Sentencia nº RC.000119 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 29 de Marzo de 2011

Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncian como infringidos los artículos 26 de la República Bolivariana de Venezuela; 15 y 361 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto, según el formalizante, en la sentencia dictada por el ad quem: “…se produjo la indefensión que justifica sobradamente la denuncia que estamos explanando.…”.

Al respecto, se afirma lo siguiente:

…Al decidir el superior como lo hizo, afectó gravemente el derecho a la defensa de nuestro representado infringiendo el artículo 15 del aludido Código que obliga a los jueces, precisamente a garantizar el derecho a la defensa en los términos que se desprenden del expresado texto legal.

(…Omissis…)

Se desprende de autos, no solo de la sentencia impugnada, sino de la producida en primera instancia y, por supuesto, de los términos en que se dio contestación a la demanda, que el Banco (sic) accionado alegó “de conformidad con lo establecido en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil”, la falta de cualidad de la parte actora para intentar el correspondiente juicio, por las razones que hiciese valer el demandado al dar su contestación. En la decisión de primera instancia, el tribunal a quo acoge la falta de cualidad invocada de acuerdo con el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, de la cual, obviamente, se ocupa con carácter previo antes de entrar a analizar cualesquier (sic) otras defensas del Banco (sic) accionado, como es de rigor, y al decidir la procedencia de tal defensa, consecuencialmente declaró sin lugar la demanda y se abstuvo de extender su pronunciamiento sobre los demás aspectos que implicaron demanda y contestación.

(…Omissis…)

Nos parece que el proceder del tribunal a quo fue ajustado a derecho y tras haber, acertadamente en nuestra opinión, acogida la defensa “perentoria o de fondo” relativa a la falta de cualidad del demandante para intentar el juicio en cuestión, se hacía innecesario, como el propio juez señala, resolver sobre aspectos relativos a lo alegado por la parte actora y parte demandada en sus respectivos escritos. Esa es de la sentencia definitiva que apeló la parte actora y en razón de cuyo recurso vino a conocer el tribunal superior cuya sentencia se impugna. Dicho tribunal superior al resolver, califica su decisión, como es lo procedente, de definitiva y dados los términos de la sentencia del a quo, al decidir, el de la alzada se ocupa evidentemente de la defensa de fondo perentoria que dicho tribunal a quo acogió. Por las consideraciones que el de alzada en su decisión, que no son del caso ocuparnos en esta denuncia, revoca la del tribunal de la primera instancia, declarando con lugar la apelación interpuesta por la parte actora y resuelve, en definitiva, la improcedencia de la falta de cualidad invocada por la parte actora y acogida por el tribunal a quo. Hasta aquí lo único que cabría reprochar, si así se estimase por parte de los impugnantes de la sentencia, sería lo concerniente a las razones por las cuales el superior resolvió revocar la sentencia del tribunal a quo, pero al proceder como lo hizo, es decir, al declarar sin lugar la defensa perentoria de fondo perentoria hecha valer por la parte actora, impretermitiblemente correspondía al juzgador de la alzada resolver sobre el fondo del asunto, en el sentido de examinar, no solamente los alegatos de una y otra parte, sino las pruebas promovidas y evacuadas en el respectivo juicio, lo que en su caso se hubiese alegado en informes, y en definitiva, pues, decidir sobre la procedencia o no de la demanda intentada. Al incurrir en la grave omisión señalada, se produce sin lugar a dudas, la indefensión que hacemos valer, lo que se agrava además al crear con tal insuficiente decisión, un inaceptable limbo jurídico. Ante dicho actuar surge la cuestión sobre qué es lo que según dicho tribunal de alzada procede, en el sentido de cual es el alcance de lo que se decide en relación al juicio en cuestión.

