con seis mil novecientos metros cuadrados (7has. con 6900 m2) y el lote de terreno en posesión de la parte demandante es de veintidós hectáreas con ocho mil novecientos setenta y un metros cuadrados (22 has. con 8971 m2), especificando los linderos del terreno en posesión de la parte demandante y de terreno en posesión de la parte demandada, así mismo las instalaciones y construcciones existentes en ambos lotes de terreno, expresando que para ingresar al terreno posesión de la parte demandante lo hizo a través de la vía carretera de tierra o rústica que tiene el lote de terreno posesión de la parte demandada, dándole su pleno valor. Esta prueba se valora de conformidad con el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil.

Una vez analizado el material probatorio aportado por las partes y este Tribunal, pasa de seguidas a hacer las siguientes consideraciones:

La Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremos de Justicia en sentencia de fecha 26 de junio de 2003, que recayó en el expediente 2002-000148, ha mantenido los criterios acogidos por el más alto tribunal de la República, citando sentencias de la referida Sala de Casación Social de fecha 21 de junio de 2000, los cuales se transcriben a continuación:

“La acción reivindicatoria es ‘acción de condena o cuando menos acción constitutiva, en el sentido de que, además de tender a la declaración de certeza del derecho de propiedad, tiende a obtener que, para el futuro, el demandado dimita la posesión, restituyéndola al propietario’ (Messineo, Francesco; Manual de Derecho Civil y Comercial, Tomo III, pp. 365 y 366).

….Omissis…

Debido a esta razón la recurrida declaró sin lugar la acción reivindicatoria, decisión ajustada a derecho, porque la prueba plena para la determinación del mejor derecho en los juicios de reivindicación, es aquella que lleve a establecer de manera precisa y evidente, una situación legal más ventajosa para una parte con respecto a su contraria, independientemente del origen y circunstancias posteriores de transmisión de ese derecho, que en otras épocas impusieron en esta clase de juicios el examen de todos los títulos, desde los más remotos hasta los más recientes’ (Sentencia de la Sala de Casación Civil, de fecha 26 de junio de 1991, exp. No. 90-671).

Cuando el señorío que el propietario tiene en la cosa sea discutido por otro, alegando un derecho real en la misma cosa, tiene lugar la protección o tutela jurídica de la propiedad. El tercero puede alegar sobre aquélla un derecho que desconozca por entero el señorío de otro, afirmando ser propietario o puede pretender solamente un derecho parcial; diversos serán los medios de defensa. Para el primer caso, sirve la acción reivindicatoria, que tiende al reconocimiento del derecho de propiedad y a la restitución de la cosa por quien ilegítimamente la retiene (…) dos son las condiciones a que se subordina su ejercicio: que el actor sea propietario y el demandado sea poseedor

(De Ruggiero, Roberto; Instituciones de Derecho Civil, Instituto Editorial Reus, Madrid, pp. 664 y 665). (Subrayados de la Sala).

La acción reivindicatoria se halla dirigida, por lo tanto, a la recuperación de la posesión sobre la cosa y a la declaración del derecho de propiedad discutido (…), la restitución del bien aparecería como una resultante del derecho de propiedad reconocido por el pronunciamiento del organismo jurisdiccional competente (...)” (Sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 21 de junio de 2000).

De lo antes descrito se concluye que la referida sentencia es muy precisa en el sentido de que se deben probar dos extremos a saber: que el actor sea propietario y el demandado sea el poseedor que para mejor precisión la doctrina la ha ampliado a tres.

Analizadas como han sido las pruebas aportadas por las partes; en este sentido, al actor le corresponde probar que estén plenamente comprobados en el proceso los requisitos esenciales a saber:

a.- Demostración de la propiedad del actor sobre la cosa, es decir que la parte demandante pruebe que es el propietario del inmueble a reivindicar que en el presente caso, no solo debe demostrar con el documento debidamente registrado, si no también con la actividad agropecuaria desarrollada en los términos que establece el artículo 305 de la Carta Fundamental, que realizó el reivindicante para cuando fue desposesionado, de esta manera demostrar lo que es conocido como legitimación activa.

b.- La posesión indebida o sin mejor derecho por parte del demandado de la causa a objeto de la reivindicación.

c.- La identidad entre el bien inmueble que el demandante alega ser propietario y el bien inmueble cuya posesión detenta el demandado.

