Oficialistas realizan censos para ubicar inmuebles expropiables
Los consejos comunales de las zonas populares de Caracas entregaron a los propietarios que alquilan habitaciones una comunicación del Frente de Resistencia contra los Desalojos Arbitrarios. En la misiva se les invita a asistir a reuniones y textualmente señala: "... Se agradece traer los documentos de titularidad del inmueble".
Al pie de página Âcon copia a la Guardia Nacional y a la Policía Nacional- está la nota: "La no comparecencia a la reunión será motivo de desacato a las normas de convivencia ciudadana".
Ese tipo de acción ha perjudicado a los dueños de las pensiones. "Nos obligaron a bajar los precios y como los inquilinos se sienten apoyados se niegan a pagar. Ese dinero es el único ingreso de mi familia", expresó uno de los propietarios que pidió no mencionar su nombre porque están amenazados.
Otro afectado refirió: "Antes, los alquilados cancelaban puntualmente. Ahora se niegan a pagar pese a que en esa reunión me ordenaron bajar el precio de 524 a 312 bolívares mensuales. Si reclamo me dicen que irán al Frente".
En los barrios, los dueños prefieren no identificarse para evitar represalias de los consejos comunales, vigilantes del cumplimiento de la Ley que Prohíbe los Desalojos. También temen la reacción violenta de los inquilinos, como ocurrió en el barrio Santa Cruz del Este, de Baruta.
Los propietarios acudieron al Movimiento de Defensa del Patrimonio Familiar para organizarse y buscar soluciones pacíficas y apegadas a la ley. Entre ellos está José Abad, pensionado del Seguro Social que complementa su ingreso con el alquiler de la casa de dos plantas que heredó de su mamá, ubicada en El Observatorio del 23 de Enero.
"Los inquilinos no me pagan 100 bolívares mensuales por vivir en un piso con 2 y 3 habitaciones, baño y cocina", señaló Abad.
Los dueños de los antiguos y pequeños edificios de Alta Vista, en Catia, no hayan la manera para que los arrendatarios le paguen los alquileres regulados hace años entre 18 y 90 bolívares mensuales.
"Tuve que mudarme a uno de los apartamentos para evitar la invasión de las nietas de una inquilina que murió.
Salieron de allí porque la policía las detuvo por cobrar la pensión de su abuela fallecida", relató Lía Boll, propietaria con otros familiares del edificio Esperanza.
El dirigente vecinal Ángel Cacique indicó que algunos propietarios de Alta Vista ofrecieron a los arrendatarios la posibilidad de adquirir el inmueble. "Con esa opción a compra se sienten dueños del apartamento".
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