(…Omissis…)

Nos queda destacar que no surge ningún pronunciamiento del superior en cuanto a cuál sería (sic) las consecuencias de su decisión, no obstante los términos de la misma, produciendo así una evidente indefensión a la parte demandada, y hasta nos atreveríamos decir, de la propia atora, lo cual conlleva la debida procedencia de la presente denuncia que acogida, como respetuosamente pedimos que así sea, implicará la nulidad de la sentencia del expresado superior y que un nuevo tribunal en alzada se ocupe de resolver sobre el juicio planteado, salvando así la indefensión producida a la que se refiere el citado artículo 15 del Código de Procedimiento Civil y la de los preceptos, garantías y principios constitucionales señalados, teniendo en cuenta la defensa acogida por el tribunal a quo, pero a la vez (salvo que la procedencia de dicha defensa sea ratificada), y aplicando lo establecido en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, pronunciarse sobre los demás alegatos producidos en el proceso, es decir, examinar las cuestiones planteadas por el demandante, las otras defensas alegadas por el banco demandado, producir el examen de rigor y decisión sobre las pruebas hechas valer validamente en el proceso, y, en definitiva, resolver sobre el mismo, decisión esta que producida en los términos indicados, permitirá a las partes intervinientes en el juicio ejercer los recursos que procedan.

En razón de todo lo expuesto, de acuerdo a lo que se desprende de autos y lo alegado sobre el particular, reiteramos nuestra solicitud de que la presente denuncia sea acogida por la Sala…

.

Para decidir, la Sala observa:

Ha establecido esta Sala, y lo sostiene pacífica y reiteradamente en fallos de reciente data, la forma correcta de denunciar el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil.

Al respecto, vista la forma en la cual ha sido planteada la presente denuncia, a los fines de la resolución de la misma, necesario resulta citar el fallo Nº 107, del 13 de abril de 2000, dictado para resolver el caso A.R.A. y otros contra L.E. deA., en el expediente Nº 91-719; en el cual, se dejó establecido lo siguiente:

...Si bien es cierto que la nueva Constitución tiende a flexibilizar los rígidos y doctrinarios formalismos; sin embargo esa flexibilidad no puede implicar el abandono total de una correcta técnica en el planteamiento de las denuncias, mantenida en forma reiterada y pacífica por los cánones procesales que rigen el instituto de la casación, devenida de su propia naturaleza de revisión de derecho.

Al respecto, en sentencia del 11 de noviembre de 1993, esta Sala expresó:

‘Una correcta técnica de denuncias de infracción basadas en indefensión o menoscabo del derecho de defensa y apoyadas en el respectivo supuesto del Ordinal(sic) 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, implica necesariamente lo siguiente:

a) Explicación de cuál ha sido la forma quebrantada u omitida y si lo ha sido por el Juez (sic) de la causa o el de la alzada.

b) Indicar cómo, con tal quebrantamiento u omisión de las formas sustanciales de los actos, se lesionó el derecho de la defensa o el orden público, según el caso, o ambos.

c) Si el quebrantamiento u omisión de las formas que menoscabó el derecho de defensa o lesionó el orden público, lo ha sido por el Juez (sic) de la causa, y si considera procedente la reposición de la misma, denunciar la infracción del artículo 208 de la Ley Procesal, la norma expresa contenida en la disposición general del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil y los particulares que acarrean el menoscabo del derecho de defensa, o los que establecen el orden público, las cuales resultan las realmente infringidas por la recurrida, al no decretarse en ella la nulidad o la reposición cuando la omisión o quebrantamiento de las normas que menoscaban el derecho de defensa o el orden público, lo lesiona el Tribunal (sic) de la causa.

d) Si el quebrantamiento u omisión de las formas que menoscabó el derecho de defensa o lesionó el orden público lo ha sido por el Tribunal (sic) de la alzada, además de la infracción de la norma contenida en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, deben denunciarse como infringidas las disposiciones referentes al quebrantamiento u omisión de las formas que menoscaban el derecho de defensa o las que establecen el orden público que ha sido lesionado por el propio Juez (sic) de la recurrida’.

e) La explicación a la Sala que con respecto a dichos quebrantamientos u omisiones de formas o lesiones al orden público, se agotaron todos los recursos’.