Estos presupuestos constituyen una carga probatoria de la parte demandante debe comprobar con los medios probatorios legales, pertinentes y conducentes; que la Sala Especial Agraria del la Sala de Casación Social ha establecido que es una carga probatoria privativa de la parte reivindicante. Igualmente la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 23 de octubre de 2009, número 00573, que recayó en el expediente número AA20-C-2009-000107, compilada en el repertorio de jurisprudencia “RAMÍREZ & GARAY”, Tomo 265 (CCLXV), de octubre, noviembre y diciembre de 2009 (páginas 779 al 789), y que esta Alzada en reiteradas sentencias lo ha expresado, en virtud de que las tierras de vocación agraria, a los fines de la determinación de la propiedad, se deben tomar los criterios contemplados en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, interpretado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto al Título Suficiente, que debe probar el actor cuando pretende reivindicar tierras como propiedad privada, en los términos del artículo 2, ordinal 5 y artículo 22 de la referida Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dicho fallo estableció los siguientes supuestos para la procedencia de la reivindicación:

A.- El derecho de propiedad o dominio del demandante (reivindicante).

B.- El hecho de encontrarse el demandado en posesión de la cosa que pretende reivindicarse.

C.- Que se trate de una cosa singular reivindicable.

D.- Que exista plena identidad cuyo dominio se pretende y el que detenta el demandado.

Observa este juzgador que el requisito previo para la declaratoria de la procedencia de la reivindicación de inmueble, esta la identidad del bien objeto de litigio, con el bien reflejado en el título, como puede observarse del libelo de la demanda, los linderos de las 36 hectáreas aproximadamente son los siguientes: Por el NORTE: Las quebradas de El Bijao y Zanjón Ciego; POR EL SUR: Terrenos propiedad de M.Á.M.; POR EL ESTE: Con el Zanjón El Bijao y con terrenos de la Hacienda El Prado que fue propiedad de M.Á.M. y POR EL OESTE: Colinda con terrenos de Don H.L. y de Jesús (Chucho) Perdomo; pero los linderos particulares de la cosa que pretenden reivindicar no están especificados, por lo que el petitum no fue individualizado en la demanda, que alegaron son 6 hectáreas aproximadamente, y de acuerdo a la experticia realizada por orden de este tribunal arrojó la totalidad de 7 hectáreas con 6.900 m2, dando un total entre el lote que no está en conflicto y el que pretenden reivindicar, de 30,59 hectáreas, según el experto nombrado y juramentado por este Tribunal, no existiendo dudas que el requisito de la plena identidad cuyo dominio se pretende y el que detenta el demandado no se cumple. Así se declara.

En dicha sentencia de la Sala de Casación Civil del 23 de octubre de 2009, se hace un análisis atinado que va en plena armonía con la c.d.T.S. que trae la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, aplicable al presente caso, ambas partes presentan un título con formalidades de registro sobre el lote de terreno en conflicto, aunado a ello, no presentan el tracto sucesivo o cadena titulativa que tenga origen legal de acuerdo al ordenamiento jurídico existente.

Así las cosas, dicho fallo establece: “(…) En este sentido cabe señalar que, en materia reivindicatoria cuando el demandante y el demandado ostentan, cada uno, un título de propiedad, el juez esta en la obligación de realizar el estudio comparativo de cada una de las cadenas titulativas, para determinar quien de las partes probó tener mejor derecho y en tal sentido dictar su decisión (…)”.