La Sala observa que la denuncia de indefensión requiere de una técnica que ha desarrollado a través de su constante y pacífica doctrina, y al efecto, el vicio de indefensión o menoscabo (sic) al derecho de la defensa comporta la necesaria delación del artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, cuando el quebrantamiento u omisión de la forma que menoscabó el derecho a la defensa o lesionó el orden público lo haya sido por el Juez (sic) de la causa, así como los particulares que acarreen el menoscabo al derecho a la defensa o los que establecen el orden público. De la combinación de estas denuncias es que resulta una correcta formalización de la indefensión, pues no es admisible la denuncia aislada del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, como tampoco es admisible la sola denuncia de las normas particulares referentes al quebrantamiento u omisión de las formas con menoscabo del derecho a la defensa, el recurso de forma por indefensión o menoscabo del derecho a la defensa, no puede ser considerado sino cuando el formalizante cumple con el requerimiento de denunciar el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, que de manera general se refiere a esos vicios, conjuntamente con la norma concreta, cuya violación demuestre el estado de indefensión por parte del recurrente, o el quebrantamiento del principio de la igualdad procesal...

. (Resaltado del texto).

No obstante haberse constatado que en la denuncia que ocupa a la Sala, se denuncia la infracción del artículo 15 de la ley adjetiva civil, omitiendo la indicación de la norma procesal a cuya infracción se le atribuye la indefensión delatada, en razón de la flexibilización perseguida por este Supremo Tribunal para brindar respuesta oportuna a las peticiones de los justiciables, garantizando los principios contenidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo acusado por quien formaliza en relación con la vulneración de dichos postulados, será resuelto de la manera que sigue:

Se desprende de lo transcrito, el desacuerdo del formalizante con la sentencia dictada en la segunda instancia, por considerar que la misma menoscaba el derecho a la defensa de la parte que representa: Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal.

Centra su delación, en afirmar que el tribunal de la instancia superior, al decidir la apelación ejercida contra la decisión del a quo, en la cual declaró inadmisible la demanda por falta de cualidad del demandante, y considerar sin lugar dicho recurso, afirmando la cualidad que había sido negada por el a quo; debió proceder a decidir el fondo de la causa y no lo hizo. Omisión con la cual, según sus consideraciones; además de la ya aludida indefensión; también se produjo “…un inaceptable limbo jurídico…”.

A los fines de determinar si realmente ocurrió en el caso particular la indefensión delatada, se transcribe en líneas seguidas el texto que contiene lo decidido por el ad quem. Su pronunciamiento, respecto a la defensa previa relativa a la falta de cualidad, alegada por la parte demandada y declarada con lugar por el a quo; fue el siguiente:

…Por su parte el abogado O.R.C., en su condición de apoderado judicial de la parte demandada, rechazó y contradijo en cada una de sus partes tantos los hechos por no ser ciertos y como el derecho por ser improcedentes. Alegó la falta de cualidad del demandante liquidador de conformidad con el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 154 eiusdem y con el artículo 349 del Código de Comercio, por cuanto la facultad de los liquidadores tiene que ser expresa y no genérica como sucede en el presente caso según copia del acta de asamblea extraordinaria de fecha 31 de diciembre de 2002, donde se nombra liquidador en forma pura y simple al ciudadano J.G.G.P.;

(…Omissis…)

Establecido lo anterior, se desprende de las actas procesales que en fecha 20 de febrero de 2009, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del T. de laC.J. del estado Lara, dictó sentencia definitiva mediante la cual estableció:

(…) Es así, que en el caso de autos, se observa que la pretensión de daños y perjuicios. Aquí ejercida fue intentada por el ciudadano J.G.G. (sic) PÉREZ, abrogándose la representación judicial de la Empresa Mercantil MEDICA LA SALLE, C.A., en su carácter de liquidador designado de la referida empresa; siendo pues que de la lectura realizada al acta de asamblea extraordinaria de accionista de la empresa mercantil MEDICA LA SALLE, C.A., realizada en fecha 10 de junio de 2003, inserto en el N° 01, tomo 24-A de los libros de comercio llevados por el Registro Mercantil Segundo del Estado Lara, en el cual consta la mencionada designación, puede verificarse, que ciertamente, al mencionado liquidador no le fue otorgada facultad expresa para ejercer la representación judicial de la Empresa MEDICA LA SALLE, C.A., conforme lo requiere el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual, en estricto apego a las motivaciones expuestas en el texto de este fallo, es por lo que resulta forzoso para este sentenciador considerar que dada la carencia de cualidad del actor para intentar el presente juicio, en virtud de no estar verificado el supuesto de hecho contenido en la citada norma, cual es, que el demandante liquidador, no tiene facultad expresa para representar judicialmente a la empresa mercantil MEDICA LA SALLE, C.A., prospera la defensa opuesta por la parte demandada, de falta de cualidad activa; Y ASÍ SE DECIDE

.

Por su parte los abogados Yarcelys Molina Caruci, Gustavo de la Gala y J.I.G., en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano J.G.G.P., rechazaron la falta de cualidad opuesta por la parte demandada, y en tal sentido alegaron que el liquidador de una sociedad queda expresamente facultado por la ley para cobrar los créditos de la sociedad, tal como lo establece el artículo 347 del Código de Comercio; así mismo alegaron que conforme al artículo 349 del Código de Comercio, si no se determinaren las facultades de los liquidadores, estos no podrán ejecutar otros actos y contratos que los que tiendan directamente al cumplimiento de su encargo, sometiéndose a las disposiciones del Código Civil sobre mandato; que el Código Civil establece las normas que rigen el mandato, y especifican entre las obligaciones del mandatario en su artículo 1.672, la obligación de ejecutar el mandato con la diligencia de un buen padre de familia, lo que implica la necesidad y obligación a cargo del liquidador de defender y proteger el patrimonio de la sociedad, ejerciendo las acciones que considere necesarias para cumplir con su deber, hecho éste que encuadra dentro de un acto de administración pura y simple, y no de disposición de bienes; que conforme a la doctrina y la jurisprudencia el liquidador, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 351 del Código de Comercio, está facultado para representar a la sociedad bien sea como demandante o como demandado, lo que significa que no requieren facultad expresa para ejercer actos judiciales; y que las facultades que por mandato de la ley corresponden a los liquidadores son susceptibles de ser trasladadas al apoderado o apoderados.

En este sentido, se evidencia de los autos que en fecha 30 de diciembre de 2002, se celebró una asamblea extraordinaria, la cual se encuentra debidamente registrada ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en fecha 10 de junio de 2003, bajo el N° 01, tomo 24-A, mediante la cual se acordó la disolución de la firma mercantil Médica La Salle, C.A., y se designó como liquidador al ciudadano J.G.G.P.. Ahora bien, esta juzgadora observa que tal como fue advertido por la parte demandada y por el juez de primera instancia, que en dicha asamblea extraordinaria no se le otorgó facultad expresa al partidor para ejercer la representación judicial de la empresa Médica La Salle, C.A., pero sin embargo se desprende del acta constitutiva y de estatutos sociales de la precitada empresa, la cual se encuentra debidamente registrada ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Lara, bajo el Nº 76, tomo Nº 24-A, de fecha 28 de junio de 1999, que el ciudadano J.G.P., funge como presidente de la empresa Médica La Salle, C.A., asimismo en su cláusula DÉCIMA QUINTA establece que “La compañía será dirigida y administrada por una Junta Directiva integrada por un Presidente y un Vice-Presidente quienes actuará (sic) conjunta y/o separadamente. Son atribuciones del Presidente, quienes (sic) será la máxima autoridad dentro de la Junta Directiva y tendrá las (sic) mas (sic) amplios poderes de administración y disposición, pudiendo en consecuencia representar a la compañía judicial o extrajudicialmente (…)”, por tal razón el ciudadano J.G.G.P., si posee la cualidad e interés necesaria para intentar el presente juicio, como presidente y liquidador y así se decide.