…omissis…

(…) Ahora bien, si los títulos tienen origen distinto, debe decidir el Juez la propiedad a la parte que aparezca con mayor derecho, para lo cual está en la obligación de hacer un estudio pormenorizado y comparativos de ello, - siempre y cuando este determinada la identidad del bien objeto del litigio, con el bien reflejado en el título – y en ciertos casos se puede decidir el litigio por presunciones de hecho emanadas de los mismos documentos y de las circunstancias fácticas de la causa. En este supuesto, el demandante tiene la obligación de probar la superioridad de su título, con la prueba del dominio del bien, que reclama no solo la demostración de la legitimidad del título, sino también del derecho del causante que transfirió el dominio, mediante la consignación de toda la cadena titulativa, de donde se desprende el derecho que invoca como propietario, lo que la doctrina ha señalado como (Probatio Diabólica), o prueba diabólica de la propiedad, pues nadie puede trasmitir un derecho que no tiene, conforme a los antiguos adagios latinos (Nemo Dat Quod Non Habet), que señala, nadie transfiere la propiedad de lo que no le pertenece, y (Nemo Plus Iuris Ad Alium Transferre Potest Quam Ipse Habet), que indica, nadie puede transmitir a otro mas derecho que el que por si mismo tiene.

En caso que el Juez determine que el demandante no probó el derecho de propiedad que sustenta su acción judicial, la demanda reivindicatoria debe ser decidida a favor del demandado, que obviamente debe ser el poseedor de la cosa (…).

En el presente caso la parte demandante presentó como documento de adquisición de la propiedad alegada, debidamente protocolizado en el Registro Inmobiliario del Municipio R.R.d.e.T., anotado bajo el número 3, Protocolo Primero, Tomo 3, Trimestre 4° de fecha 5 de diciembre de 1991; éste a la vez proviene del documento protocolizado en el mismo Registro Inmobiliario, anotado bajo el número 32, folios setenta(70) al setenta y dos(72) vuelto, Protocolo Primero, Tomo II, Primer Trimestre de 1988, según datos aportados del mismo documento, sin embargo ese anterior documento con esos últimos datos no constan en actas, pero si consta el documento de partición de una posesión de tierras denominada la abejita entre los ciudadanos H.d.J.L. y M.Á.M., anotado bajo el número 31, del Protocolo Primero, Tomo 2, Primer Trimestre de 1988, a la vez dicho documento expresa que la posesión habida en comunidad la obtuvieron según documentos protocolizados en la Oficina subalterna del Registro antes nombrado, anotados bajo los números 22 y 83, folio vuelto del 22 al 23 vuelto y 180 al 181, del Protocolo Primer, Trimestre Segundo y Tercero de los años 1945 y 1971; y el segundo de los nombrados también según documentos Protocolizados en la misma oficina de Registro anotados bajo los números 44, 33 y 45, Protocolo Primero, Cuarto y Tercer Trimestre de los años 1958 y 1968.

Igualmente fueron agregados los documentos de adquisición números 44, 33 y 45, especificados anteriormente, en donde adquirió derechos y acciones el ciudadano M.Á.M.. El primero según documento Protocolizado en la Oficina Subalterna del Registro antes nombrado, con fecha 11 de Febrero de 1928, serie 47, Protocolo Primero, Tomo 2. Con respecto al documento número 33 de fecha 12 de agosto de 1968 especifica la vendedora que adquirió derechos y acciones según documento Protocolizado en el mismo Registro antes nombrado, anotado bajo el no 47, Protocolo Primero del 11 de febrero de 1928. Con relación al documento número 45, en donde adquirió derechos y acciones sobre posesión de tierras, según documento Protocolizado en el mismo Registro Inmobiliario antes nombrado, anotado bajo el número 47, Protocolo Primero de fecha 11 de febrero de 1928, no consta en el expediente ni original, ni copia de este último documento.