En consecuencia de lo antes expuesto, y en virtud de que el ciudadano J.G.G.P., funge como presidente de la empresa Médica La Salle, C.A., con las más amplias facultades para representar a la compañía judicialmente, quien juzga considera que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación y revocar la sentencia dictada en fecha 20 de febrero de 2009, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del T. de laC.J. del estado Lara y así se declara.

D E C I S I O N

En virtud de las anteriores consideraciones, este JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL T.D.L.C.J. DEL ESTADO LARA, actuando en sede de tránsito, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 20 de mayo de 2009, por el abogado J.I.G.S., en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, contra la sentencia dictada en fecha 20 de febrero de 2009, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del T. de laC.J. del estado Lara, en el juicio por daños y perjuicios, incoada por el ciudadano J.G.G.P., en su condición de liquidador de la empresa Médica La Salle, C.A., contra la empresa Banco de Venezuela S.A. Banco Universal, ambos identificados en autos.

Queda ASÍ REVOCADA la sentencia dictada en fecha 20 de febrero de 2009, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del T. deL.C.J. del estado Lara.

No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión.

Notifíquese a las partes la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 251 y 233 del Código de Procedimiento Civil. Notifíquese al Procurador General de la República la presente decisión.

Publíquese, regístrese y bájese oportunamente el expediente al tribunal de la causa.

Expídase copia certificada de la presente sentencia para ser agregada al Libro respectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL T.D.L.C.J. DEL ESTADO LARA, en Barquisimeto, a los veintiséis (26) días del mes de febrero de dos mil diez… ”.

Conforme a lo transcrito, en el sub iudice, el sentenciador de la instancia superior al considerar procedente la apelación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia dictada en la primera instancia, revocó la referida decisión, sin decidir el fondo de la causa, y sin determinar la suerte del asunto controvertido.

Como se evidencia en la cita de la recurrida, el ad quem, al pronunciarse como lo hizo, colocó a las partes en total desconocimiento de lo decidido, impidiéndoles el control legal de ello.

A propósito de lo descrito, oportuno se presenta referir lo establecido en su decisión del 7 de agosto de 2008, para resolver el caso E.P. contra las ciudadanas R.C.E. deP. y J.C.P.E., en su carácter de únicas herederas de J.A.P.W., expediente Nº 2008-000080; con respecto al quebrantamiento del derecho a la defensa y al debido proceso en dicha causa, por la inobservancia del artículo 209 del Código de Procedimiento Civil.

Así se pronunció la Sala en dicha oportunidad en relación con la señalada norma:

…En este mismo orden de ideas, considera esta Sala que, dentro del concepto de acto nulo al que hace alusión la norma citada supra, no puede incluirse a la sentencia, toda vez que la consecuencia jurídica de la nulidad del fallo observada por la Alzada (sic), se encuentra regulada por el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, el cual reza:

‘La nulidad de la sentencia definitiva dictada por el tribunal de la instancia inferior, que se halle viciada por los defectos que indique el artículo 244 sólo puede hacerse valer mediante el recurso de apelación, de acuerdo con las reglas propias de este medio de impugnación. La declaratoria del vicio de la sentencia por el tribunal que conozca en grado de la causa, no será motivo de reposición de esta (sic), y el tribunal deberá resolver también sobre el fondo del litigio. Esta disposición no se aplica a los casos a que se refiere el último aparte del artículo 246.’ (Subrayado añadido).

Tal como se colige de la norma antes citada, cuando el tribunal que conozca en grado de la causa encuentre que la sentencia proferida por el tribunal de instancia inferior se encuentre dentro de los supuestos del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, entrará a conocer del fondo del litigio…

. (Negritas de la Sala)

En este sentido, se pronunció esta Sala en sentencia N° RC. 00255, de fecha 12 de junio de 2003, caso: Ynateh J.C.M. contra Gelvis J.M. expediente N° 02-209, al indicar lo siguiente:

…Cabe señalar, que en nuestro proceso civil desapareció la norma que permitía al juez declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia y reponer la causa al estado de que se dictara una nueva, corrigiendo el vicio detectado por el Tribunal (sic) Superior (sic). Así, con el sistema acogido por el vigente Código de Procedimiento Civil, ya no es posible declarar la nulidad y reposición de la causa, si estas (sic) no tienen por objeto corregir quebrantamientos de formas procesales que hayan impedido o limitado alguna de las partes el ejercicio de la defensa en el juicio.