Como puede observarse, de los demás documentos públicos que constan en actas, que fueron promovidos por la parte demandante, no coinciden sus datos registrales concatenadamente uno con respecto a otro, que de como resultado final el tracto sucesivo hasta llegar al título que le dio origen a la propiedad, conocida como cadena titulativa para considerarlo título suficiente, obtenido, bien sea a través de un acto jurídicamente válido que la República se haya desprendido, o que la tradición sea de las formas de adquirir la propiedad desde antes de la existencia de la República o de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos, vigente en lo que no contradice a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

Observa igualmente que el documento público, que adujo la parte demandada, como la prueba que le sirve de base a la propiedad alegada, debidamente protocolizado en el Registro Inmobiliario del Municipio R.R.d.e.T., anotado bajo el número 44, Protocolo Primero, Tomo 3, de fecha 19 de mayo de 1998, no fue acompañada su cadena titulativa, para considerarlo título suficiente, por el contrario, a pesar que tanto el documento fundamental de la demanda y la contestación, no fueron tachados, no son prueba suficiente del derecho de propiedad alegada por ambas partes.

Más aun, reconocida como fue por ambas partes la posesión de la parte demandada, coloreada con la sentencia de deslinde protocolizada en el Registro Subalterno del Municipio R.R.d.e.T., de fecha 23 de noviembre de 2004, anotada bajo el número 2, tomo 10, por lo que obviamente es la poseedora del lote de terreno, en consecuencia, conforme al adagio que informa: En igualdad de condiciones es mejor la del poseedor (In Pari Causa Melior Est Possidentis), el cual es acogido en la referida sentencia de la Sala de Casación Civil, ya que ambos se declaran propietarios del lote de terreno y en igualdad de circunstancias se favorece a las poseedoras que son las demandadas, por el reconocimiento de ambas partes y no estar controvertida la posesión, coloreada con la inspección judicial, experticia y la sentencia de deslinde antes analizada y los documentos presentados, este juzgador esta forzado a declarar con lugar el recurso de apelación y sin lugar la demanda en el dispositivo del fallo, por imperio igualmente del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, en concatenación con lo dispuesto en el artículo 775 del Código Civil, aplicados aquí supletoriamente. Así se declara.

PUNTO SOBRE LA TERCERÍA PRESENTADA POR LA CIUDADANA A.R.G.:

La ciudadana A.R.G., a través de su Apoderado Judicial interpuso Tercería de conformidad con el artículo 298 y siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ordinales 1 y 3, del artículo 370 y 371 del Código de Procedimiento Civil, siendo admitida la misma por el a quo, en su condición de concubina del fallecido M.A.M.. En fecha 15 de enero de 2007, cursante al folio 99, del respectivo cuaderno de tercería, el Tribunal ordenó la citación de las partes para que comparecieran al quinto día de despacho a contestar la referida tercería.

El Tribunal observa que a pesar de varias gestiones hechas por la parte demandante en tercería no logró citar a todos los demandados, observa igualmente que al folio 283 cursa diligencia de fecha 11 de agosto de 2011, estampada por el Apoderado Judicial de la parte demandante en Tercería, en donde solicita se devuelvan los originales de documentos que constan en dicho cuaderno, y en fecha 12 de agosto de 2008, el tribunal de la causa ordenó lo solicitado. Siendo esa la última actuación en el referido expediente.

El artículo 193 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establece una perención especial, la cual es de seis (06) meses, contados a partir de la última actuación que le da impulso procesal, por la parte demandante en tercería en este caso. En consecuencia, quedado evidenciado que entre la última actuación y la sentencia dictada por el a quo que decretó la perención de la instancia en la tercería interpuesta fue el 30 de noviembre de 2009, recayendo en demasía en el supuesto previsto en la norma in comento, es forzoso para esta Alzada confirmar la perención de la instancia, en el juicio de tercería intentado por la ciudadana A.R.G., como así será decidido en el dispositivo del presente fallo. Así se declara.