En efecto, expresamente dispone el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, que la nulidad de los actos procesales no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez; y el artículo 209 eiusdem establece que la declaratoria del vicio de la sentencia por el tribunal que conozca en grado de la causa, no será motivo de reposición de ésta, y el tribunal deberá resolver también sobre el fondo del litigio...

. (Negritas de la Sala).

En este mismo orden de ideas, es oportuno resaltar que de acuerdo con lo previsto en el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, es deber del juez del segundo grado de jurisdicción pronunciarse sobre el fondo de la controversia, aún cuando encuentre que la sentencia apelada se halle viciada por defectos de forma, lo que por vía de consecuencia, deviene en que en ningún caso debe el ad quem ordenar la reposición de la causa esgrimiendo para ello que la decisión apelada, esta viciada de nulidad en razón del incumplimiento de los requisitos intrínsecos que deben contener las sentencias que están establecidos en el artículo 243 del Código Adjetivo Civil, pues en el actual régimen procesal el juez de alzada debe reexaminar la controversia y proceder a corregir los defectos de forma en que hubiese incurrido la sentencia de primera instancia…”. (Destacados de lo transcrito).

Claramente dejó establecido la Sala en la decisión citada, el criterio según el cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal que conociendo en grado de la causa, declare la nulidad de la sentencia, se encuentra obligado a resolver el fondo del asunto controvertido. En dicho sentido, debe hacerse notar, que en el caso examinado, el juez superior en su sentencia (la actualmente recurrida), pese haber revocado la decisión del a quo, además de no resolver el asunto controvertido (estando obligado a ello, en virtud de lo dispuesto por el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil); tampoco determinó la suerte de la causa, colocando a las partes, como se ha señalado; en la posición de desconocer las consecuencias de lo decidido.

Por ello, la Sala determina, que la actuación del juzgador de la segunda instancia, al colocar a las partes en conflicto, en condiciones de desigualdad, limitándolas en el ejercicio de sus facultades, menoscabó el derecho a la defensa de las mismas, el cual estaba obligado a garantizarles dentro del debido proceso, como se lo impone el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual, la denuncia examinada debe ser declarada con lugar. Así se decide.

Por haberse declarado la procedencia de una denuncia relativa a una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la Sala se abstiene de conocer y decidir el resto de las denuncias contenidas en el escrito de formalización del recurso de casación objeto del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 eiusdem.

D E C I S I Ó N

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandante en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del T. de laC.J. del estado Lara, en fecha 26 de febrero de 2010. En consecuencia, se decreta la NULIDAD del fallo recurrido y SE ORDENA al tribunal superior que resulte competente, dicte nueva sentencia corrigiendo el vicio referido.

No ha lugar la condenatoria al pago de las costas procesales del recurso, dada la naturaleza del dispositivo del presente fallo.

Publíquese y regístrese. Remítase este expediente al Juzgado Superior de origen ya mencionado.

Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.

Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de marzo de dos mil once. Años: 200º de la Independencia y 152º de la Federación.

Presidenta de la Sala-Ponente,

____________________________

Y.A. PEÑA ESPINOZA

Vicepresidenta,

________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrado,

_________________________

A.R.J.

Magistrado,

_____________________

C.O. VÉLEZ

Magistrado,

______________________________

L.A.O.H.

Secretario,

__________________________

C.W. FUENTES

Exp: Nº. AA20-C-2010-000612

Nota: Publicada en su fecha a las

Secretario,

El Magistrado L.A.O.H. disiente de la mayoría de los integrantes de esta Sala de Casación Civil que aprobaron el fallo que antecede, de conformidad a lo establecido en los artículos 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 63 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, en consecuencia Salva su voto en la presente decisión, con base en las siguientes consideraciones:

En fecha 15 de diciembre de 2005, la Sala Constitucional de este máximo Tribunal dictó sentencias Nros. 5082 y 5087 en las cuales anuló los fallos Nros. RC. 170 y RC. 1150 proferidos por esta Sala, el primero dictado en fecha 2 de mayo de 2005, y el segundo de fecha 30 de septiembre de 2004, motivado en que esta Sala de Casación Civil, conoció del recurso de casación propuesto en un juicio en el que era parte un Estado o Municipio. Al respecto, señaló la mencionada Sala:

…Así pues, se observa que dentro del marco del contencioso administrativo se encuentran consagrados entre sus acciones (Vgr. Abstención o carencia, nulidad, interpretación, conflicto de autoridad, reclamo por prestación de servicios públicos, entre otras), las demandas patrimoniales contra los Entes Públicos, las cuales pueden tener su fuente de origen de una relación contractual o de una naturaleza extracontractual, por la comisión de hechos lícitos o ilícitos.

Ante ello, se aprecia que existe un ámbito objetivo para la determinación de la competencia, advirtiendo que siempre que el ente demandado sea la Administración Pública Nacional, Estadal o Municipal, o algún órgano desconcentrado o descentralizado, o empresa del Estado o un particular actuando por colaboración con la Administración coadyuvando en la prestación de sus funciones, independientemente que el objeto de control sea un acto, un hecho o una omisión, la jurisdicción competente para el conocimiento de dichas demandas es la contencioso administrativa.

(…Omissis…)

En este primer escenario, se consagra el primer grado de especialidad de la jurisdicción contencioso administrativa, entendiendo que el contencioso administrativo, goza de un doble grado de especialidad dentro de nuestra jurisdicción, entendiendo por ello, la existencia de unos tribunales especializados por la materia y la existencia de unas normas especiales, las cuales son el derecho propio y específico de las Administraciones Públicas en cuanto a su percepción como personas jurídicas.

En congruencia con ello, resulta relevante destacar, como se expuso previamente, que el contencioso administrativo no se agota en su primer grado de especialidad el cual es la creación de unos determinados tribunales especiales y la existencia de una autonomía normativa, entendiendo por ello, la existencia de un bloque normativo que regula específicamente la relación de la Administración con los administrados dotando a cada uno de ellos de una serie de obligaciones y derechos como son la motivación del acto, la sustanciación de los procedimientos previamente establecidos en la ley, el respecto y aseguramiento de los derechos a la defensa y al debido proceso, sino que el mismo, goza de un segundo grado de especialidad, el cual comprende las otras especialidades existentes dentro del contencioso frente al contencioso administrativo general (vgr. Urbanismo, económico, funcionarial, entre otros), ya que estas materias tienen un primer grado de especialidad frente al contencioso general y un doble grado frente a las demás ramas del Derecho.

En este escenario, se observa que en determinadas ocasiones por razones de desconcentración judicial o de otorgar un mejor acceso de los ciudadanos a los órganos jurisdiccionales, la ley que regulaba provisionalmente los designios de la jurisdicción contencioso administrativa (Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia), efectuaba una remisión expresa en sus disposiciones transitorias a los juzgados de primera instancia con competencia en lo civil, para el conocimiento de determinadas causas correspondientes a la jurisdicción contenciosa (artículos 181, 182 y 183 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia).

No obstante ello, la remisión acordada y el posterior conocimiento de los referidos juzgados no debe entenderse como un abandono o delegación de la competencia del contencioso administrativo y que deba ser juzgado por la competencia civil, ya que si bien es cierto que en casos como el de marras, las demandas patrimoniales contra el Estado eran fundamentadas y decididas en base a principios de derecho civil, esta corriente tuvo su deceso jurisprudencial fundada en principios de derecho publico, y a la autonomía de su justificado razonamiento en el principio de igualdad o equilibrio ante las cargas públicas, principios propios del derecho público (Vid. Entre otras, sentencia de la Sala Constitucional N° 2818/2002, y sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N° 968/2000, 1386/2000, 2130/2001).