V

DISPOSITIVO:

Por lo antes expuesto, en fuerza de las consideraciones de hecho y de derecho que se han dejado sentadas, este JUZGADO SUPERIOR SÉPTIMO AGRARIO DEL ESTADO TRUJILLO, MUNICIPIOS SUCRE DEL ESTADO PORTUGUESA Y M.D.E.M., CON SEDE EN LA CIUDAD CAPITAL DEL ESTADO TRUJILLO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE:

Se declara Con Lugar el Recurso de Apelación, ejercido por el Abogado J.A.B., en su carácter de Apoderado Judicial de la parte demandada ciudadanas N.J.M.R., M.C.M.R., YULEIDA T.M.R. y A.C.M.D.V., en fecha 07 de diciembre de 2009, contra la decisión dictada en fecha 30 de noviembre de 2009, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario, Agrario, Tránsito y Obligación de Manutención de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, mediante la cual declaró: Sin Lugar la falta de cualidad de los demandantes para intentar por si solos la presente acción, alegada en la tercería y por la parte demandada; Con Lugar la perención de la instancia en el juicio de tercería intentada por la ciudadana A.R.G., a través de su apoderado judicial, abogado A.F.S., de conformidad con lo establecido en el artículo 193 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; CON LUGAR LA ACCIÓN REIVINDICATORIA incoada por los ciudadanos H.M.R. y A.R.R., a través de su apoderado judicial Abogado A.R., contra las ciudadanas N.M., MARÍA MATOS, YULEIDA MATOS y A.M.; Se condenó en Costas a la Demandada perdidosa.

Se Revoca Parcialmente la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario, Agrario, Tránsito y Obligación de Manutención de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, en fecha 30 de noviembre de 2009, mediante la cual declaró: Sin Lugar la falta de cualidad de los demandantes para intentar por si solos la presente acción, alegada en la tercería y por la parte demandada; Con Lugar la perención de la instancia en el juicio de tercería intentada por la ciudadana A.R.G., a través de su apoderado judicial, abogado A.F.S., de conformidad con lo establecido en el artículo 193 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; CON LUGAR LA ACCIÓN REIVINDICATORIA incoada por los ciudadanos H.M.R. y A.R.R., a través de su apoderado judicial Abogado A.R., contra las ciudadanas N.M., MARÍA MATOS, YULEIDA MATOS y A.M.; Se condenó en Costas a la Demandada perdidosa.

Se declara Sin Lugar la acción reivindicatoria intentada por los ciudadanos H.M.R. y A.R.R., a través de su apoderado judicial Abogado A.R., contra las ciudadanas N.M., MARÍA MATOS, YULEIDA MATOS y A.M., todos identificados en autos.

Con Lugar la perención de la instancia en el juicio de tercería intentada por la ciudadana A.R.G., a través de su apoderado judicial, abogado A.F.S., de conformidad con lo establecido en el artículo 193 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

No hay condenatoria en costas, en virtud de que la sentencia no fue revocada en su totalidad.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.

Dada, sellada y firmada en la Sala de audiencias del Juzgado Superior Séptimo Agrario con Sede en Trujillo, en Trujillo a los dos (02) días del mes de julio de dos mil diez (2010). (AÑOS: 200º INDEPENDENCIA y 151º FEDERACIÓN).

De conformidad con lo establecido en el último aparte del artículo 240 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la sentencia in extenso fue protocolizada dentro de los diez (10) días continuos a la publicación del dispositivo del fallo.

EL JUEZ;

______________________________________

ABOGADO R.D.J.A.

LA SECRETARIA ACCIDENTAL;

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C.V..

La Suscrita Secretearía de Juzgado Superior Séptimo Agrario HACE CONSTAR: “Que hoy dos (02) de julio dos mil diez (2010), siendo la 03:00 p.m., se publicó y consignó la presente decisión en el expediente respectivo. (Exp. 0741)

LA SECRETARIA ACCIDENTAL;

Exp. N° 0741

RJA/CV/urp.-