En consecuencia, se advierte que los referidos juzgados civiles se encuentran ejerciendo una competencia contenciosa eventual, lo que no debe entenderse como que la competencia contenciosa administrativa haya transmutado en civil, sino que esta es extraordinariamente enjuiciada por tribunales civiles con fundamento en normas de derecho público, así pues, el contencioso eventual no es otra cosa que tribunales de derecho común que se encuentran conociendo circunstancialmente de materia contencioso administrativa.

Ahora bien, en el caso bajo examen, la Sala esta conoce del juicio donde es parte demandada la Sociedad Mercantil Banco de Venezuela S.A.C.A., Banco Universal.

Aunado a lo anterior, se observa de las actas, que la causa fue sentenciada en primera instancia por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del T. de laC.J. del Estado Lara.

En base a lo anterior, se desprende con meridiana claridad, que la causa fue intentada en contra de una empresa, que en la actualidad, el Estado venezolano tiene participación decisiva.

Así, según se desprende del propio fallo de la Sala Constitucional, existe un ámbito objetivo para la determinación de la competencia que establece que “siempre que el ente demandado sea la Administración Pública Nacional, Estadal o Municipal, o algún órgano desconcentrado o descentralizado, o empresa del Estado, o un particular actuando por colaboración con la Administración coadyuvando en la prestación de sus funciones, independientemente que el objeto de control sea un acto, un hecho o una omisión, la jurisdicción competente para el conocimiento de dichas demandas es la contencioso administrativa.”

De allí se desprende que el criterio desarrollado por la Sala intérprete de la Constitución busca ser aplicado a todos los casos que estén en curso, sin tomar en cuenta el principio de la perpetuatio jurisdictionis establecido en el artículo 3 de la Ley Civil Adjetiva, pues no se aplicará el criterio imperante en esta Sala para el momento de la interposición de la demanda, sino que se aplicarán las reglas de competencia establecidas en la ley y que han sido interpretadas a través del recurso de revisión por la referida Sala.

En ese sentido tenemos que, la misma Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia transcrita anteriormente delimitó y aclaró, las respectivas competencias de los tribunales que conforman la jurisdicción contenciosa administrativa, así como los que se encontraban ejerciendo una competencia contenciosa eventual, por lo que, con base a lo anteriormente establecido, que refleja lo que a mi entender es la correcta solución al caso planteado y por no compartir la argumentación acogida por la mayoría de la Sala, en defensa de la correcta aplicación de las leyes, salvo mi voto en la presente sentencia porque considero que en el caso de marras, la Sala debió conforme a la jurisprudencia antes citada, declarar la incompetencia de esta Sala de Casación Civil para conocer de este caso, y por ende de la incompetencia de la jurisdicción civil ordinaria para conocer del mismo, al ser del conocimiento de los Tribunales con competencia especializada en lo Contencioso administrativo, en razón de encontrase como co-demandada una sociedad mercantil donde el Estado venezolano tiene participación decisiva, para que conozcan en primera instancia de la acción y al ser de orden público la competencia por la materia, declarar la nulidad de todo lo actuado en este juicio, desde el auto de admisión de la demanda, de conformidad con lo estatuido en los artículos 206 y 212 del Código de Procedimiento Civil.

Queda así expresado el voto salvado del Magistrado que suscribe.

En Caracas, fecha ut-supra.

Presidenta de la Sala,

_________________________

Y.A. PEÑA ESPINOZA

Vicepresidenta,

______________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrado,

_______________________________

L.A.O.H.

Magistrado,

______________________

C.O. VÉLEZ

Magistrado,

_________________________

A.R.J.

Secretario,

__________________________

C.W. FUENTES

Exp. N° AA20-C-2010-000612